Tal como lo plasmó el Ojo Visor, que en
todo está, de que el nombramiento como Fiscal General del Estado era un hecho
consumado y que el Congreso local solo se encargaría de validarlo, ayer quedó
confirmado, con 31 votos a favor, el pleno de sesiones de la 63 legislatura eligió a
Jaime Humberto Lastra Bastar como nuevo titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE), quien durará en el cargo nueve años, de 2019 hasta 2027.
Antes de la votación para consumar el
nombramiento, en tribuna, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública,
Julia Pardo, expuso que los tres aspirantes, Jaime Lastra Bastar, Nicolás
Bautista Ovando y Elías Germán Arzubide Dagdug, contaban con reconocida
experiencia, perfil idóneo y capacidad para encabezar la FGE por un periodo de
nueve años, mientras que el coordinador de la bancada del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Gerald Washington Herrera, se mostró a
favor del dictamen en el que se aprobaba la terna, reconociendo que los tres
aspirantes eran idóneos para el cargo de fiscal general, exhortando al nuevo
Fiscal General del Estado (FGE), Jaime Lastra Bastar, realice una amplia
investigación y actúe con "mano de hierro" y no quede sin castigo los
desvíos de recursos que cometieron los funcionarios del pasado gobierno
encabezados por Arturo Núñez Jiménez y combatir la delincuencia.
Al razonar el voto de los diputados a
favor del dictamen, pidió que también atienda los pendientes, como los
asesinatos de ciudadanos, periodistas, y femenicidios que no han sido
resueltos, “tiene enfrente una tarea de gran relevancia y responsabilidad, ya
que debe dirigir las investigaciones en contra de los ex funcionarios a los que
se le atribuyen actos de corrupción y desvió de recursos públicos”, que han sido
denunciados ante los medios de comunicación, no solo por los ciudadanos, también
por los legisladores e incluso por el actual Gobernador del Estado, por la
Secretaria de Salud, por el Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio
Climático; así como por los directores generales de Cobatab y del ISSET.
Dijo que adicionalmente a esas
denuncias, el fiscal general debe atender la denuncia presentada de manera
formal y ratificada el pasado 10 de diciembre del año 2018, por diputados de
las fracciones parlamentarias del PRI y del PVEM, por diversos hechos ilícitos
tales como: falsedad anta una autoridad; delitos contra el erario y el servicio
público, delitos por hechos de corrupción, ejercicio indebido del servicio
público y los que se determine en contra del Secretario de Planeación y
Finanzas (Amet Ramos Troconis) y demás funcionarios que resulten responsables, "lo
anterior, porque se denunció que los secretarios de Planeación y Finanzas,
Salud y Educación, nos mintieron en las comparecencias relacionadas con la
glosa del sexto informe de gobierno; al decirnos que todo estaba bien y que no
habría problemas de ningún tipo al final del año y resultó lo contrario".
Por su parte, el nuevo Fiscal
General al tomar protesta del cargo se
comprometió a devolver el Estado de derecho en Tabasco que se encuentra perdido, y que si se
presentan denuncias contra algún funcionario del actual o anterior gobierno
estatal, “si existen los elementos suficientes, actuaremos conforme a derecho y
no habrá impunidad para nadie", porque se trabajará para darle
seguridad y certidumbre a la sociedad, por lo que no se aplicará la ley con
distinción de personas, “…estamos obligados a cumplir ya que por eso acepté
estar en la terna de aspirantes a la titularidad de la FGE”.
El trabajo que le espera en la
Fiscalía a Jaime Lastra no será tarea fácil, porque antes que nada se tendrá
que emplear a fondo para devolverle la seguridad a la población de que
recibirán justicia, de que se acabarán los actos de corrupción, de impunidad,
de que se acabará con los cuellos que botella que mantienen empantanados
cientos de investigaciones sobre actos delincuenciales que no han encontrado
respuesta porque se actúa con burocratismo y tortuguismo, pero sobre todo
porque hay vicios arraigados que no permiten que se aplique una justicia pronta
a quien lo demanda.
Y precisamente para darle todo el
peso específico y el respaldo que necesita la Fiscalía a pesar de ser un
organismo autónomo, es que el Gobernador del Estado, Adán Augusto López
Hernández, acudió ayer a la toma de protesta de Jaime Humberto Lastra Bastar,
para mandar el mensaje a la población de que contará con todo el apoyo
institucional para que pueda realizar el trabajo de impartición de justicia que
tanto necesita la ciudadanía, que muchas de las veces no presentan sus
denuncias por el evidente tortuguismo y el tráfico de influencias que no
permite encauzar las Carpetas de Investigación para que en efecto se sienta el
apoyo de la autoridad en materia de justicia a favor de quienes denuncian.
Jaime Lastra tendrá un pesado
trabajo, pues existen diversas demandas en contra de ex-funcionarios públicos
acusados de actos de corrupción, de haber sustraído recursos del erario público
que debieron poner a disposición de sus gobernados, pero que no les interesó
hacer mal uso de ellos, por lo que se requerirá de una investigación a fondo y
de manera profesional para que estos ex-servidores públicos de cualquiera de
los tres niveles de gobierno, sean sancionados de acuerdo a las normas
jurídicas y con ello sentar un precedente de que no se tolerará la impunidad
como una norma de conducta de quienes no debieron desviar los recursos
públicos.
