Con el nombramiento de la nueva consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), todo parece indicar que la Contralora Interna, Gabriela Tello Maglioni, decidió salir de su letargo pues ayer dio a conocer públicamente que ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en licitaciones y adquisiciones durante el proceso electoral 2020-2021 en contra de funcionarios y ex-funcionarios de ese órgano electoral.
La nueva consejera electoral presidente del Instituto Electoral, Gabriela Nava Gutiérrez, quien llegó al cargo sin padrinazgo político de por medio y con una buena reputación como funcionaria electoral, no debe cargar con lastres del pasado, por lo que seguramente está dispuesta a realizar una depuración interna en los cargos de primer nivel y el personal de confianza de ese organismo que se ha convertido en una verdadera mafia, pues no se conforman con los altos salarios que perciben, sino que han hecho “chanchullos” para ganas más recursos económicos, por lo que seguramente habrá dado su anuencia para que la Contralora Interna hiciera público esta denuncia penal que supuestamente desde el mes de diciembre realizó ante la Fiscalía Anticorrupción, pero que guardó completo silencio durante el interinato de la consejera Rosselvy del Carmen Domínguez, quien solamente se dedicó a firmar convenios con otras instituciones, como una forma de figurar públicamente y que se viera que estaba trabajando cuando internamente había muchos problemas que no resolvió.
De acuerdo a la Contralora Interna del IEPC Tabasco, Gabriela Tello, luego de que se realizó una auditoria interna, fueron descubiertas o detectadas las irregularidades en la adjudicación de contratos en diciembre de 2020, por lo que ante la contundencia de las pruebas han sido llamados a comparecer ante la Fiscalía anticorrupción ocho funcionarios del órgano electoral, incluyéndola a ella que dará fe de cómo se llevó a cabo el procedimiento de compras.
No tiene nombres de los funcionarios involucrados supuestamente para no entorpecer las investigaciones que siguen su curso, pero es fácil suponer que los involucrados son los integrantes del comité de compras del órgano electoral integrados por el director Ejecutivo de Administración, el coordinador operativo de Recursos Materiales y Servicios, el subdirector Administrativo, el titular de la Unidad Técnica de Planeación, un representante de la Contraloría y un asesor, que será el titular de la Dirección Jurídica, que se reunían periódicamente para analizar las adjudicaciones y compras que se realizaban, contando desde luego con el visto bueno del secretario Ejecutivo, Armando Antonio Rodríguez Córdova, quien firmaba todas las adquisiciones y compras que se realizaban con la venia o autorización de quien en ese momento era la presidenta del organismo, Maday Merino Damián, quien no firmaba documento alguno, pero si lo hacía su incondicional el secretario Ejecutivo.
En 2020, el director Ejecutivo de Administración era Juan Manuel Segura Guzmán, quien fue despedido por pérdida de confianza, y quien volvió a demandar laboralmente al Instituto Electoral por despido injustificado, exigiendo reinstalación y una indemnización por más de dos millones y medio de pesos. Ya en 2019, luego de un litigio al ser acusado de irregularidades en el manejo de recursos económicos de la elección de 2015, Juan Manuel Segura junto con Víctor Manuel Acosta Guzmán, lograron ser reinstalados, en la dirección y subdirección Administrativa, respectivamente, al ganar la demanda, no sin antes recibir sus indemnizaciones por salarios caídos y otras prestaciones.
Parece ser que esta vez, Juan Manuel Segura no tendrá la misma suerte y no será reinstalado, porque si a como dice la Contralora Interna las pruebas sobre las licitaciones de compras que se realizaron en diciembre de 2020 son contundentes, lo más seguro es que con esto se compruebe su pérdida de confianza y el porqué fue despedido del órgano electoral, sin contar con las actuaciones que realizará en su contra la Fiscalía Anticorrupción.
Otro de los presuntos implicados en este caso, es quien fungía en ese año como subdirector de Administración, Víctor Manuel Acosta Guzmán, también acusado en el pasado de presuntos actos de corrupción, que fue reinstalado al ganar el litigio laboral, y quien ascendiera a director General de Administración ante el cese o despido de Juan Manuel Segura. Esta vez, de acuerdo a la contundencia de las pruebas ya no tendrá oportunidad de salvarse, de ser enjuiciado por la Fiscalía Anticorrupción, que ya es tiempo de que demuestre para que fue creada y que no solamente sea un elefante blanco.
Otra de las presuntas implicadas pues es integrante del comité de compras del Instituto Electoral, es la titular de la Unidad Técnica de Planeación, pero que no sabe planear absolutamente nada, Verónica Priego Ortiz, licenciada en Administración de Empresas Turísticas, quien después de dedicarse a la venta de materiales de oficina fue invitada por su “intima” amiga, Maday Merino Damián, a integrarse al órgano electoral sin que supiera nada al respecto, donde aprovechó su posición para que su concubino Jorge Arturo Palacios Hernández con apenas estudios de preparatoria fuera nombrado coordinador de Almacén, ganando más de veintidós mil pesos de salario. En la coordinación de Planeación también está la concubina de Juan Manuel Segura, Blanca Iris
Arellano, que por aquello del tráfico de poder que existe dentro del Instituto fue contratada de inmediato.
