FUNCIONARIO SIN NOMBRAMIENTO

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

A pesar de los principios y valores de “no mentir, no robar y no traicionar” de la Cuarta Transformación establecido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que se encuentra plasmado en la “Guía Ética Para la Transformación”, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado de Tabasco (Sedafop), no existen esos principios, porque como en el juego de la perinola de que “todos ganan” en la dependencia que encabeza Jorge Suárez Vela “todos roban” a placer.

El síndrome de la corrupción, de esa otra pandemia prohijada en anteriores sexenios y que ahora presume el presidente de la República de que está erradicado de su gobierno (quizás por decreto), en Tabasco no ha sido desterrado, ni lo desterraran porque todo indica que el principio de simulación del gobierno estatal es alardear que combaten la corrupción pero solo de lengua, porque en los hechos, los actos de corrupción en varias dependencias no deja lugar a dudas de que este grave flagelo goza de cabal salud entre funcionarios que están metidos en negocios ilícitos utilizando el presupuesto público.

Hace algunos días, el Ojo Visor, que en todo está, dio a conocer que en Sedafop con la anuencia del secretario Jorge Suárez Vela, una persona de nombre Abraham Heredia Calcáneo, está convertido en funcionario sin cartera, que da órdenes a otros funcionarios menores como si fueran sus subalternos, que realiza negocios con otros funcionarios de la misma dependencia y que cobra un salario como si fuera funcionario de primer nivel,  pero la realidad no tiene nombramiento oficial, pero todo lo que hace, es con la anuencia del secretario, a quien tal vez le entrega una parte de sus irregulares ganancias.

A través de una solicitud de información a la plataforma de transparencia nacional, se logró saber que Abraham Heredia Calcáneo a principios de 2019 fue nombrado Coordinador General de Programas Federales de la SEDAFOP, pero ese mismo año renunció a su cargo y a partir de ahí no se le conoce que le hayan asignado otro cargo dentro de esa institución.

A este sujeto en ese mismo año,  el gobernador Adán Augusto López Hernández lo exhibió públicamente en el noticiero Telereporraje al señalar que un funcionario de SEDAFOP había sido despedido porque se descubrió que estaba cometiendo actos de corrupción, por lo cual se le exigió su renuncia y dijo que se le seguiría un proceso administrativo, pero parece que al hoy secretario de Gobernación se le olvidó darle indicaciones a sus funcionarios, en este caso al secretario de la Función Pública de que se aplicara los procedimientos administrativos a esta persona acusada de corrupción. 

Tampoco al titular de Sedafop, Jorge Suárez le importó lo dicho por el entonces gobernador en el noticiero Telereportaje, por lo que después de que obligó a   renunciar a Abraham Heredia Calcáneo, le permitió que siguiera operando en la institución como si realmente fuera un funcionario, como si nada hubiera pasado, por lo que  hasta el día de hoy quien manda y ordena en la Sedafop es el propio Abraham Heredia Calcáneo, siendo de conocimiento general para todo el personal que labora en dicha dependencia, incluso se sabe del contubernio que tiene con el director de administración Ernesto Cárdenas Lara, así como el propio titular de la Secretaría de la Función Pública del Estado, Jaime Antonio Farías Mora, quien a pesar de que sabe que incurre en una falta administrativa, no le preocupa que se esté cometiendo el delito de Usurpación de funciones públicas el cual se encuentra tipificado en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Tabasco.

Uno de los tantos negocios que ha realizado este personaje es en el Programa de Desarrollo Rural en Modalidad Concurrencia, específicamente en los Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter), en donde obligaron a ciertos beneficiarios a que solicitaran apoyos de tractores, encontrándose entre ellos,  unos de la marca Massey Ferguson, compañía de la cual tiene sociedad Abraham Heredia Calcáneo, por lo que a continuación se especifican dichas unidades tractores: 1.- MODELO MF285-2WDMT, con las siguientes especificaciones: 2WD. Tracción sencilla. 80 hp al motor. 59.5 HP A LA TOMA DE FUERZA, 4 CILINDROS, ASPIRACIÓN NATURAL, 8 CONTRAPESOS DELANTEROS. 4 CONTRAPESOS TRASEROS, RODADO TRASERO 18.4-30, RODADO DELANTERO 12.4-24. 1 CAJA DE VÁLVULAS, TOLDO MÉCÁNICO.

2.- MODELO MF285-4WDSTD, 4WD. DOBLE TRACCIÓN. 80 HP AL MOTOR. 59.5 HP A LA TOMA DE FUERZA, 4 CILINDROS. ASPIRACIÓN NATURAL. 4 CONTRAPESOS TRASEROS, 8 CONTRAPESOS DELANTEROS. RODADO TRASERO 18.4-30. RODADO DELANTERO 12.4-24. 1 CAJA DE VÁLVULAS, TOLDO METÁLICO.

De igual manera, Abraham Heredia Calcáneo mantiene un férreo control dentro de la Secretaria con sus amigos de toda la vida, que son sus brazos ejecutores,  como es el matrimonio conformado por María Elvira Reina Salas, jefa del  Departamento de Operación de Fideicomisos de Inversión, quien ya había trabajado en esa dependencia pero en otra administración y su esposo Jesús Antonio Rodríguez Carrera quien funge como director de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático, el cual tiene una empresa dedicada a la tecnología y por medio de ella le realizan ventas y servicios a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, es decir, este matrimonio está metido en un conflicto de intereses porque a la vez que son funcionarios son proveedores de la misma dependencia, por lo cual la secretaría de la Función Pública debería de intervenir, pero no lo hace.

Otro caso similar es el del Director de Organización para la Producción Agrícola, Rodger del Jesús Herrera Rodríguez y su hermano Walter Herrera Rodríguez, ya que ambos se encuentran laborando en distintas áreas de la Secretaria, a pesar de que en una solicitud de información el área de transparencia respondió  que Walter no labora en dicha dependencia, cuando en realidad se encuentra atendiendo desde el área de Informática y la mayoría del personal laboral lo conocen y lo han visto realizando diversas actividades; como este tipo de anomalías existen otras más que al parecer al titular del Órgano Interno de Control y al Secretario de la Función Pública no les preocupa ni les ocupa.

A pesar del olvido en que se encuentra el campo en estos momentos y de la negativa del Secretario Jorge Suárez Vela de atender a los productores para entregarles  recibir algún tipo de apoyo, él aprovecha el tiempo para realizar negocios con semillas que vende junto con el Subsecretario de Desarrollo Agrícola de la Sedafop, Cesar Rodríguez Márquez, quien resulta ser hijo de Juan José Rodríguez Prats, uno de los principales críticos de la Cuarta Transformación tanto a nivel local como nacional.

Hay que hacer mención y dejar en claro que el sector agropecuario de Tabasco se encuentra abandonado, siendo un elefante blanco la Secretaria, esto lo comentan y sienten todos los pequeños productores que se encuentran en el olvido mientras que el flamante Secretario Jorge Suárez Vela se encuentra acomodando a sus familiares y haciendo negocios, a costa del pueblo, tal es el ejemplo de su sobrino Jorge Suárez Vela, a quien hizo candidato a la presidencia  municipal de Tenosique, donde ahora gobierna como alcalde, y su prima María Dolores Suarez Vela quien es proveedora de alimentos en el Yumka. Como en Chedraui, la familia está de acuerdo.

En Sedafop hay hasta aviadores como Jonatan Loperena Díaz que cobra sin trabajar, porque Paola Conde que es incondicional de Abraham, le pidió que nada más llegara a cobrar.

                                           OJITOS

Con la renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana han salido más de veinte aspirantes que quieren ser el nuevo secretario general, pero la mayoría no cumple con los requisitos estatutarios, sobre todo el ser trabajador activo de Petróleos Mexicanos.

Cesar Pecero Lozano ampliamente conocido por los tabasqueños, ha decidido participar como aspirante a la dirigencia nacional del STPRM para lo cual está realizando un trabajo a ras de tierra con la base trabajadora, a quienes les está planteando del porque quiere ser el secretario general.

A diferencia de otros aspirantes que llaman a los trabajadores a sumarse a su movimiento, Cesar Pecero Lozano, no los ha llamado, sino que ha decidido recorrer los centros de trabajo de los trabajadores petroleros que están afiliados a las 36 secciones petroleros que integran el sindicato nacional para que conozcan de viva voz cuál es su propuesta y del porque quiere ser el próximo secretario general del sindicato petrolero.

