A CERRAR FILAS

Ante los hechos violentos que se están viviendo en nuestro país donde más de una centena de comunicadores han sido asesinados cobardemente por manos criminales que a toda costa buscan crear una psicosis para coartar la libertad de expresión en varios estados, aquí en Tabasco, aprovechando que hoy 7 de junio se celebra El Día de la Libertad de Expresión, quienes nos dedicamos a este noble oficio o profesión, debemos hacer una seria reflexión sobre los riesgos que se corren y cerrar filas para lograr que se legisle sobre la materia para garantizar el libre ejercicio y la integridad física de los que ejercen el periodismo.

El anuncio de una serie de medidas para resguardar la integridad física de los periodistas y defensores de derechos humanos dados a conocer por el presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto el pasado miércoles 17 de mayo, luego del cobarde y artero asesinato del periodista Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, que días después fue secundado en el estado por el gobernador Arturo Núñez, debe ser la punta de lanza para que el gremio periodístico de Tabasco, deje a un lado sus intereses personales o de grupo para luchar por el interés general de quienes nos dedicamos al noble oficio o profesión de periodistas, incluso, para que los legisladores del Congreso se metan de lleno a confeccionar y apruebe una ley que sea benéfico para el gremio.

Es cierto que Tabasco no tiene las mismas características o los índices de violencia en contra de los periodistas como se han están dando en otros estados del país, donde han sido asesinados centenas de colegas, sin que hasta el momento se hayan esclarecidos esos homicidios; ciertamente en nuestro estado se han presentado hechos aislados de violencia contra comunicadores sobre todo en los municipios, pero no debemos esperar que el agua nos llegue a los aparejos para comenzar a reagruparnos o interesarnos en buscar un mecanismo de protección, pues lo que se debe de hacer, es aprovechar la buena voluntad del gobernador del estado, Arturo Núñez, que al igual que el gobierno federal anunció una serie de medidas como protección para los periodistas, pero debemos ir más allá, debemos interesarnos en que se aprueba una ley que permita mayores garantías para ejercer el periodismo, así como una estabilidad laboral y prestaciones sociales, porque este es uno de los gremios más castigados y desprotegidos.

Paradójicamente quienes ejercen el periodismo con profesionalismo y que se han dedicado a denunciar las irregularidades que se cometen, no solo en la vida pública del estado, sino en la misma sociedad, como los hechos delictivos que ahora están pegando, prácticamente no tiene quien los defienda, ni siquiera existe una norma jurídica que le pueda brindar protección contra los embates de quienes son denunciados.

Creo que ha llegado el momento de que el gremio periodístico se preocupe realmente por tener un orden jurídico que les permita mayores garantías, por si alguien o algunos se atreven a intentar coartar su libertad de expresión, pero eso solamente se dará cuando haya un real interés de los mismos colegas periodistas para luchar por un marco jurídico, que también permita actuar con mayor responsabilidad en el trabajo que diariamente se realiza. Cuando el gremio periodístico unificarse por el bien común de todos, y no sea utilizado para buscar canonjías personales, entonces se podrá escuchar con más amplitud las voces que pidan mayores garantías jurídicas.

Desde el pasado gobierno granierista la ahora delegada de Conafe, Aracely Quevedo, en su calidad de legisladora del Panal se preocupó por presentar una iniciativa de ley en el Congreso local, para darle mayor certeza jurídica al gremio periodístico, pero su petición no fue escuchada y se mandó a la congeladora por lo que ahora los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias que integran la 62 legislatura.

También podría retomarse, para enriquecerse la iniciativa de ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Tabasco, que hace unos días presentó a la permanente, el legislador priista Jorge Lazo Zentella en donde entre otras cosas establece que: Dentro de las actividades que representan un mayor peligro para la vida e integridad física es la que realizan las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas y las colaboradoras periodísticas, De acuerdo a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habrían ocurrido 107 asesinatos de periodistas entre el año 2000 y septiembre de 2015.

Con la finalidad de proteger a quienes se dedican a esa actividad, el 25 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Adicionalmente, existen diversos programas, mecanismos para la protección de los periodistas, como lo son: La declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. El Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles, de Derechos Humanos, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No obstante, en el estado de Tabasco, no se ha legislado al respecto, solo existe antecedentes de una iniciativa presentada en la Legislatura anterior, que ya no fue retomada en esta y fue enviada al archivo.

