El ex-candidato perdedor de la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Alí de la Torre, le propinó una estocada mortal al dirigente estatal priista, Erubiel Lorenzo Alonso Que, luego de que en un revire la legisladora Esther Alicia Dagdug cabildeo para que el también legislador por el municipio de Paraíso, Carlos Mario de la Cruz Alejandro, se erigiera en el coordinador de la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso local, en sustitución del diputado, Luis Rodrigo Marín Figueroa. En un escueto comunicado signado en la ciudad de México con fecha 28 de enero de 2014 se signa lo siguiente: “en reunión con el C. Cenovio Ruiz Zazueta, secretario de enlace con las legislaturas de los Estados del CEN, luego de un diálogo fructífero el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal acuerdan trabajar por la unidad del grupo parlamentario del PRI en Tabasco; privilegiando la cohesión del partido. Para cumplir con la agenda legislativa en bien de las y los tabasqueños” firmando, el dirigente priista Erubiel Lorenzo Alonso Que y el diputado Carlos Mario de la Cruz Alejandro. de esta forma de la Cruz Alejandro sustituye al diputado Luis Rodrigo Marín Figueroa, quien se había quedado al frente de la coordinación parlamentaria en el Congreso local, después que Erubiel solicitara licencia como diputado para participar como candidato a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, pese a que la subcordinadora parlamentaria era Esther Alicia Dagdug, lo que es indudable que fue generando encono entre los propios legisladores priistas. Erubiel Lorenzo Alonso ganó la dirigencia estatal del PRI, bajo una serie de acuerdos contraídos con el candidato perdedor de la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, quien le puso tras bambalinas, como coordinador de su campaña, al delegado de Diconsa, Adrián Hernández Balboa, y toda la estructura chuchista se dedicó de tiempo completo a apoyarlo para que se convirtiera en el dirigente, pero las desavenencias se presentaron por la repartición de los cargos dentro de la estructura partidista, de las organizaciones adherentes y sectores, de tal suerte que se dio una ruptura, entre Erubiel y Jesús Alí, que llevó a un albazo legislativo encabezada por la legisladora Esther Alicia Dagdug, quien se erigió en coordinadora parlamentaria, pero poco le duró el gusto pues la traición de la diputada Mirella Zapata, quien del Partido Acción Nacional se cambió al PRI, no se hizo esperar, ya que después de haberle dado su voto a Mayté para que se convirtiera en coordinadora se echó para atrás, por lo que siguió Luis Rodrigo como coordinador parlamentario, pero no sería por mucho tiempo. Parecía que Erubiel salía victorioso y se quedaría con la coordinación de la fracción parlamentaria, ya había sacado bien la reunión del Consejo Político estatal y eso le daba confianza de que no habría mayores problemas, porque estaban citados en la ciudad de México para dirimir el conflicto que se vivía en el Congreso, pero nuevamente vino el revire de Jesús Alí por conducto de Mayté Dagdug, quien después de haber renunciado a participar como oradora dentro del Consejo Político para denunciar al agandalle erubielano, se dedicó a cabildear con sus compañeros diputados y de repente propuso a su compañero Carlos Mario de la Cruz Alejandro para que asumiera la coordinación parlamentaria, ahora sí por mayoría de votos y esa propuesta fue llevada ante Cenovio Ruiz, quien avaló esta designación y ahora el diputado paraíseño es prácticamente el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local sustituyendo a Luis Rodrigo Marín Figueroa. Pese a lo que diga la cúpula priista, de que trabajaran por la unidad del PRI, esa sigue fracturada en Tabasco, pues mientras Erubiel Lorenzo Alonso es el dirigente formal del partido, el que supuestamente dictará las directrices a seguir, el que marcara la agenda política rumbo a las elecciones constitucionales de 2015 , ya está acotado por Jesús Alí desde el Congreso local, de tal manera, que lo quieran o no los priistas, hay dos bandos en pugna el de 16 de septiembre y el del Congreso local, pues es indudable que la fracción parlamentaria del tricolor en el Congreso local a partir de ahora lo controla Alí y no el dirigente formal de ese partido. En los próximos días habremos de ver el camino formal que tomará la dirigencia estatal del PRI respecto al Pacto Político por Tabasco, donde su dirigente Erubiel Lorenzo Alonso Que, a quien Mayté ha acusado en repetidas ocasiones que se ha entregado a los brazos del secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda, y por lo tanto está “maiceado” ha dejado entrever que es posible la salida o ruptura con el gobierno estatal, porque no está cumpliendo con los compromisos signados a favor de la colectividad, situación que se puede acelerar, dado que en la fracción parlamentaria del tricolor con una clara ascendencia chuchista y bajo el dominio de Mayté Dagdug, quien trae una clara la línea de enfrentamiento con el gobierno nuñista, no bajará la guardia hasta que se salgan del Pacto Político. Sin el control de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Erubiel Alonso sin duda se encuentra acotado por las huestes chuchistas, y ese enfrentamiento de fuerzas al interior de ese partido es un claro signo de división que los llevará a la derrota, pese a los llamados de unidad, entre dientes, que están realizando, ante el beneplácito del Partido de la Revolución Democrática y sus aliados, que tampoco cantan mal las rancheras en cuanto a división, pero que al detentar el poder político y económico llevan una buena ventaja, ante un PRI dividido y peor aún, sin dinero para la operatividad electoral, por lo mismo, se están peleando el escaso dinero que entra vía coordinación parlamentaria.
