Los últimos acontecimientos violentos suscitados en el estado de Michoacán, donde los grupos de autodefensa ante la complacencia y posterior intervención de las autoridades federales tomaron por asalto municipios como Apatzingán, Uruapan y Nueva Italia, nos demuestran que nos acercamos a un estado fallido, donde tardíamente ha reaccionado el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que va en caída libre, ante el avance en el país de los grupos delincuenciales, demostrando que el gobierno de Enrique Peña Nieto, está peor que el de Felipe Calderón Hinojosa. La creación de los llamados grupos de autodefensa en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, entre otros estados del país para defenderse de la delincuencia organizada, sobre todo de los llamados Caballeros Templarios en la primera entidad señalada donde han sentado sus reales, no tendría razón de ser, si el Estado mexicano como tal cumpliera con la delicada tarea de proporcionar seguridad a la población mexicana, pero todo indica que mientras el presidente de la República y sus principales funcionarios se dedicaron a vender la hipotecar del país en el extranjero con el viejo cuento de que ahora si vendrán inversiones que detonarán el desarrollo económico y con ello habrá menos pobres, lo que es una falacia, descuidaron la Seguridad Nacional que se les está cayendo en pedazos pues los grupos delincuenciales organizados han tomado por asalto varias entidades federativas, donde se han incrementado los asaltos, los secuestros, el cobro de piso a comercios de todo tipo, propiciando una brutal anarquía, sin que haya signos de que esto vaya a la baja. El mismo gobierno federal desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto para bajarle a la cobertura que los medios de comunicación le daban a los hechos delincuenciales que se seguían presentando en la mayor parte de territorio nacional, contrajo un convenio con diversos medios electrónicos y escritos de la capital del país que efectivamente quitaron de sus primeras planas y sus noticieros radiofónicos o televisivos esos hechos de sangre, pero no lograron gran cosa, porque los índices delictivos del primer año peñista superaron en mucho al último año de Calderón, es decir, los hechos delictivos de la delincuencia organizada fueron a la alza, lo que se logró saber gracias a la amplia cobertura que le siguieron dando las redes sociales no reguladas, que en un amago presidencial se dejó correr la versión que se buscará su regulación para evitar su mal uso, para medir la reacción de la población. La falta de seguridad que le corresponde brindar al Estado Mexicano a las entidades federativas donde la delincuencia organizada ha sentado sus reales, ha llevado en una supuesta reacción de la población, a la constitución de grupos de autodefensa que tienen el objetivo de defenderse y replegar a esa delincuencia organizada de sus comunidades , que por una parte se le adjudica al propio gobierno federal de alentarlos y dejarlos crecer como una especie de grupos paramilitares para que se enfrente a la otra delincuencia, mientras que por otra parte, hay voces que acusan que es otra parte de los grupos delictivos que al mantener enfrentamientos entre sí han organizado a la misma población proveyéndolos de armamento y dinero para que puedan desplegarse por su territorio estatal. La incursión de los grupos de autodefensa contra la delincuencia organizada que penetraron a Apatzingan, posteriormente a Uruapan, hasta llegar a Nueva Italia, Michoacán, fuertemente armados y con un despliegue donde se requiere recursos económicos y con fuertes signos de violencia fue visto con pasividad por el propio gobierno federal, que los dejó ser, los dejó pasar, y fue posteriormente ante los fuertes reclamos ciudadanos y los señalamientos en diferentes medios de comunicación de que el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, había perdido la brújula y Michoacán era tierra de nadie, tierra sin ley, donde el estado mexicano tenía perdido el control, fue que se decidió actuar con el Ejército Mexicano y la Marina para recobrar el control de ese estado, pero esto ha ocasionado enfrentamientos violentos y choques con la Marina y el Ejército, pues los grupos de autodefensa ante el llamado del secretario de Gobernación a desarmarse han respondido que no lo harán, porque si no serán hombres muertos. En Michoacán hay un Estado Fallido, el gobierno de la República pese a lo que se diga no está cumpliendo con sus responsabilidades de vigilar y salvaguardar la seguridad de la población, porque si así fuera, no tendría razón de ser la creación de esos grupos de autodefensa, que en estricto derecho se les ha tolerado desde el mismo gobierno, porque a ojos vistos poseen armas de alto poder, de uso exclusivo del Ejército que cualquier ciudadano mexicano que lo portara ya estuviera detenido y recluido en prisión, pero en Michoacán no se cumple con la ley y ahí la responsabilidad es del secretario de Gobernación, Osorio Chong que está fallando a su alta responsabilidad. Desde el mismo momento en que esos grupos de autodefensa decidieron tomar Apatzingan, Uruapan y Nueva Italia que se supone es la cuna de los Caballeros Templarios, donde se presentaron hechos violentos, como los bloqueos y quemas de vehículos, la secretaría de Gobernación debió actuar con todo rigor para hacer prevalecer la ley o el Estado de Derecho, sobre todo, porque estos van completamente armados, ¿quién o quienes los armaron?, ¿dónde compraron las armas?,¿por dónde entraron esas armas al país?, ¿de dónde obtuvieron recursos económicos para comprarlas?, por lo que debieron ser detenidos, pero no, Osorio Chong fue complaciente con ellos y ahora Michoacán, pese a la incursión del Ejército y La Marina, es una entidad donde la ley ha sido tirada a la basura y se vive en constante zozobra. De acuerdo a las crónicas, el pasado domingo en Nueva Italia, Michoacán, se vivieron horas de terror, los grupos de autodefensa entraron a ese territorio que era bastión de los Caballeros templarios y después de varias horas de balacera los lograron desplazar y de ahí no se moverán a pesar de la advertencia del secretario de Gobernación de que se desarmen y regresen a sus comunidades de origen. Aunque no se quiera reconocer ya entramos al terreno de un Estado fallido donde el gobierno federal y el gobierno estatal no han tenido la capacidad de proporcionar seguridad a la población michoacana que ha tenido que armarse para defenderse de la delincuencia organizada y esto es un grave signo de ingobernabilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, que está peor que el gobierno Calderonista, por lo que nos acercamos peligrosamente a un estallido social en el país que puede ser alentado por los mismos grupos delincuenciales que están vulnerando el Estado Mexicano. No se ve una clara estrategia en materia de seguridad de Enrique Peña Nieto para reducir los índices de criminalidad en el país y acotar a la delincuencia organizada que hasta ahora les va ganando el parpadeo y esto es delicado porque están dando palos de ciego, mientras el mal ejemplo ya se extiende a otras entidades del país.
