DEFINE HOY LA CORTE SOBRE LEY ISSET

 

Durante ocho años, las Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el treinta tres por ciento de los diputados de la sexagésima segunda legislatura de Tabasco, demandando invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social de la entidad publicado el 31 de diciembre del año 2015, permaneció en la congeladora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ninguno de los ministros le hacía caso, hasta que un grupo de sindicatos tocó la puerta de esa instancia para buscar una solución.

Hoy lunes, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien se interesó en el caso y a petición de diversos sindicatos mayoritarios como el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, que a inicios de este año tocaron las puertas de la Suprema Corte, es que pondrá a consideración del pleno el dictamen sobre la revocación de diversos artículos de la ley que fueron considerados como un exceso su aprobación porque daña a los propios trabajadores al servicio del estado, por el incremento al pago de las cuotas y por el aumento a los años de servicio en el trabajo para lograr la jubilación tanto de hombres la que de ser aprobada podría trastocar las finanzas del propio gobierno, dado que se tendría que hacer devolución de los cobros por dichas cuotas que durante ocho años, a raíz de la modificación de la ley se viene realizando.

Ante la inminente quiebra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que venia operando con números rojos, en el año 2015, el entonces gobernador Arturo Núñez promovió y envió al Congreso de Tabasco una iniciativa de Ley para modificarla la ley con la que venía operando con el objetivo de obtener una mejor recaudación de las cuotas que aportan los trabajadores al servicio del estado, con el compromiso de que mejoraría el servicio de salud que presta la institución, como habría mejores prestaciones, como el derecho a la vivienda y a los prestamos a corto plaza que esa dependencia debería otorgar a la clase trabajadora y que se encontraba paralizada por la falta de liquidez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de ese entonces, el ahora neomorenista, antes panistas y después perredista, José Antonio de la Vega Asmitia, cabildeó con los legisladores para lograr su aprobación, pero la resistencia de las fracciones parlamentarias minoritarias no se hicieron esperar, con el argumento que la aprobación de esas disposiciones, eran un atentado entre la clase trabajadora, ya que no solamente incrementaba el porcentaje de las cuotas que deberían aportar al ISSET, sino que también se atentaba en contra de su jubilación, mientras que el gobierno para lograr la aprobación ciudadana, hacía el compromiso de que en esa institución todo iba a mejorar, desde los servicios médicos de por sí deficientes, hasta los prestamos a corto plazo que le serviría a los propios trabajadores.

Pese a la protesta que realizaron diversos sindicatos en contra de la aprobación de dicha ley que la consideraba nocivas para sus afiliados, la fracción mayoritaria perredista encabezado por de la Vega obtuvo los votos necesarios para su aprobación, mientras que los opositores encabezados por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo coordinador parlamentario era el ex-gobernador Manuel Andrade, quien por tercera vez estaba como legislador local, votaron en contra al considerar que la nueva ley atentaba en contra de los derechos de los trabajadores.

La ley se aprobó, vino el incremento del pago de las cuotas de los trabajadores al ISSET por parte del gobierno que de un ocho por ciento paso a 16 por ciento, se aplicaron otras disposiciones como el tiempo de jubilación que para las mujeres paso de 25 a 30 años de servicio y de los hombres de 30 pasó 35 o más años de servicio como igual tiempo de cotización ante el instituto, y una edad equivalente al 85 por ciento del indicador de esperanza de vida que para el Estado que publique el Consejo Nacional de Población, siguieron las protestas, del tal manera que los diputados opositores del PRI con el apoyo de otras fracciones lograron el treinta tres por ciento que marca la ley para interponer una Acción de Inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, al tiempo de que otras instituciones demandaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusiera una Acción de Inconstitucionalidad, por lo que en total fueron dos acciones que se presentaron ante la Corte, que por alguna razón desconocida o en realidad si se sabe quien tiene las tablas políticas necesarias para hacer una petición a algunos de los ministros, se congeló durante ocho años esta Acción de Inconstitucionalidad.

Decenas de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, se ampararon ante la puesta en marcha de la nueva ley del ISSET, por lo que mas de cinco mil lograron que los juzgados de distrito los ampararan temporalmente en contra del aumento de sus cuotas que aportan a esa institución, por lo que se quedaron con el ocho por ciento y no con el 16 por ciento, y se cobijaron bajo la vieja ley, pero en cambio la mayoría de los de los trabajadores decidieron aceptar la nueva ley, por lo que actualmente se les descuenta el 16 por ciento de sus salarios como aportación al Instituto de Seguridad Social.

Durante los tres últimos años del gobierno Nuñista se aplicó la nueva ley a la mayoría de los trabajadores pues cerca de cinco mil estaban amparados por los jueces de distrito, vino el nuevo gobierno y n o había forma de que se destrabara el asunto en la Suprema Corte, por la que diversas organizaciones sindicales del Cobatab, Salus e ISSET, exigieron al gobierno que encabezó Adán Augusto López y posteriormente Carlos Manuel Merino, a que tomaran una decisión respecto a la ley ISSET que estaba ante la indefinición por las Acciones de Inconstitucionalidad, pero la respuesta fue la misma, es el Congreso del Estado, el que puede promocionar ante la Corte que se pronuncie al respecto o puede volver a modificar la ley para que quede sin efecto las Acciones de Inconstitucionalidad, pero ni en uno o en otro sentido se pronunciaron, por lo que todo ese sexenio en la Corte nada se movió.       

