EL NUEVO BOTIN.- 10 Abril 2013

  Apoyados en las irregularidades arrojadas por la Auditoría Superior de la Federación en su dictamen 2011 sobre la utilización de los recursos federales en el Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) de Tabasco, (fondos federales, faeb y fata) el flamante asesor de gobierno, Agustín Silva Vidal en complicidad con la Subsecretaría de Educación Superior, Carolina Martínez López,  se han dedicado a lucrar con todos los nombramientos de las instituciones de Educación Media Superior  y Superior, por lo que ahora quieren  asestarle un golpe mortal a Carlos Luis  Garrido Gular, quitándolo del cargo para nombrar al gris y nefasto Antonio Lope Báez. De nada sirvieron los halagos que vertió hace dos semanas el representante de la directora general del Conalep, Candita Victoria Gil, Salvador Alvarado Garibaldi, al acudir a la primera sesión ordinaria y reinstalación de la Junta Directiva que presidió la subsecretaria de Educación Media Superior y Superior del estado, Carolina Martínez, donde dejó en claro que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tabasco logró avances importantes que lo sitúan como uno de los mejores del país, ya que de acuerdo con los últimos reportes, Tabasco tiene 97.56 puntos en eficiencia de titulación, 8.35 puntos arriba de la media nacional, “por ello es digno de destacarse”,  como también realiza un arduo trabajo para evitar la reprobación de estudiantes y mantener un mayor número de alumnos regulares ya que se encuentra ubicado en el tercer lugar a nivel nacional con el 87.48 por ciento de alumnos regulares, 12.34 puntos por encima de la media nacional, si ahora la propia subsecretaria ávida de poder en complicidad con el nefasto Agustín Silva Vidal, quieren degollar a Carlos Garrido para ampliar su coto de poder. En ese mismo evento, todavía la cínica subsecretaria (Carolina), después de felicitar al director general del CONALEP-Tabasco, Carlos Luis Garrido Gular, por el trabajo realizado hasta el momento, exhortó a maestros, estudiantes, directivos y padres de familia a no claudicar ante los retos que se presentan en el camino al éxito, ya que “es satisfactorio conocer cifras que ubican a la Educación Media Superior de nuestro estado como una de las mejores del país, lo que motiva a la administración del gobernador Arturo Núñez a seguir apostándole a nuestro sector”, Agustín Silva Vidal, ex-delegado del infonavit en Chiapas, en donde fue destituido por actos de corrupción que estuvieron a punto de llevarlo a la cárcel, flamante contratista de la construcción en el gobierno municipal de Jesús Alí de las cuales hay constancias, y ahora coordinador de asesores del gobernador, se ha confabulado con Carolina Martínez, haciendo a un lado al propio secretario de Educación, que es un monigote, para adueñarse de los planteles educativos,  al grado que hasta al propio rector de la Universidad Tecnológica de Tabasco,  Fernando Calzada Falcón , le impuso como director administrativo,  a su yerno, Tabscoob Bastar. Agustín Silva Vidal ha convencido a Carolina Martínez López de ir tras el nuevo botín, de impulsar para que sea el nuevo director del CONALEP-Tabasco al panista Antonio Lópe Báez, sujeto nefasto gris, y borracho consuetudinario,  actual delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  (Profepa) al servicio de contaminadores como Pemex y de saqueadores de bancos de arena y grava de la entidad, depredadores del Coconá, El Tortuguero y El Samaria. Carolina Martínez López por su desmedida ambición  y torpeza política ha sido la causante de los conflictos en las Universidades, Tecnológicos y Escuelas Normales del estado,  ya que es cegada por los oscuros intereses de Agustín Silva y de ella misma; tiene debilidad por el nepotismo,  tratando de meter a toda su familia al sistema educativo (como la protagonista de la telenovela María Mercedes) su mayor orgullo es su sobrino, Jesús Martínez Beuló, hijo de su hermano Chucho, a quien sostiene como su secretario particular por encima de las denuncias públicas y de las recomendaciones que ha recibido para no tenerlo ahí. Ante marcada  ineptitud para ejecutar los cambios en las instituciones y por miedo a que le revienten más conflictos,  contrató a los ex-rectores Pedro Muñoz Vergara y César Melo como asesores de la subsecretaría  de  Educación Superior en vez de haberlos denunciado ante el Ministerio Público,  como es su obligación, por saqueadores del presupuesto, todavía el  8 de abril el arquitecto Agapito Domínguez denunció públicamente o que la UPCH  bajo la rectoría de Pedro Muñoz (hoy asesor de Carolina) le quedó a deber  al ISSET 50 millones, y ahora este sujeto es operador del cambio verdadero. Nomás falta que la subsecretaria contrate como asesores a José Luis Martínez, recién destituido del jurídico de la Secretaría de Educación y a Mario Carrillo  ex-director administrativo de esa dependencia considerado como uno de los responsables del brutal saqueo que realizó la administración pasada. Carolina Martínez hizo el escándalo de su vida porque no quería que Ramiro Chávez Gochicoa asumiera la rectoría de la Universidad Politécnica de Centro, ya que le debe favores a Roberto Montes de Oca,  quien era el rector, precisamente cuando éste fungió como secretario académico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y ella fungía como catedrática. Embriagada de poder y enloquecida de ignorancia, Carolina Martínez  no respeta rangos ni autoridad (chamaquea a Rodolfo Lara)  y espeta que solo acuerda  con el gobernador, porque fue éste quien le dio el cargo, y en  el caso del CONALEP-Tabasco asegura que ya hizo el acuerdo con la directora general, Candita Victoria Gil Jiménez,  quien cuando fue rectora,  ante el fracaso de hacerla directora de la División de Ciencias de la Salud donde siempre ha sido repudiada por inepta,  corrupta y neurótica, la nombró directora de Postgrado y Extensión Universitaria, cargo del que la aparto el actual rector Piña Gutiérrez y la congeló por insoportable. Pero además Carolina está cometiendo fraude, pues cobra como subsecretaria y cobra como maestra de tiempo completo en la UJAT, mientras Lara Lagunas se desgañita recomendándoles a los maestros que son funcionarios públicos que están obligados por la ley a solicitar licencia sin goce de sueldo al magisterio porque si no lo hacen, están cometiendo un delito, mientras la subsecretaria ni lo ve, ni lo oye.                                       

 OJITOS   

Ante el relevo que se avecina en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario institucional en Tabasco, la dirigencia nacional a cargo de César Quiroz Camacho ha invitado a los ex-gobernadores, Manuel Gurría Ordóñez, Roberto Madrazo Pintado, Enrique  Priego Oropeza, y Manuel Andrade Díaz para sostener una reunión está misma semana (probablemente sea hoy) para que aporten su visión sobre lo que está sucediendo entre los priistas tabasqueños y den su punto de vista sobre los probables aspirantes a la dirigencia estatal del tricolor. La reunión será importante, dado que al citar a los ex-gobernadores, donde obviamente no estará Andrés Granier Melo, que fue excluido de la reunión, es precisamente para que aporten su diagnóstico sobre la situación que vive el priismo tabasqueño, que se fracturó en las pasadas elecciones y propició que perdieran la gubernatura y la mayoría en el Congreso local, y sobre la nueva forma en que se comportarán,  como oposición ante el gobierno perredista que encabeza Arturo Núñez Jiménez. De hecho al llamar la dirigencia nacional del PRI a consulta a los ex-gobernadores de Tabasco, es porque muestra su preocupación sobre el procedimiento que deberá emplearse para elegir a la nueva dirigencia, donde va implícita la intención de postular una candidatura de unidad, que aglutine a todas las corrientes y que  evite que siga la fragmentación de los priistas que todavía no digieren la derrota y que permanecen agazapados, sin capacidad de respuesta. También el hecho de llamar a consulta a los ex-gobernadores pudiera llevar implícito, que cuando menos dos de ellos (Manuel Andrade y Enrique Priego) cuyos nombres se han estado manejando como posibles candidatos a dirigir el PRI Tabasco, queden imposibilitados para participar en el proceso. Se torna interesante la sucesión del dirigente del tricolor tabasqueño.                                    

 

 VISORCITO

 Todo indica que los saqueadores de Tabasco seguirán haciendo de las suyas pues ante la licitación para la adquisición de uniformes para la policía estatal  por un monto cercano a los 30 millones de pesos de antemano ya se tiene a la empresa ganadora, que se le adjudicará dicha compra millonaria. Ver para creer, el proveedor que surtirá toda la ropa de la Secretaría de Seguridad Pública es Santa Ruth Torres Ricardez o Ruth Alejandra  de la Fuente Torres, representadas por Marco Antonio Pérez Cacep ligado al empresario Luis Enrique Sala Villanueva, hermano de Amílcar Salas Villanueva, el súper asesor del ex-gobernador Andrés Granier Melo. Pronto abundaremos con más datos al respecto, porque es indudable que hay manos aviesas obstinadas en torearle el toro al revés al gobernador Núñez, no hay honradez en lo que hacen ciertos funcionarios. Vaya,  a pesar de que están viendo la molestia de la población, porque en el pasado prevaleció la corrupción, estos también quieren seguir en lo mismo. No hay moral.  

