En el gobierno morenista de Tabasco sigue prevaleciendo el viejo esquema del pasado régimen gubernamental de que “política mata al derecho”, cuando se debería hacer valer la ley, pero resulta que hay funcionarios públicos de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia que sin medir las consecuencias de sus actos atentan contra el derecho de una menor que debe ser el interés superior, al permitir tácticas dilatorias para no aplicar la justicia, que no es pronta, ni expedita.
Desde el año 2020 un desobligado padre, sin respetar de que hay de por medio un acuerdo judicial para proporcionar la pensión alimenticia para su menor hija, de manera unilateral dejo de suministrar los recursos económicos para su manutención por lo que la madre de esta menor se vio en la necesidad de recurrir a la Fiscalía General de Justicia para iniciar una Carpeta de Investigación por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, el cual quedó registrado en el Centro de Procuración de Justicia con el numero CI-CPJVHSA-1943/2022, a la vez que se judicializó ante el Juez de Control de la región nueve, pero sin embargo, no se ha podido formular imputaciones para formalizar la investigación porque el implicado ha usado tácticas dilatorias para ir difiriendo las audiencias, que es una vieja práctica leguleya que utilizan algunos abogados para defender a sus clientes, como es el presentar recetas médicas para no acudir a las diligencias y así ir retrasando el proceso, en donde la misma autoridad si tiene interés en el caso, las acepta sin poner impedimento para ir retrasando la imputación y no se le vincule a proceso.
El 7 de febrero de 2017 se realizó la junta de Avenimiento y Aprobación de Convenio y Sentencia Definitiva celebrada en el divorcio voluntario entre Héctor Raúl Cabrera Pascacio y quien era fuera su esposa, el cual se llevó a efecto en el juzgado tercero de lo familiar de primera instancia del municipio de Centro, en donde el entonces delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estableció que proporcionaría a su menor hija de identidad reservada, la cantidad de doce mil pesos en forma mensual y que con el incremento en 2022 depositaria la cantidad de trece mil seiscientos cuarenta pesos, sin embargo, desde hace dos años dejó de cumplir con sus obligaciones de manutención, violando unilateralmente la disposición judicial por lo que la madre de la menor se vio obligada a recurrir a la fiscalía y al poder judicial en donde inició los procedimientos correspondientes, pero se ha encontrado con una serie de trabas, tácticas dilatorias que no deja lugar a dudas de que en ambas instancias hay metidas manos políticas para retrasar la aplicación de la justicia, para que no se le finque el proceso penal por incumplimiento al ex-alcalde del municipio de Teapa, y porque además está pidiendo la reducción de la pensión, alegando una serie de inconvenientes, como el hecho de que carece de recursos económicos, que es un desempleado, que mantiene a otras hijas, pero la parte defensora de la denunciante ha demostrado con pruebas de que tiene diversos bienes inmuebles, como 14 departamentos en renta, tiene vehículos del transporte público pues es socio de la Unión de Propietarios de Transporte Público de Pasajeros de rutas urbanas y suburbanas del municipio de Teapa, que ha traspasado bienes a su señora madre y su abogado para ocultar sus ganancias, de tal manera que si realmente no tuviera recursos económicos no realizaría viajes de placer con su nueva familia a los Estados Unidos visitando Disneylandia, Las Vegas, los Angeles California, y países europeos y asiáticos, tal como se demuestra con los sellos en su pasaporte, por lo que es indudable que no quiere cumplir con sus responsabilidades de manutención, por lo que se le tiene que fincar responsabilidades penales.
Es aquí, donde la parte denunciante acusa que en el propio Fiscal General del Estado quien está protegiendo a Héctor Raúl Cabrera, ya que por conducto del vicefiscal de delitos comunes, Arturo Flaviano, le giró instrucciones personalmente a la fiscal que representa a la menor para dilatar el procedimiento y que todo documento que presente la defensa de Pascacio lo acuerden favorablemente y rápido, así como los peritos contables acepten documentos de otras fechas del ex alcalde para disminuir el monto reclamado, o sea la cantidad que se ha negado a pagar, ya que en un primer peritaje emitido por la propia fiscalía fue de 120 mil pesos, posteriormente cuando se movieron las manos políticas a favor de Héctor Raúl, los mismos peritos bajaron la cantidad a 90 mil pesos y nuevamente la misma fiscalía quiere realizar otro peritaje para bajar la cantidad reclamada a lo mínimo unos 40 o 50 mil pesos a favor de la menor, lo cual representa una burda manipulación, mientras que en el Poder Judicial también se le está ayudando por conducto del magistrado Oscar Pérez Alonso, quien bajó las instrucciones al Juzgado de Control para que sean aceptadas todas las incapacidades dilatorias del denunciado y que todas las fechas de audiencia sean a largo plazo, que se programe en el tiempo más lejano, que las audiencias se pospongan cada mes al recibirse las incapacidades médicas que es totalmente falso, ya que en los días señalados de audiencia donde se han presentado las incapacidades medicas a Héctor Raúl Cabrera Pascacio se le ha visto recorriendo varias comunidades de Teapa, donde anda promoviendo a Hirám Llergo Latournieri, esposo de la alcaldesa Alma Espadas, a quien ahora le metió la idea de que debe relevar en la presidencia municipal de Teapa a su mujer, por lo que espera que el partido Morena lo postule como candidato a la alcaldía.