OJITOS
Tal como se había comprometido, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Patricio Bosch Hernández, acudió ayer a la Procuraduría General de Justicia del estado para interponer una demanda penal en contra del ex-presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Rafael Abner Balboa Sánchez, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, ya que dispuso de 30 millones de pesos adicionales al presupuesto que le fue entregado a mediados del año pasado sin que haya rendido cuentas claras a sus compañeros legisladores. Bosh Hernández también implicó en la demanda al contador Roberto Barrios Balboa y Francisco Zenteno Ramos, responsables de administración y finanzas en el Congreso local mientras Rafael Abner Balboa fungió como presidente de la Junta de Coordinación. El legislador Verde Ecologista precisó que estas tres personas tienen que aclarar todo el manejo del presupuesto de 2013, así como la ampliación presupuestal de los 30 millones de pesos que recibió el Congreso ese mismo año. "Hoy más que nunca el gobierno necesita de confianza y esa tiene que en empezar desde el Congreso, no podemos revisar a los municipios cuando nosotros estamos mal", precisó, y esa postura es correcta, no puede ser que el Congreso local se conduzca con opacidad, escondiendo la forma en que gasta su presupuesto que debe estar abierto a los ojos de la ciudadanía, mientras se convierte en fiscalizador de los recursos públicos de las otras instancias gubernamentales. El buen juez por su casa empieza. La presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Neyda Beatriz García tiene la gran oportunidad de no convertirse en tapadera de Nesho, dejando que brote la pus, si la hay, que salga lo que tenga que salir a la luz pública, así sean los malos manejos financieros porque no se puede seguir con la simulación. El Congreso debe de actuar de manera transparente y Neyda tiene esa gran responsabilidad de devolverle la credibilidad perdida al Poder Legislativo.
Tal como se había comprometido, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el legislador Patricio Bosch Hernández, acudió ayer a la Procuraduría General de Justicia del estado para interponer una demanda penal en contra del ex-presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Rafael Abner Balboa Sánchez, por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público, ya que dispuso de 30 millones de pesos adicionales al presupuesto que le fue entregado a mediados del año pasado sin que haya rendido cuentas claras a sus compañeros legisladores. Bosh Hernández también implicó en la demanda al contador Roberto Barrios Balboa y Francisco Zenteno Ramos, responsables de administración y finanzas en el Congreso local mientras Rafael Abner Balboa fungió como presidente de la Junta de Coordinación. El legislador Verde Ecologista precisó que estas tres personas tienen que aclarar todo el manejo del presupuesto de 2013, así como la ampliación presupuestal de los 30 millones de pesos que recibió el Congreso ese mismo año. "Hoy más que nunca el gobierno necesita de confianza y esa tiene que en empezar desde el Congreso, no podemos revisar a los municipios cuando nosotros estamos mal", precisó, y esa postura es correcta, no puede ser que el Congreso local se conduzca con opacidad, escondiendo la forma en que gasta su presupuesto que debe estar abierto a los ojos de la ciudadanía, mientras se convierte en fiscalizador de los recursos públicos de las otras instancias gubernamentales. El buen juez por su casa empieza. La presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Neyda Beatriz García tiene la gran oportunidad de no convertirse en tapadera de Nesho, dejando que brote la pus, si la hay, que salga lo que tenga que salir a la luz pública, así sean los malos manejos financieros porque no se puede seguir con la simulación. El Congreso debe de actuar de manera transparente y Neyda tiene esa gran responsabilidad de devolverle la credibilidad perdida al Poder Legislativo.
VISORCITO
Por un error di a conocer que el informe del rector de la UJAT, José Manuel Piña se realizaría ayer martes, pero fue así, ya que lo correcto, es que dicho informe será el martes 21 de enero a las 19:00 horas en el teatro universitario. Lo bueno de tener lectores, es que ayer por la mañana recibí varios mensajes y llamadas de algunos de ellos para hacerme ver mi error, cosa que aceptó y corrijo. Gracias a quienes me leen.
Por un error di a conocer que el informe del rector de la UJAT, José Manuel Piña se realizaría ayer martes, pero fue así, ya que lo correcto, es que dicho informe será el martes 21 de enero a las 19:00 horas en el teatro universitario. Lo bueno de tener lectores, es que ayer por la mañana recibí varios mensajes y llamadas de algunos de ellos para hacerme ver mi error, cosa que aceptó y corrijo. Gracias a quienes me leen.
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