César Pecero no se ha dedicado a realizar reuniones con grupos de trabajadores, no, él ha ido directo a las bases, se ha dedicado a recorrer los centros de trabajo de todas las secciones petroleras del país, además porque se las conoce todas,  desde Salamanca, Salina Cruz, Nanchital, Minatitlán, Ciudad Pemex. Nuevo Pemex, entre otros, en donde ha encontrado un cálido recibimiento por parte de los trabajadores, quienes escuchan con atención y propuesta y lo consideran un hombre serio que sabe cumplir sus compromisos, precisamente de respetar todos los derechos de la base trabajadora, de mantener un trato de respeto con la dirección general de Petróleos Mexicanos para lograr mejores incentivos y prestaciones para todos los trabajadores.

Por otra parte, Cesar Pecero es visto con buenos ojos por el gobierno de la Cuarta Transformación, que precisamente está buscando aliados en el sector petrolero que le permita transitar sin mayores sobresaltos en la nueva elección del dirigente nacional de los petroleros, que debe ir acorde a los lineamientos que está marcando el gobierno federal, por lo cual se dice, que es el momento justo que se requiere para que Cesar Pecdero, que ha demostrado lo que es ser un buen dirigente, logré ganar la dirigencia nacional, pues a diferencia de otras elecciones en ese sindicato, donde se elegía a mano alzada al nuevo secretario esta vez será toda la base trabajadora, la que elija a su dirigente nacional.

Cesar Pecero reúne los requisitos estatutarios para participar por la dirigencia nacional, a diferencia de otros aspirantes, de que por alguna razón, están impedidos para presentar su registro a la hora que se lande la convocatoria, pero sobre todo, porque no lograran reunir los requisitos que se requiere para participar.

Como trabajador activo de la sección 48 del sindicato petrolero, donde también fue dirigente, Cesar Pecero conoce de fondo las necesidades de la base trabajadora, y sabe cómo debe realizarse las negociaciones para que tanto el patrón en este caso Petróleos Mexicanos como el trabajador salgan ganando, pero sobre todo mantengan el compromiso de trabajar para sacar a flote a la industria petrolera que ha contribuido, que ha sido parte de la base del desarrollo de nuestro país, y que ahora con este gobierno de la Cuarta Transformación se busca su fortalecimiento al elevar la producción, siendo esto un compromiso del sindicato que debe actuar como aliado de la propia empresa productiva, pero eso se va a lograr con un nuevo dirigente sindical que no llegue a enfrentarse sino a ser aliado.

     

 

FUNCIONARIO DEL INE EMBARRADO

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

 

En el mar de corrupción, dispendio, opacidad, tráfico de influencias, y violencia laboral, en el que nadó la ex-consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Maday Merino Damián, junto con el ex-director Ejecutivo de Administración, Juan Manuel Segura Guzmán, el ex-coordinador de Recursos Financieros, David Roberto Marín Isidro, y el Secretario Ejecutivo, Armando Antonio Rodríguez Córdova, no dudaron en servirse con la cuchara grande para llenarse las bolsas de dinero, embarrando hasta a un funcionario del INE al hacer proveedor a uno de sus familiares directos.

Es evidente que todo el cochinero que se realizaba dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana lo sabía Maday, pues nada se autorizaba sim su visto bueno, de tal manera que mientras Juan Manuel Segura Guzmán, jura y perjura que jamás metió a un familiar a trabajar a esa dependencia, los hechos lo desmienten, pues llevó a laborar con él, a su amasia o segundo frente de nombre Blanca Iris Arellano Ramos, colocándolo en el área de Planeación con un fabuloso sueldo de veinte mil pesos sin hacer nada, porque como se vio, hasta el presupuesto estuvo mal planificado, de tal manera que quedó un subejercicio de 40 millones de pesos, que no es ahorro, sino un subejercicio, como producto del mal presupuesto financiero que realizaron no el área responsable sino Roberto David Marín Isidro, Pedro Isidro su hermano, y  el director de Administración Víctor Acosta.

Es claro que bajo la complacencia de Maday Merino, la jefa, a como le gustaba que le dijeran, a quien le entregaban parte de los “moches” que cobraba David Roberto Marín Isidro  a los proveedores, a los que les acumulaba su pago hasta que le depositaran en su cuenta lo convenido, procedía a pagarles sus cheques, por esa complicidad se le permitió a David Roberto a meter a varios de sus familiares a la nómina del instituto, y a convertir en proveedora de comida a su cuñada, o sea la hermana de su mujer, bajo la razón social Deyanira Ruiz Herrera con Registro Federal de Causantes RUHD690317SU7, sin tener una empresa constituida como tal, pero el caso es que se llevara parte de los recursos públicos del instituto.

Pero lo más grave, lo más delicado, es que Juan Manuel Segura y David Roberto Marín, con la anuencia de Maday Merino, embarraron al vocal del Registro Nacional de Electores del Instituto Nacional Electoral, Jorge Alberto Zavala Frías, haciendo proveedora de comida a su esposa.

Martha Payró esposa de Jorge Alberto Zavala, aun sabiendo que estaba contraviniendo las disposiciones legales al ser su esposo funcionario de un órgano electoral como el INE, se convirtió en proveedora de comida durante el pasado proceso electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Martha Payró, quien en el gobierno de Núñez fue funcionaria de la Secretaría de Educación y tiene iniciado un procedimiento administrativo ante la Función Pública  con la complicidad de Juan Manuel Segura y Roberto David Marín a través de la empresa Olokum del Sureste S. A. de C. V. con Registro Federal de Causantes OSU180921P69, que está constituido para otros fines, pero no para vender comida, se volvió la proveedora número uno del Instituto, y Deyanira Ruiz la proveedora de comida número dos, pero para que estas dos personas surtieran la comida al órgano electoral había que deshacerse de la empresa que ya había ganado el contrato para lo cual le rescindieron el contrato, desde luego que la propietaria de la empresa que había ganado la licitación para proveer de comida al Instituto Electoral demandó a la institución, por lo que al ganar el litigio le tuvieron que pagar todos sud gastos, lo que constituyó un daño al patrimonio del propio organismo electoral que nadie sancionó porque los responsables, eran precisamente los altos mandos. 

Suponemos que la decisión de convertir en proveedoras de comida a Martha Payró, esposa del Jorge Alberto Zavala, vocal del Registro Nacional de Electores del INE y de Deyanira Ruiz cuñada del ex-director de Recursos Financieros, David Roberto Marín, se tomó después que se había licitado la compra de comida lo que originó que fuera cancelado o rescindido de manera ilegal el contrato, lo que finalmente causó un daño patrimonial al erario del instituto, pues con recursos públicos se le pago a la proveedora de comida que los demandó.

Que hará el INE con su vocal Ejecutivo, al saber que su esposa contravino las disposiciones legales al convertirse en proveedora de comida del Instituto Electoral, así como este, hay otros espinosos casos que ya iremos dando a conocer para que la opinión pública conozca toda la podredumbre que fomentó Maday Merino y sus secuaces dentro del órgano electoral, por eso ahora se dice que para proseguir con el legado de esta dama -Maday-, tal vez su legado de corrupción, los dos “asesores” del Consejero Federal del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona, Claudia Jiménez López y Oscar Guzmán, (por cierto este fue corrido del Cuarto Distrito del antiguo Instituto Federal Electoral por actos de corrupción y acoso sexual), están “cabildeando” con el Consejero Federal para que éste promueva a Juana María Acosta Rodríguez y a Elizabeth Nava Gutiérrez para que cualquiera de las dos sea postulada como consejera presidente del Instituto Electoral de Tabasco por parte de los consejeros del INE, toda vez que las dos han trabajado en la administración que presidió Maday Merino; de esta forma, estas dos aspirantes a consejeras presidentas ya están marcadas como parte de la continuidad al “trabajo” de Maday, por lo que los consejeros electorales federales que están obligados a desterrar cualquier acto de corrupción de los Organismos Públicos Locales  Electorales (OPLE) deben investigar muy bien a cada una de las seis participantes para que no se repetida el esquema de corrupción, opacidad, nula transparencia, daño patrimonial,  y violencia laboral que dejó Maday en el Instituto Electoral.

El mal ejercicio del presupuesto público asfixia y desaparece a las instituciones, la ambición e intereses propios prevalece y corrompe a los servidores públicos, encargados de servir y hacer cumplir los objetivos institucionales, en este caso se encuentra el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, ya que por años ha imperado la corrupción e impunidad, aunado a esto,  excesos y abusos directos al erario, acuñando que es un “organismo autónomo”, donde nadie debe meterse, pero la “democracia no tiene qué ser cara”, si se hacen valer los principios rectores del servicio público en su Capítulo II del Código de Ética y Conducta como la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad de esta noble institución.