Una vez nombrado Jaime Lastra como
Fiscal General, junto con los
nombramientos del magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Enrique Priego Oropeza, y del secretario de Seguridad Pública donde
fue ratificado Jorge Aguirre Carbajal, se cierra el círculo de las dependencias
responsables de brindar seguridad a la población tabasqueña que fue el talón de
Aquiles de la fenecida administración estatal de Arturo Núñez, en materia de
seguridad, por lo que tendrán que trabajar arduamente para devolverle a la
ciudadanía la tranquilidad que se requiere, ya que de acuerdo a estudios
realizados siete de cada diez tabasqueños se sienten inseguros de andar por las
calles, y esto mismo servirá para que los inversionistas en las diferentes
modalidades, también sientan que hay esa seguridad para invertir sus recursos
económicos en la entidad, porque se
combatirá a fondo y sin tregua a esa delincuencia que día a día comete decenas
de ilícitos, actuando de manera impune sin que sean detenidos, porque precisamente
este gobierno de la transformación se comprometió a combatir la inseguridad y
debe de cumplir a cabalidad con este compromiso, pues los delincuentes no
solamente se llevan el producto de su robo, sino dejan una estela de sangre a
su paso y eso ya no se debe permitir.
Jaime Lastra tiene una pesada carga
sobre sus espaldas pues ahora que la población exige cárcel para diversos
ex-funcionarios públicos del gobierno de Arturo Núñez, una vez que se conozcan
las denuncias, tendrá que exigirle a su personal que se empleen a fondo para
realizar las investigaciones de rigor y no dejar en el aire ese tufo de
impunidad que tanto daño está causando, pues si se investiga bien, quienes
hayan hecho mal uso de los recursos públicos recibirán el castigo que se merecen,
y pareciera que uno de los primeros ex-funcionarios que está en la mira es el
ex-secretario de Salud, Rommel Cerna Leeder, quien no conforme con haber dejado
un cochinero en el Seguro Popular al ser ascendido a titular de Salud siguió
con las viejas prácticas de depredar el presupuesto público y por eso debe
recibir el castigo que corresponda y como el miedo no anda en burro ya tramitó
un amparo indirecto número 09/2019 ante el Juzgado Cuarto de Distrito, contra
cualquier acción de la Fiscalía General del Estado.
OJITOS
No aguantó más, el cochinero dejado en
la secretaría de Educación de Tabasco (SETAB) por Angel Solís Carballo (a) El
Cepillo Solís, y que está plenamente documentado y comprobado, obligó a Rita Ofelia
Martínez de Escobar a dejar la titularidad de la Contraloría del estado, donde
se iba a convertir en juez y parte de las irregularidades que se había cometido
en la SETAB.
El Cepillo Solís estaba feliz pues parte
del personal que tenía en la SETAB ya se había acomodado en la Contraloría,
pero como papelitos hablan, los documentos oficiales dejaron al descubierto
todo el cochinero administrativo dejado por Solís Carballo y quien fuera su
directora de Administración.
Solamente para que tengan un dato. De la
cuenta pública 2017 de la secretaría de Educación de Tabasco, Angel Solís
Carballo no pudo comprobarle a la Auditoría Superior de la Federación un
faltante de 80 millones de pesos que le fue observado y que no presentó ninguna
documentación para solventarla por lo
cual dicha cantidad quedó en firme y se tendrá que devolver a la Tesorería de
la Federación y eso sin tomar en cuenta el adeudo que dejó de más de 60
millones de pesos en laudos que ya están firmes y que se negó a pagar.
Además, tampoco está contando la enorme
lista de aviadores que le entregaban a la mano a Joel Pascual-secretario
particular de Solís-el 70 por ciento de sus quincenas, que es parte de la
corrupción que el Cepillo Solís prohijó en la SETAB. Pese a que el Cepillo
contrató a un bufete contable para que le limpiara la cuenta de 2017 no se pudo
ocultar lo defraudado y eso que está pendiente la auditoria al ejercicio fiscal
2018, donde el monto financiero que desaparecieron debe ser mayor.
El nuevo Contralor, Jaime Antonio
Farias, es un emergente sacado de la cuadra de Hugo Villaseñor propietario de
Comercializadora Fletes México, y que lo tenía de gerente en una de sus
gasolinerías. De una gasolinería sale Farías a dirigir la Contraloría estatal.
VISORCITO
El presidente municipal de Macuspana,
Roberto Villalpando Arias, mostró su plena confianza hacia el nuevo Fiscal
General del Estado, Jaime Humberto Lastra Bastar, para que no pase por alto las
irregularidades cometidas por la pasada administración que encabezó José
Eduardo Rovirosa Ramírez, mejor conocido como Cuco Rovirosa, acusado de desviar
recursos económicos que debió utilizar a favor de los macuspanenses.
Precisó que ya se han presentado siete demandas penales ante
la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la anterior administración que
presidió Cuco Rovirosa por las irregularidades encontradas, ya que se detectó
un daño al erario municipal por una cantidad cercana a los 97 millones de pesos,
y que se sigue auditando internamente
pues se presume que el monto económico es mucho más elevado de lo que hasta
ahora se ha comprobado y que ya está en poder de la Fiscalía la documentación
soporte.
Las demandas penales fueron
interpuestas en contra de Cuco Rovirosa en su calidad de ex-alcalde y del
ex-director de Administración, Anselmo Ferral, quien presume su rancho
completamente modernizado en el municipio de Tenosique.
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