Considerado como un mal endémico en nuestro país, en donde funcionarios de los tres niveles de gobierno han sido acusados de actos de corrupción, el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, señalado por actos de corrupción, promovió y envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley, para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que una vez aprobado por los legisladores federales, se procedió a hacer lo propio en los estados para estar acorde a los ordenamientos federales.
El pasado 19 de julio, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión, entró en vigor el Sistema Nacional anticorrupción, pero con graves fallas estructurales ya que los Senadores de la República, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para nombrar al Fiscal Nacional Anticorrupción que depende de la Procuraduría General de la República, mientras que en varios estados del país no se cumplieron con las adecuaciones a sus diversos ordenamientos legales para que entrara en vigencia la Fiscalía Estatal Anticorrupción, por negligencia de los gobiernos locales, mientras que en otros se presentaron oposición para permitir la intervención de la sociedad civil para integrar los Comités de Participación Ciudadana en una clara resistencia para desterrar los actos de corrupción hacia la que va dirigido el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que de esta manera el mandato constitucional no se ha cumplido a cabalidad, por los intereses políticos de los legisladores que integran el Congreso de la Unión.
La falta del nombramiento del Fiscal Nacional Anticorrupción, también frenó el nombramiento de los titulares de las unidades operativas y de los agentes ministeriales que darán cumplimiento a las disposiciones del fiscal, es decir, entró en vigor una ley, pero sin que exista el titular (fiscal) que las aplique, ese tipo de irregularidades solamente en México se da, propiciado por la negligencia de los Senadores de la República.
En Tabasco, el Congreso local se dio a la tarea de aprobar el paquete de leyes que regirán el Sistema Estatal Anticorrupción, en tiempo y forma, y de que su puesta en marcha no será una simple mascarada a como públicamente lo dio a conocer el gobernador Arturo Núñez Jiménez, sino que su verdadero objetivo será el estar vigilantes ante la presunción de cualquier hecho de corrupción que denuncie la ciudadanía, para proceder a su investigación y si se demuestra que el funcionario público cometió el delito, será sancionado conforme a los ordenamientos legales.
El mismo gobernador Núñez advirtió la semana pasada en una reunión que sostuvo con los secretarios de su gabinete, que ante el nuevo ordenamiento legal que entrará en vigor en nuestro estado próximamente, es necesario que se ciñan a los ordenamientos legales para evitarse problemas, porque él en su calidad de jefe del Ejecutivo estatal no meterá las manos al fuego por ninguno de ellos, en caso de que se presenten denuncias en su contra y mucho menos lo hará si en el transcurso de las investigaciones se demuestra que cometieron irregularidades que deberán ser sancionadas.
Bajo este parámetro, luego de la aprobación del paquete de leyes del Sistema Estatal Anticorrupción en la entidad, ha comenzado a levantarse una serie de polémicas en torno al nombramiento del Fiscal Estatal Anticorrupción que de acuerdo a las disposiciones legales aprobadas por el Congreso local le corresponde netamente al Fiscal General del Estado o sea a Fernando Valenzuela Pernas, designar a la persona que fungirá como fiscal.
Hay quienes dicen que el Fiscal Estatal Anticorrupción debe ser una persona de la sociedad civil, con amplia solvencia moral, que no tenga cola que le pisen, y sin un pasado cuestionable, para que pueda realizar bien su trabajo al frente de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y que no entre en componendas con sectores gubernamentales para propiciar el encubrimiento de quien sea denunciado de cometer actos de corrupción.
La ley de la materia establece una serie de requisitos que deben de reunir los candidatos a ocupar la Fiscalía General Anticorrupción, para que sean tomados en cuenta para la designación de ese cargo, pero finalmente el Fiscal General tendrá la última palabra en dicho nombramiento, que se espera, que para bien, para que funcione con seriedad esa fiscalía a como ha dicho el gobernador que se hará, que no suceda lo mismo que a nivel nacional, donde se puso en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no se ha nombrado a quien será el responsable de encabezar los trabajos de investigación.
La renuncia de José Alfredo Méndez Celorio como magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, como la renuncia de Oscar Rebolledo como magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, ha dado la pauta para que los malquerientes del gobierno estatal, comiencen a especular de que uno de ellos será nombrado Fiscal Estatal Anticorrupción, por lo que hay que desterrar las dudas y sospechas de que se trata de una mascarada, por lo que hay que darle la seriedad que el caso reviste, porque todos los actos de corrupción en cualquiera de las esferas de gobierno deben de ser combatidas, de tal manera que se puede abrir el abanico de oportunidades, pues hay más de una centena de profesionistas de buena reputación que pueden hacer un trabajo decoroso, que se traduzca en confianza hacia la población que cuando se tome una determinación respecto a un caso denunciado, se está haciendo lo correcto.