OJITOS
Si bien es cierto que ante la ola de rumores difundidos en las redes sociales en el sentido de que estaban secuestrando niños para robarles sus órganos vitales y de que un joven había aparecido muerto, vaciado por dentro, se debe de hacer un análisis profundo para modificar el Código Penal y elevar ciertas sanciones penales en contra de quienes se les descubra esparciendo el rumor como un acto de desestabilización social, también se debe tener cuidado en no intentar regular el uso de las redes sociales como una medida coercitiva para evitar la libertad de expresión, porque esto si sería un grave error de quienes pretendan alentarlo, de cualquier gobierno que quisiera conculcar ese derecho que tiene la misma sociedad. Llama la atención, lo expresado por la Subprocuradora de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, Aureola Rodríguez Cúpil, en el sentido de que con un análisis y consenso de todos los sectores, podría retomarse modificaciones al Código Penal que incluyera regular el uso de las redes sociales para frenar los rumores difundidos en ellos, porque la Procuraduría General de Justicia está muy interesada en tomar todo tipo de acciones necesarias para que estas conductas se castiguen y sobre todo se prevengan. Es cierto, a raíz de lo que está pasando, es necesario revisar el marco legal para crear las figuras jurídicas que sean necesarias para castigar a quienes deliberadamente o de manera profesional se han dedicado a esparcir el rumor de secuestros de niños o de jóvenes para robarles sus órganos, para intentar crear una psicosis entre la población con fines aviesos, quizás uno de esos, sea levantar a la propia población en contra de las autoridades estatales para hacerlos ver como incompetentes y posteriormente dar paso a la creación de las policías comunitarias para después armarlos, como actualmente está pasando en Michoacán, donde prácticamente hay un estado fallido. Si bien es cierto se debe de adecuar aún más el Código Penal del estado para sancionar con mayor rigor a quienes después de una rigurosa investigación se concluya que son responsables de esparcir rumores con fines netamente delictivos, como es el causar psicosis entre la población, no se puede ni pensar, en la regulación de las redes sociales para intentar minimizar todos los correos electrónicos, twitter o face de audio o video que circule con esos fines, porque eso sería de manera indudable un atentado en contra de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, que traería otros efectos de mayores resonancias entre la población. El gobierno de Veracruz intentó regular las redes sociales y se le vino la población encima, la condena no solo del pueblo veracruzano, sino de todo el país, llevaron al actual gobierno de ese estado a dar marcha en esas pretensiones arcaicas, porque más vale que algunos abusen libertinamente de las redes sociales para dar rienda suelta a sus bajas pasiones antes que sea regulado. Mejor debe pensarse en una especie de policía cibernético, como ya lo tiene la Policía Federal Preventiva o el gobierno gringo, antes que pensar en regular en las redes sociales porque condena de la población será unánime en contra del gobierno estatal y de las autoridades procuradoras de justicia. Más bien, hay que estar atentos, y salir las veces que sea necesario, a como lo hizo el procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, que inmediatamente en cuanto se comenzó a esparcir ese rumor, salió a los medios de comunicación a desmentir de que hubiera una banda delictiva robando niños para extraerle los órganos, sino que todo se trataba de rumores, producto de mentes perversas que solo querían sembrar psicosis entre la población, y esa postura logró el efecto esperado entre la población que se tranquilizó. De igual forma, las investigaciones que realiza la Procuraduría para llegar a quién o quienes comenzaron a difundir los rumores en las redes sociales, debe arrojar resultados positivos, porque es indudable que se trató de un hecho delictivo que debe ser sancionado, y en donde no se descarta que tenga injerencia la delincuencia organizada, así se tiene que actuar en forma rápida para evitar que cunda la alarma entre la población, pero pensar en la regulación de las redes sociales para intentar acabar con este tipo de rumores, es hasta impensable, porque entonces se tomaría como un ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos, y entonces ya verían la condena unánime. Bien por los trabajos de investigación ordenado por Valenzuela Pernas, para saber que mentes perversas y macabras idearon la difusión de audios y videos para causar pánico entre la población. Esperemos pronto resultado.
