Jacinto López Cruz
Jaclop62@hotmail.com
Cuando el 31 de diciembre de 2012 en el Centro de Convenciones que fue declarado recinto oficial, previa huida del estado, de Andrés Rafael Granier Melo, Arturo Núñez Jiménez protestaba el cargo de gobernador y se comprometía a combatir fondo la corrupción, pues no “encubriré a nadie haciéndome cómplice de quien haya hecho privados en su beneficio los recursos públicos de los tabasqueños. A ésos no les espera el disfrute de rentas mal habidas: les espera todo el peso de la ley”, jamás se imaginó que el destino lo alcanzaría.
Si bien es posible que el ex-gobernador Arturo Núñez se haya blindado para que esta administración estatal no lo toque ni con el pétalo de una rosa ante los evidentes actos de desviación de recursos económicos que ha dado a conocer públicamente el gobernador Adán Augusto López que oscila en los tres mil 500 millones de pesos, no será lo mismo para varios de sus ex-secretarios que tendrán que enfrentar la acción de la justicia, porque al igual que en 2012 cuando un amplio sector de la población exigían cárcel para los granieristas y que devolvieran los recursos económicos defraudados, ahora la moneda se les ha volteado, ahora es la misma población la que exige que el ex-gobernador Núñez y sus ex-funcionarios sean encarcelados por la evidente corrupción que prevaleció en su gobierno y que al final de su mandato colapsó a todo el aparato gubernamental.
Núñez se fue huyendo de Tabasco, dejando en una severa crisis económica y política a la administración pública estatal, la condena pública sostiene que la corrupción que se vivió en su gobierno fue superior a la de Andrés Granier Melo, quien ahora que se encuentra en arresto domiciliario ha salido a exigir que así como el aparato de justicia se lanzó en contra de él-a pesar de su inocencia- ahora su compadre Arturo Núñez debe ser encarcelado por su evidente omisión o probable participación en actos de corrupción que se cometieron en su gobierno, y por lo cual pide cárcel.
Cuando en el Centro de Convenciones de Tabasco 2000 en presencia de los legisladores priistas y de Emilio Chauyffet que fue el representante presidencial, Arturo Núñez en forma lapidaria pronunciaba: “He sostenido que la reconciliación entre los tabasqueños pasaba necesariamente por la alternancia, la que no concibo como revancha política. No obstante ello, la protesta constitucional que he rendido ante ustedes me obliga y compromete, con la fuerza de la norma, la política y la ética, a velar por el imperio de la ley en el marco del Estado de Derecho. Ello incluye sancionar a quien lo haya vulnerado o lo vulnere en perjuicio del pueblo de Tabasco. Siempre que haya elementos para proceder vamos a hacerlo, sin consideración de partido político, jerarquía o poder del presunto responsable. Por cumplimiento de la ley, por firme convicción y congruencia personales, porque es indispensable para el bien de la convivencia entre los tabasqueños desagraviar a una sociedad profundamente lastimada, reitero hoy, para que quede claro y no haya lugar a duda alguna, que no encubriré a nadie haciéndome cómplice de quien haya hecho privados en su beneficio los recursos públicos de los tabasqueños. A ésos no les espera el disfrute de rentas mal habidas: les espera todo el peso de la ley”, jamás pensó que seis años después su propio discurso se le revertiría, de que a los ex-funcionarios que su gobierno acusó y llevo a la cárcel, uno-Saiz Pineda-, ya está libre bajo fianza, y el otro, el ex-gobernador Granier, aunque en reclusión domiciliaria, va camino a su libertad, está probando su inocencia, mientras el calvario para Núñez y sus ex-funcionarios apenas inicia, mientras que la población exige a gritos que lo encarcelen, por lo que se está cumpliendo a cabalidad el refrán recordado por uno de los asistentes a esa toma de protesta del 31 de diciembre de 2012 de que “los carniceros de hoy, serán las reses del mañana”, y quien iba a creer en ese momento que las expectativas de Núñez, que ofrecía manejo pulcro del presupuesto, combate a la corrupción, transparencia en las acciones gubernamentales con el buen manejo de los recursos públicos y un mejor nivel de vida para los ciudadanos se le vendrían abajo, para dejar un gobierno sumido en una severa crisis económica y política, con adeudos económicos a personal de la burocracia, a prestadores de servicios, a proveedores, a medios de comunicación de quienes se burló en forma cínica, por lo que tuvo que salir huyendo de Tabasco por la puerta trasera, tal a como en su momento lo haría Andrés Granier, quien no acudió a su toma de protesta, y la historia se repitió, porque Núñez para no ser abucheado o lapidado públicamente, tampoco acudió a la de Adán, pues una noche antes, huyó de la entidad junto con Martha Lilia corresponsable del desastre gubernamental.