Durante los procesos electorales la asignación del presupuesto es mayor debido al financiamiento de gastos de campaña a los partidos políticos y candidatos independientes, máxima publicidad de promoción del voto en la ciudadanía, contratación de personal eventual, renta de inmuebles y habilitación de los mismos para apertura de las Juntas Electorales Distritales de manera temporal.
El presupuesto del Instituto de acuerdo al periódico oficial publicado el 18 de diciembre de 2020, para el ejercicio fiscal 2021 es de 399 millones,137 mil 417.00 pesos, de los cuales 206 millones 006 mil 259.28 pesos (Doscientos seis millones, seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.), fueron asignados a servicios personales,  equivalente al 52 por ciento del presupuesto total del Instituto, de los $206,006,259.28 (Doscientos seis millones seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.).

De los $206,006,259.28 (Doscientos seis millones seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 28/100 M.N.), se asignaron $23,075,961.51 (Veintitrés millones setenta y cinco mil novecientos sesenta y un pesos 51/100 M.N.) en dietas para consejeros (siete en total), equivalente al 11 por ciento de servicios personales, sin embargo, hay 16 millones,911 mil, 273.31 pesos destinados al gasto operativo de la Presidencia, que incluye asesores, secretarios técnicos, secretarias, choferes, combustible, alimentos, viáticos, boletos de avión y demás gastos superfluos.

Es decir, en este año electoral la presidenta y demás consejeros electorales del IEPCT, le costaron al estado y a los contribuyentes la suma de $39,987,234.82 (Treinta y nueve millones novecientos ochenta y siete pesos doscientos treinta y cuatro pesos 82/100 M.N.), equivalente al 10 por ciento del presupuesto total.
En periodo ordinario de operaciones del Instituto, la presidenta y los consejeros electorales del IEPCT, nos cuestan a los contribuyentes la cantidad de    25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Pesos 00/100 M.N.), el cual aumenta cada año.

Con todas estas cifras onerosa, del porque ahora se entiende que hay personas que pelean por ser consejeros electorales, la nueva legislatura en su mayoría integrada por la fracción morenista, debería hacer una reforma electoral y en consecuencia una reducción al presupuesto del IEPCT, para que se reduzca el número de consejeros electorales (ya se redujeron diputaciones y regidurías)  y los excesivos gastos que los rodean, que les ha permitido enriquecerse con los  impuestos que pagan todos los contribuyentes, percibiendo un sueldo mensual de $97,000.00 (Noventa y siete mil pesos mensuales 00/100 M.N.), cada consejero electoral por un periodo de 7 años y laboran únicamente cada 3 años en elecciones y el resto del tiempo lo dedican a hacer turismo electoral y profesionalizarse, estudiando maestrías y doctorados, mientras que los legisladores ganan $ 50,000.00 pesos mensuales.

Hay siete consejeros pero solo toma decisiones financieras y administrativas, uno de ellos, el presidente con los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva conformada por el Secretario Ejecutivo y el Director de Administración, por eso hay tanta opacidad en el ejercicio de los recursos del IEPCT, por lo que el Congreso local también debería darle facultad en la toma de decisiones al Consejo Estatal integrado por los 7 consejeros electorales, además del Secretario Ejecutivo, Director de Administración y representantes de los partidos políticos, pero esto solo se puede lograr con una reforma a la Ley Electoral, lo que puede evitar que haya tanta corrupción, opacidad, y falta de transparencia en el órgano electoral. Ya veremos si los legisladores locales se quieren echar ese trompo a la uña, para reducir la corrupción en este órgano electoral que no debe seguir nadando en el descredito.

                                   OJITOS

Luis Felipe Graham Zapata, ex-titular de Salud durante el gobierno de Andrés Granier, quien durante veinticinco años fue militante del Partido Revolucionario Institucional, presentó ayer lunes su renuncia como militante, y es muy probable que se enliste en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto, la regidora del Partido  Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Centro, Tila del Rosario Hernández Javier, lamentó la renuncia definitiva de Luis Felipe Graham Zapata a la militancia priista, pero que cada persona es responsable de sus actos y se va quien se tenga que ir, y se queda quien se quiera quedar.

 

 

LA PUDRICION QIE DEJO MADAY

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Como nunca antes en la historia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la negligencia, el desorden, la corrupción y el escándalo se adueñaron de éste organismo durante la estancia de Maday Merino Damián como presidenta, de lo que dieron cuenta oportunamente los medios de comunicación y las redes sociales, aunque no del todo porque la pandemia del Covid-19 limitó por un lado a quienes nos dedicamos a la comunicación a averiguar todo lo que pasaba al interior del IEPCT y por el otro, la gravedad del problema de sanidad ocupó los espacios de comunicación pública.

El manejo turbio de los recursos económicos, humanos y materiales no es ningún secreto, pues la versión comenzó a correr al poco tiempo de haber tomado posesión y se hicieron más fuertes en su último año por el descaro con que se llevaron a cabo, pensando que por el problema de la pandemia no trascenderían, como por ejemplo las asignaciones directas que otorgaron a proveedores, que ni tan siquiera tenían oficinas como tales, sino departamentos de vivienda, o la compra de poco más de cinco millones de pesos en publicidad en las redes sociales que pretendió hacer Lucila Priego del área de comunicación, que públicamente fue denunciado en Telerreportaje por la Contralora del IEPCT.

La corrupción fue tan brutal que hasta familiares de funcionarios del propio Instituto se volvieron proveedores en el ramo de la comida, y hasta embarraron a familiares de funcionarios del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, creyendo que con esa serie de complicidades estarían a salvo de cualquier investigación, es más, el mismo Juan Manuel Segura corroboró la corrupción de la que fue cómplice en el documento que apoyado en si distribución por la consejera electoral Rosselvy del Carmen Domínguez, embarrada hasta el tuétano en la desviación de recursos públicos, y paradójicamente ayudado por la responsable de Comunicación Lucila Priego, quien llamó a algunos reporteros para darle cobertura a la denuncia de Segura, éste aportó elementos de causa de esa brutal corrupción, que después que lo despidieron al pretender curarse en salud y “golpear” a los consejeros que decidieron su salida,  sacó a relucir públicamente, sin entender que siendo parte de la Junta Estatal Ejecutiva, integrado por solamente tres personas, Maday Merino, en su calidad de presidente del Instituto, Armando Rodríguez Córdova, en su calidad de Secretario Ejecutivo, y él, Juan Manuel Segura como director Ejecutivo de Administración, eran los únicos que autorizaban todo, y cuando digo todo es todo, desde salarios, compras, a quienes despedían, a quienes contrataban y el sueldo que les asignaban, con que empresas hacían negocios, cuanto le pedían de “moches”, de tal manera que al sentirse traicionado Segura arremete en contra del secretario Ejecutivo al que acusa de traición, luego que entre ellos planearon como robarse parte del presupuesto del Instituto Electoral.

El miércoles cuando Segura llegó al Instituto acompañado por reporteros que acudieron al llamado de Lucila, que quien sabe de dónde sacó recursos económicos para “apoyar” a los compañeros, por fin fue notificado por la Contraloría Interna de que tiene varias demandas, desde administrativas, hasta penales como también ya le tienen comprobado que su amasia trabaja en el mismo Instituto negando cínicamente que tenga algún familiar en la nómina cuando producto de esa relación hay un infante.

En el caso de Maday Merino, que también es cómplice de la corrupción que ha salido a relucir, pero que se hace la desentendida porque se escudada de no firmar documentos porque el que debía hacerlo era Armando Rodríguez,       solamente basta mencionar dos perlas que dibujan su atraco al dinero público: la compra de 4 camionetas que fueron adquiridas, no en la agencia como debió haberse hecho, si no a un particular, a un precio mayor, y la pretensión avalada subrepticiamente de quien le fue asignado, sin tener vehículos, el contrato de transporte en las elecciones de éste año (denunciado por la Federación de Transportistas del Estado de Tabasco), de cobrar adicionalmente servicios que no fueron solicitados, ni proporcionados por casi medio millón de pesos, t aunque ese cobro, finalmente no fue hecho, eso muestra la atrocidad y la mente perversa de la ex-presidenta del Instituto a quien la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda debe de hurga en sus cuentas bancarias para encontrar su inexplicable riqueza en estos siete años que estuvo al frente del organismo electoral. Se habla de millones de pesos que no corresponden a sus percepciones salariales sino a algo más turbio.