Héctor Raúl Cabrera Pascacio presentó una demanda incidental para buscar reducir el pago de la pensión alimenticia mensual de su pequeña hija, alegando una serie de precariedades económicas como que está desempleado, que mantiene a otra hija producto de otro de sus matrimonios, que estudia la universidad, pero la joven ya egresó de la carrera, y que cubre otros gastos de la menor, pero antes de presentar ese recurso, por sus propios pantalones y violando la disposición judicial que aceptó cuando se divorció de conformidad, de pagar doce mil pesos que se elevó en 2022 a trece mil seiscientos cuarenta pesos, dejo de pagarlos, por lo que su ex-esposa se vio obligada a demandarlo por la vía penal ya que indudablemente es un delito que tiene que ser sancionado penalmente por incumplimiento de deberes, como ante la vía civil al violar una disposición judicial y sea obligado a cumplir con sus deberes de manutención pero es en este punto, en que ambas instancias, la Fiscalía General del Estado, por conducto del vicefiscal de delitos comunes, Arturo Flaviano, mano derecha del fiscal Nicolás Bautista Ovando, y el magistrado Oscar Pérez Alonso, quien se dice íntimo amigo del magistrado, giraron instrucciones al fiscal que defiende a la menor y al Juez de Control para que detengan la judicialización de la demanda, para que el ex-alcalde no vaya a dar a prisión, como también logre bajar el monto de la pensión económica que le otorga a su menor hija, con lo que el discurso oficial que cotidianamente se escucha en el Poder Judicial y en la fiscalía que nadie debe estar al margen de ,a ley, que se está aplicando el derecho, es tan solo una pantomima, porque además están permitiendo que un ex-funcionario público viole impunemente una disposición judicial, que debe observa el propio poder judicial y la fiscalía debe actuar inmediatamente a favor de la menor cuyos derechos son violados, porque donde que da el interés superior de las autoridades de que por encima de cualquier circunstancia, primero está el derecho de la menor.
Esta demanda de manutención familiar todo indica que ya la politizaron las propias autoridades encargadas de la procuración de justicia, pues la parte demandante acusa, que cuando menos dos diputados federales de Morena han intervenido para dañar el interés superior de la menor, que dos diputados de Morena han pedido favores en la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de Tabasco, cuya cabeza es el magistrado Enrique Priego Oropeza, porque no hay otra explicación del porque el vicefiscal de delitos comunes que es mano derecha del fiscal general le haya dado instrucciones a la fiscal que representa a la menor para dilatar el proceso, para manipular el peritaje, para cambiar el peritajes que favorece a la menor en el pago de su manutención y se lo quieren disminuir, como en negarle la Carpeta de Investigación a la defensa de la parte demandante que se vio obligada a iniciar otro procedimiento para denunciar a la fiscal y que sea sancionada, por retrasar en forma adrede, en forma arbitraria, todo el procedimiento porque Cabrera Pascacio ya debió ser imputado a proceso penal para ser sometido a prisión preventiva, por violar una disposición judicial de entregar los recursos económicos como parte de la manutención de su menor hija, confesando la propia fiscal que ella solo obedece ordenes de Arturo Flaviano, que si no se pliega a lo ordenado por el vicefiscal corre el riesgo que lo despidan y por seguir esas indicaciones ahora la fiscal que representa a la menor está contra la espada y la pared pues ha sido requerida que durante la diligencia de la próxima semana, en los primeros días de marzo, tiene que presentar toda la documentación que se le requiere so pena de ser sancionada.
Está politizada esta demanda civil que, la parte demandante acusa que dos legisladores de Morena pidieron favor al Poder Judicial, porque de otra forma, el magistrado Oscar Pérez Alonso, que viene de administraciones pasadas y que conoce las mañas del viejo régimen judicial que combate el gobierno de Morena, no hubiera dado instrucciones al Juzgado de Control para que también aplique sus tácticas dilatorias, para que retrase las audiencias y los plazos sean largos, aceptando todas las incapacidades médicas que es una práctica leguleya dilatoria, mientras los peritos de la fiscalía maniobran para volver a bajar el monto económico por manutención para favorecer a Cabrera Pascacio, olvidándose que la impartición de la justicia debe ser pronta y expedita, además de que están atentando en contra del derecho de la menor a recibir su manutención económica.
No puede ser que el ex-alcalde se de una vida de placer, viajando por todo el mundo, mientras a las autoridades les dice que tiene problemas económicos, que sus recursos económicos no le alcanza para cumplir con el acuerdo judicial, mientras busca quitarle a su hija el pan de la boca, al reducirle su manutención económica.
La parte denunciante acusa que ya se politizó su denuncia penal y civil porque están protegiendo a Héctor Raúl Cabrera Pascacio ya que dos diputados federales de Morena, tienen la mano metida al pedirle al fiscal general, Nicolás Bautista, y al magistrado presidente del Poder Judicial, Enrique Priego que tuerzan la ley para dejar sin sustento económico a una menor, mientras su padre se da una vida de placer junto con su nueva familia por el mundo, demostrando que no es cierto que carezca de recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades.
Los legisladores que tienen metidas las manos para proteger a Cabrera Pascasio son: Marco Rosendo Medina Filigrana que hace unos días se dio golpes de pecho en su informe, argumentando que es un hombre de bien y que jamás se ha apartado de la justicia que ha sumado a Pascacio en su locura por ser candidato al gobierno de Tabasco, y el legislador Mario Rafael Llergo Latourniere, que también se da golpes de pecho a beneficio de la justicia, y que como ahora el exalcalde promueve a su hermano Irán Llergo para que sea el candidato a la alcaldía de Teapa, favor con favor se paga, sin importarles que se dañe a una menor que no está recibiendo su manutención económica. De seguir este asunto politizado la parte demandante ha anunciado que la próxima semana dará una rueda de prensa para aportar las pruebas. Si se aplica la ley Héctor Raúl Cabrera Pascacio estaría a un paso de la cárcel por violar un mandato judicial que el mismo firmó, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
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