ALCALDE AL BANQUILLO.- 9 de Abril 2013

Jaclop62@hotmail.com

Ante los resolutivos emitidos la semana pasada por el Tribunal Estatal Electoral en donde les niega la razón jurídica a quienes impugnaron la convocatoria para elegir delegados municipales y jefes de sector lanzado por el ayuntamiento de Macuspana, varios ciudadanos del poblado El Congo afectados en sus derechos ciudadanos decidieron saltarse esta instancia (TET) y recurrieron  al Poder Judicial de la Federación (utilizaron  la vía Per Saltum) por lo que la sala regional del Tribunal Federal Electoral con sede en Xalapa, Veracruz, dada la trascendencia del asunto SX-JDC-118/2013 decidió turnarlo a la Sala Superior, es decir la otra instancia del Trife para que sea ésta la que resuelva en definitiva las graves violaciones a las leyes que sigue cometiendo el edil Víctor Manuel González Valerio y el secretario del ayuntamiento, Juan Alvarez Carrillo, quien por cierto no acudió a declarar en torno a la demanda penal que se le sigue en la Procuraduría General de Justicia, ya que al sentirse protegido por el legislador Juan Manuel Fócil Pérez, ha dicho a sus cercanos que el procurador está maniatado para actuar en su contra.

De acuerdo a la información en poder del Ojo Visor, que en todo está, luego de la demanda electoral interpuesta por ciudadanos del poblado El Congo, quienes exigen la nulidad de la convocatoria emitida por el ayuntamiento de Macuspana porque es violatorio de las leyes electorales, entre estos, también les viola sus  derechos de usos y costumbre para  elegir a su autoridad local por ser comunidad indígena al imponerles el proceso de votación en urnas, la sala regional del Tribunal Federal Electoral (Trife) del Poder Judicial de la Federación le exigió al edil Víctor Manuel González Valerio que rindiera un informe circunstanciado relativo al expediente SX-JDC-118/2013, por lo que éste de manera deliberada le mintió a esa instancia federal al negar que el poblado El Congo se una comunidad indígena, incurriendo en el presunto delito de falsedad en declaraciones, lo que puede calificarse como una más de las marrullerías legaloides en la que ha incurrido el alcalde y su secretario del ayuntamiento, Juan Alvarez Carrillo para intentar legalizar su ilegal convocatoria, que parece que es una norma común entre los funcionarios públicos perredistas, dado que lo mismo ha ocurrido en el Congreso local, con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa, quien invocando la legalidad cometió una ilegalidad al separar temporalmente del OSFE a Francisco Rullán Silva.

 

Víctor Manuel González Valerio, creyendo que la sala regional del Trife con sede en Xalapa, Veracruz, no investigaría,  no iría al fondo del asunto, mintió deliberadamente, violando flagrantemente el decreto 118 del Congreso del estado de Tabasco, que dice en su artículo primero.- “se aprueba el catálogo de los Pueblos, Comunidades y Asentamientos Indígenas del Estado de Tabasco por ubicación y municipio con la finalidad de dar cumplimiento al artículo tercero transitorio del Decreto 232 publicado en el Suplemento “C” al Periódico Oficial 6385 de fecha 15 de noviembre del año 2003. Artículo Segundo.-“Para los efectos del párrafo anterior se entenderán por Pueblos, Comunidades y Asentamientos Indígenas las consideradas en el listado siguiente: MACUSPANA, CONGO, EL CHONTAL DE TABASCO.

Es decir el decreto 118 del Congreso del estado establece con claridad que el poblado El Congo del municipio de Macuspana, es una comunidad indígena donde se habla la lengua Chontal, de tal manera, que ante la gravedad de los hechos la sala regional remitió a la sala superior del Tribunal Federal Electoral (Trife) para un estudio más a fondo y determinar lo procedente, ya que si aceptaba el argumento esgrimido por el presidente municipal de que El Congo no es población indígena, estaría violando el decreto 118 emitido por el Congreso de Tabasco y la Constitución General de la República, generando de paso una controversia constitucional por violación a los derechos humanos indígenas y en el colmo de la desfachatez de un edil (incapaz de pensar en el daño que generaría) se estaría dejando  fuera de los programas de la CDI  destinados para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, perjudicando así a todos los pobladores del poblado El Congo.

Todo esto se estima que ocurrió, dado el erróneo criterio que aplicó el Tribunal Estatal Electoral, que ahora se coloca del lado de sus anteriores verdugos (PRD) al declarar que la ranchería Zaragoza no es una comunidad indígena porque tiene una baja población indígena, y resulta obvio que con ese argumento, el ayuntamiento pensó que puede librarse de la demanda FEDERAL de los pobladores de El Congo, pero para su sorpresa el Trife  no se tragó esa artimaña y lo que resolvió fue que el litigio ahora versará,  no solo sobre la ilegalidad de la convocatoria,  sino sobre si el poblado El Congo,  si es o no es,  una comunidad indígena

El aderezo de lo anterior, son las burdas declaraciones del secretario del ayuntamiento,  Juan Alvarez Carrillo, quien expresó que en la jornada  para elegir delegados, subdelegados, jefe de sector y jefe de sección, la izquierda le ha ganado la mayoría a la derecha, reconociendo con sus propias palabras la partidización de un proceso que debe ser netamente ciudadano,  al cual el ayuntamiento de Macuspana le ha destinado millones de pesos en despensas, láminas, y otros apoyos  para hacer ganar a sus candidatos. Las elecciones de autoridades auxiliares son ciudadanas y está prohibida por la ley la participación de los partidos políticos, porque ahora resulta que la izquierda y la derecha ganan elecciones de delegados municipales.

                                       OJITOS

La licenciada María de los Ángeles Almeida Jiménez,  Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación del ISSSTE, Tabasco sigue dando muestras de no tener idea de lo que es el respeto a los derechohabientes y menos aún a los trabajadores, ya que maneja dicha jefatura como si fuera su hacienda particular, dañando de paso todo el trabajo serio que durante todo este tiempo ha estado realizando el delegado estatal, Abel Rivera Rangel.

Narra un derechohabiente que estando presente en el lugar observó el soez y agresivo comportamiento de Almeida Jiménez, quien  hizo el "oso"  de su vida  al tratar groseramente a una trabajadora que lejos de responder de la misma manera, optó por dejar que María de los Ángeles diera rienda suelta a sus desequilibrios de personalidad y aunque con madurez trató de ayudarla, la Jefa de Pensiones, Seguridad e Higiene, no lo permitió, porque estaba iracunda, agresiva, como si no fuera una servidora pública que debiera comportarse con buenos modales, más estando varios derechohabientes. Algo debe de hacer el delegado del ISSSTE para evitar este tipo de abusos laborales, pues no debe permitir que nadie dañe el trabajo que viene realizando y más de manera soez y vulgar de una “jefa”.

                                     VISORCITO

 

En relación al programa de Desayunos Escolares 2013  del fondo de aportaciones múltiples  (FAM)  provenientes de los recursos federales con lineamientos específicos y que es uno de los programas más importantes del DIF Tabasco por el monto e importancia en cobertura estatal, resulta  incongruente que si durante más de dos sexenios el Partido de la Revolkución Democrática (PRD) siempre cuestionó la forma y los resultados de los procesos de licitación pública estatal, precisamente, para dar preferencia a las empresas tabasqueñas,  que de por si cada vez son menos, ahora se quiera hacer las cosas al revés  

La nueva administradora (María Elvia Fernández) cuya familia votó por los candidatos del PRI en el pasado proceso electoral, (me atrevo a pensar que esta para gobernador votaron por Jesús Alí)  está empeñada en hacer de manera directa la compra de las despensas y la leche  y está manipulando toda la información para no hacer de manera pública y transparente la licitación. ¿Estará queriendo beneficiar a alguien, María Elvia Fernández?.

Y lo peor, se rumora que ya tienen todo listo para que sin mediar proceso legal alguno se realice las compras, violando todas las disposiciones legales, por lo que la Contraloría del Estado, debe mantenerse atenta para evitar que después las cosas les repercutan por actitudes delincuenciales que el nuevo gobierno no debe de permitir.

Ya se filtró entre los empresarios tabasqueños que los directamente beneficiados son dos negocios del Distrito Federal, La Cosmopolitana y El  Sardinero, lo malo es que con estas acciones de comprarle a las empresas fuereñas todos los recursos económicos se van  fuera del estado, cuando lo más conveniente es que reactivar la deteriorada economía tabasqueña, que de por sí está a punto de la quiebra por la falta de circulante.