A inicios de este año, y luego de que tomaran el control del Sicobatab, el dirigente Melecio Cornelio y su secretario de Organización, Fernando Morales convocaron a un grupo de sindicatos mayoritarios de otras dependencias para realizar una reunión y ahí definir el rumbo que debían seguir, por lo que tomaron el acuerdo de buscar una reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con alguno de los ministros que quisieran escucharlo, con la finalidad de plantearse la urgencia de que esa instancia se pronuncie sobre la citada ley, porque ya había pasado demasiado tiempo sin resolverse, por lo que esa indefinición de la Corte tenía entrampado a la clase trabajadora de Tabasco, como al mismo gobierno estatal.

Fue el ministro Luis María Aguilar Morales, quien los recibió, al que en términos jurídicos le plantearon la inquietud, porque había pasado ocho años sin que el Poder Judicial de la Federación se pronunciara al respecto, ya que además mas de de cinco mil trabajadores estaban amparados en espera de la definición para saber si se echa bajo la nueva ley o se confirma, por lo que el ministro se comprometió a que con su personal se metería de lleno a estudiar del asunto, que dado el volumen que se había acumulado, llevaría meses analizarlo paso a paso.

A los líderes sindicales de Tabasco el ministro les pidió paciencia y prudencia, que se mantuviera en silencio, que no divulgaran absolutamente nada para no causar olas o causar otros tipos de inconformidades, y que en cosa de seis o siete meses, dependiendo de lo que fueran analizando, él ya podría presentar su ponencia al pleno de la Corte para ratificar o echar abajo la ley del ISSET que desde la óptica de los líderes sindicales había hecho mas daños que beneficios, porque lo que se prometió no se cumplió, que mejoraría el servicio médico del ISSET, que no faltaría medicamentos en las farmacias para que todos los pacientes surtieran sus recetas, que habría créditos de vivienda y créditos hipotecarios para ayudar a la clase trabajadora, nada de eso pasó, pero si le incrementaron el porcentaje de las cuotas a los trabajadores que pasó del ocho al 16 por ciento.

Hay trabajadores que no se pueden jubilar, porque están amparados en contra de la nueva ley, y la dependencia no los quiere jubilar con la vieja ley sino con la que está vigente, de tal manera que este ha sido uno de los grandes problemas dentro de esa institución, que a decir de algunos directores generales que lo operaron, como Fernando Mayans Canabal esta a punto de la quiebra, porque no le alcanzan sus propios recursos económicos para los gastos internos, además que hay dependencias gubernamentales que le deben millones de pesos a esa institución y no hay forma que paguen.

Lo cierto de todo esto, es que ni aun con la nueva ley, el ISSET se ha recuperado económicamente para operar con números negros, siguen los mismos vicios, siguen los mismos problemas, sobre todo porque hay una indefinición en torno a que si se derogará o quedará en firme la actual ley, y eso ha generado incertidumbre. 

Pero como no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no tenga vencimiento, será hoy lunes 14 de octubre, cuando el ministro presente Luis María Aguilar cumpla con su palabra y presente al pleno de la Suprema Corte las Acciones de Inconstitucionalidad 8/2026 presentado por los diputados locales de Tabasco de la quincuagésima segunda legislatura, y su acumulado 9/2016, presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco para que se derogue diversos artículos que contravienen los derechos de los trabajadores al servicio del gobierno de la entidad.

Después de ocho años de mantenerse en el limbo esas Acciones de Inconstitucionalidad, por fin será hoy cuando se conozca en que sentido vendrá el pronunciamiento del magistrado ponente y si recibe la mayoría de votos del pleno para solucionar el problema de la Ley del ISSET que se vive en Tabasco y que diversas organizaciones sindicales consideraron que era dañina para la clase trabajadora porque atentaba en contra de sus derechos, que era contraria a los derechos adquiridos por los trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco por lo que debía derogarse, la Corte debía darle la razón jurídica a los demandantes y eso es lo que se sabrá hoy.

Si el pleno de la Corte ante la ponencia presentada por el magistrado Luis María Aguilar, que todo indica va en el sentido de anular diversos artículos de la nueva ley que daña los derechos de los trabajadores, aprueba la anulación, las cosas volverían al estado normal en que estaban antes de la citada ley, es decir, a los trabajadores solamente se les descontará el 8 por ciento de sus salarios como cuota de aportación al Instituto de Seguridad, y no el 16 por ciento como ahora se aprueba, pero vendría otro problema para el gobierno estatal, que sería devolverle el ocho por ciento restante de las cuotas a la mayoría de los trabajadores que le fue descontado durante ocho años, lo cual será una enorme para el propio gobierno y la Institución de Seguridad que durante los últimos veinte años se debate en números rojos, cuando fue un organismo que tenia una buena solvencia económica, una bolsa que se había ahorrado para hacer frente a las contingencias económicas que servía para otorgar créditos hipotecarios y créditos de vivienda. Será histórica la decisión de la Corte respecto a la Ley ISSET.