Si bien es cierto que ante la ola de rumores difundidos en las redes sociales en el sentido de que estaban secuestrando niños para robarles sus órganos vitales y de que un joven había aparecido muerto, vaciado por dentro, se debe de hacer un análisis profundo para modificar el Código Penal y elevar ciertas sanciones penales en contra de quienes se les descubra esparciendo el rumor como un acto de desestabilización social, también se debe tener cuidado en no intentar regular el uso de las redes sociales como una medida coercitiva para evitar la libertad de expresión, porque esto si sería un grave error de quienes pretendan alentarlo, de cualquier gobierno que quisiera conculcar ese derecho que tiene la misma sociedad. Llama la atención, lo expresado por la Subprocuradora de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia, Aureola Rodríguez Cúpil, en el sentido de que con un análisis y consenso de todos los sectores, podría retomarse modificaciones al Código Penal que incluyera regular el uso de las redes sociales para frenar los rumores difundidos en ellos, porque la Procuraduría General de Justicia está muy interesada en tomar todo tipo de acciones necesarias para que estas conductas se castiguen y sobre todo se prevengan. Es cierto, a raíz de lo que está pasando, es necesario revisar el marco legal para crear las figuras jurídicas que sean necesarias para castigar a quienes deliberadamente o de manera profesional se han dedicado a esparcir el rumor de secuestros de niños o de jóvenes para robarles sus órganos, para intentar crear una psicosis entre la población con fines aviesos, quizás uno de esos, sea levantar a la propia población en contra de las autoridades estatales para hacerlos ver como incompetentes y posteriormente dar paso a la creación de las policías comunitarias para después armarlos, como actualmente está pasando en Michoacán, donde prácticamente hay un estado fallido. Si bien es cierto se debe de adecuar aún más el Código Penal del estado para sancionar con mayor rigor a quienes después de una rigurosa investigación se concluya que son responsables de esparcir rumores con fines netamente delictivos, como es el causar psicosis entre la población, no se puede ni pensar, en la regulación de las redes sociales para intentar minimizar todos los correos electrónicos, twitter o face de audio o video que circule con esos fines, porque eso sería de manera indudable un atentado en contra de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, que traería otros efectos de mayores resonancias entre la población. El gobierno de Veracruz intentó regular las redes sociales y se le vino la población encima, la condena no solo del pueblo veracruzano, sino de todo el país, llevaron al actual gobierno de ese estado a dar marcha en esas pretensiones arcaicas, porque más vale que algunos abusen libertinamente de las redes sociales para dar rienda suelta a sus bajas pasiones antes que sea regulado. Mejor debe pensarse en una especie de policía cibernético, como ya lo tiene la Policía Federal Preventiva o el gobierno gringo, antes que pensar en regular en las redes sociales porque condena de la población será unánime en contra del gobierno estatal y de las autoridades procuradoras de justicia. Más bien, hay que estar atentos, y salir las veces que sea necesario, a como lo hizo el procurador de Justicia, Fernando Valenzuela Pernas, que inmediatamente en cuanto se comenzó a esparcir ese rumor, salió a los medios de comunicación a desmentir de que hubiera una banda delictiva robando niños para extraerle los órganos, sino que todo se trataba de rumores, producto de mentes perversas que solo querían sembrar psicosis entre la población, y esa postura logró el efecto esperado entre la población que se tranquilizó. De igual forma, las investigaciones que realiza la Procuraduría para llegar a quién o quienes comenzaron a difundir los rumores en las redes sociales, debe arrojar resultados positivos, porque es indudable que se trató de un hecho delictivo que debe ser sancionado, y en donde no se descarta que tenga injerencia la delincuencia organizada, así se tiene que actuar en forma rápida para evitar que cunda la alarma entre la población, pero pensar en la regulación de las redes sociales para intentar acabar con este tipo de rumores, es hasta impensable, porque entonces se tomaría como un ataque a la libertad de expresión de los ciudadanos, y entonces ya verían la condena unánime. Bien por los trabajos de investigación ordenado por Valenzuela Pernas, para saber que mentes perversas y macabras idearon la difusión de audios y videos para causar pánico entre la población. Esperemos pronto resultado.
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