Esperemos que haya una rectificación a tiempo y se le compre a las industrias tabasqueñas preferentemente, porque si María Elvia sigue empecinada en favorecer a empresas del Distrito Federal, es porque entonces hay otro tipo de negociaciones dudosas.

 

 

 

 

LO LEGAL DE LO ILEGAL.- 8 Abril 2013

 

Jaclop62@hotmail.com

 

 

Invocando la legalidad, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática que detenta la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, cometió otra  ilegalidad (ya son varias las que han cometido)  al separar temporalmente de su cargo como titular del Organo Superior de Fiscalización a Francisco Rullán Silva, cuando eso es indebido, con lo que se demuestra que solo están llenos de fobia, odio y rencor, y que el objetivo era quitarlo a costa de lo que fuera, pues dejaron provisionalmente en el cargo a Carlos Ramón Castro,  el que verdaderamente actuaba en las sombras y pasaba la charola a los ex-presidentes municipales para limpiar sus cuentas públicas y no tuvieran ningún problema.

El pasado jueves 4 de abril, el Ojo Visor, que en todo está, advirtió que en la sesión de ese día la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, teniendo en contra a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, intentaría aprobar en el pleno el dictamen de renuncia en contra de Francisco Rullán Silva, porque para el señor del peluquín, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez era “de vida o muerte” la remoción del fiscal porque el verdadero fondo del “meollo” es que no querían que comenzara a fiscalizar el primer trimestre (enero, febrero y marzo) de las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, correspondientes al año 2013, porque tenían miedo de que se descubrieran las irregularidades que en estos tres meses han cometido con las partidas presupuestales.

Durante la sesión del jueves no se bajó al pleno el dictamen de renuncia de Francisco Rullán Silva,  porque era seguro que obtendría el rechazo de las otras fracciones parlamentarias, como finalmente sucedió,  porque no se estaba siguiendo el procedimiento de ley para su separación y porque obviamente con sus “asesores jurídicos” el señor del peluquín cuya cabeza pende de un hilo preparaban una “chicanada jurídica” para suspenderlo temporalmente basando en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (artículo 64, fracción IV) lo cual es violatorio de las propias garantías del acusado (hay tesis al respecto), ya que al ser el Organo Superior de Fiscalización del estado, un organismo autónomo en sus funciones del propio Congreso, que cuenta con su propia Ley de Fiscalización, bajo cuya figura jurídica se rige, fue incorrecta y rompe con el marco jurídico la decisión de la Junta de Coordinación Política, porque no encuadra aplicarle la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a Rullán, cuando la propia Ley de Fiscalización establece cuales son los procedimientos o bajo qué condiciones el fiscal puede ser separado de su cargo y enjuiciado y son dos vías: por su propia renuncia o el establecimiento de un juicio político, para lo cual el Congreso tiene que reunir una serie de elementos también especificado en dicha ley.

Es falso lo que dicen algunos legisladores perredistas, como el representante de Jalpa de Méndez, Francisco Javier Cabrera Sandoval, de que Rullán es un empleado más del Congreso, bastante motivos tendrá este diputado para odiar al hombre que le reprobó la cuenta pública a su finado padre William Cabrera (alcalde interino de Jalpa), a raíz de lo cual se presume le entró la depresión y se pegó un balazo,  el joven legislador tiene sed de venganza (por esa razón debería exculparse de declarar en torno al tema) , así lo denota en sus declaraciones, pero lo real es que Rullán, no es o no era un simple empleado de la legislatura, ni de los legisladores, su posición como fiscal lo colocaba en un lugar de privilegio, rigiéndose por la Ley de Fiscalización del estado, de tal suerte que su separación es un acto ilegal de la fracción parlamentaria del PRD que para todos sus actos invoca la legalidad o la ley, pero han sido los primeros en pisotearla y actuar con soberbia, porque además quien o quienes les señalan sus errores, inmediatamente son acusados de ser cómplices del pasado, de ese pasado que varios de los actuales legisladores perredecos disfrutaron, entonces ¿a quién quieren engañar?.

Respecto a la “chicanada jurídica” que le aplicaron a Francisco Rullán Silva,

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito en la revisión del amparo 382/2011 por unanimidad de votos dictó la siguiente tesis: “La RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA, AL NO PRECISAR LOS CASOS EN QUE PUEDE DECRETARSE LA SUSPENSIÓN QUE ESTABLECE, LOS ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA ELLO, ASÍ COMO LOS LÍMITES O PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU EJECUCIÓN, NI PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE LA AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

 El artículo 64, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco establece la atribución a la Contraloría General del Estado o del órgano competente de los Municipios, de suspender, a su libre arbitrio, a sus empleados en el ejercicio de sus funciones, a fin de continuar con la investigación realizada dentro del procedimiento de responsabilidad correspondiente, es decir, cuando a su juicio así convenga para la mejor conducción o continuación de las investigaciones. En estas condiciones, al no precisar el citado precepto los casos en que puede decretarse la suspensión, los elementos que deben tomarse en cuenta para considerar que se actualizan los supuestos para ello, así como los límites o parámetros que deben observarse en su ejecución, ni prever la posibilidad de que la autoridad opte por otra medida en atención a las particularidades del caso, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al
servidor público afectado, al desconocer los motivos, supuestos, circunstancias, opciones, parámetros y límites por los que se le aplica tal determinación y queda sujeto a actos arbitrarios que no tienen una restricción en su materialización y, en consecuencia, está fuera del control jurisdiccional, al no permitir que el tribunal revisor pueda determinar si es o no ajustada a derecho la medida dictada, ya que carece de parámetros legales para ello.”
Pena ajena dan los diputados perredecos que pasaron por alto esta tesis del Poder Judicial Federal  porque les rebotará, ya que sin dudas, Francisco Rullán Silva interpondrá un amparo en contra de la decisión que tomó la Junta de Coordinación, y lo tendrán que restituir en su cargo.

                                          OJITOS

Por otra parte, la fobia, el odio y rencor de los diputados perredecos en contra de Rullán los llevó a cometer error tras error, ya que si supuestamente lo quitaron porque fue cómplice en el maquillaje de las cuentas públicas del gobierno granierista o no vio las irregularidades que llevaron al quebranto financiero, estos neófitos diputados desconocedores del pasado, ya metidos en ese terreno de la ilegalidad tampoco debieron dejar al fiscal especial (segundo de abordo en el OSFE), Carlos Ramón Castro como encargado del propio Organo Superior de Fiscalización, porque en lo oscurito este era el verdadero cobrador de la mafia, es quien fijaba las tarifas a los ex-presidentes municipales para limpiarles sus cuentas públicas, desde luego que por una iguala mensual, y lo ha venido haciendo muy bien, que lleva casi 17 años en el cargo, tiempo mayor al de Rullán que lleva diez años.

Para esos imberbes diputados perredecos, Carlos Ramón Castro fue colocado en la Contaduría Mayor de Hacienda, en el segundo puesto, después del Contador Mayor en el gobierno de Roberto Madrazo, pues fue el hombre clave para limpiar las cuentas públicas de los tres poderes del estado de ese gobierno que tanto cuestionó Andrés Manuel López Obrador,  y desde luego que desde su posición se benefició económicamente, pues tras bambalinas se convirtió en el “cobrador de la mafia”. Si los diputados creen que quitando a Rullán y dejando a Carlos Ramón, las cosas cambiaran, que equivocados están, pues este es peor que su antecesor, al menos, que como no está satanizado por los perredecos este si acceda a limpiar ahora el primer trimestre de las tres cuentas públicas de los tres poderes correspondientes al 2013, porque con Rullán el verdadero miedo es que descubriera las irregularidades en este primer trimestre.

                                           OJITOS

Recibí un correo electrónico del rector de la Universidad del Valle de México, Emilio de Ygartua en contestación a la carta publicada la semana pasada, la cual transcribo tal cual está: “Muy estimado Jacinto: te dirijo este correo en relación a la carta que tuviste a bien incluir en tu columna de Rumbo Nuevo, en la que el tutor del estudiante Alessio Chan Rosales, señala mala fe de la institución  que represento en razón de la expulsión que se determinó derivada del hecho de que el mencionado estudiante reprobó un número de materias superior a lo que establece el Reglamento estudiantil, al tiempo que también reprobó en tres ocasiones una sola materia, ambas causales de baja académica de la institución. No obvio mencionar que nuestra universidad, en los 39 campus que operan en el país y en el especifico de Tabasco, contamos con los debidos registros de validez oficial emitidos tanto por las autoridades educativas estatales y federales.  

