ALFONSO DURAZO DEBE RENUNCIAR

OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com

A casi una semana de los hechos violentos suscitados en Culiacán, Sinaloa, donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán-El Chapito-los esfuerzos del gobierno federal por salir bien librado de este asunto, más se enredan, con la declaración de ayer del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, de que no fue informado de que se realizaría el operativo, que resultó un desastre.
Si damos como cierto lo dicho por el presidente de que no sabía, ni conocía del operativo que se realizaría en Culiacán, Sinaloa, , cuando un presidente de la Republica debe estar bien informado, entonces algún funcionario de su gabinete o de la Secretaría de la Defensa Nacional le mintió y por lo tanto deben rodar cabezas, debe renunciar quien o quienes  resulten responsables de haber ordenado la fallida captura, pero sobre todo por no haberle informado al presidente de la Republica sobre lo que se iba a hacer y en este caso el responsable de encabezar el equipo de seguridad es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal,  Alfonso Durazo Montaño, por su evidente incapacidad y su falta de reacción inmediata. 
Existe un completo desaseo, quizás por falta de conocimiento o por incompetencia, en cuanto a la información oficial que se ha venido dando a conocer a la opinión pública  en torno al fallido operativo para detener al hijo del Chapo Guzmán, con el desenlace violento que todos conocen.
Desde el momento mismo en que iniciaron los actos violentos, ni el gobierno municipal de Culiacán, ni el gobierno estatal o el gobierno federal tuvieron la capacidad de comunicar a la nación que era lo que estaba pasando pues hubo un completo vacío informativo, de entre cinco o seis horas, vacío que cubierto por las redes sociales en donde se estuvieron subiendo diversos videos de enfrentamientos armados, donde fue indudable que los criminales lograron su objetivo de mostrar todo su poderío que iba desde su organización coordinada, hasta el armamento sofisticado que portaban con la que se enfrentaron a las fuerzas armadas del gobierno, hasta que llegó el momento de la claudicación,  que significó la libertad para el Chapito, y comenzó el deterioro del naciente gobierno federal, pudiera decirse que el Ayotzinapa, Guerrero, que marco al gobierno de Enrique Peña, es el Culiacán, Sinaloa, que ha marcado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Desde el pasado jueves para acá mil cosas se ha escrito en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, de que fueron doblegados, de que tuvieron miedo,   y otras tantas a favor para justificar la acción que tomaron de dejar en libertad al Chapito, como el hecho que para salvaguardar las vidas de la población y que no corriera sangre inocente, se tuvo que tomar esa decisión, pero también es cierto que desde el mismo momento en que se va a realizar una captura de esa naturaleza se tiende todo un cerco-anillos de seguridad-para evitar precisamente que personas inocentes pierdan la vida, y para evitar un posible rescate  y se logre la captura del objetivo.
Con el incidente delictivo de Culiacán, Sinaloa, se evidenció que el gobierno federal no solamente carece de una estrategia de seguridad, sino de un equipo de comunicación capaz de actuar en tiempo de crisis para brindarle  información  a la población sobre lo que está aconteciendo, porque no hay nada más grave para cualquier gobierno,  el crear un vacío de información que genera rumores de cualquier naturaleza que alarma a la ciudadanía y que es aprovechado por la parte contraria, en este caso la delincuencia para llenar ese vacío por medio de las redes sociales y demostrar que son más poderosos que el gobierno, como se  vio y se vivió el pasado jueves.
Hay que reconocer que por más esfuerzos que realiza el Ejecutivo federal por paliar el problema de Culiacán, donde desde su punto de vista se actuó con humanidad, y hay quienes piensan lo contrario, que se demostró debilidad,  en el gabinete hay una crisis de división y credibilidad por las diferentes versiones que se fueron dando a conocer a lo largo de los días, desde la primera versión oficial, en el sentido de que se trató de un patrullaje de elementos del Ejercito y la Guardia Nacional que pasaban por una casa y les dispararon por lo que tuvieron que actuar para controlar la decisión, hasta la aceptación que se trató de un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, que resultó fallido, porque los delincuentes superaron a las fuerzas armadas del país en número de elementos y en armamento, de allí que se tomó la decisión de desistirse de la captura.
Esta división interna y la crisis de credibilidad en el gabinete de seguridad federal debe desaparecer con la renuncia de Alfonso Durazo Montaño que es el responsable de coordinar a los cuerpos de seguridad del país, pues es evidente que no tuvo la capacidad de reacción, y no supo coordinar las versiones que se fueron dando respecto a las acciones violentas que se presentaron en Culiacán, porque también existe la versión, de que ni el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, fue informado del operativo que se iba a realizar y pidieron su intervención una vez que ya estaba el problema encima, pero si a eso se le agrega que ahora el presidente de la Republica acepta públicamente que tampoco tenia conocimiento de ese operativo, aunque antes había respaldado la acción que se tomó de dejar en libertad al Chapito para evitar un baño de sangre, pues no hay otro responsable de lo que pasó en Sinaloa que el secretario de seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.
Si se actúa en concordancia con los hechos violentos suscitados en Culiacán, Sinaloa, en los próximos días se verá rodar la cabeza de Durazo Montaño de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con ello se esfumará su posibilidad de ser candidato al gobierno de Sonora por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, por todo el descredito que ya lleva sobre sus espaldas, pues es evidente que no pudo coordinar este operativo con las fuerzas armadas del país que finalmente fue fallido operativo-un total desastre-que también le ha costado serios cuestionamientos al gobierno federal, que no será fácil de diluir.
