Detenido el pasado lunes en Cancún, Quintana Roo, para ser trasladado a Mérida, Yucatán, donde lo reclamaban las autoridades por el delito de sustracción de menores, luego de que en el 2012, aprovechando su fuerza política con el gobierno granierista maniobró para que detuvieran a su esposa Emma Gabriela Molina Canto y se “robará” a sus tres hijos, Martín Alberto Medina Sonda creyó que lograría su inmediata libertad bajo fianza, pero todo indica que se le acabó el manto de la impunidad que lo protegía, porque sigue en poder de las autoridades. Luego de casi dos años y medio de moverse por diferentes estados del país y el extranjero (España) para no devolver a sus hijos a quien fuera su esposa, Emma Gabriela Molina, quien legalmente le había ganado la custodia de los menores, Martín Alberto Medina Sonda, el principal socio y lavador de dinero, (recursos públicos del gobierno granierista) del ahora presidiario exsecretario de Planeación y Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, sigue detenido, pero ahora fue regresado a Cancun, Quintana Roo, donde elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) lo sometieron a un intenso interrogatorio, sobre su presunta participación en el lavado de dinero durante la administración del también ex-gobernador de Tabasco, Andrés Granier, quien permanece preso en la ciudad de México. Después de su detención y traslado a Mérida para comparecer ante las autoridades locales por su probado delito en la sustracción de menores, se creyó que Medina Sonda quedaría en completa libertad en el menor tiempo posible, pero una vez que depositó la fianza para salir libre, elementos de la Procuraduría General de la República lo retuvieron y trasladaron a Cancún, Quintana Roo, donde ayer jueves rindió su declaración, pero se ignora si logrará su libertad o quedara formalmente preso, por su presunta participación en el lavado de dinero y evasión fiscal. Martín Alberto Medina Sonda durante todo el sexenio granierista gozó de completa impunidad pues hay que recordar que en 2007 fue detenido en el aeropuerto de Mérida por elementos de la Procuraduría General de la República cuando a bordo de un avión transportaba ocho millones de pesos en efectivo, que desde entonces se supo que pertenecía a José Manuel Saiz Pineda, pero las cosas no pasaron a más, y fue dejado en libertad sin que le confiscaran el dinero. Martín Alberto Medina Sonda es señalado como el principal lavador del dinero proveniente de las arcas del gobierno estatal en el sexenio granierista, ya que siendo socio de José Manuel Saiz Pineda, formó toda una red de empresas y consultorías con otras personas que se convirtieron en sus cómplices como Jaime Flores Alvarado el responsable de montar las caletas en la capital del estado, así como Roger Iván González Aranda, originario de Tizimin, Yucatán y primo hermano de Medina Sonda. Cuatro caletas donde habían millones de pesos ubicada en la ranchería Ixtacomitán y en una propiedad cercana al aeropuerto fueron vaciadas por Jaime Flores Alvarado y Roger Iván Gómez Aranda, por indicaciones de Martín Alberto Medina Sonda, una vez que cayó preso José Manuel Saiz Pineda, presuntamente trasladados a Veracruz en donde tienen otros cómplices pues tejieron toda una red en diferentes estados del país. Todo parece indicar que el manto protector de impunidad que cubría a Martín Alberto Medina Sonda le fue retirado y que ahora sentirá en carne propia lo que es estar en una cárcel, a donde había enviado a quien fuera su esposa Emma Gabriela Molino Canto, solo para quitarle a sus tres hijos. Hasta ayer jueves permanecía en manos de la PGR. OJITOS Con la nueva Ley de Transportes para el Estado de Tabasco que ya está en manos del Congreso local se busca eliminar los márgenes de discrecionalidad de las autoridades en la materia, fomentar la simplificación administrativa y combatir la corrupción en el sector, precisó ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Antonio De la Vega Asmitia. En rueda de prensa con diferentes medios de comunicación realizado en conocido hotel de Tabasco 2000, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer a la sociedad en general los alcances de esta iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, y aseguró que el Gobierno del Estado no ha pretendido excluir a los transportistas en la configuración de esta nueva legislación, “por el contrario, y por primera vez en la historia de las relaciones entre autoridades y transportistas, se les dio a conocer el anteproyecto de la ley”, remarco José Antonio de la Vega, quien aclaró que entre los meses de junio y julio de este año se efectuaron foros regionales en los que participaron uniones, empresas y agrupaciones de las distintas modalidades de transporte urbanas, suburbanas y foráneas, para que conocieran, analizaran y enriquecieran la nueva ley con propuestas de beneficio colectivo, porque “el objetivo de la autoridad es establecer elementos que, a mediano y largo plazos, fomenten un servicio público de calidad para el usuario”. Precisó que entre los principales propósitos de esta reforma también se encuentra el incrementar la vigilancia y supervisión del transporte público, para lo cual se le otorgarán facultades a la Policía Estatal de Caminos (PEC), así como impulsar la modernización permanente del parque vehicular, con la finalidad de garantizar un servicio