LA JUSTICIA EN ENTREDICHO

El veintitrés de noviembre de 2021, en la plataforma Netflix se estrenó el documental “Duda Razonable: Historia de dos secuestros” dirigido por Roberto Hernández-yerno de Layda Sansores-que refleja la cruda realidad de cómo actúan los órganos impartidores de justicia, que en muchos casos como este, la perversión sale a flote pues en vez de procurar justicia, cometen injusticia lo que propicia que en las cárceles del país, permanezcan personas inocentes, compurgando una pena por delitos que no cometieron.

Exactamente a un año de distancia de que salió a la luz pública el documental, que causó gran impacto a nivel nacional,  donde se muestra y demuestra la brutal injusticia que cometieron las autoridades de Tabasco al haber condenado a medio siglo de cárcel a cuatro personas,  aunque uno de ellos-Darwin- logró su libertad hace un año, quizás por el exceso de trabajo o porque no podían permitir que un medio de comunicación les marcara la agenda en la solución de problemas delicados como éste, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas decidieron atender el asunto de Duda Razonable, que mantiene en prisión desde hace varios años a tres inocentes acusados de un delito de secuestro que jamás cometieron, por lo que el pasado lunes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su propuesta para dejar en libertad inmediata mediante un amparo liso y llano a Héctor, Gonzalo, y Juan Luis, condenados a 50 años de cárcel, dado que el fiscal del Ministerio Público no aportó las pruebas fehacientes y porque el juez de oralidad que les dictó la sentencia  “nunca tuvo frente así,  evidencias aportadas por la fiscalía que corroborara de manera robusta y suficiente el hecho delictivo materia de juicio", por lo que será la próxima semana cuando baje al pleno de la Corte la resolución del ministro para que sea aprobada por los magistrados para que en forma inmediata los tres detenidos cobren su libertad.

En este escabroso asunto de brutal injusticia, el gobierno estatal de Morena por medio del Secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero, que en muchos casos es el que sale a dar la cara, aunque caiga en contradicciones, ha pretendido escurrir el bulto de la responsabilidad del actual Poder Judicial, acusando que los responsables de las irregularidades o vicios durante todo ese proceso penal lo realizaron funcionarios de la fiscalía del anterior gobierno que encabezó Arturo Núñez, que actuaron con deficiencia, y de manera alevosa, a quienes se les debe de fincar responsabilidades penales, una vez que la Suprema Corte determine lo conducente y en  el caso de que apruebe la libertad de los presidiarios, se acatará la orden judicial.

Si bien es cierto que durante el anterior gobierno fue la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado que encabezó Fernando Valenzuela Pernas, la responsable de investigar la denuncia de secuestro por las que detuvieron a estas personas, como también integró la Carpeta de Investigaciones donde se supone aportaron las pruebas que recabaron y que tomó como base la juez de oralidad para dictar prisión preventiva y posteriormente una vez agotada todas las diligencias los sentenció inicialmente a 90 años de cárcel, no pueden quedar exentos de responsabilidad, el fiscal del Ministerio Público de la actual Fiscalía que conoció del caso, ni la primera juez que dictó sentencia, ni los magistrados que conocieron de este asunto y confirmaron la culpabilidad de los implicados, porque ya fue en esta administración morenista, cuando estos apelaron a la sentencia dictada en primera instancia, por lo que forzosamente los magistrados que integran una de las salas penales del Tribunal Superior de Justicia, conocieron del proceso penal, y si bien rebajaron la condena de 90 a 50 años, dejaron en firme la sentencia, avalando la culpabilidad de los implicados, lo que quiere decir, que no revisaron a fondo todo el procedimiento irregular que se había cometido para corregirlo, o prefirieron ocultar la grave irresponsabilidad para no manchar al Poder Judicial de Tabasco, dado que a nivel nacional el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se jactaba de que su gobierno combatiría frontalmente la corrupción y que se desterrarían todos los vicios de injusticia.

El caso es que el actual Poder Judicial que encabeza Enrique Priego Oropeza, ahora que algún despistado lanzó el borregazo de que lo podrían nombrar magistrado presidente de la Suprema Corte del país, está embarrado hasta la médula, por lo que una vez que se conozca a fondo toda la resolución del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se tendrá que fincar responsabilidades a todos los implicados, estén donde estén ocupando otros cargos o sigan en el Poder Judicial.

Si a como ha planteado el ministro en su resolución, de que los tres presidiarios deben ser liberados en forma inmediata porque no existen pruebas fundadas de que cometieron el delito de secuestro, dado que todo el proceso presenta múltiples vicios, todos derivados de una violación fundamental al principio de presunción de inocencia  y es aprobado por la mayoría de los ministros que integran la Suprema Corte, para que los tres implicados recobren su libertad, comenzará el dolor de cabeza para todos los implicados, aunque dentro del mismo gobierno morenista pretenda excusarse que todo pertenece al pasado.

En el resolutivo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hay cosas sustanciales como el hecho que sostiene que resulta fundado lo argumentado por la defensa, en el sentido que durante todo el desahogo de la audiencia de juicio oral, se concedió una ventaja indebida a la fiscalía, supliendo las deficiencias de la queja “y otorgando un peso preponderante e injustificado a sus pruebas y su teoría del caso”.