En su período (de Maday) en las elecciones de 2015 fue anulada la elección del Municipio de Centro y el Programa de Resultados Electorales Preliminares fue un fracaso total, pues no dio resultados y la empresa contratada cobró sus “servicios” millonarios como si los hubiese hecho bien, porque según trascendió en su momento hubo arreglo de entregar un porcentaje del mismo a la jefa ( así le gustaba a Maday que le dijeran), a lo que se sumó entre otras cosas, en las elecciones de éste año, la impresión errónea de poco más de setecientas mil boletas, que tuvo como origen la Coordinación de Organización cuyo titular es Roberto Pedraza, quien conjuntamente con el Secretario Ejecutivo Armando Rodríguez Córdoba, habrían provocado a propósito el error, para acabar con las aspiraciones de la Directora de Organización y Educación Cívica, Blanca Moreno Roa, de ser consejera, a quien no pueden ver porque la consideran una intrusa en el coto de poder que tenían en esa Dirección conjuntamente con el consejero Hernán González Sala y la tolerancia de Maday.  Pero además, no le perdonan su llegada a la Dirección, porque ese grupo consideraba que quien debería asumir la dirección era Pedraza, pero el Consejo lo hizo a un lado para poner en su lugar como titular a Moreno Roa.

El Ojo Visor, que en todo está, ha logrado averiguar que todo el procedimiento formal para la impresión de las boletas fue correcto y que por tanto el problema no estuvo ahí, sino en la comunicación informal que por lo menos cuatro personas del IEPCT, entre los que se encuentra Pedraza, mantuvieron con altos funcionarios de Talleres Gráficos de México. Y aunque el ex-director Ejecutivo de Administración, Juan Manuel Segura encuerdado por los consejeros electorales Rosselvy y Hernán, a quienes les prestaba dinero cuando necesitaban, tomado de la caja del Instituto, acusó en su documento que hizo público (que forma parte de su confesión) que la Roa es la responsable del error de las boletas,  hasta donde hemos logrado averiguar, la Contraloría Interna tiene prácticamente toda la información para su análisis y en cualquier momento dará a conocer el resultado de sus pesquisas, y se sabrá quienes son los verdaderos responsables del daño a los recursos públicos del organismo electoral.

Hay mucho mar de fondo, intereses y complicidades que poco a poco van saliendo a relucir y que retrata toda la podredumbre que se ha está viviendo al interior del Instituto, veamos; sobre éste hecho ( de las boletas electorales), en su momento algunos partidos, principalmente el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, como era de esperar, por cálculo político, pusieron  el grito en el cielo y lo magnificaron, al grado de que incluso el PAN solicitó al Instituto Nacional Electoral la remoción de los consejeros, aunque claro eso no le preocupó a Maday Merino pues su período terminaría en septiembre, y en caso de cualquier sanción no la alcanzaría, pero su Consejo General lo encontró sin fundamento; pero eso sí, estos dos partidos le cargaron la mano al consejero Víctor Mejía y a Blanca Moreno Roa, haciéndolos directamente responsables de la mala elaboración de las boletas que obligó al organismo electoral a erogar otra cantidad de dinero para volverla a imprimir, lo que también pudo haber propiciado la anulación de la elección.

Pero ustedes mis lectores se preguntarán, el porqué en el caso del PAN Tabasco, su dirigencia actuó con una actitud iracunda exigiendo la remoción de quienes consideró que eran los responsables del problema de las boletas, pero todo tiene una explicación, el enojo de la dirigencia fue y es alimentado por la ex-consejera electoral  Claudia Jiménez López, cercana  personalmente y  través de su esposo a ese partido, quien ahora se presenta como coordinadora de asesores del Consejero del INE, Uuc-Kib Espadas Ancona y dice a los que desean escucharla tener ascendencia en él, lo que le permite hablarle al oído, particularmente en lo que concierne al Instituto Electoral de Tabasco, con la ayuda de su otro asesor el también ex-consejero electoral en Tabasco, Óscar Guzmán, quien nunca ha hablado bien de los tabasqueños y tampoco de otro partido que no sea el PRI, por lo que resulta extraña su presencia como “asesor” del Consejero Espadas Ancona. Por cierto Oscar Guzmán en su último año que estuvo en el Instituto permitió que se ejerciera violencia laboral y de género en contra de una de sus asistentes que llevaba diez años trabajando para la institución. La misma Maday ordenó a Armando que corrieran a la trabajadora, que casi fue sacada por la fuerza del edificio y no se le permitió entrar, violándole todos sus derechos, por lo que existe una demanda al respecto. La plaza de esta joven le fue asignada a la secretaria particular de Armando, con quien comete bigamia, claro, el salario de la dama es fabuloso como el de su marido que es funcionario del organismo electoral.

Es difícil pensar que ambos realmente asesoren al Consejero del INE, pues en su desempeño como consejeros electorales del IEPCT dejaron mucho que desear, fueron nefastos en su desempeño, lo que habla de su tamaño y la pregunta no es porqué los tiene como asesores, pues es una decisión muy suya, sino ¿qué intereses tienen Claudia y Óscar para seguir interviniendo en la vida del IEPCT, utilizando la cercanía con el Consejero? La respuesta es sencilla, Claudia y Óscar apuntalan a Armando Rodríguez Córdoba, a Hernán González Sala, a Rosselvy Domínguez Arévalo y a Roberto Pedraza, porque son del mismo grupo; quieren seguir sosteniendo a sus incondicionales y buscan continuar recomendando a personas para que trabajen en el Instituto.

Por cierto, la misma Claudia ha dejado correr la versión entre sus incondicionales, que a través del Consejero del INE Espadas Ancona tiene vara ancha para influir y decidir quién de las seis aspirantes a consejeras será la nueva presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que siga con el trabajo que venía realizando Maday Merino, es decir quiere que siga la opacidad, la intolerancia, la corrupción y el nulo rendimientos de cuentas por parte de ese organismo, ya veremos si el Consejo General del INE accede a los deseos de la asesora del Consejero Espadas Ancona. No cabe duda que en este gobierno de la Cuarta Transformación el más chimuelo masca fierro.

La pus está brotando a borbotones del interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hay mucha tela de donde cortar sobre la forma en que tres personajes siniestros hicieron y deshicieron con el presupuesto público, Maday, Armando el enamorado y el ahora destituido Juan Manuel Segura, pues los tres decidían todo, a que proveedores había que beneficiar con los contratos para los respectivos “moches” que por conducto de David Roberto, quien era el coordinador de Recursos Financieros, como causaron daño al erario del instituto al rtrescindir de manera ilegal contratos por lo que al ser demandados tuvieron que pagar los daños y perjuicios, del porque se embolsaron el dinero presupuestado para apagar un mes de sueldo íntegro al personal transitorio que realizó el trabajo de pago por el cual se le debe fincar responsabilidades a Segura, así como de la embarrada a un funcionario del INE. Nos leemos el próximo lunes.

 

 

 

PERDIDOS POR LA AMBICION

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

El pasado veintiuno de septiembre en su columna Cosa Pública que circula en redes sociales, el periodista Víctor Acosta o Víctor Manuel Sánchez Acosta a como se le conoció en sus tiempos de gloria (ahora está en desgracia), decidió hacer público que existe una demanda penal en su contra donde también están demandados Carlos Pineda Calcáneo, ex-director de diario Presente y el abogado Carlos Andrade Rodríguez.

La demanda penal interpuesta en febrero de este año ante la Fiscalía General de Justicia de Tabasco se venía manejado con sigilo, mientras las partes involucradas rendían su declaración, pero fue el mismo Víctor Acosta que decidió hacerlo público en su columna del 21 de septiembre acusando al empresario de que lo quiere meter a la cárcel, textualmente denunció: “Ignacio Cobo, solicitó al Fiscal Nicolás Bautista Ovando, encarcele por Asociación Delictuosa, al periodista, Víctor Manuel Acosta; al abogado Carlos Andrade, a su socio Carlos Pineda Calcáneo”.

Posteriormente, previo a la última visita que realizó el presidente de la República para visitar la construcción de la refinería en el municipio de Paraíso, pretendió hacerse pasar como víctima “política” del poder de un empresario hotelero y periodístico  porque argumenta que está apoyando y es fiel seguidor del  gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente le suplica ayuda al Jefe del Ejecutivo Federal para no ser encarcelado “injustamente”; Víctor Acosta o Víctor Manuel Sánchez Acosta, por aquello de que también tuvo padre, arremetió de nueva cuenta en contra del empresario Nacho Cobo  olvidándose que fue este, quien durante muchos años le mató el hambre al permitir que le publicaran diariamente su columna en el diario Presente, mostrando así el cobre de su enorme traición para quien y quienes le han tendido la mano a lo largo de su carrera periodística, su naturaleza es así, es como el escorpión que pica y envenena a quienes lo han ayudado, mostrando su completa deslealtad.