                                                   OJITOS   
En su máximo nivel se encuentra la polémica sobre si es o no una venganza política la demanda penal que el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Guillermo del Rivero León interpuso en contra del ex-delegado de Sedesol y ex-presidente municipal de Teapa, Héctor Raúl Cabrera Pascacio y la delegada de Liconsa en Tabasco, Edith Villareal Ligarde por presuntamente por condicionar el acceso a los programas sociales a cambio de beneficios electorales.
Independientemente de lo que se dice que hay videos, grabaciones, y pruebas testimoniales en contra de Villareal Ligarde y Cabrera Pascacio, que los podría llevar a la cárcel, según el coordinador jurídico, que tal parece ya los condenó a que cometieron un crimen electoral  sin esperar las investigaciones o el debido proceso que se tienen que realizar , que esa sería la parte legal, pero de acuerdo al sentido común, que es el más común de todos los sentidos, no hay que dar paso a la suspicacia, a mal pensar, a dar paso a la especulación, porque finalmente todo se mezcla.
Guillermo del Rivero León, es cuñado de la presidenta de la Junta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Beatriz Milland Pérez, quien mantiene un serio enfrentamiento político con la legisladora priista, ingrid Margarita Rosas Pantoja, quien es esposa del ex-delegado de la Sedesol Héctor Raúl Cabrera Pascacio a quien se busca a encarcelar.
Suponiendo sin conceder, de que hay videos, grabaciones, pruebas testimoniales que ya fueron entregadas a la Fiscalía Estatal,  de que la delegada de Liconsa y el ex-presidente municipal de Teapa, Héctor Raúl Cabrera están condicionando la entrega de apoyos sociales, habría que checar cual es el papel que juega el ex-delegado de Sedesol en este asunto porque actualmente no tiene cargo de funcionario y es un simple ciudadano más, pero si esto se empata con que fue el propio Coordinador General de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, Guillermo del Rivero León, quien va personalmente a entregar la demanda y este es cuñado de Beatriz Milland, presidenta de la Junta de Coordinación que está enfrentada a la legisladora Ingrid Margarita Rosas esposa de Cabrera Pascacio, ¿cuál es el mensaje político que se manda?, ¿acaso de que tiene la piel sensible la presidenta de la Junta y que está echando mano del poder de Estado para doblegar a su adversaria?, si es así, que mal uso están haciendo de las instituciones públicas.
Si el coordinador de Asuntos Jurídicos quería hacer las cosas bien, que se viera dentro del marco de la legalidad, para que se encuadrara bien la demanda con las pruebas que dice que presentó, si bien es el responsable del área que debe interponer las demandas penales o civiles del gobierno estatal, no era más fácil que enviara a uno de los varios abogados que existen en su dependencia a presentar la demanda en forma callada para fuera más contundente la investigación y una vez que se agotara las investigaciones de rigor se actuará en consecuencia y si procedía cárcel, pues que se encarcela a Héctor Raúl Cabrera.  Es claro, de acuerdo al sentido común, que se trata de un acto de intimidación, de una vendetta política,  porque ahora si ya se politizó esa demanda penal utilizando las instituciones públicas por una de las partes, y por la otra, exhiben la debilidad de la presidenta de la Junta de Coordinación Política Beatriz Milland, que al mantener un enfrentamiento político con la legisladora Ingrid Rosas, que ya lo tradujo en pleito personal,  está recibiendo ayuda para mandar un mensaje de que ningún legislador opositor o un simple mortal debe meterse con ella porque inmediatamente será demandado, que no debe ser tocado ni con el pétalo de una rosa porque su cuñado inmediatamente actuará en contra de quienes se atrevan a cuestionar públicamente a Milland.
Si realmente había la intención de meter a la cárcel a Héctor Raúl Cabrera Pascacio con las pruebas que dice Guillermo del Rivero presentó ante la Fiscalia lo hubiera logrado, pero como el mensaje iba en sentido intimidatorio y para que todos vieran la sobre protección que se le brinda a la presidenta de la Junta de Coordinación, para doblegar a Rosas Pantoja, había que pegarle en donde le doliera que es su pareja, su esposo, nada mas que no contaban que hay personas que no se dejan intimidar, que hay personas que reaccionan a la inversa del mensaje de miedo que se quiera mandar, y por esa razón, la propia legisladora priista ha salido a defender su causa y a decir que tiene los pantalones bien puestos para enfrentar este problema que del terreno legal pasó al terreno político pues hasta el dirigente estatal del PRI, Pedro Gutiérrez salió en defensa de Héctor Raúl Cabrera.
A partir de ahora, hay que observar cual será el rumbo que tomará esta demanda penal ya politizada por el propio Coordinador General de Asuntos Políticos del gobierno estatal, Guillermo del Rivero, que en su afán de exhibir a los contrarios, está demostrando que es un imberbe funcionario público que le faltan muchas tablas por aprender, y que en esto de la función pública, los carniceros de hoy serán las reses del mañana, porque los cargos públicos duran seis años si bien le va o menos tiempo, dependiendo de su actuación y las circunstancias políticas que se presenten. Si realmente querían acción penal, del Rivero tuvo las cosas en sus manos y las dejo ir.