miércoles, 4 de septiembre de 2019

REPROBACION EN MANOS DEL CONGRESO

OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com

Sin línea de ninguna clase, y con un panorama más claro de acuerdo al informe entregado por el Organo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) a las Comisiones Inspectoras de Hacienda, que detalló el desfalco financiero dejado por el anterior gobierno estatal, el Congreso local está obligado a reprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018 del ex-gobernador Arturo Núñez, así como las cuentas públicas de varios municipios que no pudieron comprobar la utilización de los recursos públicos, que por lo tanto representa un desfalco.
Para los integrantes de la  fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que es mayoría en el Congreso local, el costo político que han tenido que pagar por la aprobación  de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 del ex-gobernador Núñez, fue demasiado elevado, pues la población tabasqueña los cuestionó acremente al tacharlos de ser aliados de la corrupción al haber aprobado dicha cuenta justo en el momento en que estaba muy presente el escenario desastroso que se había vivido en los últimos meses de 2018 del gobierno Nuñista que se debatíó entre los estertores de las marchas, plantones, toma de instalaciones por la falta de recursos económicos para cubrir las prestaciones laborales de miles de trabajadores de varias dependencias del gobierno estatal.
Incluso, para intentar bajar la presión de la sociedad que cuestionaba a los legisladores de Morena de haber traicionado uno de los ideales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de combatir a fondo la corrupción, el desliz del legislador Charly Valentino que se atrevió a declarar que habían recibido línea del presidente de la República para aprobar la cuenta pública 2017 del Ejecutivo estatal, lejos de apaciguar las llamas de la inconformidad ciudadana, mas las incrementó, por eso ahora que el gobernador Adán Augusto López ha declarado que no tiene porque dar línea, sino que es respetuoso de las decisiones que tome el Congreso local, la papa caliente está del lado de los legisladores, quienes tendrán que tomar una decisión basado en el informe de resultados del OSFE que ha detallado todas las irregularidades, no solamente del ex-gobernador, sino de varios ex-alcaldes, por lo que se espera que actúen apegado a la legalidad y por supuesto que no solamente reprueben esas cuentas públicas, sino que para cerrar el circulo de la justicia y el combate a la corrupción que es la principal bandera presidencial, también se interpongan las demandas penales y administrativas para que los responsables del cuantioso desvío de recursos públicos vayan a la cárcel y reintegren todo lo defraudado para sentar un precedente de que no hay intocables cuando se descubre que hicieron mal uso del presupuesto público que debió destinarse a las obras públicas que tanto demanda la colectividad, pero sobre, ahora que es tiempo de austeridad cuando faltan recursos económicos para realizar las obras que demanda la población, la devolución de lo hurtado, será de gran valía porque servirá para el desarrollo social de los municipios de donde precisamente se sustrajeron esos recursos públicos.
Independientemente del pronunciamiento del presidente de la República de que no es su fuerte la venganza y de que el gobierno federal no interpondrá denuncias en contra del ex-gobernador Núñez porque hay que ´poner punto final al pasado para avanzar en el presente, que podría interpretarse como una línea y nada más, los legisladores morenistas deben analizar con toda certeza cual sería el costo político que tendrían que pagar ante el electorado si vuelven a aprobar la cuenta pública 2018 del anterior sexenio, tomando en consideración que vienen las elecciones intermedias y que varios legisladores locales quieren ser candidatos a las presidencias de sus municipios y otros quieren ser diputados federales, por lo que pueden sufrir el rechazo en las urnas y hasta se les acabaría su carrera política y cual sería el resultado, si en base a la información que les entregó el OSFE deciden actuar reprobando la cuenta del Ejecutivo y ordenando el inicio de las demandas penales y administrativas para demostrar que efectivamente siguen el lineamiento presidencial del combate a la corrupción a profundidad, caiga quien caiga.
La papa caliente está en manos de los legisladores morenistas porque como mayoría en el Congreso local, sobre lo que ellos decidan, hacia allá se inclinará la votación, tal como lo hicieron el año pasado que aprobaron sin recato la cuenta pública 2017 del ex-gobernador, recibiendo a cambio el repudio de la sociedad que no concebía que una fracción parlamentaria que enarbolaba la bandera del combate a la corrupción, hubiera aprobado una cuenta pública repleta de irregularidades.
Podría decirse que ahora las cosas son diferentes, que obligados por las circunstancias políticas y por el amago de la destitución en caso de realizar un trabajo deficiente, el fiscal superior, Alejandro Alvarez,se vio obligado a ir a fondo en las auditorías practicadas a los entes públicos, de allí que los resultados del informe entregados al Congreso local arrojan la terrible realidad de que más de 4 mil 500 millones de pesos se quedaron en el aire, que no se sabe en donde están o en donde se invirtieron porque las obras no aparecen, porque se realizaron pagos a proveedores fuera de la normatividad sin que la obra estuvieras terminada, porque se pagaron salarios estratosféricos a quienes ya cobraban en otras dependencias o que de plano utilizaron los recursos públicos pero no pudieron solventarlo porque no tienen como comprobarlo, de tal manera que ante esta realidad, partidos políticos, organizaciones civiles, cámaras empresariales,  y hasta el dirigente de Morena en el estado, Francisco Burelo Burelo ha llamado a los legisladores de su partido a actuar con prudencia y mesura, a evaluar los resultados para que ajustado a derecho se proceda a la reprobación de la cuenta pública 2018 de Arturo Núñez, como las cuentas públicas de los ex-alcaldes que no pudieron solventar las irregularidades, porque en caso que los legisladores Morenistas solamente reprueben la cuenta del Ejecutivo y no ordenen interponer las demandas penales para que los involucrados en el desfalco a las arcas públicas paguen por sus irregularidades, la misma dirigencia morenistas interpondrá las demandas penales para que se les aplique el castigo correspondiente.