El señalamiento del gobernador Adán Augusto López de que hay cerca de tres mil 500 millones de pesos que se gastaron fuera de las normas establecidas, equivale a una desviación de recursos públicos que alguna parte fue a parar, y que representa una lápida sobre las espaldas del ex-gobernador Núñez, con lo que se demuestra que muy lejos quedó su discurso de inició de gobierno de que se conduciría con transparencia y honradez para encabezar un desastroso gobierno señalado públicamente de ser el mas corrupto en la historia de Tabasco.
¿Y que sigue después de la denuncia pública del gobernador?, lo que sigue es investigar, llegar al fondo de las cosas con las pruebas documentales en la mano que demuestre que hicieron los ex-funcionarios Nuñistas con el dinero público y a partir de las pruebas que deben tener o aportar la secretaría de la
Función Pública-antes Contraloría- y lo que debe de tener o aportar el OSFE, más lo que se encuentre en las dependencias, seguramente se podrá saber la forma en que desviaron los recursos públicos por lo que se deberá proceder en contra de los implicados que seguramente serán detenidos antes de que puedan escapar para que respondan por sus ilícitos.
Dos de los candidatos para ir a la cárcel, e3s el ex-secretario de Salud, Rommel Cerna Leeder, cuyo cochinero está documentado, así como el ex-secretario de Educación, Angel Solís (a) El Cepillo, que abusaron y se despacharon con la cuchara grande. Se tiene que actuar con firmeza para sentar un precedente de que nadie debe sustraer para su beneficio los recursos públicos.
Al respecto, al precisar que en la cuenta pública del 2018-que se calificará en diciembre de este año- del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez, se encontraran más evidencia del saqueo al erario público local, el diputado del Partido Verde, Carlos Mario Ramos Hernández, pidió al gobierno de Adán Augusto López Hernández, no meter a la cárcel a chivos expiatorios, si no a los verdaderos responsables del desfalco financiero.
Señaló que con tantas evidencias en contra de Núñez Jiménez y su esposa, Martha Lilia López Aguilera, no sería válido que sólo algunos funcionarios vayan a parar a la cárcel, "lo que se heredó no sólo fueron desvíos de recursos, sino un verdadero quebranto financiero para Tabasco".
Señaló que el mandatario estatal está trabajando para recomponer las finanzas estatales, pero que se necesita ya, iniciar con las demandas en contra de quienes resulten responsables de los desvíos de recursos públicos generados en la pasada administración, "hay que dar con los responsables de este delito, pero no podemos solo detener a chivos expiatorios, cuando los verdaderos responsables son Arturo Núñez Jiménez y Martha Lilia López Aguilera".
Por su parte, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gerard Washington Herrera Castellanos, señaló que ante las nuevas evidencias del saqueo de Arturo Núñez Jiménez, al erario público, el gobernador Adán Augusto López Hernández, debe considerar interponer denuncias penales contra quién o quiénes resulten responsables.
Indicó que conforme han pasado los días en Tabasco con su nueva administración, "está saliendo la pus" del sexenio encabezado por Núñez Jiménez. Poco a poco ha ido saliendo la pus de la pasada administración".
Indicó que la sociedad votó para que se combatiera la corrupción en todos los sentidos, por lo que el Revolucionario Institucional espera que se actúe legalmente si se encuentran irregularidades del gobierno de Núñez Jiménez.
Destacó que si ya el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reveló que tan solo durante el 2018 la administración de Arturo Núñez Jiménez se gastó más de 3 mil millones de pesos 'fuera' del presupuesto, debe ir a fondo en esa investigación.
Todas las voces de los actores políticos del estado se alzan para condenar al ex-gobernador, Arturo Núñez y su esposa Marttha Lilia López Aguilera de ser los responsables de la crisis financiera en que terminó ese gobierno, por lo que exigen que en las investigaciones que ya realiza la Fiscalía sean incluidos, porque suponiendo sin conceder que Núñez no haya tomado ni un peso, si existió omisión de su parte, pues estuvo enterado de los malos manejos que venían realizando varios ex-funcionarios y los encubrió.
OJITOS
Por mayoría el pleno de sesiones del Congreso local, en el tercer período extraordinario de sesiones, aprobó un dictamen relativo a una Minuta por el que se reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, no sólo para el combate a la delincuencia organizada, sino también en los casos de corrupción y robo de combustibles.
El dictamen de la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, establece la declaración de la pérdida del derecho sobre propiedades, producto de la criminalidad organizada y de actos de corrupción, toda vez que se constituyen los mecanismos efectivos que ayuden a seguir obteniendo una estrategia contra la delincuencia organizada y la corrupción.
Por lo que se establecen las herramientas para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluido sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, además de llevar a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y en su caso, la destrucción de los mismos.
Al respecto, la diputada de Morena, María Esther Zapata Zapata, dijo que esta reforma también será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículo, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delito en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
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