CUENTA REGRESIVA PARA FGJ

 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco ha sido apercibida nuevamente por el Juez Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación para que por conducto del Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato de Balancan, Pedro Hernández Méndez, entregue a su propietario Julio César Lezama Zubieta en un plazo de 15, en el rancho San Gerónimo de Jonuta, las 208 reses que de manera ilegal y arbitraria le fue asegurado por la propia dependencia en el mes de abril de 2021, dejando en claro que si no cumplen con esas disposiciones legales se harán acreedores a las sanciones que marca la Ley de Amparo.

Desde que el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato de la zona de los ríos asentada en Balancán, Pedro Hernández Méndez, junto con los ministeriales les decomisaron en forma ilegal y arbitraria 208 semovientes hace dos años, la familia Lezama Zubieta comenzó una constante e incansable lucha para que les sean devueltas, desde la misma probanza de la legítima propiedad de las reses enretadas a  favor de Julio César Lezama, la obstrucción en la impartición de justicia por parte de la propia Fiscalía, el recurrir ante la instancia federal-Poder Judicial-para que se les haga justicia por la injusticia que están viviendo, las chicanadas jurídicas establecidas por la propia fiscalía para no entregar nada, la demanda penal por abigeato interpuesta en contra de Manuel Ordorica Alamina, quien falsamente se quiso ostentar como dueño de los animales, así como el tráfico de influencias de esta persona pues tiene familiares en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero a pesar de todos los obstáculos  poco a poco han ido avanzando para recuperar el ganado vacuno que con la misma complicidad de la dependencia encargada de impartir justicia les fue decomisada.

El pasado 23 de mayo, el Juez Primero de Distrito, volvió a fallar a favor de los quejosos, por lo que instruyó a la Fiscalía General de Justicia de Tabasco y al Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, que de manera inmediata inicie el aretamiento de los semovientes que se tienen en resguardo para que soliciten ante la autoridad correspondiente los permisos para el traslado, incluso, si para ello,  hay solicitar la colaboración del Fiscal del Ministerio Público de Palizada, Campeche, había que hacerlo, para que en el término estipulado  se avoque a entregar en el rancho San Gerónimo de Jonuta los 208 semovientes vacunos, que se había sustraído del mismo lugar el pasado 3 de abril de 2021, a su legítimo propietario, Julio César Lezama Zubieta.

Ya no hay para donde hacerse la Fiscalía General de Justicia, está obligado a cumplir con la Resolución del juez, sin recurrir de nueva cuenta a chicanadas jurídicas, como lo hizo la vez anterior, cuando en un comunicado oficial  argumentó que el Juez de Distrito no se había pronunciado con respecto a quien era el propietario de los bienes asegurados, porque esta vez clara y llanamente el juez establece que las reses deben de ser entregados directamente a su dueño Julio César Lezama en el rancho San Gerónimo, que fue el lugar donde lo sustrajeron, y para que no haya trabas, porque los animales se encuentran en el rancho La Soledad de Palizada, Campeche, tiene un plazo de quince días naturales para que en caso de no contar con la relación correspondiente de los bovinos deben realizarlo a la brevedad, como también realizar el aretamiento a nombre del quejoso como todos los trámites fitosanitarios y los permisos que se requieren para el traslado,  que si se tiene que pedir la colaboración del Ministerio Público de ese municipio campechano, en base a la colaboración que se tiene, que se haga,  para cumplir en el plazo establecido de llevarlos al rancho San Gerónimo, y que en caso de incumplimiento la propia Fiscalía General del Estado de Tabasco de la que depende la Fiscalía del Ministerio Público Especializado en el Abigeato, se hará acreedora a las sanciones que marca la Ley de Amparo.

El Juez Primero de Distrito precisó: “por lo anterior, se le concede un término prudente de quince días contados a partir de que quede notificado del presente proveído, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, además se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización; con independencia de que podrá incurrir en el delito previsto en el artículo 267, de la Ley de Amparo”.

Es decir la autoridad federal está apercibiendo al Fiscal General y al Fiscal del Ministerio Público que les puede iniciar un procedimiento penal por violar la Ley de Amparo, porque el articulo señalado de la ley establece que, incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir dolosamente,  tanto el infractor como su superior jerárquicos pueden ser sujetos de iniciarles un proceso penal con penas que va desde los cinco hasta los diez años de cárcel por no cumplir con ese mandato federal, por lo  que expresamente el Juez Primero de Distrito le está advirtiendo tanto al Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, Pedro Hernández Méndez, quien fue el que realizó el decomiso ilegal de las reses, como a su superior jerárquico en este caso el Fiscal General del Estado, Nicolás Bautista Ovando que pueden ser sancionados penalmente si violan la Ley de Amparo, si no cumplen con las disposiciones legales que se le ha ordenado, por lo que la pelota está en la cancha de la fiscalía, que está obligado a resolver este conflicto en el que está metido, donde seguramente el influyentismo propició actuara en forma errática el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, y lejos de reconocer que cometieron un grave error, han recurrido a las chicanadas jurídicas para no devolver el ganado, lo que demuestra que la fiscalía está actuando de mala fe, dejando en entredicho la impartición de justicia.

