En lo que es considerado en Tabasco como el abigeato más grande en la historia del estado cometido por una autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, que por conducto de su fiscalía de abigeato, se convirtió en cómplice de un particular-Manuel Ordorica Alamina- para sustraer del rancho del ingeniero Julio César Lezama Zubieta, sigue sin acatar la sentencia del juez primero de distrito, que ordenó la entrega inmediata del ganado robado, por lo que la familia afectada a pesar de que han sido amenazados no han parado de interponer los recursos legales para que sea cumplido el mandato judicial.
Entrampado en un callejón sin salida, la Fiscalía General del Estado por conducto de su fiscal de abigeato, por mas chicanadas jurídicas que interponga para tratar de engañar al juez de que ya cumplió con su resolutivo, cuando en realidad no ha cumplido, más temprano que tarde se verá obligado a cumplir con la entrega de las reses o el pago económico del total de lo sustraido, porque de llegar este asunto ante Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que tiene la última palabra, la cabeza del fiscal Nicolás Bautista Ovando estaría pendiendo de un hilo, ya que los ministros de la Corte podrían ordenar al Congreso local, que fue quien lo nombró, su destitución inmediata por desacato a una autoridad judicial, por eso el fiscal general está obligado a cumplir con esta disposición legal lo más pronto posible, además de la destitución del fiscal de abigeato Pedro Hernández Méndez, quien obedeciendo indicaciones políticas, porque en este problema hay políticos de la Transformación de Cuarta metidos hasta las manitas, cometió una grave irregularidad al haber allanado un rancho sin una orden judicial, y sin haber comprobado fehacientemente que en realidad se trataba de un delito de abigeato, por lo que ahora la autoridad impartidora de justicia al igual que Manuel Ordorica Alamina, hijo de la tercera regidora del ayuntamiento de Emiliano Zapata, Ana Catalina Alamina Argáiz, y nieto de Norma Argáiz Zurita, funcionaria de Petróleos Mexicanos, se han convertido en abigeos, por haber sustraído del rancho San Gerónimo un hato ganadero que ya se comprobó a quien pertenece, por esa irregularidad la ley se tiene que aplicar parejo para todos, porque se tiene que aplicar la justicia, esa justicia que ha puesto en entredicho la actuación de la Fiscalía General.
El asunto de la devolución de las reses no es nada sencillo para la Fiscalía General de Justicia del Estado, porque se está exigiendo la devolución total de las reses que tenían aretes de su dueño, y hasta donde se sabe, el fiscal de abigeato de la zona de los ríos que nombró “custodio ministerial” a Manuel Ordórica Alamina, le ha permitido que venda las reses a pesar de que están marcados con el fierro de Julio César Lezama, lo cual mantiene entrampada a la Fiscalía General para su devolución, pero por otra parte se sigue protegiendo al “hijo incómodo” de la regidora del ayuntamiento de Zapata, que se ha convertido en abigeo y que al sentirse protegido por su madre, su abuela y la fiscalía sigue actuando con impunidad, vendiendo lo que no le pertenece, al sentirse intocable, mientras que la parte afectada, ahora denuncia que la fiscalía ha montado una campaña de intimidación con elementos ministeriales que han llegado hasta el rancho San Gerónimo, en la ranchería Alto Amatitán de Jonuta, cuando no tienen ninguna diligencia por realizar, lo que demuestra que se trata de un acto de intimidación que es secundado por personas desconocidas y trabajadores de Manuel Ordorica que han llegado al lugar para dispararle a los trabajadores, esperando que en estos días no se presente una desgracia.
La parte afectada no se ha quedado quieta, sigue interponiendo cuantas denuncias sean necesarias ante las instancias pertinentes con la finalidad de recobrar los semovientes cuyo valor comercial casi llega a los doce millones de pesos, y aportando las pruebas ante la autoridad federal que demuestra que la Fiscalía General de Justicia de Tabasco sigue mintiendo, al no entregar las reses en el mismo rancho del cual las sustrajeron, por lo que este asunto dára para mas en los próximos días.
Por lo pronto, el pasado 31 de marzo, el juez de oralidad del municipio de Emiliano Zapata, le dio un mes de plazo a Manuel Ordorica Alamina, acusado formalmente de abigeato, quien en complicidad con el fiscal de Abigeato de la zona de los ríos, de la Fiscalía General del Estado, se introdujo en forma ilegal al rancho del ingeniero Julio César Lezama para sustraer las reses, para que en un plazo de un mes, que se vence a finales de abril de este año, devuelva al rancho San Gerónimo los semovientes que sustrajo de manera ilegal, ya que en caso contrario, se seguirá con el proceso legal en su contra.
La justicia aunque tarde tiene que llegar, ninguna autoridad es eterna en su cargo, por eso el Fiscal General de Justicia de Tabasco, Nicolás Bautista Ovando, si no quiere que su nombre quede en entredicho, sabe que el Poder Judicial de la Federación está actuando sin miramientos y puede sentar un precedente ordenando al Congreso su destitución al violar la ley de amparo, porque el expediente va avanzando, por lo que todavía tiene tiempo de actuar para lavar su nombre, para recomponer su prestigio, porque aun cuando hayan obedecido ordenes políticas, porque en este caso eso fue lo que pasó, la ley es la ley, no la pueden torcer, ya se decretó la entrega de los semovientes, el problema es que una buena parte ya lo desapareció el que se supone es el “custodio ministerial” que no debió tocar ninguna res hasta que no concluyera la diligencia ministerial, nada más salió en contra de la propia autoridad, en este caso la Fiscalía General de Justicia, que no constató de que en realidad se había cometido el delito de abigeato, y ese grave error de seguir una consigna política para actuar en contra de una persona, es lo que ahora tiene perdido a la propia fiscalía que burdamente se dejó utilizar por un particular.