La baja obedece al compromiso del campus a mi cargo con la calidad académica y con el rigor con el que debemos vigilar el proceso educativo de todos los estudiantes, especialmente con los que están estudiando una carrera relacionada con la salud humana. En cuanto al tema de Estrategia Educativa y Cultural de Tabasco SC. Esta es una razón social con la que se opera administrativa y laboralmente, pero con los planes y programas de estudio de la Universidad del Valle de México, pertenece a la red laureate. Te mando un fuerte abrazo y me reiteró a tus órdenes”. Hasta ahí el comunicado de Emilio de Ygartua.

  

 

 

LIMPIA TOTAL.-5 de Abril 2013

Jacinto López Cruz
jaclop62@hotmail.com

Una vez que el Congreso local recibió ayer el dictamen emitido por la contralora interna del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEyPCT), donde pide a los legisladores aprobar la inhabilitación de todos los consejeros electorales que están implicados en el fraude a las arcas públicas de ese organismo electoral con la compra de un viejo edificio a un precio sobrevaluado, a los representantes populares de todas las fracciones parlamentarias no les debe temblar la mano para realizar una limpia total, pues es indudable que todos están embarrados.

Desde la aprobación de la minuta de compra-venta por parte de todos los consejeros electorales en abril de 2011, incluido, quien fungía como presidente del consejo estatal electoral, Alfonso Castillo Suárez, hasta que se efectuó la operación donde el Instituto Electoral desembolso de sus ahorros 32 millones 600 mil pesos que fue el precio pagado por un viejo edificio, inservible y en ruinas, es indudable que todos incurrieron en irregularidades, porque esa compra fue realizada con todas las agravantes de la ley penal, con premeditación, alevosía y ventaja, en las que también estuvieron implicados los peritos valuadores que alteraron el valor catastral del inmueble y el vendedor de la misma el usurero Gilberto Gálassi, precisamente para hurtar el presupuesto público del propio organismo electoral, que los consejeros estaban obligados a cuidar más que su propio dinero, porque se supone, que en su momento, el Congreso del estado nombró a consejeros ciudadanos honorables, respetuosos de las leyes, garantes de la transparencia, hombres honestos, pero tal parece que no fue así, porque estos actuaron como verdaderos pillos y sinvergüenzas, que se coludieron, que se apandillaron, para agenciarse más de 12 millones de pesos del presupuesto público, dinero mal habido, hurtado, que debe ser reintegrado al Instituto.

Las fracciones parlamentarias en el Congreso local tiene la gran responsabilidad histórica de aprobar las inhabilitaciones de todos los consejeros electorales, pero además, de exigir que se apliquen los castigos penales correspondientes a los consejeros directamente implicados en el hurto del dinero, como también tienen corresponsabilidad por omisión de esos consejeros que con su firma que estamparon en una minuta de acuerdo dieron el visto bueno para que se cometiera el robo del siglo que pudo haber quedado en el olvido si el mismo partido que gobernaba en ese momento, estuviera ahora en el poder, de tal manera que no puede haber perdón y olvido para quienes saquearon las arcas del Instituto Electoral.

El Congreso local tiene la oportunidad histórica de limpiar al Instituto Electoral con la inhabilitación de todos los consejeros, por omisión de unos, y porque maquinaron el robo, los otros, por eso el castigo que se pide para unos y otros, varía, de acuerdo a como estuvieron involucrados, de tal manera que ninguno de ellos tiene porque salvarse de la inhabilitación, ya que las pruebas existentes en el expediente, son irrefutables, incluso, los diferentes medios de comunicación que han venido denunciando este robo a las arcas del instituto, han ido aportando pruebas, datos, y más datos que fueron dejando al descubierto las complicidades de la ruta del hurto a las arcas del organismo electoral en un plan maquinado por varios consejeros que esperaban que ganara la gubernatura el Revolucionario Institucional y no la coalición de izquierda, porque esperaban el olvido, pero ahora están entre la espada y la pared.

No puede haber perdón, ni olvido para los consejeros electorales cuando el robo del dinero público evidentemente fue planeado, maquinado, contando con la complicidad de los peritos valuadores que también deberán recibir su castigo, así como de parte del propio vendedor que consintió en alterar el precio para los fines delincuenciales premeditado, porque los consejeros delinquieron en contra del organismo que representan, al cual debieron blindar para conservar la credibilidad entre la población, la que ahora está hecha pedazos, cero credibilidad para ellos, al grado de que no son garantes de realizar las elecciones constitucionales en el 2015, porque ya no tienen credibilidad y su honradez y honorabilidad está en entredicho.

El Congreso del Estado no nada más debe aprobar la inhabilitación de los consejeros, debe ir más allá, también deben exigir que se finquen responsabilidades penales porque los consejeros, peritos y vendedor, actuaron como verdadera delincuencia organizada, y todos deben ser castigados de acuerdo a las leyes del estado.

Ojitos
Para declarar en torno a la Averiguación Previa AP-FEDDE-1-2013 que se inició en la Procuraduría General de Justicia por presuntos delitos electorales, hoy comparecerá ante la dirección de Averiguaciones Previas de la propia dependencia el secretario del ayuntamiento de Macuspana, Juan Alvarez Carrillo, en donde también está indiciado el alcalde, Víctor Manuel González Valerio, y Pedro David López Jiménez, más los que resulten responsables.

Hay dos hechos que se están investigando, el primero de ellos, es la exigencia de 50 credenciales de elector de igual número de personas que avalan con su firma el apoyo a los candidatos a delegados municipales, contraviniendo la ley electoral, y el segundo asunto, es el haber utilizado las instalaciones de la DECURM de Macuspana, que es un inmueble público, donde se realizó la reafiliación de los militantes perredistas, lo cual está penado por la ley electoral estatal y federal, ya que nadie puede hacer uso de los inmuebles públicos, vehículos, personal y recursos económicos públicos a favor de cualquier partido político y en este caso, tanto el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y el director de la DECURM hicieron uso de los bienes públicos para realizar la reafiliación de los perredistas. Ya veremos que pasará.

Visorcito
Doy paso a una carta enviada al secretario de Educación, Rodolfo Lara donde se denuncia irregularidades en contra de un alumno que se ha presentado en la Universidad del Valle de México.
“Por este conducto me permito solicitar la intervención de esa institución a su digno cargo para ayudarme a resolver el problema que se ha suscitado en la Universidad del Valle de México, con mi hijo Alessio Chan Rosales, quien actualmente se encuentra inscrito con la matrícula 16414716 en el 8º- semestre de la Licenciatura en Nutrición, y que verbalmente le exigen que se dé de baja aplicándole el reglamento por haber acumulado más de 7 materias reprobadas mismas que ya fueron presentadas y aprobadas oportunamente.

Considero que es de vital importancia que todas las instituciones deben de contribuir al desarrollo social de nuestro Estado y no solo servir para aprovecharse y obtener beneficios económicos de los jóvenes y de la sociedad en general, ya que de aplicarse esta medida solo se está orillando a un joven a tomar el camino menos adecuado al cerrarle las oportunidades de superación y preparación profesional a que todos los ciudadanos tienen derecho.

De igual forma afecta el hecho de que exista una permanente inestabilidad y rotación de quienes han fungido como coordinadores de Especialidad, ya que este es el que realiza y/o autoriza tramites de los alumnos y al no haber permanentemente alguien en esta posición les retrase y/o confunda con la información que les proporcionan.

No omito manifestarle que de manera verbal, le indicaron a mi hijo que tiene que darse de baja, después de un mes de haber iniciado el semestre y de realizarse dicha acción, sería imposible ubicarlo en otra escuela, lo que significaría además de la pérdida del semestre, tendría que revalidar materias en la escuela que fuese aceptado y solo podría realizarse de un 40 al 50 por ciento de los créditos obtenidos, afectándole gravemente a él y a toda nuestra familia en todos los aspectos.

Por todo lo anterior, Señor secretario, le solicito: 1.- se intervenga ante la Universidad del Valle de México, para que le sigan permitiendo a mi hijo Alessio Chan Rosales, continuar con sus estudios y tomar los cursos del 8º- Semestre de la Licenciatura en Nutrición, ya que desde el miércoles 13 de febrero de 2013, no se le permite a pesar de encontrarse inscrito como alumno regular.

2.- se haga una revisión y supervisión de los Procesos Administrativos, pedagógicos de todo tipo de la Universidad del Valle de México, ya que a los alumnos no se les da ningún documento oficial del trámite o situación que guardan, caso concreto s mi hijo le han pedido verbalmente que se dé de baja.

3.- igualmente es importante revisar la situación fiscal y legal que guarda esta institución, porque yo dirigí un documento al rector de la UVM le responden a mi hijo y me lo reciben como “Estrategia Educativa y Cultural Tabasco, S.C.”