Otro de los presuntos implicados, es el titular de la dirección Jurídica, Carlos Eduardo León Mayo, incondicional de Juan Manuel Segura, quien junto con el director de Recursos Humanos, Luis Fernando García Carrera, es el trio que operaba internamente para correr a las trabajadoras que ya tenían antigüedad, violando sus derechos laborales, para darle su plaza a sus mujeres o concubinas como sucedió con Tania Esposa de Luis Fernando a quien le dieron la plaza que no le quitaron alevosamente a la fue asistente del finado Roberto Félix, quien fura secretario Ejecutivo. Una vez que Roberto murió, en forma perversa y alevosa, hasta Armando Antonio Rodríguez, quien le besaba la mano al extinto, se confabuló para correr a la asistente y que en su lugar le dieron la plaza a la mujer de Luis Fernando, con un sueldo de veinte mil pesos, más lo que se acumule por ser la secretaria privada del secretario Ejecutivo.
Otra de las implicadas en esta denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción es Alicia Velázquez Vázquez, coordinadora Operativa de Recursos Materiales y Servicios como integrante del Comité de Compras.
Y Finalmente el otro implicado, que no se puede escapar pues es quien firmaba y validaba los acuerdos de contrataciones para la compra de materiales, contratación de empresas y prestaciones de servicios, es el secretario Ejecutivo del IEPC Tabasco, Armando Antonio Rodríguez, a quien Maday en forma astuta delegó la responsabilidad de firma, así, ante cualquier irregularidad ella quedaba exenta de responsabilidad, aunque obviamente es la responsable de todas las irregularidades que se presentaron y siguen subsistiendo dentro del Organo Electoral como es la contratación de personal, muchos de ellos familiares directos de los funcionarios de primer nivel, pues el IEPCT ha sido considerado por los propios funcionarios que se tapan entre ellos, como una agencia de colocaciones, donde el nepotismo brilla en todo su esplendor y aun así, habiendo contratado a su propio yerno como trabajador del Instituto, el cual está documentado la Contraloría exentó a Maday de cualquier responsabilidad.
Ante la denuncia que presentó la Contraloría Interna del IEPC Tabasco en contra de funcionarios que siguen operando dentro de esa institución, es necesario la remoción o suspensión provisional de todos ellos, mientras la Fiscalía sigue con todo el procedimiento de rigor para que no existan tropiezos, marrullerías o pretendan alterar cualquier documentación para salvar el pellejo, pero eso es una decisión que se tiene que analizar internamente.
Por ser un monto millonario lo que defraudaron con las compras que se realizaron al interior del organismo electoral, y por lo delicado del asunto, todos los integrantes del Comité de Compras, mientras se averigua quienes son los directamente responsables del posible acto de corrupción, deben ser separados de sus cargos que actualmente tienen, para que no haya lugar a dudas de que se está realizando una investigación penal apegado a la realidad.
Con el arribo de la nueva consejera presidenta al organismo electoral, Elizabeth Nava Gutiérrez, quien no tiene la presión de algún grupo sobre sus espaldas que pueda incidir en sus decisiones, la mejor solución, es comenzar la depuración de todos los mandos de primer nivel que de una u otra manera están ligados a Maday Merino y a la consejera Rosselvy Domínguez, quien hizo lo imposible por conducto de Claudia Jiménez, asesora de un consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) para que Nava no fuera ungido en el cargo, pues deseaban a otra incondicional para que ese organismo Electoral siguiera hundido en el descrédito, la mediocridad, la corrupción y el tráfico de influencias.
El organismo electoral debe ser limpiado de esa mafia que opera en su interior para devolverle la credibilidad perdida, como un órgano electoral ciudadano imparcial, sin tendencias, y no como un apéndice más del gobierno morenista en turno, porque en la medida de muestre y demuestre su independencia y autonomía, tendrá mayor credibilidad en la realización de las elecciones constitucionales de 2024.
Es una tarea ardua, no será fácil para la consejera presidenta desterrar la mafia electoral porque está enquistada, está enraizada, pero aun así, hay que ayudar a Nava Gutiérrez a limpiar su casa, porque está poniendo en juego su credibilidad, su buen nombre y prestigio que ha ganado a su paso como funcionaria electoral del INE, del Tribunal Electoral y del mismo Instituto Electoral.
No es posible que esa mafia que opera en el Instituto Electoral se haya enraizado tanto que 70 trabajadores, tal como lo denunció la Contralora Interna, no se presentan a checar en sus horarios de entrada de labores, y es mas, no se presentan a laborar con el visto bueno de su jefe.
Aquí en este espacio denunciamos el caso de Tito Mundo Nájera, quien siendo coordinador de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Instituto Electoral es al mismo tiempo profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en su división de ingeniería con sede en Cunduacan, y trabaja en el mismo horario en las dos partes, quien fue tolerado por Maday Merino Damián para faltar a sus labores y seguir dando clases, y posteriormente al ser denunciado públicamente, la presidenta provisional, Rosselvy del Carmen Domínguez se hizo la occisa y permitió siguiera con la irregularidad pese a que este sujeto está ligado directamente a la presidencia del organismo, por lo que existe una desviación de recursos económicos, como también hay complicidad para causarle un daño económico al Instituto Electoral.
Esperemos que la suspensión de un funcionario del Instituto por faltar a sus labores a como lo dio a conocer la Contralora Interna, se trate de Tito Mundo Nájera ampliamente documentado y publicado.
OJITOS
Gracias al relajamiento en la disciplina de no utilizar cubre bocas y no seguir las normas sanitarias, implementado por las propias autoridades, Tabasco que ocupaba uno de los últimos lugares en contagios de Covid-19 ha vuelto a los primeros lugares, por lo cual, las mismas autoridades, han vuelto a decretar la utilización de cubre bocas en lugares públicos y cerrados que a partir de hoy entra en vigencia
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