El Ojo Visor, que en todo está, decidió escrudiñar el fondo de este asunto, del cual Víctor Acosta trata de hacerse pasar como una víctima pretendiendo politizar un asunto penal al argumentar que por ser seguidor y escribir a favor de la Cuarta Transformación el empresario Nacho Cobo que es enemigo de la 4T lo quiere perjudicar, para ver si interviene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador o de perdida el secretario de Gobernación para frenar dicha demanda penal que próximamente se judicializará, porque hasta donde se logró escudriñar hay elementos constitutivos de delitos, pero no será encarcelado solo, también lo acompañara Carlos Pineda Calcáneo y el abogado Carlos Andrade Rodríguez.

Efectivamente, el despacho del abogados de Salvador Rocha Díaz que en el estado es representado por el abogado Roberto Matus Ocaña, en representación de las empresas Editores del Sureste, S.A. de C.V. y Calles e hijos, S.A. de C.V. interpuso una demanda penal ante la Fiscalía General por lo que se inició la Carpeta de Investigación CI-DGDC-035/2021 en contra de Carlos Andrade Rodríguez, Carlos Alberto Pineda Calcáneo y Víctor Sánchez Acosta, por los posibles delitos de fraude genérico en grado de tentativa, fraude procesal en pandilla, asociación delictuosa, fraude especifico, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, más lo que resulten.

La historia es larga, pero vamos a resumirlo, el 12 de marzo de 2007 luego de una demanda por la vía civil por daño moral que había interpuesto el director de Tabasco hoy en contra de Ignacio Cobos, como accionista mayoritario del diario Presente, Carlos Pineda Calcáneo en su calidad de director, y Víctor Sánchez Acosta que en su columna Cosa Pública publicó una serie de descalificaciones en contra de Miguel Cantón Zetina y sus hermanos, el primero de ellos decidió contratar al despacho del abogado Salvador Díaz Rocha para que asumiera la defensa del caso.

Después de un largo litigio legal que duro varios años y que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se dictó sentencia definitiva a favor de editores del Sureste (diario Presente) y se obligaba a Miguel Cantón (Tabasco Hoy) a pagar 100 millones de pesos, más el impuesto del 1 por diento que hacía un total de 11 millones de pesos, Carlos Pineda Calcáneo y Víctor Sánchez Acosta que “cariñosamente” en el argot periodístico se le conoce como la incomprendida saltaban de emoción, porque alcanzarían una parte millonaria por la condena del pago de daño moral, pero estos no contaban con que Nacho Cobo tenía otros planes.

En el último trienio del gobierno de Granier, mientras corría la demanda judicial, el accionista mayoritario de diario presente Ignacio Cobo González y el director general de Tabasco Hoy Miguel Cantón Zetina con la intermediación de otros amigos, decidieron fumar la pipa de la paz, para que no hubiera vencedores y vencidos, dejando correr los términos legales hasta su conclusión porque el despacho de Salvador Rocha tenía derecho de cobrar el ocho por ciento del pago de la condena de gastos y costas que se originarían en caso de ganar el juicio, mientras que Cobo decidió no cobrar ni un peso de lo que representaba de la sentencia definitiva.

Eso ya se veía venir cuando Nacho Cobo y Miguel Cantón hicieron pública su reunión y otras reuniones subsecuentes que fueron realizando, para no dejar lugar a dudas que la amistad entre ambos era en serio y que la sentencia definitiva no sería un impedimento para que esa relación de amistad de mantuviera a flote.

Desde luego que una vez que se dio la sentencia definitiva mientras el pelón Pineda (Carlos Pineda Calcáneo) y Víctor Acosta, que no es accionista, sino simplemente era un colaborador del diario Presente que fue incluida en la demanda civil de daño moral de Miguel Cantón por los agravios e injurias que publicó en su columna, se solazaban de que recibirían millones de pesos y ya hablaban hasta de embargar a Tabasco Hoy y el hotel de Miguel Cantón,  Nacho Cobos prácticamente les tiró un cubetazo de agua fría cuando en una reunión que sostuvieron les informó, que él había declinado cobrar el pago de la sentencia y que se conformaba con haber ganado el litigio, y porque ya había llegado a un acuerdo de amistad con Miguel Cantón Zetina que ellos no lo iban a romper por lo que les pidió que honraran su decisión, toda vez que el despacho de Salvador Rocha había sido contratado por él, y que ninguno de ellos-Pineda y Víctor- habían puesto un solo peso, pues el contrato firmado establecía cuales eran las condiciones de pago para el despacho del abogado.

Aquí es donde viene la maquinación de Carlos Pineda, que ciertamente era el  apoderado legal para pleitos y cobranzas de Editores del Sureste y Calles e hijos (esto consta en la Carpeta de Investigación, nada estoy inventando), y decide junto con el abogado Carlos Andrade Rodríguez, quien había sido contratado por el despacho de Rocha para que los representara en Villahermosa, para lo cual le fueron pagados sus honorarios como consta con documentos, pero que de ninguna manera aparece como apoderado legal en la defensa de daño moral contra Miguel Cantón a alterar una serie de documentos con lo cual en septiembre del año pasado-2020- entablaron un juicio civil para exigir el pago de 0 millones de pesos por los honorarios del abogado Andrade, ya que era este y no Rocha el apoderado legal en el litigio contra Miguel Cantón, por lo cual el dueño de Tabasco Hoy estaba obligado a pagarle al abogado esa cantidad.

¿Qué hicieron para intentar sorprender al juez civil que lleva la causa para que falle a favor de ellos?, Carlos Pineda Calcáneo y el abogado Carlos Andrade Rodríguez, simularon firmar dos contratos por el pago de honorarios con fecha 10 de marzo de 2007, como pago de la representación legal para contestar la demanda por daño moral interpuesta por Miguel Cantón, para lo cual Editores del Sureste, S. A. de C.V. y Calles e hijos, S. A. de C. V. representados por Carlos Pineda se comprometía a pagar cada una de estas empresas 30 millones de pesos por lo que en total son 60 millones de pesos, pero como Miguel Cantón perdió el juicio era este el obligado a liquidar ese adeudo, llevándose en el viaje a Víctor Acosta que entra a la demanda civil para exigir su pago, y es donde presumiblemente se constituye la asociación delictuosa al confabularse estas tres personas.

Llamados a comparecer por la demanda de Pineda y asociados, es el despacho de Salvador Rocha por conducto del abogado Roberto Matus el que ha ido aportando las pruebas de rigor, para lo cual ha presentado una serie de documentos como el convenio o contratado firmado entre las partes, para la representación legal de las empresas Editores del Sureste y Calles e hijos, editoras del diario Presente, y de los demandados, de fecha 12 de marzo de 2007  donde se deja en claro que Carlos Andrade Rodríguez solamente representó en el estado al despacho de Rocha por lo cual se le pagaron sus honorarios, pero que la titularidad de la defensa es de Salvador Rocha estableciendo el cobro del 8 por ciento de los gastos y costas que genere el juicio en caso de ganarse, por lo que queda descartado que se le tenga que pagar 30 millones de pesos, más otros 30 millones de pesos de honorarios a Andrade, por no tener la representación. Además de que se acuda a Pineda de haber utilizado documentación oficial de la empresa y de haber utilizado su representación para cobros y litigios para usarlo a su favor, y que es una irregularidad que una empresa que no sabe si va a ganar o perder un litigio que duró más de doce años, hace establecido con “mucha visión” el pago de 60 millones de pesos por pagos de honorario.

La ambición por los millones de pesos que no va a recibir ha colocado a Víctor en un callejón sin salida, porque de ninguna manera de trata de una acción política en su contra por apoyar a la Cuarta Transformación, como pretende hacer creer,  sino de un hecho presumiblemente delictuoso, en donde seguramente lo embarcó el pelón Pineda, porque en los hechos Ignacio Cobo González está demostrando que va hasta el fondo del asunto penal, o al menos así se ve, con la separación de la dirección del diario Presente de Manuel Pineda Haro, para quitarlo del control del diario que ahora está en manos de Víctor Sámano, y es que la separación de Pineda Haro de la dirección de Presente va ligada de la mano del asunto de su padre, al que como es normal ha apoyado de que tiene la razón, y es que cuando entra la ambición por el dinero ajeno, que no se tiene, ni lo tendrán en sus manos, se comenten muchas torpezas que después resulta caro por la pérdida de confianza.