Hasta ahí la misiva del profesor Alessio Chan Lacroix, quien pide la intervención del Secretario de Educación en el caso de su hijo, que fue inscrito al octavo semestre y después por reclamar que no les asignaban maestros, como una probable venganza, le aplicaron el reglamento, pero lo delicado es que antes no vieron la irregularidad y lo dejaron inscribirse al último semestre, algo anda mal en la UVM.

LAS RIDICULESES

 

Publicado 4 abril, 2013 | Por admin

Jacinto López Cruz
jaclop62@hotmail.com

No conforme con haber hecho el ridículo con la comparecencia del titular del Organo Superior de Fiscalización, Francisco Rullán Silva, quien los chamaqueó al no contéstales sus preguntas, los legisladores perredistas que se han caracterizado por ser ignorantes de las leyes, intentarán aprobar hoy en el pleno del Congreso, su destitución, pero de nueva cuenta van a fracasar porque la fracción parlamentaria tricolor que supuestamente los apoyaría, ha encontrado en este asunto una buena bandera política para evidenciarlos de que pretenden pasar por encima de la legalidad.

El pasado 26 de marzo, ni los conjuros mágicos, el sahúmo, la mirra, el copal, los montes apestosos y todo el aquelarre mediático que montaron militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezados por la aprendiz de bruja Virginia Hipólito, quien es la suplente de la diputada Verónica Pérez Rojas, sirvieron para que el fiscal del Organo Superior de Fiscalización del Congreso local, José Francisco Rullán se amedrentará, se espantara y respondiera a los cuestionamientos de los coordinadores de las fracciones parlamentarias de la 51 legislatura, al contrario, su presencia en el Congreso sirvió para robustecer su imagen ante la sociedad de que es una víctima política del llamado gobierno del cambio democrático, mal operado desde la legislatura por el ahora aliado del legislador federal, Juan Manuel Fócil Pérez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Nesho Balboa Sánchez, quien al no poder con los “enemigos” de adentro de su propio partido, se unió a los legisladores focilistas, ya forma parte de ese grupo, que a costa de lo que sea, quiere el Organo Superior de Fiscalización para controlar hasta la cuenta pública del Ejecutivo.

Ese martes 26 de marzo pese al brutal empecinamiento de los legisladores perredistas que contrario a derecho, como verdaderos bravucones lo quisieron correr, acusándolo públicamente de todo, haciéndole prácticamente un juicio sumario, como un verdadero tribunal de alzada donde lo acusaron, lo señalaron con índice de fuego de ser el responsable del saqueo granierista y lo condenaron , eso no fue suficiente, o no sirvió de gran cosa para que Rullán dimitiera del cargo, ahí se ha sostenido y se prepara para calificar el primer trimestre de las cuentas públicas 2013 de los tres órdenes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es aquí donde está el verdadero miedo de todos, porque las cuentas las tienen hechas un verdadero desgarriate, no las han sabido cuadrar, y es ahí donde se verá si realmente son honrados o si por el contrario, son más de lo mismo, o peor de lo mismo.

De acuerdo a la nueva Ley de Armonización Contable, las tres instancias de gobierno están obligadas a entregar mensualmente sus cuentas al Organo Superior de Fiscalización, la que a su vez iniciará la revisión contable en éste mes de abril correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo), y es aquí donde está el verdadero problema, porque hasta donde se sabe hay verdaderas resistencias de los tres órdenes de gobierno para entregarle al fiscal Rullán Silva toda la documentación contable que avale todas las partidas presupuestales que han utilizado, la forma en que lo han invertido o gastado en éste primer trimestre y si realmente lo destinaron al rubro especificado, porque de no ser así ya tendrán problemas.

Pese al silencio de Rullán Silva respecto a las calificaciones de las cuentas públicas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del primer trimestre de 2013, se sabe que algunas de ellas no han querido, se han resistido a entregar la documentación contable violando los propios ordenamientos legales, lo que puede darle la pauta al propio fiscal para amonestarlos o sancionarlos, por no cumplir en tiempo y forma con la Ley de Armonización Contable.

Y la resistencia a entregar la documentación contable, estriba precisamente en que están esperando hasta el último instante para ver si remueven a Rullán Silva y todo indica, que ese día es hoy jueves, cuando los legisladores perredistas intentarán presentar en el pleno del Congreso un dictamen para la remoción del fiscal aunque con ello violen las diversas disposiciones legales, porque de acuerdo a algunos asesores recalcitrantes de Nesho Balboa, es mejor que Rullán Silva este fuera del órgano y que desde ahí promueva una controversia ante la Suprema Corte de Justicia a que permanezca en el cargo donde se dará cuenta del uso que le dieron a los recursos públicos, porque hay cruzamiento de partidistas presupuestales que se destinaron parta otros rubros diferentes a lo inicialmente presupuestado.

Para el Congreso del Estado, pero especialmente para Nesho Balboa Sánchez es de vida o muerte la permanencia de Rullán Silva y hoy pueden intentar una chicanada legislativa para dejarlo fuera del OSFE, lo que no saben es que todos los pasos, y todos los acuerdos de Necio, perdón, Nesho Balboa, irremediablemente el fiscal se entera, por lo que también ya tiene listo su contra ofensiva y puede resultar triunfador, evidenciando una vez más a los legisladores.

Si Rafael Abner Balboa Sánchez y camarilla no logran echar hoy del cargo a Rullán Silva a unos días de que inicie la revisión de las cuentas públicas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial correspondiente al primer trimestre de 2013, no les quedará más remedio que entregar al fiscal toda la documentación contable y financiera para que éste comience a realizar su trabajo y de esa forma los coloque contra la pared con las diversas observaciones que seguramente les hará. Los papeles se invertirán porque su principal acusado se convertirá en verdugo de los tres poderes del estado.

El PRD durante la sesión de hoy jueves, echará mano de su mayoría legislativa para intentar quitar del cargo a Rullán Silva, decisión que no será avalada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, cuyo coordinador Erubiel Lorenzo Alonso Que se prepara para la embestida en contra de los amarillos en caso de que pretendan pasar por encima de la legalidad.

Ni los aprendices de brujas han podido con Francisco Rullán Silva, quien seguramente le seguirá dando muchos dolores de cabeza al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Nesho Balboa, cuya cabeza también ya tiene precio, pues al haberse aliado con el clan que integró el legislador federal, Juan Manuel Fócil Pérez, con ocho legisladores locales, y que cada vez que quiere embiste al gobernador Arturo Núñez por conducto del dirigente estatal del PRD, Roberto Romero, todo indica que primero rodará la cabeza de Nesho y después la de Rullán. Apuesten doble contra sencillo.

Ojitos
Doy paso a esta denuncia pública: “El Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SICOBATAB) se había convertido en un cáncer para la educación media superior del estado, ya que su ex-dirigente José Ramón Díaz Uribe, tenía prácticamente a su disposición al Colegio de Bachilleres de Tabasco, pues tenía invadidas todas las áreas con aviadores y personal sindicalizado comisionado de su absoluta confianza, algunos aun cobran puntualmente sus quincenas sin dar golpe.

Aunque todavía falta liberar otras áreas como el caso del EMSAD número 38 de la ranchería Aztlán, primera sección, en donde Díaz Uribe, sigue siendo dueño total y absoluto de ese centro educativo con cargo al erario público, pues ahí están comisionados su hermano, Oscar E. Díaz Uribe, su cuñada Adriana Hernández Medina, su sobrino Gerardo Díaz, su sobrina Wendy Díaz y Candelario Hernández, chalan del ex líder sindical, todos ellos ostentan plazas como profesores de forma ilegal pues según pobladores del lugar nunca se han presentado a dar clases en ese EMSAD desde su creación.

Éste referido EMSAD 38; ha tenido serios problemas: primero, porque se fundó y matriculó en ranchería Aztlán, segunda sección y por órdenes de José Ramón Díaz lo cambiaron a la ranchería Aztlan, primera sección, causando malestar entre la comunidad; Segundo, porque no llegaban los maestros asignados a dar clases, descubriéndose desde aquel entonces las mañosidades de José Ramón Díaz Uribe al crear este EMSAD para beneficio directo de familiares, actualmente funciona con profesores interinos.

Además, los antes mencionados familiares del hoy prófugo de la justicia ostentan nombramientos de basificacion en dicho plantel de manera ilegal en virtud de no haber cumplido la normatividad establecida en la ley federal del trabajo así como del mismo contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales en este subsistema, ya que ninguno de ellos trabajo cuando menos un año para basisficar esas plazas; o sea que nunca la han trabajado, pero si han cobrado de manera ilegal al COBATAB ya que siempre han estado al servicio del SICOBATAB dañando con esto el deprimente erario público por lo que se hace un exhorto al director general, Jaime Mier y Terán para que revise el caso e investigue a fondo el asunto con el fin de anular esos nombramientos y se les dé de baja a estas personas que en realidad no pertenecen a la base trabajadora del Colegio de Bachilleres de Tabasco” , hasta ahí la denuncia.

