Pese a que la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados federal tiene puesto todo el escenario para realizar las reformas constitucionales para desaparecer al actual Poder Judicial de la Federación, para constituir uno nuevo bajo el proceso de votación ciudadana, por lo que debería mantener la tranquilidad, la serenidad, y la cordura política que se necesita, apenas se conoció que dos jueces habían otorgado un amparo para tratar de detener en el Congreso de la Unión la discusión sobre dichas reformas, un grupo de legisladores mostraron una actitud arcaica, intransigente y hasta agresiva en contra de los juzgadores, al grado que interpusieron una denuncia de juicio político, una demanda penal, y una queja ante el Consejo de la judicatura porque supuestamente se extralimitaron en sus funciones.
Si el gobierno federal en su conjunto, creía que políticamente no encontrarían resistencias, obstáculos u objeciones para realizar la tan ansiada reforma constitucional que busca “Transformar” al Poder Judicial de la Federación, para que los jueces, magistrados y ministros, sean electos por votación popular, resulta que todo este procedimiento, ya se ha vuelto tortuoso, con marcada agitación política, pues los mismos trabajadores del Poder Judicial han puesto resistencia al ponerse en paro indefinido, están en contra de dicha reforma argumentando que con ello se viola sus derechos laborales y se acaba con el sistema judicial de carrera bajo el cual han ido subiendo de cargos.
Diversas organizaciones a nivel internacional se han manifestado en contra de esa reforma, incluso, los embajadores de Canadá y Estados Unidos han expresado sus posturas respecto a esa acción que está tomando el gobierno de México, porque puede vulnerar los derechos humanos, se violarían diversos tratados internacionales y se pondría en riesgo las empresas con capital extranjero que operan en el país, pero nada de esto ha hecho que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido el impulsor de dicha iniciativa, se desista, sino que por el contrario, al tener la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, y solamente le falta un legislador en el Senado de la República para tener la mayoría calificada, ha dejado en claro que va para adelante, que la reforma tiene que realizarse porque en vez de que sea el presidente de la República en turno el que nombre a los ministros de la Corte, él prefiere que sea el pueblo noble y bueno que en votación decida, quienes serán los jueces, magistrados y ministros de la Corte, por lo que el Congreso de la Unión tiene que aprobar en este mes las reformas constitucionales para desaparecer al Poder Judicial, como la anulación de los organismos autónomos como el ITAI, encargado de verificar la transparencia en la utilización de los recursos públicos por parte de los tres poderes del país.
A través del Instituto de Transparencia se conoció de la Casa Blanca que adquirió Angelica Rivera quien era esposa del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y que luego del escándalo nacional que se suscitó al darse a conocer esta adquisición, la llamada entonces primera dama del país lo tuvo que devolver al empresario que bajo ciertas reglas se lo había vendido.
Por medio del Instituto de Transparencia también se conoció de la Casa Gris que en Estados Unidos habitaba José Ramón López Beltrán y su familia, primogénito del presidente de la República, por lo que al convertirse en un escándalo público, pues el propietario del inmueble que le había prestado la casita a José Ramón, trabaja para una empresa que había obtenido contratos millonarios de Petróleos Mexicanos, por lo que se consideró un conflicto de intereses. La investigación que comenzó a realizar en torno a este asunto el gobierno de Estados Unidos, mas el intentar descalificar esta versión, de que no era cierto, obligaron a José Ramón a regresarse a México junto con su familia.
Como se puede observar el ITAI, está cumpliendo con sus funciones de transparencia, ya que también descubrió el hurto de 15 mil millones de pesos de Segalmex que se dio en este gobierno, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diga que por aquello de la austeridad, es muy oneroso, es muy desproporcionado otorgarle el subsidio público a este organismo autónomo y que la Secretaría de la función pública puede realizar esa función y ahorrarse recursos público, aunque con esta medida presidencial se estaría volviendo al pasado de los años setenta cuando el gobierno ocultaba como se gastaba el presupuesto público que fue a parar al bolsillo de funcionarios públicos de aquellos años.
Pero volviendo al tema central, resulta arbitrario, grotesco, fuera de toda proporción, el que un grupo de legisladores de Morena se le haya salido del huacal, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Avila, y hayan presentado un juicio político en contra de dos jueces, la juez Quinto de Distrito de Morelos, Martha Eugenia Magaña López y Juez Tercero de Distrito de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, porque concedieron dos suspensiones provisionales a trabajadores del Poder Judicial que solicitaron un amparo para que el Congreso de la Unión en su conjunto suspendiera, y dejara en el estado de guarda, todo lo relacionado a la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Sin duda, esa facción de legisladores que llevan prisa por reformar la Constitución General de la República de Fast Track, sin escuchar a nadie, porque quieren darle su regalo de despedida al presidente de la República, no conoce cual es el procedimiento que se sigue cuando un juez federal le otorga un amparo a cualquier persona, lo hace en forma provisional, siguiendo los mecanismos de la propia Ley de Amparo, por lo que tiene que allegarse de todos los recursos, de todos los elementos, para posteriormente decidir si queda en firme o se revoca esa suspensión provisional, pero además, todos los trabajadores del Poder Judicial tienen en derecho de defenderse, cuando menos, tienen derecho al pataleo, porque tienen el derecho de defenderse del gobierno de Morena que va porque va a realizar la reforma a la Constitución, por lo que este grupo de legisladores solamente muestran el lado faccioso de su partido, el lado intransigente que busca avasallar, que busca aplastar al contrario, cuando en política debe prevalecer el convencimiento porque puede que las reformas constitucionales sean legales, pero carece de legitimidad de cuando menos de la mitad de la población de nuestro país.