Por si faltaba más, para no dejar lugar a dudas de que sabe cumplir su palabra de que no cobrará los cien millones de pesos, sino que se conformó con ganar el litigio, y para refrendar su amistad, este lunes, Ignacio Cobo González y Miguel Cantón Zetina se reunieron a comer en conocido restaurante en donde fueron vistos, departieron alegremente, mientras la Carpeta de Investigación CI-DGDC-035/2021 en contra de Carlos Andrade Rodríguez, Carlos Alberto Pineda Calcáneo y Víctor Sánchez Acosta, se sigue integrando para su judicialización,  por los posibles delitos de fraude genérico en grado de tentativa, fraude procesal en pandilla, asociación delictuosa, fraude especifico, falsificación de documentos y uso de documentos falsos, más lo que resulten. Quizás sea esto lo que no deja dormir a Víctor y ajora pide ayuda a la 4T, pero la ambición es mala consejera.

                               OJITOS

Ya se veía venir, el muchachito es un pelele que será manejado por las dos regidoras que tienen más pantalones que él. Ayer a escasas 24 horas de haber protestado el cargo de presidente municipal de Emiliano Zapata, José Bernat Rodríguez, vivió la ingobernabilidad y el caos propiciado por la tercera regidora de Morena, Ana Catalina Alamina Argáez, quien protagonizó un zafarrancho. Que delicado es este asunto.

 

 

SE DESTAPA LA CLOACA EN EL IEPCT

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Durante varios años la ex-consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Maday Merino Damián, convirtió en una cloaca a este organismo electoral, donde el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, la violencia de género, violencia laboral y de los derechos humanos de las trabajadoras, así como el meter a trabajar a esposas, “amantes”, hermanos,  hijos, cuñados y yernos, en complicidad con Juan Manuel Segura Guzmán, ex-director Ejecutivo de Administración y el aún Secretario Ejecutivo, Armando Rodríguez, fue una constante que los caracterizó.

Nada, pero nada, era autorizado sin que la Junta Estatal lo aprobará, contrataciones, salarios, viáticos, comisiones, compras a proveedores, canonjías especiales para algunos consejeros, por eso es evidente la complicidad  de toda la podredumbre que está saliendo a relucir públicamente, porque dicha junta la conformaban tres,  Maday Merino Damián, en su calidad de presidente del organismo, Armando Rodríguez, Secretario Ejecutivo  y Juan Manuel Segura, ex-director Ejecutivo de Administración,  y a pesar de que “astutamente” Maday no firmaba la documentación, sino lo hacía el Secretario Ejecutivo,  eso no la exime  de responsabilidades, porque sabía y conocía como se despilfarraba el presupuesto público del Instituto, así como permitió que Juan Manuel Segura contratara a su amante o concubina Blanca Iris Arellano Ramos, con quien tiene un hijo, la colocara en la Unidad de Planeación, ganando veinte mil pesos mensuales y le permitió a Roberto Marín Isidro, contratar a su hermano, su hija, sus cuñados y toda su parentela, mientras que ella-Maday- no se quedó atrás al contratar a su yerno Marco Antonio Jiménez Osorio, con un sueldo de 22 mil pesos mensuales  a quien dejó protegido en Recursos Humanos a cargo de Luis Fernando García Carrera para que no se lo corran.

La presidenta interina del Instituto Electoral, María Elvia Magaña Sandoval con la información recabada decidió sanear el organismo por lo que el mismo viernes por la noche, después de que en la mañana protestara el cargo, convocó por la noche a una sesión extraordinaria donde se destituyó a Juan Manuel Segura Guzmán como director Ejecutivo de Administración por pérdida de confianza y se nombró en forma interina a Víctor Manuel Acosta Guzmán.        

Durante la sesión extraordinaria de la noche del viernes, luego de que por la mañana los consejeros habían acordado respaldar las decisiones que tomara la consejera presidenta interina, llamó poderosamente la atención la defensa que dos de los consejeros hicieron a favor de Segura, cuestionando que se les había citado sin decirles cual era el asunto por lo que pidieron una explicación mas convincente.

Los dos consejeros que entraron en defensa de Juan Manuel Segura fueron Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo y Hernán González Salas, y claro como no iban a salir en su defensa, si los dos no solamente han sido incondicionales de la ex-consejera presidente, sino fueron ampliamente beneficiados por Segura, a los dos les mandó a remodelar sus oficinas  con dinero de caja, se los convirtió en penthouses con piso laminado, baño particular en el interior de sus oficinas cubiertos de losetas, mientras que a los demás consejeros “que los muerda un perro”; los dos realizaban seguidos préstamos personales, había o sigue habiendo un contubernio entre Rosselvy, Hernán, Juan Manuel y David Roberto Marín, este último tiene un expediente grueso en la Contraloría del IEPCT, como debe ser investigado por los dos vehículos del organismo que se autorobó y eso lo saben internamente, independiente de la lista de familiares que metió a trabajar como  Shanik Juliana García Isidro, su prima, Pedro Alberto Ramírez Isidro, su medio hermano, Josefa Guadalupe Balboa Rincón esposa de su hermano Pedro y a la vez su cuñada, Elizabeth Ruiz Martínez hermana de su cuñada Josefa, Denisse Marín Ruiz hija de David Roberto, por lo que este sujeto también tiene que ser destituido.

Y como no iba a defender la consejera electoral Rosselvy del Carmen Domínguez Arévalo a Juan Manuel Segura quien le hacía préstamos económicos sacados de la caja del Instituto, y que lo manejaba como gastos a comprobar. La “honorable” y “pulcra” consejera electoral que se sa años de pureza estaba más que obligada a defender a Segura durante la sesión extraordinaria, porque resulta que este sujeto despedido, le prestó de las arcas del organismo electoral la módica cantidad de 200 mil pesos que necesitaba la consejera para su boda, o sea los recursos públicos hasta para cosas particulares han servido, y nadie aplica un castigo por desviación de recursos públicos, y  si no fuera porque recibió 200 mil pesos como bono final electoral después de que concluyó el proceso todavía estuviera adeudando la cantidad prestada, ¿ha cambió de que Rosselvy gozaba de los favores de Segura?, ¿acaso por su incondicionalidad a Maday?. cada consejero electoral recibió 200 mil pesos del llamado bono final electoral, y aun así hay consejeros que no tienen llenadera como Rosselvy y Hernán, este último hechura de Maday a quien dejó en el organismo supuestamente para que le cuide las espaldas.

El mismo viernes Juan Manuel Segura que en una carta interna enviada a los trabajadores del Instituto Electoral pretendió dar sus razones, tirando golpes y haciendo denuncias del porque lo corrieron, vivió su karma, vivió lo que varias veces ordenó hacerle a las trabajadoras despedidas, sin interesarle que estaba dañando a una familia que se quedaría sin sustento económico, ahora si exclama que le violaron sus derechos laborales, pero cuando él se confabuló con su secuaz David Roberto Marín Isidro,  Armando Rodríguez, Secretario Ejecutivo, Luis Fernando García, titular de Recursos Humanos, bajo la complacencia de Maday, para aplicar la violencia de género y la violencia laboral para correr a las trabajadoras, eso no cuenta, así como él ordenó cerrarles el acceso a las trabajadoras despedidas, ahora si Segura sintió en carne propia lo que tantas veces ordenó hacer; lo que sintió Ana Karina Paz Tárano el día que le quitó su plaza estando en el sexto mes de embarazo no tiene nombre, el karma castigó a Segura, que ahora dice teme por su familia qie le vaya a pasar algo.