Visorcito
El presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, cesó al director de Obra Públicas, Gilberto Cano Mollinedo y en su lugar designó a Juan Rodríguez ex-dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Tabasco, quien desde ayer está recibiendo toda la documentación. Gilberto cae por el conflicto de intereses que se vive con la clausura del conjunto comercial Plaza Sendero. Bertruy había sentenciado que si encontraba irregularidades “correría” a su director y ya cumplió

INVESTIGA MP.- 3 de Abril 2013

Acusados de cometer delitos electorales al lanzar una convocatoria amañada de origen, para elegir delegados municipales, subdelegados y jefes de sector o jefes de sección, que viola diversas disposiciones legales, el presidente municipal de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio, el secretario del ayuntamiento, Juan Alvarez Carrillo e integrantes del cabildo municipal se quedaron estáticos y fríos cuando hasta el inmueble de la presidencia municipal se presentó un agente del Ministerio Público para iniciar las indagatorias respecto a los presuntos delitos electorales de los que son acusados por ciudadanos macuspanenses.

En la Averiguación Previa AP-FEDDE-1-2013 que ya se inició donde aparecen como presuntos inculpados, Víctor Manuel González Valerio, Juan Alvarez Carrillo, Pedro David López Jiménez y/o quien o quienes resulten responsables de los delitos electorales o los que resulten en agravio de la sociedad macuspanense se reseña el motivo de la demanda, por lo cual se le dio vista al Ministerio Público y otras instancias correspondientes como el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que de acuerdo a sus funciones, vayan actuando en torno a las violaciones a las leyes que ha venido cometiendo el alcalde, su secretario del ayuntamiento y el cuerpo de regidores.

En la denuncia se pormenoriza que: “tal y como se aprecia en el punto séptimo (7) del inciso “B” del apartado de los requisitos para ser candidato, el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, exige como requisito para ser candidato a delegado, subdelegado, jefe de sector y/o jefe de sección, que el ciudadano que desee ejercitar su derecho de ser votado en esa elección, presente por escrito un programa mínimo de trabajo de 5 cuartillas mismo que deberá ser avalado por 50 firmas de vecinos mayores de edad, comprobable con la copia de la credencial de elector en los que se indique el nombre y el domicilio de la delegación municipal que se trate.

La exigencia de este requisito encuadra en la descripción típica penal del ilícito previsto en el artículo 348 fracciones VII Y XII del código Penal Estatal, que se refieren a los delitos electorales, de tal suerte que esto es así ya que el mencionado artículo establece lo siguiente: artículo 348.- Se impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a cien días multa, a quien: V.- Recoja sin causa prevista por la ley credenciales de elector de los ciudadanos; VII.- Viole de cualquier manera el secreto del voto; XII.- Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención en el sentido de su voto, o bien que comprometa el voto mediante amenaza o promesa.

Luego entonces si las fracciones VII Y XII del artículo 348 del Código Penal Estatal sanciona al que Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sentido de su voto y al que de cualquier manera viole el secreto del voto, es evidente que el Presidente Municipal de Macuspana, Tabasco, el Secretario del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco y los Regidores integrantes del Ayuntamiento de ese municipio, han incurrido en esas conductas delictivas, pues están exigiendo como requisito para ser candidato a delegado, subdelegado, jefe de sector y/o jefe de sección, que quienes pretendan registrarse como tales presente por escrito un programa mínimo de trabajo de 5 cuartillas mismo que deberá ser avalado por 50 firmas de vecinos mayores de edad, comprobables con la copia de la credencial de elector en los que se indique el nombre y el domicilio de la delegación municipal que se trate.

Esto es más que claro, ya que la convocatoria fue acordada y emitida y publicada por todos y cada uno de los regidores, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, es decir en una sesión de cabildo, cuya fecha desconozco, los regidores, el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento, elaboraron, aprobaron y emitieron la convocatoria en los términos en que fue publicada, es decir, la decisión de solicitar ese requisito, que puede resultar en la comisión de un delito, fue tomada por todos ellos, y en ejercicio de sus facultades establecieron esa exigencia en la convocatoria.

Ahora bien, la exigencia de que el ciudadano que dese participar como candidato a delegado, subdelegado, jefe de sector y/o jefe de sección, presente por escrito un programa de trabajo avalado por 50 firmas de vecinos mayores de edad y que se compruebe con la copia de la credencial de elector de los 50 vecinos electores, implica pedirle a esos 50 electores que por escrito manifiesten su intención de voto, pero además implica incitar a que quien pretenda cumplir con dicho requisito cometa el mismo delito, al pedirle a los electores que firmen y avalen su propuesta de trabajo, lo anterior viola el principio del voto libre y secreto, es ilegal a todas luces y debe ser sancionado por ser una práctica antidemocrática.

De tal suerte que el simple hecho de solicitar ese requisito en la convocatoria constituye una conducta antijurídica que puede constatar el ilícito previsto y sancionado por la fracción XI del artículo 403 del Código Penal Federal, y en el presente caso su comisión es clara por la existencia de la simple solicitud de ese requisito en la convocatoria, pero más aún, todo aquel que cumpla con dicho requisito se convertirá en cómplice del delito, y los denunciados estarían obteniendo declaración firmada del elector acerca de su intención, aunque lo hagan indirectamente, mediante los que se inscriban como candidatos y cumplan con ese ilegal requisito.

IV.- Por otra parte, el día 7 de marzo de 2013, y una vez que ya había sido emitida y publicada la convocatoria para elegir delegados, subdelegados, jefes de sector y jefes de sección del municipio de Macuspana, Tabasco; de manera ilegal y antidemocrática el presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y el director de la DECURM de Macuspana, Tabasco; usando el inmueble público del Ayuntamiento de Macuspana y sede de la Dirección de Educación Cultura y Recreación Municipal (DECURM), sito junto al Centro Cívico en el Boulevard José Narciso Rovirosa de la Ciudad de Macuspana Tabasco, en horario de trabajo y usando los recursos del Ayuntamiento, efectuaron una campaña de reafiliación al Partidop de la Revolución Democrática (PRD), en la cual estuvo presente el Presidente Estatal de ese Partido el C. Roberto Romero del Valle, conducta con la que probablemente se constituyan los delitos previstos y sancionados en las fracciones III del artículo 352 del Código Penal Estatal, que dicen: Artículo 352.-Se impondrá prisión de uno a nueve años, y multa de doscientos a cuatrocientos días, al servidor público que: I.- Obligue a sus subordinados a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato; II.- Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio en favor de un partido político o candidato; y III.- destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político, o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponderle por el delito de peculado, o proporcione ese apoyo a través de sus subordinados utilizando del tiempo correspondiente a sus labores para que estos presten servicio a un partido político o candidato”, hasta ahí la parte medular de la denuncia interpuesta en contra del presidente municipal de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio, el secretario del ayuntamiento, Juan Alvarez Carrillo, el director de la DECURM, y los regidores que integran el cabildo, ya que además de la convocatoria que lanzaron con irregularidades, también utilizaron un inmueble público que pertenece a la presidencia municipal para realizar la reafiliación al PRD cuando bien pudieron utilizar otro inmueble particular, pero en el colmo del desconocimiento de las leyes, en el portal oficial que el ayuntamiento tiene en Facebook http://www.facebook.com/ayuntamiento.demacuspana?fref=ts, aparecen todas las fotografías de la reafiliación perredista lo cual debe ser sancionado de acuerdo a las leyes electorales, toda vez que el desconocimiento de las mismas no exime al edil de responsabilidades, como tampoco la propia dirigencia perredista, que siempre cuestionó al PRI las mismas prácticas, debió permitir que la reafiliación se realizará en un inmueble público.

Por lo pronto Valerio y sus cercanos colaboradores tendrán que declarar ante el Ministerio Público por la indagatoria que se inició en su contra.

MARCHA CONTRA VALERIO.- 2 de Abril 2013

 

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

 

 

Ante la brutal represión y el uso de la fuerza pública para intentar violentar el proceso de elección de delegados municipales, aunados a la violación de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley Electoral del estado y otras disposiciones legales, la sociedad civil de Macuspana ha lanzado una convocatoria a todos los macuspanense para marchar este viernes en contra de las decisiones arbitrarias del presidente municipal, Víctor Manuel González Valerio y del secretario del ayuntamiento, Juan Alvarez Carrillo, quien desde ahora está trabajando para ser el próximo candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía, cuando los resultados en tres meses de gobierno son totalmente pésimos.

