LOS EXCESOS DEL PODER

OJO VISOR
Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com


Contrario a los aires de democracia que pregona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y como una especie de caldo de cultivo hacia sus detractores que creen que quiere relegirse en la presidencia de la República, en Baja California los excesos de poder del candidato ganador de la gubernatura, lo llevaron a comer una aberración jurídica al maniobrar para que el Congreso de dicho estado aprobara una nueva disposición legal que alarga su periodo de gobierno de dos a cinco años.
Jaime Bonilla fundador del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el que fue postulado como candidato a la gubernatura, logró el pasado dos de junio romper con el predominio de gobierno que ejercía en Baja California desde hace varios sexenios el Partido Acción Nacional, logrando derrotar en las urnas a Oscar Vega Marín, y hasta ahí parecía que todo marchaba bien, pero no fue así.
De acuerdo a las notas periodísticas locales, el Congreso local de Baja California determinó en 2014, que el candidato al gobierno que ganara las elecciones del dos de junio de 2019, duraría en el cargo dos años con la finalidad de hacer concurrentes los comicios locales y federales en el 2021,  pero durante la campaña política el candidato de Morena impugnó esa decisión ante el Tribunal Electoral local para que la gubernatura fuera por un sexenio pero fracasó en su intento al ser impugnado por el PAN,  de tal manera que los bajacalifornianos fueron a las urnas a votar por un candidato a la gubernatura por un periodo de dos años y no por cinco años a como se dio el cambio en el Congreso local.
Lo que no logró cambiar antes de las elecciones, Jaime Bonilla lo logró en un acuerdo político con el actual gobernador panista Kiko Vega, quien para lograr que nueve de los 12 diputados del Partido Acción Nacional aprobaran esa aberración jurídica puso como condición que su pupilo Carlos Montero Oceguera fuera nombrado titular del órgano Superior de Fiscalización, quien será el responsable de fiscalizar las cuentas públicas del todavía gobernador correspondientes a los ejercicios fiscales 2017-2018-2019, para que así se vaya tranquilo sin sobresaltos, sin la pena de que tenga que rendir cuentas ante las nuevas autoridades en caso de que se le encuentren irregularidades a sus cuentas. Es el mismo cuento de la concertación en lo oscurito entre los personajes políticos de diversos partidos, aunque sean antagónicos en la arena pública, porque para ellos lo primordial es salvar el pellejo, porque el pueblo finalmente no cuenta.
El congreso local de Baja California está integrado por 12 diputados del PAN; cinco diputados del PRI; tres diputados de Morena, uno del PRD, una del PT, uno de Movimiento Ciudadano y dos diputados de partidos locales, todos ellos, a excepción de tres diputados de Acción Nacional aprobaron la aberración política de modificar la ley para extender de dos a cinco años el mandato de Bonilla, sin importarles violentar la Constitución Política, porque para ellos el fin justifica los medios.
¿Qué hubo dinero de por medio para comprar a los diputados de los diferentes partidos para que dieran el gran viraje?, no es de dudarse, ¿de que hubo contubernio político para cambiar la ley?, tampoco es de dudarse, es claro que hubo mano negra para cambiar el sentido de la ley, pero lo más aberrante y despreciable de este caso, es que sea un gobernador electo de Morena, el partido del presidente de la República que promueve la democracia y que está exigiendo acabar con la corrupción y la simulación, el que haya cometido un acto de corrupción, el que esté cometiendo un exceso de poder, para alargar su periodo para gobernar  para el que no fue electo en las urnas, pasando por encima de la voluntad popular, lo que significa una burla para los electores bajacalifornianos.
Es claro que los mismos morenistas promueven el caldo de cultivo para que los detractores u opositores del presidente de la República se le vayan encima con justa razón, porque no es posible que un gobernante electo pretenda pasar por encima de la constitución violentando el Estado de Derecho y la voluntad popular de quienes votaron por un candidato al gobierno por dos años no por cinco, y que lo que no logró antes, por medio de la corrupción traducida en soborno para los legisladores locales, estos hayan decidido cometer una aberración jurídica de alargar un periodo para el que no fue electo.
Desde luego que la condena pública no se hizo esperar, incluso prominentes morenistas como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, un político de gran experiencia y conocedor de las leyes opinó que se deben desaparecer los poderes en Baja California por esta flagrante violación a la Constitución que cometieron los legisladores, aunque el presidente de la Junta de Coordinación Politica del Senado, el también morenista, Ricardo Monreal difiera y se pronuncie por una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar abajo la nueva ley aprobada por los diputados locales de Baja California.
Este tipo de excesos de poder, de comprar la voluntad de los legisladores no se debe cometer en el país, ni mucho menos lo debe intentar un partido como Morena que pregona la democracia, es más, es oprobioso intentar justificarlo burdamente a como lo hizo la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky,  al argumentar que no se puede gastar tanto dinero cada dos años en elecciones, cuando claramente está viendo una violación a la Constitución, pero sobre todo cuando los electores bajacalifornianos votaron por un candidato a gobernador que durara en el cargo dos años y no cinco como ahora se pretende en una clara ambición de poder de Jaime Bonilla que da un peligroso salto al pasado, de ese pasado omiso que desprecia el partido en el poder, Morena.
Es tan grave lo que paso en el Congreso de Baja California que los partidos
Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, y Revolucionario Institucional han anunciado que les iniciaran juicio de expulsión a sus legisladores por contravenir las disposiciones legales y por prestar a la violación de la Constitución, cuando debieron oponerse a que se consumara esa aberración, hasta el gobernador Kiko Vega ha anunciado que no promulgará el decreto de  reforma de ley. 
Lo cierto, es que si se presenta la Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta  echara abajo la ley aprobada por los legisladores locales de Baja California y dejará en dos años el mandato de Jaime Bonilla, a quien ya se le ve como un ambicioso de poder, que al no ser votado en las urnas por un periodo de cinco años, sino que solamente era un periodo de dos años, corrompió a los legisladores locales para que modificaran la ley a su favor. Este tipo de actitudes también dañan al presidente de la República.
Lo que sucedió en Baja California es una clara violación al Estado de Derecho y una burda maniobra en contra de la democracia, esa democracia que tanto pregonaron en las campañas políticas de 2018 y que llevó a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador, por eso, ese tipo de afrentas que daña a la propia Constitución no se debe de permitir, sobre todo por las ambiciones de poder de Jaime Bonilla que es un retrógada de la democracia.
                                              OJITOS
Aquí en Tabasco tampoco se cantan mal las rancheras, el Partido Revolucionario Institucional (PRI)  y sus legisladores locales despertaron de su letargo, por lo que anunciaron que ya presentaron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la reciente aprobación que realizó el Congreso local, al reducir el número de regidores en los 17 ayuntamientos del estado, que viola flagrantemente preceptos constitucionales.
En aras de evitar que los alcaldes ejerzan un poder absoluto en contra de los beneficios ciudadanos, la Fracción Parlamentaria del PRI en la actual legislatura local y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el Congreso del Estado decretara la reducción del cuerpo colegiado de Regidores en los Ayuntamientos.