La ex-tesorera Ana Karina Paz Tárano destapó la cloaca de la corrupción y la podredumbre que vivió en carne propia al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana donde fue evidente la violencia laboral y de género en su contra, y de otras trabajadoras a quienes despidieron con lujo de violencia propiciado por Juan Manuel Segura, el aun Coordinador de Recursos Financieros, David Roberto Marín Isidro, Armando Rodríguez, Secretario Ejecutivo y Luis Fernando García Carrera, Coordinador de Recursos Humanos, que era el responsable de ejecutar el trabajo sucio de asignación de las plazas de las trabajadoras que corrían, los cambios de adscripción, cuidar el nepotismo y los alto sueldos, por lo que a cambio de ese trabajo sucio le asignaron a su mujer Tanya Cristell Baeza, una plaza que se la quitaron a otra trabajadora de nombre Fabiola  Ruiz que ya llevaba diez años laborando ahí, además que a Tanya la premiaron al mandarla como secretaría particular de Armando Rodríguez, el Secretario Ejecutivo otro sujeto que se jacta de ser honorable pero es un hombre sin escrúpulos, perverso, a quien le nació el amor a primera vista y se atrevió a pecar con conocimiento de causa cometiendo adulterio, al enamorarse locamente de la dama, mientras que al consorte de recursos humanos le crecían los cuernos, lo cual es un secreto a voces dentro del Instituto.

Este tipo de romance asegura Ana Karina Paz, propició que Armando Rodríguez no le resolviera su problema de acoso sexual, violencia de género y laboral que le estaba cometiendo Juan Manuel Segura y David Roberto Marín, su jefe inmediato, a pesar de que tuvo conocimiento verbal y por escrito, no lo hizo porque formaba parte de la misma cofradía de Juan Manuel Segura, de dos consejeros electorales y los funcionarios arriba citados, por eso ahora que Segura fue despedido en la carta interna que mando a distribuir entre los trabajadores para darse baños de pureza, acusa de traidor a Armando Rodríguez después de haberlo ayudado para que terminara la carrera y la maestría, y que ahora le paga con traición para seguir conservando su puesto, pero que de igual manera terminará por ser despedido.

Todos los funcionarios del Instituto Electoral que han cometido violencia de género y violencia laboral, deben de ser castigados de la misma forma en que ellos han actuado en contra de políticos y periodistas, ya no pueden ser juez y parte, porque ellos mismos han violado la ley de violencia política de género y han perdido credibilidad  por eso el Instituto Nacional Electoral debe voltear los ojos al IEPCT porque ellos si tienen facultades para actuar para separar a los consejeros de su cargo y aplicar las medidas correctivas empezando por el enamorado Secretario Ejecutivo, Armando Rodríguez, que está denunciado en la Contraloría Interna por violencia de género.

Sodoma y Gomorra se quedaron chico ante la peste, pudrición, lujuria, sexo, y  corrupción que hay dentro del Instituto Electoral y que tienen sembrados estos funcionarios encabezados por Juan Manuel Segura y de lo cual tenía pleno conocimiento la ex-presidenta Maday Merino, asegura la ex-tesorera, de hecho, sino no eres amante, concubina, si no sueltas las nalgas al funcionario que te la pida, si no eres hermano, sobrino, cuñado, hermanos, hija o hijo, yernos o parientes de los funcionarios, no esperes obtener un mejor cargo, ni muchos menos un,mejor salario, porque todos ellos tienen salarios superiores a los veinte mil pesos, el organismo que debería ser garante de credibilidad, imparcialidad, que debería racionalizar y eficientar los recursos públicos está convertida en una verdadera cloaca, donde debería intervenir la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no la estatal que nada mas sirve para espiar a los contrarios, para auditar las cuentas bancarias de Maday Merino, de Juan Manuel Segura, que dice que no metió  a trabajar a familiares pero si a su amante, de Roberto David Isidro, este era el que capaba a los proveedores con los moches que eran repartidos entre los altos mandos, porque el atraco a las arcas del Instituto Electoral es un asco, todos ellos deben ser investigados por enriquecimiento ilícito, como también el Instituto Nacional Electoral debe estar atento a lo que está pasando en el IEPCT, hasta el Congreso local por conducto del Organo Superior de Fiscalización debe revisar con lupa el manejo de los recursos públicos, que aun cuando ya debe estar maquillado se pueden detectar irregularidades.

Es tanto el cinismo y la corrupción de Juan Manuel Segura que en su carta interna que hizo circular entre los trabajadores para defenderse, sostiene que hay 40 millones de pesos de subejercicio como producto del ahorro que hicieron y que los consejeros que lo destituyeron lo quieren como botín, pero resulta que  ese recursos millonario no es producto de ningún ahorro, sino es porque no pagaron el bono electoral al personal de campo que trabajo durante el proceso electoral, el mes que les correspondía se los negaron, no han pagado laudos y despidieron a trabajadores sin acudir a las juntas de conciliación, ese dinero es producto del subejercicio y no del ahorro es  producto de una mala planeación  presupuestal por parte de la Unidad de Planeación que está a cargo de la licenciada en empresas turísticas Verónica Priego Ortiz, íntima amiga de Maday Merino, en donde por cierto  Segura tiene a su querencia  Blanca Iris Arellano que tampoco sabe de planeación.

Con su carta Juan Manuel Segura confiesa que si hubo dinero para pagarles un mes más de sueldo a los mil 382 personas que realizaron el trabajo de campo durante el proceso electoral que está contemplado en el propio manual de remuneraciones del personal del Instituto en el artículo 10 inciso B y que estaba presupuestado para pagar. Si hay dinero para pagar pero Juan Manuel Segura y en complicidad Maday se negaron a pagar a lo que por derecho le corresponde a los trabajadores eventuales que ahora deben de demandat     

 

 

APLICA VIOLENCIA DE GENERO EL IEPCT

 

OJO VISOR

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

 

Luego de que en marzo de 2019 en forma arbitraria, violando sus derechos humanos y laborales, justo cuando estaba embarazada fuera despojada de su plaza de confianza (de base) en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y después de 28 meses de firmar contratos, Ana Karina Paz Tárano fue despedida otra vez en forma arbitraria del cargo de tesorera, por funcionarios del órgano electoral que cometieron violencia de género, sin que sean castigados dada la complicidad de la ex-presidenta, Maday Merino y del Secretario Ejecutivo, Armando Antonio Rodríguez, que encubrieron este hecho.

Mientras que hacia afuera estos soberbios funcionarios del Instituto Electoral se jactan de aplicar la ley de violencia política en razón de género a políticos y periodistas porque se dicen respetuosos de la ley, hacia adentro han mantenido un cochinero violando los derechos laborales y humanos de las trabajadoras a quienes por medio de la coacción y la violencia verbal las han obligado a renunciar a sus plazas, y aunque después de ser demandados han tenido que pagar las liquidaciones sin interesarles dañar el patrimonio y presupuesto del instituto, queda demostrado que los principales violadores de la ley de violencia política en razón de género nadie les gana.

Ana Karina Paz Tárano, después de haber sufrido vejaciones, amenazas verbales, malos tratos y discriminación, después de haber ejercido el cargo de tesorera, que es la responsable del manejo de los recursos públicos del órgano electoral decidió denunciarlos públicamente a la vez que presentó su demanda laboral, por lo que ya se celebró una audiencia a la cual no asistieron los representantes jurídicos del Instituto con lo que demuestran, que son intocables y que pueden violar las leyes a conveniencia, eso sí hacia afuera se muestran muy rectos, aunque la suciedad les carcoma las entrañas.        

Desde que en marzo de 2019 en forma ilegal le fue quitada su plaza de base, y a pesar de sufrir violencia de género al interior del instituto, trató por las buenas de que le regresaran su base, por lo que después de 28 meses de firmar contratos que les lo que le ofrecieron para apaciguarla, ahora que fue despedida decidió no quedarse callada y denunciar la evidente arbitrariedad y complicidad de la cual no se salvan algunos consejeros.

El 17 de diciembre de 2020 Ana Karina Paz Tárano envió un escrito al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Armando Antonio Rodríguez Córdova para resolver su situación laboral y como respuesta solo encontró el silencio cómplice de la violencia que ejercieron en su contra: “Por este medio, quien suscribe, la C. Ana Karina Paz Tárano, solicito a Usted su respaldo para llevar a cabo las gestiones que corresponden para que de conforme al Oficio No. CG/572/2018 de fecha 31 de julio de 2018, signado por el Mtro. Miguel Armando Vélez Tellez, Contralor General en ese tiempo, se me reconozca la asignación de la categoría Auxiliar de Area con carácter de permanente, a partir del 1 de agosto siguiente de 2018. Plaza que antes ocupó la C. Lic. Azalea Galera Izquierdo, igual con adscripción a la Contraloría General.

Mi formal incorporación al personal de base en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco consta además en el documento original de nombramiento de personal alta con folio 328, de fecha 2 de agosto de 2018, así como en la Coordinación de Recursos Humanos que en sus archivos debe conservar los recibos de nómina originales expedidos por mis percepciones salariales; en la Póliza No. 23301-931561781, Certificado Individual de Seguro de Grupo Vida-Auto-Administrativo de fecha 09 de octubre de 2018; y en la hoja de afiliación al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco con cuenta 174884  (plaza de confianza) de fecha 20 de septiembre de 2018.