de calidad a los tabasqueños, dejando en claro que permanece vigente la facultad del gobernador y de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para el otorgamiento de las concesiones del transporte público en todas sus modalidades, mediante un estudio técnico de factibilidad. “La promulgación de la nueva Ley procura un cambio verdadero en el sector transportes, avances y mejoras tanto para los transportistas como para los usuarios”, por lo que dicha iniciativa deriva de la experiencia cotidiana en la atención a las diversas problemáticas que se gestionan ante la SCT, así como de las propuestas, quejas y demandas expuestas por concesionarios de todos los municipios del estado. De la Vega Asmitia indicó que la reforma contribuirá no sólo al crecimiento económico de la entidad sino que permitirá a los ciudadanos ejercer sus derechos y alcanzar sus satisfactores principales de manera sustentable y eficiente mediante la utilización de los servicios de transporte público. Al precisar que para la elaboración de la iniciativa se hizo un trabajo previo de año y medio, ya que desde el 2003 no se han realizado modificaciones ni reformas a la Ley de Transportes, sostuvo que otro de los aspectos que se busca es reconocer y regular el servicio de taxi compartido (antes llamado colectivo) y la circulación de góndolas para el traslado de materiales de construcción, como también “se promueven nuevas modalidades como es el transporte metropolitano, el taxi especial con taxímetro para establecer una tarifa justa, y la regulación para el uso de los corredores coordinados”. Desde el 2003 a la fecha la Ley de Transporte no se ha modificado ni reformado de allí que ha sido rebasado por la realidad que atraviesa el sector y no considera posibilidades para evolucionar hacia una movilidad sustentable en beneficio de la ciudadanía”, por lo que la reforma presentada al Congreso del Estado, y que está estructurada en 12 Títulos, 28 Capítulos, 155 Artículos y 7 Transitorios, va encaminada a brindar una mayor transparencia en los procesos operativos y administrativos del sector; combatir la corrupción e influyentismo que han dañado la economía del estado, así como a permisionarios y concesionarios. El funcionario estatal agregó que para estimular la calidad y el confort, las concesiones se mantendrán por un periodo máximo de 10 años; mientras que los permisos tendrán una validez hasta por cinco años y algo muy primordial, para evitar el tráfico de influencias, conflictos de interés o componendas entre los funcionarios y transportistas, la nueva ley prohíbe expresamente que trabajadores de la SCT o sus familiares directos puedan recibir concesiones o permisos, como ha venido sucediendo desde el pasado. De la Vega Asmitia explicó a grandes rasgos en que consiste la Ley, esa que quiere ser echada abajo por la fracción parlamentaria del PRI y una buena parte de los transportistas que de manera corporativa han venido actuando desde hace años en las campañas electorales, principalmente para el acarreo. Es normal que la fracción parlamentaria del PRI haya presentado su propia iniciativa de Ley en el Congreso a favor de los transportistas, para intentar seguirles otorgando canonjías y privilegios sin tomar en cuenta al público usuario que sufre vejaciones en el caso del transporte público, pero no les queda de otra, les urge el voto corporativo para ganar en el 2015. VISORCITO “Tabasco es la entidad que más ha avanzado en el contexto nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública, según lo señalan la empresa ARegional, y el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)”, precisó el coordinador general de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Juan José Peralta Fócil. Al participar en la sesión ordinaria de instalación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, donde estuvo presente la presidenta de la Junta de Coordinación Política y presidenta de dicho Comité, Neyda Beatriz García Martínez, el representante del gobernador Arturo Núñez explicó que en 2013, ARegional colocaba a Tabasco en el lugar 29 del país en el rubro de transparencia, mientras que en este año lo ubica en el número 9, es decir, avanzó 20 lugares en el escenario nacional. Además, dijo, el pasado miércoles 15, IMCO calificó a Tabasco en el lugar 14 del país, cuando el año pasado lo ubicaba en el 32, lo que significa, que pasó del último lugar nacional al 14 en materia de transparencia y acceso a la información pública, lo que “es un avance significativo en ambas mediciones. Para una empresa avanzamos 20 lugares y para la otra 18. Es decir, en el contexto nacional, Tabasco empieza a posicionarse en materia de transparencia”. Remarcó que desde el inicio de esta administración, una de sus premisas fundamentales fue el manejo transparente de los recursos públicos, por lo que hasta el pasado mes de septiembre, el Sistema Estatal de Acceso a la Información Pública había dado respuesta a 14 mil 430 solicitudes de la ciudadanía sobre el uso de recursos públicos, “de esas solicitudes, únicamente en 99 casos se ha revocado la información dada por los 104 sujetos obligados del gobierno, y ha sido debidamente complementada. Esto significa que de cada cien solicitudes de los tabasqueños, 99 están totalmente satisfechos con la información otorgada”.
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