La demanda que fue presentada en el máximo tribunal del país, se hace valer que se violentan diversos preceptos constitucionales, debido a se quitan los contrapesos y se permitirá la concentración de poder a los alcaldes.
Con esta iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal y que aprobó el Congreso del Estado sin realizar un análisis profundo de la misma, solo con tres votos de regidores de los cinco que conformarán el Ayuntamiento, los ediles podrán poner a la venta bienes inmuebles propiedad del municipio o la concesión de servicios públicos a los particulares, lo que afectará no solamente a la hacienda municipal, sino también a los habitantes del municipio de que se trate.
El reclamo principal de esa demanda –señalan los legisladores priístas en su inconformidad– es la reducción de 14 regidores, donde existe una población mayor a cien mil habitantes; y de 12 donde existe una población menor, quedó reducida solamente a 5 regidores para todos municipios.
Por lo que consideran que la reforma vulnera el criterio de población que se venia observando en Tabasco para la integración de los Ayuntamientos desde hace varios años y que según la SCJN debe seguirse para la integración de los cuerpos colegiados de representación popular.
Esta decisión hace regresivo el derecho que los ciudadanos tenían para elegir a sus representantes en función del número de población, así como los espacios que las mujeres tenían derecho a tener en los cabildos, ya que de 7 y 6 respectivamente que actualmente tienen, en los sucesivo solo podrán tener 2 o a lo sumo 3.
Ahora solamente hay que esperar cual será la decisión que tome el máximo tribunal del país en relación a la reducción de regidores en los ayuntamientos de Tabasco, que ciertamente va relacionado en cuanto al número de población es el numero de regidores en los cabildos.
                                      VISORCITO 
El legislador independiente José Manuel Sepúlveda del Valle decidió dar otro nuevo paso, al aceptar integrarse como asesor de Redes Sociales Progresitas que busca convertirse en partido político bajo la tutela de Elba Esther Gordillo que ya tiene experiencia en eso de crear partidos políticos.
El legislador que llegó al Congreso por la vía del Partido Verde Ecologista al cual renunció por discrepancias políticas con otros miembros de esa organización, aceptó tener afinidad con la organización Redes Sociales Progresistas, esperando que esta nueva expresión política presente mejores propuestas que los partidos tradicionales, "fui invitado a participar, y acepte aportar mi experiencia y conocimientos a la organización que busca consolidarse como un nuevo partido político", indicó.
Sobre si no le pesaría al nuevo partido la dudosa reputación de Elba Esther Gordillo Morales, Sepúlveda del Valle respondió que al igual que al ex-gobernador Andrés Granier Melo que salió libre, nada se le pudo comprobar legalmente a la ex-dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),