Documentos en mención de los que poseo copia original que me amparan, de los cuales anexo a este presente escrito las copias fotostáticas, como evidencia de mi adscripción.

Sin embargo, violando mis derechos humanos y laborales como funcionaria del Instituto, con 6 meses de un embarazo de alto riesgo, se me despojó de mi plaza mediante una hoja de movimientos de personal bajas con folio 323, sin que se me hubiese notificado de manera escrita, por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración, ni de la Coordinación de Recursos Humanos.

Ante esta arbitrariedad sostuve un diálogo verbal con el Lic. Roberto Félix López (q.e.p.d.) quien fungía como Secretario Ejecutivo en ese tiempo, manifestándole mi situación en la irregular remoción de mi plaza de confianza y en estado de gestación.

Le expuse que no presentaría demanda legal aun cuando por ley me correspondía, principalmente por lealtad a esta noble institución. No ha sido mi intención dañar la imagen, aun menos porque una de sus líneas de acción ha sido el “movimiento de combatir a la violencia política y laboral de género” de la que fue vulnerada mi persona.

Solicité por los motivos expuestos que no se procediera la emisión de distinto oficios de denuncia por parte de la Contraloría General contra de la Dirección Ejecutiva de Administración; teniendo que firmar para ello una renuncia bajo coerción de fecha 28 de marzo de 2019, situación que me puso en una amenaza de aborto, consignada en la nota de evolución de especialidades del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (anexa también al presente escrito) con fechada el 14 de mayo de 2019.

Cabe mencionar que fueron violados mis derechos humanos y laborales al despojarme de la plaza permanente, sin tener en cuenta el antecedente de mi historial contractual eventual precedente, incluso de anteriores procesos electorales y la calificación de mi desempeño en el área de adscripción.

El Instituto solo me ofreció como un presunto resarcimiento de daño la contratación otra vez de manera eventual, contando a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha, con promesas de ser considerada para reincorporarme a mi plaza de confianza, que han sido engaños y falsas esperanzas, cuando el trabajo que he desempeñado en las distintas áreas del instituto ha sido de un expediente limpio, aportando con el ejercicio profesional universitario en el grado de Licenciatura en Administración.

Apelo a su carácter justo en defensa de quienes como usted tenemos una trayectoria pulcra y nos hemos comprometidos con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Solo solicito lo que conforme a derecho me corresponde, no más pero tampoco menos en la situación de incertidumbre en la que estoy en este momento, confió en que se reivindiquen mi estatus, mi actitud como valor humano ha sido de conciliar y aportar mis conocimientos a este organismo. Quedó a su disposición en lo que tenga a bien requerirme para el propósito aquí expuesto”, como respuesta obtuvo el silencio cómplice.

El seis de enero de 2021 Ana Karina Paz Tárano envió  un escrito a la consejera electoral María Elvia Magaña, titular de la Comisión de Género para pedirle su intervención por la violencia política y laboral de género que había sufrido en estado de gravidez y otra vez encontró el silencio sepulcral que evidencia la complicidad: , “por este medio, quien suscribe, la C. Ana Karina Paz Tárano, adjunto a Usted copia de mi expediente laboral con documentación soporte, que ampara la “violencia política y laboral de género” que sufrí en estado de gravidez, violando mis derechos humanos y laborales, al despojarme de mi plaza permanente y que para resarcirme el daño; me ofrecieron contratación eventual a partir del 1 de abril del año 2019 a la fecha. Lo anterior para su conocimiento y lo conducente, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida”.

El 2 de agosto presentó una queja ante el Organo Interno de Control (Contraloría) a cargo de Gabriela Tello Maglioni que a la letra dice: “….vengo a presentar una queja ante este Organo Interno de Control que usted preside por las siguientes situaciones:

Primero.- Que invocando el acuerdo de racionalidad, austeridad, y disciplina presupuestaria  número CE/2021/17 el C. LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, Director Ejecutivo de Administración del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante oficio D.E.A. 166/2021 y en un contexto poco claro del documento, sin fundamento legal sin una sintaxis en el orden de ideas y alejado de mis responsabilidades asignadas en el manejo de valores del Instituto, así como dela protección de mis derechos laborales y humanos, me establece de forma violenta al final del documento entregue los valores asignados a mi responsabilidad sin el debido cumplimiento de los procesos de entrega recepción y con la violación a mis derechos humanos correspondientes.

Segundo.- Mediante escrito de fecha 30 de julio de 2021dirigido al LCPyF Juan Manuel Segura Guzmán, solicite la definición de mi situación laboral ya que el LCP David Roberto Marín Isidro, Coordinador de Recursos Financieros del Instituto y jefe inmediato, en constante acoso laboral y por no prestarme a sus intereses personales, me había manifestado en reiteradas ocasiones que me iba a correr y que pondría en mi lugar a otra persona a modo.

No omito manifestar que el LCP David Roberto Marín Isidro, ha colocado en este Proceso Electoral Local 2020-2021 a familiares directos de primera línea en la nómina y les ha modificado la categoría de forma discrecional para un mayor beneficio de forma personal las liquidaciones y finiquitos, todo esto violentando el Manual de Normas Presupuestarias y Administración Para el Control del Ejercicio Presupuestal y causando daño al patrimonio del Instituto Electoral.

De igual forma manifiesto que fue evidente y por todos conocido que se contrató personal eventual con distintas categorías, las cuales nunca asistieron a trabajar (aviadores), al menos algunos detectables en la Coordinación de Recursos Financieros en donde estaban adscritos, incluyendo en el último mes de julio del término del proceso electoral a la C. Elizabeth Ruiz Martínez (adscrita a la Coordinación de Recursos Financieros), hermana de la esposa del LCP David Roberto Marín Isidro (cuñada) y a su hija la C. Denisse Marín Isidro (adscrita en Secretaria Ejecutiva), todo esto en complicidad del LCPyF Juan Manuel Segura Guzmán.

Tercero.- La presente queja va en razón de la discriminación que me han hecho, ya que esta se configura cuando una persona no puede ser tratada o pueda disfrutar de los Derechos Humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas, debido a una política presupuestal injustificada, que se establece en las condiciones laborales de e hecho no de derecho del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en donde laboralmente si tu no perteneces a los clanes familiares de los CC. LCP. David Roberto Marín Isidro y el LCPyF. Juan Manuel Segura Guzmán, de los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva y demás funcionarios, no puedes tener derechos laborales y en condiciones de igualdad como los familiares de los antes mencionados.

No omito manifestar, que en este despido injustificado del cual soy objeto, me establecen que yo soy trabajadora eventual del Proceso Electoral Local 2020-2021cuando no es así, ya que me encuentro laborando desde el 01 de agosto del año 2018 y que tenía una plaza de confianza, la cual me fue removida en marzo de 2019 sin causa justificada estando embarazada y desde entonces a la fecha tengo 28 meses firmando contratos ininterrumpidos de trabajo, hechos que constan en documentos originales bajo mi poder y en mi expediente único en la Coordinación de Recursos Humanos, sin embargo, por segunda ocasión vuelven a violentar mis derechos humanos y laborales.

Así mismo manifiesto también, que han conocido de mi situación laboral desde el extinto Maestro Roberto Félix López, hasta el actual Secretario Ejecutivo de este instituto, de forma verbal y por escrito. Donde le he solicitado que se me reconozcan mis derechos laborales y que se me regrese mi plaza. A lo que me han manifestado siempre de forma imperativa: “Que yo Demande” aunque causen ellos, los integrantes de la Junta Estatal Ejecutiva un daño patrimonial al Instituto por la omisión de atender de fondo las situaciones laborales de los empleados del Instituto, no olvidando que esta administración es quien mas Laudos laborales ha tenido que pagar por sus imprudencias y falta de una política correcta de atención a los RECURSOS HUMANOS Y SUS DERECHOD LABORALES.

ULTIMO.- Por todo lo anterior, y con el debido respeto, solicito me tenga por presentada esta queja, y sea corroborado lo aquí manifestado conforme a las nóminas, expedientes de personal y contratos que obran en la Coordinación de Recursos Humanos del instituto que son prueba plena de lo que manifiesto”, nuevamente el silencio de la Contralora Gabriela Tello que evidencia su complicidad, porque si eso hicieron con una trabajadora (tesorera) que no han hecho con otras trabajadoras de menor categoría.