El mismo coordinador de los legisladores morenistas, Ricardo Monreal encendió la flama de la intransigencia y la radicalización a ultranza, al sostener el pasado domingo que a los dos jueces se les podría iniciar un juicio político por la presunta irregularidad en que cayeron, por lo que el grupo que comanda Sergio García Luna, optaron por hacerla efectiva, por presentarla, y seguramente ante un jalón de orejas, el propio Monreal se retractó, que siempre no, que se pondrá en pausa un posible juicio si es que los legisladores que comanda García lo presentaron, por lo que recomendaba a los diputados morenistas, mantener la calma y la tranquilidad porque la reforma constitucional se tiene que realizar, y todos deben estar en la misma sintonía. Ya han sido varias las ocasiones en que Monreal realiza un pronunciamiento y posteriormente se tiene que desdecir, que siempre no es cierto lo que dijo, con lo cual se ha ido desacreditando como político, porque ha derrapado en sus declaraciones.
En el fondo los legisladores de Morena, al actuar en forma intransigente con la demanda de juicio político, estaban enviando una señal de miedo hacia los jueces, y los trabajadores del Poder Judicial de que no intenten nada, porque serán hasta demandados penalmente, cuando todos los trabajadores del Poder Judicial, tiene el derecho de defenderse, tienen el derecho de expresarse y manifestarse en contra de lo que consideran un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo, de querer desaparecer a ese poder que durante este sexenio ha sido un contrapeso al propio presidente de la República.
De acuerdo a las versiones de algunos magistrados, los legisladores de Morena solamente buscan intimidar, infundir miedo con sus demandas de juicio político contra los jueces, lo cual no prosperará en caso que pretendieran aprobarla, porque en 2004 la Corte emitió un criterio para proteger a los jueces sobre la interferencia política, precisamente para evitar que sean demandados o enjuiciados por las resoluciones que emitan, por lo que nadie debe ofenderse o sentirse agraviados, porque la suspensión de un acto reclamado no es algo que los jueces otorguen en forma improvisada, hay todo un procedimiento y hay cientos de personas que se les ha otorgado un amparo.
La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de la Unión no debe portarse en forma radical e intransigente con los contrarios, porque en política no debe haber avasallamiento sino convencimiento, sobre todo porque cuentan con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y solamente les falta un Senador para que sean mayoría calificada en el Senado de la República, y sus mismos coordinadores han dicho que eso es pan molido, que ya tienen en la bolsa al Judas Iscariote de la oposición que se pasará a la fracción de los Senadores de Morena para así planchar la reforma constitucional, tal como lo hicieron con los Senadores del PRD, de Tabasco y Michoacán, Sabino Herrera y Araceli Saujcedo, quienes negociaron su traspaso a la franquicia vino tinto, para convertirse en traidores de sus electores en sus respectivos estados.
Si la reforma constitucional va, si tienen a la mayoría en el Congreso de la Unión, ¿porque mostrar tanto radicalismo o intransigencia a ultranza?, será que algo les preocupa?, en todo caso están mostrando el cobre de la rudeza innecesaria hacia sus contrarios. Mas sin embargo los trabajadores de la Corte, siguen dando la pelea.
OJITOS
Y hablando de radicalismo. Como sucio, ladino y corriente se vio la actuación del alcalde de Jonuta, Eric Garrido Argáez, sí el mismo, sobre el que pesa una serie de observaciones a su cuenta pública 2023 realizado por el Organo Superior de Fiscalización de Tabasco, al utilizar su red social X para contestarle con mentadas de madres al comunicador Pedro Ferriz quien había hecho referencia a la silla vacía que siempre había en los mítines o en los informes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Quizás estaba ebrio, porque continuamente se alcoholiza, o quizás estaba desesperado porque la borrachera del poder, porque la borrachera de ser alcalde de Jonuta se le termina en 27 días y nadie pero nadie lo ha llamado para saber que posición se merece en el gobierno estatal, porque él asegura que gracias a su intervención Morena no perdió la alcaldía de Jonuta, que por sí sola la maestra Marisol no hubiese ganado esa alcaldía y que como premio a su trabajo de merece un cargo en la administración estatal y si es el Tribunal de Justicia Administrativa bienvenido sea, y si es el tribunal laboral mucho que mejor.
Por eso ebrio o temeroso de quedarse sin nada, optó por lanzarse al ruedo e injuriar a un comunicador que ni siquiera conoce, porque su visión pueblerina no le dio para mas.
Eric Garrido cree que lanzándose al fango de la zalamería, arrastrándose como reptil abyecto como una víbora, en una supuesta defensa del presidente de la República, logrará tocar las fibras mas sensibles de quien está palomeando los cargos públicos en Tabasco para que sea tomado en cuenta para una nueva encomienda, pero sus deplorables resultados, el haber incluso despedazado a su familia porque se enloqueció de poder con una presidencia municipal, es una muestra de que tiene en el cerebro lo que le sobra en abundancia al camarón. Por eso los internautas en la red social X lo injuriaron y de lame hue…sos no lo bajaron. Vaya abyección carroñera de quien le hizo mucho daño al municipio de Jonuta pues se enloqueció de poder y pronto bajará de las nubes en que andaba.
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