INCONSTITUCIONAL LA CONSULTA

 OJO VISOR 

Jacinto López Cruz

Jaclop62@hotmail.com

Desde que se dio a conocer que se realizaría una consulta popular con la finalidad de someter a proceso penal a los ex-presidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, diversos juristas dieron su punto de vista respecto a esta decisión presidencial, en la cual dejaron en claro que no era necesario dicha consulta, porque en caso de existir las pruebas correspondientes, solamente se debería presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que comenzaran las investigaciones respectivas.

Politólogos opinaron que esta llamada consulta popular presidencial, no tendría otra razón para realizarla, más que las de meterla a las boletas electorales de la elección constitucional de 2021 para intentar ganar la mayoría de las curules del Congreso de la Unión, porque sin la presencia de AMLO en las boletas electorales se les desploma la votación de tal manera que entre posiciones encontradas, la petición de consulta popular llegó al Senado de la República el pasado 15 de septiembre para posteriormente ser turnado por medio del oficio DGPL/1P3A-1677 por el presidente de la  Mesa Directiva de la Cámara de Senadores  al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que resolviera sobre su constitucionalidad.

Ayer, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales subió a su cuenta de Twitter el dictamen de su ponencia, la cual será votada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el uno de octubre, donde establece que es  inconstitucional el objeto de la consulta popular, y el porque se da ese hecho: “….esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad. Para explicar esa conclusión debe comenzar por señalarse que la consulta popular es un derecho humano de participación política de todas las ciudadanas y los ciudadanos de este País y, en principio, como ya se ha señalado, es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático mexicano, de manera que de acuerdo con lo ordenado en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3º, de la Constitución General, corresponde precisamente a esta Suprema Corte vigilar que el objeto de la consulta popular sea respetuoso de los principios esenciales de la democracia mexicana y de la protección de los derechos humanos”. 

“…..las razones antes mencionadas permiten a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver que el objeto de la consulta popular que se solicita debe considerarse inconstitucional, pues en su objeto o finalidad, pretende que se sometan a la decisión mayoritaria el acceso a la justicia de los habitantes del País, la vigencia de los derechos humanos y la fuerza vinculante de la Constitución, lo cual no puede estimarse válido, porque no puede considerarse que la Constitución permita un mecanismo para desobedecerse a sí misma ni para generar más excepciones que las que expresamente establece en su aplicación, por el contrario, la Constitución obliga y protege a todas las personas en el País. El objeto de la consulta popular puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general. El objeto de la consulta y la forma en que se redactó la pregunta permite identificar, con toda claridad, a las personas a las que la consulta propone investigar penalmente, lo que puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas que ejercieron el cargo de Presidente de la República en periodos pasados.  El derecho a la presunción de inocencia se encuentra reconocido en el artículo 20 de la Constitución General y, según lo ha sostenido esta Suprema Corte en una amplia serie de criterios, consiste en el derecho de toda persona imputada a que sea absuelta si no hay pruebas suficientes para condenarla y, también, implica el derecho de toda persona a ser considerada y tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad mediante sentencia condenatoria Asimismo, este Tribunal Constitucional ha considerado que la finalidad de brindar información-aún cuando se trate de eventos de interés nacional-no puede justificar la violación a la presunción de inocencia de las personas al exponerlas a los medios de comunicación como culpables. En este sentido, es válido que las autoridades brinden toda la información de relevancia pública, pero lo que no pueden hacer es exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, haciéndolas ver como culpables del hecho posiblemente delictivo y la anticipación de la pena”

Ahora hay que esperar la votación del pleno de la Corte para ver si efectivamente prevalece del dictamen que el ministro Luis María  Aguilar Morales dio a conocer en su cuenta de Twitter, lo cual ha causado un gran revuelo al desechar esta petición presidencial.

                                            OJITOS 

Desde el pasado 22 de septiembre se lanzó la convocatoria a todos los profesores para la elección del nuevo director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), por lo que hoy a partir de las diez horas sesionará el Consejo Divisional a través de la plataforma virtual Microsoft Teams.

El objetivo de la sesión del máximo órgano de gobierno divisional, es escuchar y recibir las propuestas de los docentes que propongan a los candidatos para integrar la terna para el proceso de elección del nuevo director, mismo que será analizado y votado en su respectivo momento, por lo que será interesante conocer quienes se apuntaran hoy para tan disputada y codiciada dirección, pues esta división es una de las más importantes de la UJAT, de donde han egresado y además laboran decenas de políticos que también trabajan en los tres niveles de gobierno.