La cuenta regresiva para la Fiscalía General de Justicia ha iniciado, desde el día que se dictó la nueva resolución, hasta el día que fueron notificados es probable que de los quince días que les dio el juez para poner en orden la lista de bovinos con sus respectivos registros para que su propietario constate personal que le están entregando los mismos animales, y que no le están dando gato por liebre, han transcurrido cinco días, por lo que les queda diez días para dar cumplimiento al mandato judicial o desobedecerlo con una nueva chicanada jurídica, por lo que ya se verá si la dependencia responsable de aplicar la justicia, en realidad actuará de buena fe y se enmendará asimismo el terrible error que se cometió con el decomiso ilegal de las reses que supuestamente se las habían robado a Manuel Ordorica Alamina, pero que resultó falso, o sigue con las prácticas dilatorias y de mala fe para no entregarle a su legítimo dueño. Todavía quedan varios días para conocer la realidad.  

La Fiscalía General de Justicia está metido en un brete, porque hasta donde se sabe, porque el mismo dueño de los animales Julio César Lezama lo ha denunciado, una vez que Manuel Alamina, quien fue nombrado depositario por el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, tuvo en su poder las redes, las comenzó a vender, y de las vacas que iban preñadas, la mayoría  del producto fue errado a su nombre, como si fuera de su propiedad, y que esta ilegal acción fue permitido por la propia Fiscalía General de Justicia a la que se le notificó sin que hiciera nada , por lo que entonces hay que observar que de las 208 reses decomisadas por el fiscal del Ministerio Público y ordenado por el Juez de Distrito que se entreguen a su legítimo propietario, en el mismo rancho de donde se lo llevaron,  ¿cuántas entregaran?, y si existe perdidas, por muerte, porque se perdió o se vendió,  ¿qué hará la Fiscalía General para resarcir la perdida de animales?, ¿los pagará u obligara a Manuel Alamina a que pague cada animal?, y ¿cómo justificaría legalmente la Fiscalía ante una auditoria el pago de los semovientes en caso de querer pagarlo?, se metieron en un problema del cual no saben como salir, porque no quieren reconocer que como autoridad cometieron una grave equivocación hay dilación en el proceso, que incluso, en caso de que la Fiscalía General de Justicia y el fiscal del Ministerio Público, sigan de renuentes a que querer devolver las reses, este asunto podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los ministros fijen su posicionamiento respecto a la violación a la Ley de Amparo, y por primera vez, estaríamos viendo caer a un Fiscal General en el estado de Tabasco.

También el Juez de Distrito dejó abierto el camino para que una vez que el quejoso reciba la totalidad de las reses en el rancho San Gerónimo por parte de la Fiscalía General de Justicia, se prosiga con el procedimiento para reclamar las crías que se lograron durante estos dos años: “Finalmente, se exhorta a la parte quejosa para que una vez que sea realizado lo anterior-tramitar los permisos-por la autoridad responsable acuda a la entrega recepción de los 208 semovientes bovinos asegurados, con la finalidad de que el cumplimiento de la sentencia continúe su curso.

Lo anterior, sin perjuicio de que en su momento se ordene la apertura del incidente innominado con la finalidad de determinar el número de semovientes faltantes, así como determinar las crías o frutos que fueron obtenidos a partir de que fueron puestos en depósito del tercero interesado Manuel Ordorica Alamina”.

Ahora hay que esperar que se cumplan los quince días naturales dado por el Juez a la Fiscalía General de Justicia de Tabasco para que el Fiscal del Ministerio Público Especializado en Abigeato, Pedro Hernández, que ya se vio que no es tan especial, por tan garrafal error que cometió, cumpla con el resolutivo, ya veremos si prevalece la buena fe de la Fiscalía o por el contrario  sigue prevaleciendo la mala fe que lo desacredita como una institución que procura justicia. Ya veremos dijo un ciego.

                                          OJITOS                        

La Fiscalía del Ministerio Público de Macuspana, está obligada a realizar una minuciosa investigación para deslindar responsabilidades en cuanto a la niña que apareció colgada dentro de su domicilio, pues la misma población de la colonia Buergos han dejado entrever que no se colgó con un hilo amarrado a un clavo que estaba en la pared de la casa, sino que la colgaron y que antes fue violada por su atracador, por lo que se presume que fue un asesinato.

Los vecinos del lugar señalan que el probable responsable del homicidio de la niña es un sujeto al que le dicen el Padilla, y que es conocido porque se dedica a la venta de cotorros por la zona y que ya tiene en su haber otros asesinatos, pero que sigue libre como si nada porque nadie lo denuncia, ya que le tienen miedo, tienen temor es que les pueda causar daños.

De acuerdo a los maestros de la escuela primaria “Rosario García Carrera”, del sector compuerta de la colonia Tierra Colorada, de Villahermosa, donde estudiaba el cuarto año grupo “B” la infante era tranquila, no presentaba ningún problema psicológico, era muy aplicada en sus tareas, por lo que resulta muy extraño que ella sola ser haya colgado por lo que existe la sospecha de que la asesinaron.

Hace dos semanas la madre de la niña le comunicó a su maestra que se irían a vivir a la colonia Buergos de Macuspana, para que buscaran la forma de que concluyera el cuarto año de primaria y que fue de lo último que se enteraron, hasta ahora que conocieron la terrible noticia. Este viernes todo el personal, desde directivos y profesores de esta primaria con sede en Villahermosa, se harán presente en la colonia Buergos para darle el último adiós a la alumna del cuarto año grupo “B” de la escuela primaria “Rosario García Carrera”. Las autoridades están obligadas a esclarecer la muerte de esta niña.