PLAN “B”, SALTO AL PASADO

 

Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Plan “B” de la reforma electoral promovida por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y no por los partidos opositores, queda en manos de la Suprema Corte de la Nación resolver si la echa abajo-por inconstitucional- o la valida, ante los diversas impugnaciones que han presentado los partidos políticos, organizaciones civiles y hasta el mismo Instituto Nacional Electoral que se fe afectado por esta disposición gubernamental.

Bajo el viejo y arcaico argumento de la austeridad republicana que no ha servido para gran cosa, porque el derroche y la corrupción luce en todo su esplendor dentro del gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador argumentó que era necesario reducir los altos salarios de los consejeros que están por encima de lo que cobra el presidente de la República, de que era excesivo el presupuesto anual para realizar elecciones, supuestamente uno de los más caros del mundo, cuando es una falsedad, y de que la mayor parte de la estructura electoral solo debe operar en época de elecciones, las modificaciones a las leyes que regulan  la norma electoral, afecta sustancialmente al Instituto Nacional electoral que reducirá sustancialmente su estructura periodística.

El gobierno de López Obrador se centra solamente en los puntos que le conviene publicar, queriendo convencer a la opinión pública que está polarizada, que está dividida, que luego del fracaso en la reforma constitucional que pretendía para desaparecer por completo al INE se les vino abajo porque no tuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con la aprobación del plan “B” por mayoría simple de los legisladores de Morena que reformó seis leyes que regulan la norma electoral, que ya está en vigor,  no afecta la democracia en el país, cuando la sola intromisión del gobierno en el proceso electoral lo vicia de origen, y no da certeza de que cualquier elección pueda realizarse con imparcialidad, transparencia y certeza jurídica.

En el pasado, en los años 70´s y 80´s,  la lucha de los partidos políticos opositores al gobierno priista que nunca perdía las elecciones, fue en el sentido de que el gobierno sacara las manos de los procesos electorales, nacional y estatales, porque era la Secretaría de Gobernación, la que tenía en sus manos, la organización y la realización de todas las elecciones,  lo que le daba amplias sobre sus opositores que siempre  perdían pues no había certeza de que la elección fuera limpia, por lo que se llegó al acuerdo de crear un organismo electoral ajeno al gobierno, lo que dio paso a la creación del Instituto Federal

Electoral, que todavía tuvo el tufo gubernamental, pues su primer director fue precisamente un prominente miembro de la elite priista gobernante, que ya había ocupado diversos cargos administrativos en varios sexenios y fue posteriormente cuando se cambió de nombre, de IFE pasó a INE, cuando se le dio mayor credibilidad a ese organismo electoral.

Polarizada la opinión pública del país, con dos manifestaciones multitudinarias de miles de ciudadanos que mostraron su inconformidad en contra de la reforma electoral llamado plan “B”, el presidente de la república ha centrado su lucha en contra de dos consejeros electorales que no se plegaron a sus intereses, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, quienes integran la llamada burocracia dorada, mismos que se han dedicado a cuestionar su reforma, exhibiendo los puntos vulnerables y del porque en vez de beneficiar esa reforma electoral le quita funciones al organismo, dejándolo manco, tullido, mientras que desde el interior del gobierno solo se dedican a difundir lo que les conviene, lo que creen que es conveniente que la opinión pública conozca, pero el verdadero trasfondo, la verdadera finalidad del gobierno de la Cuarta es meter la mano en el proceso electoral de 2024 cuando se elegirá presidente de la República, pues tiene miedo de perder esa elección constitucional, lo que tratan de esconder a cómo pueden, pero ya no engañan a nadie, engañan a quien se quiere dejar engañar, porque ahora con el cambio de cuatro consejeros electorales han echado a andar su otro plan, que es apoderarse desde adentro del Instituto Electoral, es decir, desde la Cámara de Diputados donde se elegirán a los nuevos consejeros, buscarán colocar a cuatro consejeros a modo para conduzcan las elecciones, y si la voluntad popular no les favorece, buscaran que desde adentro, a como paso en 1988 el sistema se les caiga, al fin y al cabo, Andrés Manuel López tiene al mapache mayor en la dirección general de la Comisión Federal de Electricidad que tiene amplia experiencia en esas lides.

La sola intromisión del gobierno en cualquier proceso electoral que se realice en México, ya lleva un tufo de parcialidad, de corrupción, de componendas, de mapacheo, y esta intromisión es lo que precisamente está realizando el gobierno de la Cuarta Transformación, lo cual se ha cuidado en no publicar, en no difundir, porque no les conviene.

Hasta ahora el Instituto Nacional Electoral es la responsable de confeccionar, cuidar  y validar el padrón electoral, extendiendo su credencial de elector a cada ciudadano mexicano que ha acudido a los módulos a solicitarlo, cuidando los datos personales de cada uno para que no vaya a caer en malas manos. En el extranjero, hasta ahora el INE tiene empadronado un millón de ciudadanos que votan libremente por el candidato a presidente de la república de su preferencia, pues bien, ahora ese listado de ciudadanos, tendrá que ser validado, supervisado, y dado el visto bueno por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que indudablemente es una intromisión del gobierno federal, que le podría meter mano con libertad para quitar o agregar electores en el extranjero de acuerdo a su conveniencia.