Enfrentado a cinco regidores del ayuntamiento, Moisés Moscoso, Walter Solano Morales (Partido Revolucionario Institucional),  Emilia Gómez Esteban (Partido del Trabajo), Virgilio Gerónimo Montero (Partido de la Revolución Democrática) y Luís Alberto Correa (Partido Movimiento Ciudadano), los tres últimos integrantes de la coalición que postuló al mismo Víctor Manuel González Valerio como presidente municipal, hoy el ayuntamiento de Macuspana vive uno de sus peores momentos, pues a pesar de que desde la instalación misma del cabildo municipal estos regidores le dijeron al alcalde que el procedimiento estaba viciado de origen y que había que corregirlo para que tuviera legalidad, no le interesó violentar la Ley Orgánica municipal por lo que BBVA Bancomer le mantiene congelada desde hace como un mes la principal cuenta que maneja el ayuntamiento en donde le han depositado recursos federales y estatales que hasta la presente fecha no puede disponer, porque al mal integrar el acta de cabildo, el banco desconoce la personalidad jurídica del propio alcalde para poder disponer de los recursos públicos que siguen inamovibles, por más que Valerio lo quiera negar.

Pero la gota que derramó el vaso para que la ciudadanía Macuspanense se decidiera a organizarse para marchar el próximo viernes por las principales calles de la cabecera municipal para exigir la renuncia de Víctor Manuel González Valerio, han sido dos cosas, primero, que las principales calles de Macuspana están anegadas en aguas sucias y pestilentes sin que reciba inmediata atención, mientras  que en las comunidades no se ha movido un solo dedo para cumplir mínimamente con sus requerimientos planteados en campaña, ya que el alcalde vocifera que no cuenta con un solo peso, que el gobierno del estado no le ha depositado los recursos económicos para comenzar a trabajar y que por lo tanto el responsable de que el municipio esté en la inanición, en quiebra, en bancarrota  es el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, quien no le ordena al secretario de Finanzas les entregue los recursos públicos para ponerse a trabajar, cuando en realidad ha sido lo contrario, sí ha recibido las partidas presupuestales, y lo segundo, fue la forma soez y arbitraria, como lanzó la convocatoria para elegir delegados municipales,  firmado solamente por el alcalde y su secretario del ayuntamiento,  bajo la total oposición de los cinco regidores que se negaron a firmar el acta de cabildo porque dicha convocatoria violaba diversas disposiciones legales, pero como Valerio ha sostenido públicamente que en Macuspana la ley es él y nadie más, no le interesó la opinión de quienes llama sus detractores, sus enemigos políticos, por lo que ahora prácticamente enfrentará una revuelta de la población tumbapato que en tan solo tres meses de distancia está asqueado de la ola de corrupción que está prohijando en el ayuntamiento el veracruzano, porque mientras aduce no hay ni un solo peso para la obra social, si tuvo dinero para organizar el carnaval donde se gastaron más de doce millones de pesos, como también, sí hubo dinero para comprar dos camiones chatarras en más de 382 mil pesos cada uno, solo para complacer a la señora Leticia Potenciano, la presidenta del DIF municipal, y son chatarras porque tienen más de diez años de uso que ya no pagan tenencia y que supuestamente fueron adquiridos a precio de ganga, cuando si en realidad quisieran hacer bien las cosas, debieron comprar un camión de pasaje nuevecito en vez de porquerías que en el primer viaje se quedaran botados.

El ayuntamiento de Macuspana vive uno sus peores momentos, ya que la convocatoria para elegir delegados municipales al violentar diversas disposiciones legales, no solamente fue objetado por los cinco regidores que se oponen a las atrocidades de Valerio, quien incluso los amenazó de que se atuvieran a las consecuencias porque si tenían familiares que los cuidarán, (todo un gánster el veracruzano), sino que varias personas interesadas en participar al sentir sus derechos violados interpusieron la semana pasada demandas ante la Fiscalía de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del estado, por presuntos delitos electorales en contra del edil Víctor Manuel González Valerio, y de su secretario del ayuntamiento, Juan Álvarez Carrillo, como en contra de un grupo de regidores del cabildo, quienes abusando de su poder, firmaron la convocatoria para la elección de delegados Municipales en forma amañada, ya que uno de los requisitos establecidos es que el candidato a delegado tenía que presentar su solicitud firmado por 50 ciudadanos, quienes además estaban obligados a entregar copia de su credencial de elector para avalar sus firmar, lo cual es una clara violación a la ley electoral, al violar el secreto del voto, pues es indudable que el edil al saber quiénes apoyan a determinado candidato, puede mandar a coaccionarlo o intimidarlo para que cambie su sentido del voto.

La denuncia interpuesta por los ciudadanos macuspanenses en contra del presidente Municipal, y el secretario del Ayuntamiento, al violentar el principio de elegibilidad que marca la Ley Orgánica Municipal y la propia Constitución del Estado de Tabasco, puso furioso a Valerio y su testaferro, Juan Alvarez, por lo que éste último al citar a los candidatos a delegados y jefes de sector  opositores al PRD en pleno viernes santo para que acudieran a firmar el documento del pacto de civilidad para no impugnar las elecciones, rodeó el centro cívico con la policía municipal a manera de intimidación en contra de ellos y hasta amenazó a varios priistas con meterlos a la cárcel, entre estos a Víctor Solís Vadillo, que estaba asesorando a varios aspirantes, por el simple hecho que éste le recriminó la forma intimidatoria de usar a la fuerza pública  y de violentar la ley, además de que estaban firmando un documento sin que el aspirante recibiera una copia de la misma, lo que finalmente originó que sacaran del inmueble a quienes estaban asesorando.

La marcha en contra del presidente municipal de Macuspana, Víctor Manuel Gonzalez Valerio está calando hondo entre la población,  no solamente porque está violentando las leyes y cometiendo actos de corrupción, sino también, porque al formar parte del clan del legislador federal, Juan Manuel Fócil Pérez, ha recibido la orden de que ningún integrante de Morena que quiera participar en el proceso de elección de delegados municipales se le deje inscribir, pues la idea es borrar completamente de Macuspana todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador, pero ese es otro de los graves errores del edil de origen veracruzano que está creído que ganó por su “popularidad” cuando si hay un municipio que ganó el PRD en el pasado proceso electoral de julio de 2012, fue por la enorme fuerza política de AMLO.

En Tabasco, Andrés Manuel López Obrador hizo ganar a los diputados federales, a los alcaldes y diputados locales, como también logró aportarle una gran cantidad de votos al actual gobernador Arturo Núñez, casi todos, por no decir que todos han reconocido públicamente que la fuerza política de AMLO entre los tabasqueños fue vital para que ganaran, salvo Víctor Manuel González Valerio, quien se ha negado a reconocer que ganó en la tierra de Andrés Manuel por la fuerza política de éste, al grado de que ahora combate todo lo que huela a Morena, pero en el pecado llevará la penitencia, por lo que hasta morenistas se sumaran a la marcha.

Si hay algún presidente municipal que está condenado a no terminar su trienio ese es Valerio, quien este viernes recibirá una sopa de su propio chocolate porque los tumbapatos están hartos no solo de su ineptitud, sino de su corrupción, tal como lo denunciaron en rueda de prensa la semana pasada los regidores, Emilia Gómez Esteban (PT),  Virgilio Gerónimo Montero (PRD), Luis Alberto Correa (MC),  Moisés Moscoso y Walter Morales (PRI), al precisar "vinieron con la clara intención de perpetrar un gran saqueo al ayuntamiento”. “Perpetraron otro atraco al presupuesto al presentarnos que avaláramos una inversión arriba de los 350 mil pesos en la rehabilitación del cárcamo de la colonia El Castaño, obra que checamos y no requiere más que unas tres vigas de fierro y una malla donde irá sentada la bomba, lo que haría un soldador, pero violando normas y la ley orgánica de nuevo SAPAM dice que tal obra ya se hizo”, es decir primero hicieron la supuesta obra y posteriormente querían que el pleno del cabildo se los aprobara.

                                              OJITOS

Otro que volvió a las andadas es el actual presidente municipal de Jonuta, el priista José Felipe Torres. Hace varios años fue depuesto del cargo por actos de corrupción, y si no fue a la cárcel es porque se arrodilló pidiendo clemencia,  pero no terminó de aprender las lecciones del pasado; apenas llegó al ayuntamiento compró más de cien cabezas de ganado que tiene pastando en un rancho que limita con los municipios de Balancán y Jonuta. Ver para creer. Pronto los detalles.

 

LOS ERRORES.- 1 Abril 2013

Jaclop62@hotmail.com

Ojovisor.jlc@gmail.com

 

 

En el ejercicio de la función pública se pueden cometer errores que deben de subsanados en lo inmediato,  evitando que en lo sucesivo se pueda repetir las mismas acciones,  pero cuando observamos  que escorias del pasado que estuvieron en puestos claves de la administración granierista, están siendo acomodados en la administración Núñista, no nos queda más que preguntar ¿Quién o quiénes?  traicionan  la confianza del gobernador, ¿no hay un filtro que evite la entrada de granieristas al gabinete?, pues si de lo que se trata es de limpiar la casa, evitando deslealtades y traiciones, pues irremediablemente se camina por el mismo rumbo.