En esta lucha frontal contra la autoridad impartidora de justicia, que ahora está dedicado a cometer injusticias, donde hay millones de pesos de por medio como parte de un daño patrimonial a una familia ganadera, también hay amenazas, por lo que la familia Lezama Zubieta acusa directamente a la Fiscalía General de Justicia y a Manuel Ordorica de montar una campaña de intimidación y amenazas, esto es un comunicado que hace unos días publicó en sus redes sociales María Nela Lezama: “Este comunicado es con el propósito de hacer del conocimiento del público los múltiples actos de intimidación de los que hemos sido objeto por parte del personal de la Fiscalía y trabajadores del señor Manuel Ordorica Alamina.
Estamos muy preocupados por nuestra seguridad y la de nuestros leales empleados, así como también por la seguridad de los abogados que tan fiel y diligentemente nos han colaborado a lo largo de este proceso.
Están llegando al Rancho San Gerónimo, propiedad de la familia Lezama Zubieta en Jonuta, Tabasco personas no identificadas que apuntan a nuestros muchachos con pistolas y directamente les disparan. Hasta el momento ninguno de ellos ha sido herido, pero si los han asustado grandemente y nuestros empleados temen por sus vidas.
Aquí comparto fotografía de un casquillo recolectado a orilla de la carretera que conduce a nuestra propiedad, mismo que ha sido entregado a la propia Fiscalía, siendo que es esta la institución encargada de investigar tales ilícitos.
De igual forma, vehículos oficiales que transportan a personal de la mencionada Fiscalía General del Estado de Tabasco han llegado a nuestros predios sin permiso alguno de autoridad competente ni asunto pendiente por tratar, más que con la clara intención de intimidar a nuestros trabajadores y familia que en esa área reside, como es el caso del video que recientemente les compartí en mis redes sociales como evidencia de lo que aquí asiento.
Igualmente, mi madre, la Sra. Marianela Zubieta viuda de Lezama, mi hermano el Ing. Julio César Lezama Zubieta y una servidora Maria Nela Lezama Zubieta, nos hemos visto atajados en nuestro paso en la carretera por personas que trabajan para Manuel Ordorica Alamina, quienes nos hacen gestos amenazantes con la clara intención de amedrentarnos.
Este delito de abigeato del cual hemos sido víctimas y ya hemos informado a la ciudadanía nos obliga a desplazarnos de un lugar a otro, para entregar documentación pertinente al caso y asistir a audiencias de diversa índole y no nos sentimos seguros movilizándonos, así como tampoco yendo a nuestro rancho, ni conduciéndonos por calles y caminos de poco tránsito vehicular, ni en horas de poca afluencia.
Estamos conscientes que esta batalla mediática que hemos comenzado en contra de autoridades nos ha dejado expuestos y hacemos patente de estos sucesos al público en general que tanto nos ha respaldado desde que hiciéramos de su conocimiento los hechos delictivos y de corrupción de los cuales mi familia ha sido víctima a lo largo de este proceso por parte tanto de los particulares como de las autoridades coludidas en el ilícito, y por ello mismo consideramos de importancia participarles al respecto”, hasta ahí la denuncia que realiza la abogada integrante de la familia Lezama que siguen exigiendo a la Fiscalía Genetal del Estado cumplan con las disposiciones que dictó el juez de distrito y que se ha negado a acatar
OJITOS
El próximo 19 de abril es la entrega de la toma nota por parte de la autoridad laboral al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por lo que ese día habrá celebración por parte de los agremiados de ese sindicato que se darán cita en la Secretaria de Gobierno donde será la entrega del documento.
Aunque la nueva dirigencia del Sicobatab que encabeza el ingeniero Melecio Cornelio, quien lleva como segundo de abordo al licenciado Fernando Morales Mateos, ya despacha desde el mes pasado en el edificio sindical, la toma de nota es el documento que le da legalidad a cualquier organización sindical, y como tal, el Sicobatab celebrará la entrega formal y legal que se dará el próximo 19 de abril, por lo que sus agremiados se darán cita en la secretaría de gobierno donde será el acto de entrega.
Respecto al anterior dirigente sindical, Mateo de la Cruz, que realizó un gris papel ha sido conminado a regresar a laborar a su centro de trabajo, sij ninguna canonjía de por medio, por lo que se prevé que inicie la tramitación de su jubilación, pues se acostumbró a cobrar sin trabajar, y en la misma circunstancia, la candidata perdedora, doña Lorena, inició inmediatamente su trámite de jubilación, porque tampoco quiere trabajar.
Una vez fuera de las lides sindicales Mateo y Lorena, quien todavía no salva la demanda penal interpuesta ante la fiscalía anticorrupción por el propio Colegio de Bachilleres por los 40 millones de pesos que de manera ilegal le entregó la administración que presidió Mier y Terán cuando era candidato a la alcaldía de Jalpa de Méndez y que recibió a pesar de que tenía licencia como dirigente sindical, lo mas viable para Mateo y su principal aliada, es que ambos se vayan a sus casas a descansar, jubilados, para no entorpecer la labor de la nueva dirigencia sindical que encabeza el ingeniero Melecio, quien se ha comprometido con sus afiliados a que el sindicato recobrará su nivel de liderazgo para encabezar sus principales demandas laborales, además, de que todos serán atendidos para ir resolviendo los problemas que se vayan presentando, como también, realizará constantes recorridos por los planteles educativos para estar en permanente contacto con la base trabajadora.
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