OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com
Siendo la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, los principales compromisos públicos de campaña que realizaron los candidatos de Morena a los diferentes cargos de elección popular, tal parece que todo se quedó en el simple discurso, que todo cambio para que nada cambiara, al menos es lo que se percibe en el Congreso local, donde hay una gran resistencia para transparentar los recursos públicos que se han utilizado.
La falta de transparencia, de rendición de cuentas claras y la alta corrupción de los funcionarios públicos del anterior gobierno federal priista, llevó a millones de ciudadanos a depositar en los candidatos de Morena, encabezados por el hoy presidente de la Republica, Andrés Manuel López, sus esperanzas de que todo sería diferente, de que el país sufriría una transformación para bien y no para mal, pero las condiciones políticas y económicas han ido cambiando pero no en el sentido de que se esperaba, sino a la inversa, a pesar de que se dice que “vamos bien”, de que “la población está feliz”, realmente está sucediendo todo lo contrario, la inseguridad está en sus más altos niveles, altos el desempleo es elevado, no hay dinero circulante entre la población, y si a eso se le agrega que en algunos entes públicos hay una gran resistencia a la rendición de cuentas claras, a transparentar el manejo del dinero público, el desencanto ha ido creciendo entre muchas personas que votaron por esa esperanza.
La fracción parlamentaria priista descubrió que el lado débil u oscuro de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Beatriz Milland es la falta de transparencia, es la vil opacidad, y por ahí arremetieron en su contra hasta casi arrinconarla, porque después que públicamente ella se comprometió a que si la fracción priista pagaba el bufete contable para realizar la auditoría externa que estaban exigiendo, cedería a que se realizara, pero solo fue de lengua, porque en los hechos, se la dado más vueltas que a un caracol a todo este asunto, escudándose en la ley y de que trimestralmente el Organo Superior de Fiscalización, cuyo titular Alejandro Alvarez fue puesto por el gobierno Nuñista, que ya se amoldó al nuevo gobierno, los ha estado auditando y que ahí están los resultados.
La Austeridad Republicana promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llevó a que en el Congreso local al inicio del periodo constitucional en el mes de septiembre del año pasado-2018- se redujeran los salarios de todos los legisladores, recursos públicos que se dijo serviría para obras de beneficio social, pero ha pasado más de un año sin que se conozca el destino de los recursos públicos y a eso es que se le llama opacidad.
¿Es tan difícil para la presidenta de la Junta de Coordinación Política informar a donde fueron a parar esos recursos públicos?, ¿se devolvió el dinero a la Secretaría de Finanzas del estado?, ¿se invirtió en alguna obra pública?, ¿se utilizó en alguna labor social?, o todavía se utilizará para el banco rosa de la mujer? a como se comprometió el gobernador cuando tomó protesta en el Congreso.
Realmente cuando hay transparencia en el manejo de los recursos públicos no se duda en darlos a conocer a la fracción parlamentaria que lo está pidiendo, es más inmediatamente se puede hacer público para que no quede lugar a dudas entre la sociedad de que no hay malos manejos administrativos, de que efectivamente la transparencia y rendición de cuentas como premisa de Morena es una realidad y no una simulación, porque ahora a la inversa de como pasaba cuando Morena era oposición que exigía transparencia y cuentas claras a los gobiernos priistas que se negaban a ello, ahora es a la fracción morenista que se le exige rendición de cuentas, y está pasando lo mismo, nada que accede a la petición, es como si ocultaran algo, es como si los 93 millones de pesos que fue producto de haber reducido las dietas de los legisladores se hubiera utilizado para otra cosa y no para lo que se dijo.
Y como los legisladores priistas ya vieron que no es el fuerte de Betty Milland, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, y que como un caracol le da vueltas a las cosas invocando la ley, y que todo se hará de acuerdo a esa disposición, no van a quitar el dedo del renglón exigiendo que haya una auditoria externa para comprobar si efectivamente los recursos públicos ejercidos en 2018 y 2019 se están utilizando adecuadamente, si no hay dispendio, sino hay excesos en el gasto, porque si la premisa es las Austeridad Republicana, todos los legisladores, incluyendo a la presidenta de la Junta de Coordinación Política se tienen que manejar dentro de esa austeridad, no gastando en exceso, ni haciendo fiestas aunque luego quieran disfrazarlas de que se la organizaron, porque ¿a cambio de qué? le hicieron su fiesta de cumpleaños.
Y si hasta ahora Betty Milland se niega a transparentar la utilización de los 93 millones de pesos producto de la reducción de las dietas de los legisladores, se imaginan en general como se habrá gastado el presupuesto del Congreso, porque gastar dinero ajeno es lo más fácil, nada más que tiene que haber rendición de cuentas, porque la sociedad votó precisamente para cambiar la opacidad de los gobiernos priistas y no es justo que hagan lo mismo que tanto cuestionaron. Por lo pronto Betty Miland está entrampada con la auditoria externa que exige la fracción priista.