El pasado martes 26 de marzo se instaló el Consejo de Administración del Instituto de Vivienda de Tabasco, evento presidido por el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, en donde además de darse a conocer los nombres de los funcionarios estatales que integran dicho consejo, también se dieron a conocer los nombres de los nuevos funcionarios que ocupan las principales direcciones de ese instituto, uno de los más importantes del organigrama de desarrollo social de la administración nuñista. El titular del Invitab, Juan Filigrana Castro, fue el encargado de presentar  a los directores de Asuntos Jurídicos, Silvia del Pilar Abreu, con maestría en ciencias penales; el Administrativo, Salvador Barrón Belmonte, quien es licenciado en economía; de Desarrollo Social, José García Rodríguez, quien es licenciado en Contaduría Pública; el de Reservas Territoriales, Carlos Mario Villanueva Celorio, de profesión arquitecto, y la ratificación del secretario técnico, Julio César Muñoz Giorgana

Pues bien, llama poderosamente la atención la inclusión que ya se hizo en Invitab, del arquitecto Carlos Mario Villanueva Celorio, como director de Reservas Territoriales, dado que es un granierista consumado, pues desde el ayuntamiento de Centro vino colaborando estrechamente con el ex-gobernador Granier, pues cuando éste fue presidente municipal, Villanueva se desempeñó como coordinador de Servicios Municipales.

Carlos Mario Villanueva Celorio, es uno de los señalados como cómplice del saqueo a las arcas públicas, ya que desde su cargo de director de Catastro del gobierno estatal, puesto que le fue conferido directamente por el ex-gobernador Andrés Granier Melo, fue el encargado de ocultar toda la información sobre las propiedades que compraron los funcionarios granieristas durante el sexenio pasado, pues hizo el uno-dos con su tío, Alberto Vega, actual presidente municipal de Tenosique, otro de los implicados en la ruta del saqueo, quien desde la subsecretaría de Administración de la secretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas  fue el responsable de las adquisiciones del gobierno estatal, favoreciendo a las empresas de Amilcar Salas, manipulando licitaciones,  inflando costos y procesando nóminas fantasmas para justificar el famoso Bono de Fatiga.

En vez de ser mandado a la banca como uno de los recalcitrantes granieristas, que conoce del teje y maneje de los recursos públicos, ahora resulta que al arquitecto Carlos Mario Villanueva Celorio, responsable del catastro estatal, por donde pasaron cientos de escrituras de los principales ex-funcionarios granieristas, quien evidentemente escondió toda esa información que es vital para detectar como se fugaron parte de los recursos públicos, es premiado con otro cargo público en vez de ser castigado, en vez de ser investigado como responsable de la principal área donde se registran todas las propiedades de quienes adquieren bienes inmuebles en la entidad, y donde ex-funcionarios como José Sainz, Amilcar Salas, Héctor Manuel López Peralta, por solo citar algunos, registraron propiedades que registraron en el pasado y como se fueron deshaciendo de ellas, y toda esa información sigue oculta gracias a la habilidad de Villanueva Celorio que ahora ya se coló a otro cargo público, ¿qué hizo para merecerlo?. 

Desde luego que no es el primer granierista que es incluido en un cargo de nivel dentro de la administración nuñista, ahí hay varios que han sido señalados con índice de fuego, incluso de haber trabajado en contra del gobernador Núñez¿ quién lo recomendó, o cual es el área encargado de filtrar las fichas técnicas, curriculum y fichas personales de los prospectos a ocupar cargos públicos?, ¿no vieron, no se dieron cuenta que Carlos Mario Villanueva Celorio fue responsable de un área neurálgica, vital, para que el actual gobierno verificara las compras de propiedades de los principales funcionarios granieristas?, ¿Juan Filigrana Castro es el responsable de este nombramiento?, quien quiera que hay sido le metieron otro gol al equipo nuñista,. ¿cuántas cosas ocultó Villanueva desde la dirección estatal del catastro?, sin duda que posee mucha información de la administración granierista que puede ser vital para que los verdaderos responsables del saqueo vayan a la cárcel, pero todo indica que hay funcionarios interesados en que el gobernador quede mal con el pueblo de Tabasco.

Cuando escuchamos algunos discursos políticos como este: “No venimos a una especie de juego de máscaras para simular que todo va a cambiar para seguir igual, sino hemos decidido dar la cara para enfrentar todos los riesgos y conflictos que implica desarmar un complejo régimen de privilegios e impunidades que nunca se había visto”. “nos toca a todos ser valientes y dignos ante el infortunio, implacables ante la deslealtad e invencibles ante el vicio y la corrupción, para que podamos transmitir una nueva herencia de virtud y bienestar a nuestros hijos, y sobre todo, responder a la exigencia de justicia del pueblo tabasqueño”, (discurso pronunciado el 21 de marzo ante la estatua de Juárez, creemos que efectivamente todo va a cambiar, creemos que es una realidad lo que ahí se expresa, pero cuando observamos la inclusión de personajes del pasado (del gobierno granierista) como el arquitecto Carlos Mario Villanueva Celorio, o el de Alejandro Barragan Lanz que ahora es director administrativo de una importante secretaria, quien fue el brazo derecho y operativo de ex-secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sainz Pineda y por lo tanto también está implicado en el brutal saqueo a las arcas públicas, creemos que ese tipo de discurso pertenece al pasado, es un vil discurso priista, que no va acorde a los hechos, de entre decir y hacer las cosas realmente como son, porque el pueblo no es tonto, al mismo tiempo que clama justicia, exige un cambio de fondo que se tiene que dar, porque si no es así, se verá reflejado en las urnas en el 2015.

                                        OJITOS

El “ Cambio Verdadero” aún no se ha asomado por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP);  su titular Felicitas del Carmen Suárez Castro sigue firme y según ella, seguirá gozando de las mieles del poder, pues presume que es inamovible ya que parte de su parentela son muy poderosos económica, política y socialmente y afirma que hay funcionarios de la actual  administración que le deben favores y que por lo tanto,  seguirá inamovible al frente del ITAIP, institución que durante el gobierno  granierista fue severamente cuestionada por ocultar información que solicitaron diversas personasd

Pero la licenciada Felicitas no se atiene solamente a lo legal, a sus “influencias”  que lo puedan sostener en el cargo, también utiliza lo paranormal, y al estilo de la ahora presidiaria la maestra Elba Esther Gordillo que en el gobierno Zedillista tuvo que viajar al Africa para que la ayudaran en sus limpias o conjuros esotéricos para que lograra el cariño presidencial de Ernesto Zedillo, aunque ahora con Peña Nieto le falló, es común verla por Catemaco, Veracruz,  donde le hacen sus limpias y le pronostican su futuro, porque además está en juego la tranquilidad de su hijo Alfonso para que le hagan lo que al  viento a Juárez  por aquello del fraude en la compra del edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT), confiándoles a sus allegados que también ahí influirá su ex esposo el Notario Público, Alfonso Castillo Bocanegra quien es amigo personal del mandatario estatal.

De acuerdo a sus malquerientes la licenciada chita de tanta  transparencia que maneja en el Instituto de Transparencia durante el sexenio granierista  se construyó una casa bastante cómoda en el Fraccionamiento “José María Pino Suárez”, y se compró otras propiedades  usando como prestanombres a los hijos de una de sus grandes comadres para que no sea acusada de enriquecimiento ilícito, pues su fortuna la vino construyendo desde que era  Magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y prosiguió en el ITAIP.

Ahora ha salido a relucir que en el 2011, Felicitas Suárez, todavía como magistrada del TSJ, según consta en el expediente 635/2011, le brindó todo el apoyo de la “justicia” –aún por encima de la Ley– a su proyectista Sandra Luz Magaña Jiménez con la finalidad de despojar de su casa a su exsuegra, una persona de la tercera edad que vive en la calle 5, número 105 de la Colonia La Manga I, pues a base de engaños le hizo firmar un documento donde le cedía los derechos de su propiedad a sus nietos con la fe de la Notaria Adscrita, Ligia Trinidad Castillo Suárez, su legítima hija, esto por supuesto sin el conocimiento de su ex esposo (de Sandra) un taxista de quien nos reservamos el nombre, que tiene bajo su custodia a sus dos menores hijos y que entabló una demanda de pensión alimenticia a Sandra Luz Magaña ya que ésta los abandonó a su suerte, pero bajo el amparo de su protectora, Felicitas Suárez  y utilizando sus influencias dieron carpetazo al expediente 1526/2011 por pensión alimenticia en contra de la proyectista.