En el pasado la Secretaría de Gobernación era la responsable de todo el proceso electoral, entre estos de validar el padrón electoral, por eso los partidos políticos denunciaban el rasurado del padrón a conveniencia del gobierno priista en turno, ahora el gobierno de la Transformación de Cuarta busca tener el control del listado nominal del padrón electoral de los electores no solamente del extranjero, sino de todo el país con la desaparición de las 300 Juntas Ejecutivas Distritales a como lo marca la reforma del plan “B”, cuyo personal realiza un trabajo permanente y no solamente durante el proceso electoral, es todo un proceso que va desde la Cartografía, hasta la actualización del padrón electoral con 900 módulos a donde diariamente acuden cerca de 120 mil personas, verificando la identidad de cada ciudadano, para que no se cuelen extranjeros, ahora ya no será así, pues el gobierno pretende que las oficinas con uno o tres personas esté ubicado en dependencias de gobierno a lo largo del territorio nacional, lo cual es indebido pues no es otra cosa que una intromisión del gobierno federal para el pretexto de que así se ahorra dinero, de que así se aplica la austeridad, aunque no se sepa en que está invertido los recursos públicos que se han recortado a diversas dependencias y organismos autónomos porque todo esconden, nada transparentan.

La desaparición de las 300 juntas ejecutivas distritales del Instituto Nacional Electoral es un vil atentado en contra de la democracia, porque el trabajo que realizan los que ahí laboran, no inicia con el proceso electoral sino que es un trabajo permanente, desde la cartografía para ubicar estratégicamente cada casilla, hasta la entrega de credencial de elector que es validado en la lista nominal del padrón electoral para evitar que se repitan nombres, que se incluyan a extranjeros-ilegales- que están impedidos para votar, para evitar que una persona pueda votar varias veces en diferentes casillas electorales, en resumen es el alma de una elección para darle seguridad, legalidad, transparencia e imparcialidad; todos esos trabajadores, desde los que hacen los recorridos para ubicar las casillas, los que credencializan, y los vocales de capacitación que con su personal han capacitado a los vecinos, a los ciudadanos que integran las casillas para que no se entrometan funcionarios públicos también quedaran fuera, por eso se habla que al INE le han cortado manos y pies para dejarla tullida, porque de esa forma el gobierno de la cuarta dio un salto al pasado, regreso a la época de Luis Echeverría, al crear una   oficina auxiliar, con una sola personal para validar y verificar las casillas, lo que será un caos a la hora de votar, creando un problema político en donde no lo había, ya que pese a las acusaciones del presidente de la República de que el INE comete fraudes, solo ha sido de lengua, a como ha hecho en otros casos, hasta ahora no ha podido probar, ya que así fuera, el mismo no sería presidente de la República, ni tuviera 22 gobernadores de su partido, presidentes municipales y diputados locales, por lo que esta reforma es retrógada porque atenta contra los principios democráticos de certeza, equidad, transparencia y máxima publicidad, ya que el voto no será libre, ni secreto.

En el pasado, eran los partidos políticos opositores quienes exigían las reformas electorales y presionaron para que existiera un organismo autónomo e independiente del gobierno que realizara las elecciones para que tuviera mas certeza y fuera imparcial, pero actualmente es el gobierno de López Obrador el que promovió, primero, una reforma electoral constitucional que al fracasar planeó el plan “B” en vez que fueran los partidos opositores, y ¿cuál es la finalidad¿, simple y sencillamente el confeccionarse un traje a la medida, el regresar al pasado cuando el gobierno metía las manos, porque ahora con estas reforma a las leyes el gobierno de la Cuarta, tendrá vara ancha para meter no solamente las manos sino todo el cuerpo en el proceso electoral de 2024 cuando se elegirá al nuevo presidente de la República, pues tiene temor que ante las dos manifestaciones públicas que ha realizado la sociedad civil, las cosas se le reviertan y terminen siendo flor de un sexenio, ya que pueden perder la elección presidencial y el presidente a toda costa quiere que su partido vuelva a ganar esa elección para la continuidad de su proyecto, que estará en veremos, ya que como la historia no miente, presidente que ha impuesto a su sucesor termina siendo traicionado pues a pesar de que el ungido promete que obedecerá con tal de lograr la nominación una vez que logra su objetivo, desconoce a su antecesor y lo saca de la jugada, porque el presidente es él y nadie mas que él, y ese es el riesgo que correrá López Obrador.

Como ahora se han presentado controversias constitucionales en contra del plan “B” del presidente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendrá la alta responsabilidad de desecharlo por inconstitucional y porque atenta en contra de los principios democráticos, es el mismo presidente de la República, que fiel a su costumbre de actuar con belicosidad, de ser un provocador contra sus adversarios, no ha dudado en encabezar una campaña de desprestigio en contra de la ministro presidenta de la Corte, Norma Piña, para intentar ablandarla, para que sienta temor y se doblegue al mandato presidencial, pero la dama actuando con mesura, prudencia y habilidad, ha dejado en claro que ellos son garantes de las leyes y actuarán en consecuencia apegado a las normas jurídicas del país, por lo que de ser así, existen altas posibilidades de que las reformas del presidente se vengan abajo, por improcedentes, por ilegales.

En columnas nacionales se dio cuenta de un encuentro entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el mensajero presidencial, y la asesora jurídica de presidencia, con la ministro presidenta de la Corte, como un primer acercamiento en donde el otro López intentó poner sobre la mesa el asunto de la reforma electoral como una prioridad de López Obrador, pero recibió como respuesta que si quieren defender su reforma que contraten a los mejores abogados para defenderlo, porque la Suprema Corte solo se ceñirá a las leyes del país para analizar y determinar lo conducente sobre esa reforma, como la ministro presidenta no se doblegó, ahora el presidente de la Republica ha lanzado una campaña de odio que ha propiciado que Piña haya sido amenazada de muerte en redes sociales, mientras que la dependencia responsable de investigar por oficio este hecho, guarde completo silencio. La ministro presidenta es una piedrota en el camino para López Obrador, que es un aprendiz de dictador, hay que estar al pendiente de que no se vaya a cometer un asesinato, en la persona de Olga Piña, que podría  cimbrar los cimientos del país, y el único responsable será el presidente.