OJITOS
Desde el primer año del gobierno de Andrés Granier, una de sus primeras advertencias fue de que Tabasco, por el cambio que había hecho el Congreso de la Unión a la miscelánea fiscal, el estado perdería entre nueve y diez mil millones de pesos en su presupuesto, pues el cambio establecía que la repartición del presupuesto federal en donde se incluía el excedente petrolero se estableció de acuerdo al numero de población y no en base a la aportación que realizaban los estados petroleros.
Desde luego que la perdida de los recursos millonarios del presupuesto público asignado a Tabasco, en vez de lograr un frente común que exigiera o cuando menos intentara una modificación a la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados, los legisladores opositores al gobierno priista de Granier, hasta se congratularon con esa reducción, porque eso reduciría-según ellos-que se robaran el presupuesto público, porque a mayor presupuesto, mayor robo, sin que quisieran entender que con la reducción del presupuesto, el mismo gobierno estatal reduciría sus posibilidades de realizar obras de interés social, porque perder entre nueve o diez mil millones de peso era algo muy delicado.
Desde luego que el cambio en la miscelánea fiscal que realizaron legisladores federales panistas y priistas, llevaba una especial dedicatoria a favor del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que se vio beneficiado con millones de pesos del presupuesto federal que le sirvió para construir su candidatura a la presidencia de la República, a cambio de afectar a dos de los estados petroleros, Tabasco y Campeche que perdieron miles de millones de pesos a sus presupuestos con esos cambios leoninos que se realizaron.
Desde entonces para acá el presupuesto público de Tabasco se ha visto afectado por la federación y mientras no se revierta la parte de la miscelánea fiscal que corresponde a la repartición de los excedentes petroleros, de acuerdo a la aportación que hacen los estados petroleros y no en base al numero de población, entonces los estados con el mayor número de población sin ser petroleros, se verán enormemente beneficiados.
Con la Cámara de Diputados federal constituida en su mayoría por legisladores de Morena, se pensó que la fracción parlamentaria de Tabasco pondría mayor interés en promover un cambio a la miscelánea fiscal, para cuando menos regresarlo a su estado original para que se pudiera tener una mayor participación del presupuesto público, ero miopes y metidos en otros terrenos, ni siquiera repararon en ese problema, y eso es lo que seguirá afectando en 2020 el presupuesto que Tabasco recibirá de la federación, por lo cual, hay que aprovechar que existe una mayoría parlamentaria de Morena, y hay que invocar el paisanaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para ver si así se logra una nueva reforma a la miscelánea que beneficie y no perjudique el presupuesto de nuestra entidad. Ojalá que algún legislador federal o el mismo jefe del poder Ejecutivo se atreva a dar el primer paso, para que así, si se logra que el Congreso federal modifique la miscelánea el próximo año, en el año 2021 Tabasco esté recibiendo un mejor presupuesto que es necesario para poder avanzar en su desarrollo.
VISORCITO
La dirigente del Comité de Derechos humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Leonor Ramírez Bautista, aseguró que desde el 2015 a la fecha, Tabasco se ha convertido "en el paraíso de los feminicidas y agresores de las mujeres".
Ramírez Bautista, indicó que finales de octubre o noviembre se solicitaría, de nueva cuenta, la activación de la alerta de género a la Secretaría de Gobierno (Segob), e incluso el Observatorio Nacional del Feminicidio podría sumarse a esta petición.
Remarcó que lo ocurrido en un juzgado de oralidad en el municipio de Centro, donde una mujer fue apuñalada por su ex-pareja, podría constituirse como un intento de feminicidio, "que sólo exhibe que no existen condiciones de seguridad para las víctimas de violencia"., ya que no puede ser posible que un sujeto con toda la impunidad le diera once puñaladas a una mujer en las narices de las autoridades, y estos intervinieron cuando ya se había dado la agresión, en vez de prevenir que se presente hechos como este.
Y agregó : "Este caso es responsabilidad del agresor, pero también del gobierno, del Instituto Estatal de las Mujeres, de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por no implementar políticas públicas para erradicar este cáncer". A la fecha se han contabilizado 21 feminicidios, pero desde que el delito fue tipificado suman 140 y apenas unos 10 han derivado en el encarcelamiento de los asesinos.
OJITOS DOBLES
El presidente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Alejandro Álvarez Gonzalez, dio a comer que ya se inició las auditorías a la administración del Patronato del Sistema DIF-Tabasco, que presidió Martha Lilia López Aguilera, esposa del ex-gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez.
Indicó que esta auditoria se tiene previsto concluirlo en la última semana del mes de abril del 2020, resultados que serán entregados a los integrantes de la comisión en el mes de mayo de 2020.
Dijo que se revisará al cien por ciento las fuentes de financiamiento que en 2018 obtuvo este organismo de asistencia social, que se calcula en mil millones de pesos, y que en caso de existir algún obstáculo en el trabajo de fiscalización que realizarán, existen los mecanismos necesarios para obtener toda la información, y que en caso de ser necesario se llamaría a comparecer a la ex-titular, pero dependerá de lo que resulte de las investigaciones". En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo que esta observó en 2018 al DIF-estatal 26 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, pero esos recursos fueron regresados durante el periodo de revisión.
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