De igual manera dejó en claro, que no hay elementos suficientes para que la Suprema Corte reponga el juicio, que la fiscalía no merece una nueva oportunidad para emendar su actuación, porque la violación al derecho de los quejosos a ser juzgados mediante un juicio respetuoso del principio de presunción de inocencia, es de tal magnitud que un nuevo juicio no haría más que revictimizarlos, “bajo una premisa nuevamente contraria a dicha exigencia constitucional y que recordaría las pretensiones de un sistema inquisitivo ya superado, castigar a como dé lugar”.

El magistrado reconoce que se violó la presunción de inocencia que es la regla fundamental establecida en la ley en cualquier proceso penal que se inicie y que desde el momento en que fueron detenidos, la misma fiscalía los incriminó como culpables de algo que no se había probado y que el juez de oralidad sin tener a la vista los elementos de prueba los sentenció, lo cual es otra irregularidad, por lo que en su resolutivo propone otorgarles el amparo liso y llamo para que en forma inmediata recobre su libertad.

Este asunto penal es sumamente delicado y traerá otras implicaciones para las autoridades involucradas, las de la anterior administración estatal, como las actuales, porque los funcionarios de estas dos administraciones, incurrieron en graves irregularidades, al confirma la sentencia sin entrar a estudiar de fondo todo el procedimiento penal, de tal manera que una vez que la Suprema Corte determine la libertad de los tres presidiarios, también instruye a las autoridades estatales para que se inicie un procedimiento penal en contra de todos los implicados, desde los ministeriales que torturaron, hasta quienes llevaron de manera irregular todo el procedimiento para tenerlos en la cárcel siendo inocentes.

Y se debe de investigar y castigar a los culpables, dado que han destrozado la vida de estas tres personas detenidas, que aun cuando recobren su libertad, ya nada será igual para ellos, quienes a lo largo de todo procedimiento penal, siempre fueron congruentes en sus declaraciones al sostener de que eran inocentes, de que no habían cometido el delito del que los acusaban, que hicieron una cronología paso a paso de donde estaban al momento que se supone secuestraron a la persona que ni siquiera conocían,  y ni aun con todos los elementos de prueba que fue desdeñada por la juez de oralidad fueron declarados culpables.

No hay que adelantar vísperas, pero seguramente la próxima semana cuando recobren su libertad, a Héctor, Gonzalo y Juan Luis, no les quedará otro camino más que iniciar una demanda en contra de las autoridades estatales para exigir la reparación de daños que debe ser una remuneración económica, como también, para que todos los implicados en el irregular proceso penal que los ha mantenido durante varios años en la cárcel, donde sufrieron todo tipo de vejaciones, también sean castigados para sentar un precedente de que nadie debe jugar con la justicia, además, de acuerdo al documental publicado se deja entrever que en el anterior gobierno de alguna parte llegó la consigna de mantenerlos en prisión pese a que durante el proceso que se les seguía, se detuvieron a otras personas implicados en el secuestro de la misma persona, con lo cual se descartaba la implicación de ellos,  pero aun así, al momento en que los dejaron en libertad, inmediatamente los volvieron a aprehender,  por lo cual permanecen en la cárcel.

Será un acto de justicia lo que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dejar en libertad a estas tres personas, luego de que el magistrado ponente que tiene en sus manos la resolución de este asunto, ha dejado en claro que las autoridades responsables de impartir justicia, cometieron una serie de vicios en todo el proceso y qué en vez de preservar el principio legal de presunción de inocencia, prácticamente los declararon culpables, cuando son inocentes del delito de secuestro.

Por lo pronto el sistema de justicia en Tabasco está en entredicho, porque magistrados del actual Tribunal Superior de Justicia están implicados por más que lo quieran negar, pues fueron quienes confirmaron la sentencia de los tres presidiarios, a pesar de las irregularidades que ahora un magistrado federal ha dejado en claro que se cometieron durante todo el proceso.

                                            OJITOS 

Vientos de confrontación comienza a sentirse al interior del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab) en la medida que se acerca el proceso de elección del dirigente sindical que se realizará en el mes de marzo de 2023, debido a los viejos intereses que quieren seguir enraizados, cuando precisamente los agremiados exigen una depuración para no seguir a la deriva, y que propició la creación.

Esos viejos intereses que solo pretenden seguir sirviéndose a sus anchas utilizando al Sicobatab pero que han mantenido en el total descuido a sus agremiados y que propició la migración de sus miembros para formar un nuevo sindicato buscan conformar un colegio electoral a modo para desde ahí maniobrar para dejar a una dirigente a modo que siga sirviendo a sus mismos intereses, por lo que ya se verá si el consejo de delegados que es el órgano de gobierno permanente cae en la trampa que les están tendiendo o prosiguen con el acuerdo tomado en septiembre de que en unidad postulen a un solo candidato a la dirigencia sindical para dar muestras de unidad y de que se retome el camino de privilegiar el interés colectivo de todos los agremiados, en vez de los intereses personales de algunos integrantes de la actual dirigencia.

Parece que al interior del Sicobatab hay quienes no han entendido las lecciones del pasado, de ese pasado omiso que los agremiados ya no quieren que vuelva, pero serán los delegados quienes tendrán la última palabra, o van todos en unidad o prefieren la división para perder la titularidad de ser el sindicato mayoritario del Colegio de Bachilleres de Tabasco. tiempo habrá para explicar cómo se está fraguando la división interna.