Es necesario desterrar la política del chango, o de la “cultura trepadora” de la que hizo alusión la semana pasada el gobernador Núñez, de los que dejan un cargo sin terminar su periodo para el cual fueron electos, para irse a ocupar otro cargo. De Celorio y Rebolledo, bien vale hacer una remembranza, para ver sus pros y sus contra para ocupar el cargo de Fiscal, si es que en realidad renunciaron para ellos, o es que los agoreros del desastre, los eternos contras del actual gobierno, ya están viendo moros con tranchetes.
Sobre la designación del Fiscal Estatal Anticorrupción, ayer el director de Asuntos Jurídicos del Congreso, Joel Alberto García, adelantó que será nombrado por medio de la Ley Orgánica de la Fiscalía, dado que aún no se han reformado las leyes respectivas para completar todo el Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco.
Cuestionado acerca de los cuatro años que deben de tener, de haber dejado de laborar en el gobierno estatal quienes aspiren a este importante cargo y precisó que todavía no se encuentra definido, “es algo que se abordará en el paquete de reformas que acabo de llegar al Congreso del Estado”, aunque remarcó que “La Ley Orgánica de la Fiscalía General es la que debe prever la forma y términos para designar al fiscal anticorrupción”, ¿así o más claro?.
Ojitos
Al inaugurar el ciclo escolar agosto 2017-enero 2018 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el Gobernador Arturo Núñez Jiménez entregó oficialmente la Ciudad Universitaria del Conocimiento, puso en marcha una ruta de transporte público de Villahermosa hasta el campus, y dio la bienvenida a casi siete mil estudiantes.
Destacó que desde el inicio de su campaña habló de la necesidad de crear una Ciudad del Conocimiento que se localizara afuera de la capital tabasqueña, y que impulsará actividades científicas y tecnológicas acordes a los nuevos tiempos, e indicó que después de cinco años se concretó esta iniciativa, con el apoyo del rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez.
Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera de Núñez, el mandatario reconoció el esfuerzo presupuestal e institucional de las autoridades universitarias, al aceptar en sus aulas al 78 por ciento de los aspirantes en este periodo lectivo, lo cual ubica a nuestra alma máter muy por arriba de la media nacional, con entre 32 y 35 por ciento de aceptación.
Asimismo pidió a los jóvenes aprovechar los conocimientos que recibirán de sus mentores, ya que son la base para transformar la vida en sociedad y la mejor oferta para lograr la reconstrucción del tejido social, subrayó Núñez Jiménez, quien se trasladó al campus en uno de los siete autobuses que dan servicio de transporte público hacia esas instalaciones.
En su intervención, José Manuel Piña agradeció al Ejecutivo estatal su permanente apoyo a la universidad, y en especial el respaldo para concretar la Ciudad Universitaria del Conocimiento, en cuya segunda etapa se prevé la instalación de los centros del Cambio Climático, de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada, y de Educación a Distancia, así como el Monitoreo de las Corrientes del Golfo de México.
El rector señaló que las modernas instalaciones están diseñadas para apoyar la formación de estudiantes, impulsar el desarrollo de la investigación e innovación científica, impartir programas de educación continua y brindar asesoría a empresarios, quienes donaron el terreno de diez hectáreas para la construcción del edificio.
Como la institución de educación superior más importante de la entidad, estamos preparando capital humano con competencias globales, capaces de competir e incursionar con éxito en el mercado laboral mundial, acorde a nuestro gran objetivo de internacionalización, expresó.
Por su parte, el secretario de Educación, Ángel Solís Carballo, aseguró que el desarrollo de esta Ciudad tendrá pilares muy superiores a los de sus modernos edificios, como la formación académica; la investigación en áreas como cambio climático, energéticos y tecnologías para el campo; la vinculación con empresas y organizaciones productivas, y las redes de colaboración que se establecerán con otros centros de enseñanza.
Así también, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Agustín Silva Vidal, refirió que el 7 de agosto inició la prueba piloto del servicio de transporte de Villahermosa al campus, con cinco autobuses; sin embargo, debido a la demanda se incorporaron dos unidades más, con un horario de 05:30 a 17:00 horas, de lunes a viernes, con una tarifa de 17.00 pesos para usuarios en general y de 12.50 para estudiantes y personas de la tercera edad, añadió.
En representación de los mil 300 jóvenes de nuevo ingreso de cuatro licenciaturas de la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas (DACEA), Brandon de Jesús Zetina Juárez valoró la entrega de las nuevas instalaciones y se comprometió a poner su mejor esfuerzo para superarse.
Visorcito
Los altos índices de inseguridad que se tienen en Tabasco, son reflejo de los problemas que se han tenido para reactivar la economía, sostuvo el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil, y expuso que se deben reactivar el campo, los servicios y la industria, porque se encuentran en caída libre.
Fócil Pérez respaldó los créditos que el Congreso local, autorizará a varios municipios tabasqueños, por lo que espera que se ejerzan de manera clara y transparente. “Esperemos que esos recursos económicos que tendrán algunos ayuntamientos tabasqueños, ayuden a disminuir los índices de inseguridad que se registran en varias partes de la entidad.
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