Si los legisladores morenistas por ser mayoría en el Congreso actúan de acuerdo a la legalidad, y por congruencia política con el presidente de la República, no tienen para donde hacerse, están obligados a reprobar la cuenta pública 2018 de Núñez, como también están obligados a ordenarle al OSFE que interponga las demandas penales, porque si la reprueban y no dan  el siguiente paso, de nada servirá la reprobación ya que serán severamente cuestionados por la población, aunque haya algunos legisladores morenistas que opinen que lo que menos les interesa es la opinión de la ciudadanía, cuando bien saben que en Tabasco la población políticamente ha despertado y que si vuelven a cometer otro error lo pagarán con creces en las urnas pues no les perdonarán el que actúen a medias tintas, o son o no son.
Los legisladores morenistas tienen en sus manos todas las  posibilidades de reivindicarse ante la sociedad, de demostrar que en congruencia con el principal estandarte presidencial del combate a la corrupción en Tabasco están en la misma tónica de no permitir un acto más de corrupción reprobando la cuenta de Núñez, como la de los ex-presidentes municipales que solventaron los recursos públicos utilizados, para dar el siguiente paso, que es la presentación de las demandas penales para que los responsables sean llevados a juicios y en su caso encarcelados para demostrar que el combate a la corrupción es en serio.
                                       OJITOS   
Cuando se preveía que la fracción parlamentaria morenista en el Congreso federal en forma intransigente estaba dispuesta a reformar la ley para que el legislador Porfirio Muñoz Ledo pudiera permanecer por segundo año consecutivo al frente de la Mesa Directiva del Congreso, éste decidió no reelegirse como presidente para evitar una crisis constitucional.
Con esto se abre las posibilidades, desde luego bajo previo acuerdo político,  de que  el segundo partido en importancia en ese Congreso, de acuerdo a su número de legisladores, como es Acción Nacional presida la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el próximo año lo pueda presidir un legislador de la fracción priista, de acuerdo a como está establecido en la ley.
Este hecho engrandece a Porfirio Muñoz Ledo, quien consciente de su gran responsabilidad, ponderó los intereses generales por encima de los intereses de su fracción parlamentaria o su interés personal de seguir presidiendo la Cámara, contrario a lo que sucedió en el Senado en donde la fracción parlamentaria Morenista en vez de conciliar avasalló a quien era presidente de la Mesa Directiva para imponer a otro presidente, que los ha dejado mal parados ante la opinión pública.
Bien por Porfirio Muñoz Ledo, que así demuestra que es un político de nivel de los que tanto necesita el país, y que justo en el momento en que se avecinaba una crisis ante el emplazamiento de las otras fracciones parlamentarias prefirió no relegirse para dar paso al acuerdo político para que un panista presida la Mesa Directiva
                                      VISORCITO 
El próximo miércoles la Junta de Coordinación Política del Congreso local se reunirá con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PRD, PVEM y PRI, a fin de proponer al legislador morenista Rafael Elías Sánchez Cabrales y Juana María Esther Álvarez Hernández, para presidente y secretaria de la Mesa Directiva para el próximos periodo legislativo, luego de que fueron avalados por la fracción morenista, por lo que se prevé que no exista mayores problemas para que asuman los cargos.
Por su parte, el virtual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rafael Elías Sánchez Cabrales, aseguró que la imparcialidad y congruencia serán el sello de su trabajo y que en el tema de las cuentas públicas del 2018 del ex-gobernador del estado Arturo Núñez Jiménez, se seguirá el procedimiento marcado por la ley.
Sánchez Cabrales mencionó  que no habrá “cacería de brujas”, ni “chivos expiatorios" en cuanto a la calificación de las cuentas 2018 porque todo se realizará apegado a la legalidad.
El próximo miércoles se elegirá la Mesa Directiva para el primer Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año legislativo del Congreso local, cuyos trabajos inician el 5 de septiembre y concluye el 15 de diciembre, mismo que se encargará de dirigir los trabajos relativos a las calificaciones de las cuentas públicas de los tres poderes del estado, de los 17 ayuntamientos y de los organismos desconcentrados, la aprobación de la Ley de Ingresos del estado y de los 17 ayuntamientos.
Igualmente se hará la recepción del primer informe de gobierno de Adán Augusto López Hernández, que por primera vez después de 20 años, se llevará a cabo en el pleno del Congreso, así como las comparecencias de funcionarios para la glosa del informe.
Tras la clausura de la reunión previa de este miércoles, se convocará a la Sesión Pública con carácter de solemne, para la apertura de los trabajos del Periodo Ordinario de Sesiones que se llevará a cabo a las 11 horas del jueves 5 de septiembre.


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