Pero mientras se sabe hoy quienes serán propuestos o quienes se propondrán como aspirantes a la candidatura a director de la división, uno de los profesores que con antelación ha alzado la mano y dado a conocer que buscará participar como candidato a la dirección de la DACSyH, es el catedrático Francisco José Pedrero Morales, que será propuesto por un grupo de maestros.

Antes de que concluya el mes de septiembre ya se conocerá quien relevará en el cargo a Fernando Rabelo Hartman, quien deja un cochinero en esa división, un nido de corrupción,  sobre todo por la herencia maldita que le deja Alfredo Islas Colín y compañía por el tráfico de las becas de Conacyt que negoció al mejor postor, pues quienes tienen becas son funcionarios públicos que están imposibilitados para obtener una de ellas, pues hay un pago de por medio y el compromiso de tiempo completo que deben tener.

Por cierto la denuncia que se interpuso ante Conacyt México donde se dan a conocer las irregularidades de Islas Colín sigue su curso, y esperemos que las investigaciones muestren y demuestren en nido de corrupción que había creado en la división de Ciencias Sociales y Humanidades. Así que el que quiera ser director, el primer compromiso es debe asumir es el que acabar con la corrupción institucionalizada que ahí está enquistada.

                                              VISORCITO 

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, no descartó que además de Jalapa y Macuspana, los 13 municipios restantes donde gobierna Morena también hay irregularidades en las cuentas públicas.

El líder panista conminó al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a hacer su trabajo y a no a maquillar cuentas, “seguramente en los otros 13 municipios donde gobierna Morena, está plagado de irregularidades y lo más seguro es que salgan con un grave fundamento y número de irregularidades, pero nosotros esperamos que el Órganos Superior de Fiscalización haga bien su trabajo”.

Señaló que se tiene que esperar a que lleguen todas las cuentas al Congreso para que los diputados analicen todas las cuentas públicas encontradas y con base ello emitir una opinión más sustentada.

Hidalgo Cáceres, manifestó que probablemente los casos de Jalapa y Macuspana queden en la impunidad ya que hay funcionarios altamente evidenciados que terminan siendo protegidos por la fiscalía, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Segunda Comisión Inspectora de Hacienda, Ricardo Fitz Mendoza, manifestó que el inicio de los procesos electorales locales no deben ser pretextos para la politización de la calificación de cuentas públicas, “apelamos a que el informe, sea un informe técnico, que no tengan una corrección política, la comisión se tiene que basar para la elaboración del sistema defensivo en los datos que aporte el informe técnico del Órganos Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).

El diputado de extracción perredista, señaló que el politizar las cuentas públicas está en la responsabilidad de cada legislador y no está en manos de la Comisión que preside, pero garantizó que la elaboración del dictamen va tener como base el informe técnico del OSFE sin favores políticos.

En torno a los casos de los municipios de Jalapa y Macuspana donde se instalaron consejos municipales por supuestas irregularidades, dijo que no hay que adelantar vísperas y se reiteró que se tiene que esperar el informe del órgano de fiscalización, “les pediría que no adelantáramos vísperas, tenemos que esperar el informe técnico del OSFE porque ahora sólo estamos especulando, porque lo que mediáticamente se maneja es que se debe de reprobar esas cuentas públicas, creo que debemos tener la cabeza fría y esperar el informe que el día 30 se entrega al Congreso”.

                                 OJITOS DOBLES 

Por instrucciones del ejecutivo estatal ayer  tomó protesta como nuevo director general del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), Raúl Ochoa Bolón, quien sustituye a Enrique Soberanes Rivera.

El cambio en la dirección de este importante instituto de educación, se concreta a invitación del titular del Ejecutivo Estatal para que Soberanes Rivera, se integre a colaborar en otra área de la administración pública del Estado, reconociendo su esfuerzo al frente de esa institución.

Raúl Ochoa Bolón es licenciado en Economía y maestro en Administración y Políticas Públicas y hasta este día era responsable de la Dirección de Planeación y Evaluación del IEAT y vocal del Comité de la Unidad de Transparencia de este mismo Instituto, con experiencia en materia de educación y administración pública, laboró como director de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como titular de la Unidad de Acceso a la Información en la Universidad Politécnica del Golfo de México. En el Gobierno del Estado de Tabasco formó parte de la Comisión Especial para la Transferencia a los Municipios y fue subdirector de la Coordinación Operativa de Policía y Tránsito, entre otros cargos.