En tal razón, se considera necesario expedir una ley local para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, con la finalidad de contar con el marco jurídico adecuado, que permita enfrentar legalmente de manera eficaz cualquier ataque la vida o la integridad física de esas personas y de sus familias estableciendo medidas para su protección que van desde la reubicación Temporal de las personas afectadas y de su familia en su casa; la protección de inmuebles; atención psicosocial; el otorgamiento de una pensión temporal para el caso de que algún periodista o persona defensora de los derechos humanos sea asesinado en el ejercicio de sus actividades y la creación de un fondo a través de un fideicomiso público para garantizar las medidas señaladas.

La propuesta de ley, propone 15 capítulos, en los que destacan, las disposiciones generales, el objeto y finalidad de la ley, definiciones, los órganos responsables para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, como operará el sistema de protección y medidas de seguridad a implementar, y , como se puede acceder al mismo, como se logra obtener el beneficio del fondo o fideicomiso público mencionado , las sanciones correspondientes y las impugnaciones que se pueden promover, cuando un defensor de derechos humanos o periodista se vea afectado en su integridad.

Se incluye en la misma Ley, la protección de las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas, lo anterior siguiendo el modelo de la Ley Federal, incluso, tomando en consideración la forma en que han sido expedidas las leyes en la materia tanto en la ciudad de México como en el Estado de Quintana Roo, en virtud de que estos cuerpos normativos ya han pasado el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al haber sido impugnadas vía acciones de inconstitucionalidad, quedando firmes, lo que implica que las mismas son acordes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta ley, se proponen establecer: MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDIDAS DE PROTECCIÓN, MEDIDAS DE PROTECCIÓN URGENTE Y MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL en beneficio de los periodistas y defensores de los derechos humanos, las cuales pueden ser implementadas en un plazo de 24 horas a 5 días naturales, dependiendo el estado de peligro en el que se encuentre el solicitante.

Por ello, es fundamental establecer medidas para garantizar los derechos a la integridad física, psicológica, moral, económica, que aseguren la el bienestar personal de los periodistas y defensores de los derechos humanos, cuando ejercen su labor”.

Independientemente de quien haya presentado la iniciativa de ley, con buena voluntad de los legisladores de las distintas fracciones se puede dar el paso para que existan garantías jurídicas para los periodistas.

Finalmente, hoy 7 de junio si tenemos algo que celebrar, que aquí en Tabasco, salvo algunos incidentes, la mayoría del gremio realiza su trabajo sin represión y sin muertes que lamentar, por eso es importante que haya cohesión para que llegue ese orden jurídico que tanta falta hace en nuestra entidad.

Ojitos 

La bancada del PRI, en el Congreso local, y su dirigencia, no quitan el dedo del renglón, cuyo objetivo es presidir la Junta de Coordinación Política del Congreso local, y para ello, buscan recuperar la curul de la ex-priista, diputada plurinominal, Patricia Hernández Calderón y, así, quitarle la mayoría absoluta al Partido de la Revolución Democrática, aunque está en chino que esa curul le sea regresada a la fracción parlamentaria priista, por más que lo intenten por la vía jurídica.

Ayer el dirigente estatal del PRI, Gustavo de la Torre Zurita y el coordinador de la fracción parlamentaria de este partido en el Congreso local, Manuel Andrade Díaz, acudieron ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información del Legislativo, para el desahogo de pruebas. Allí, el titular del área Joel Alberto García González destacó que la última palabra en este asunto, la tendrá el Pleno del Congreso, con este nuevo recurso que interpusieron.

“Vamos a calificar las pruebas y tenemos que ver que ofrecieron, los hechos controvertidos, y en base a ello proceder a la calificación. La decisión final caerá en el Pleno del Congreso”, precisó de la Torre Zurita.

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Manuel Andrade Díaz, consideró que será a finales de año cuando se resuelva el tema en el Congreso local, aunque para él lo importante será sentar un precedente, luego que la Sala Regional remitió al legislativo el tema de la sobrerrepresentación de la bancada perredista y la conformación de la Junta de Coordinación Política, “estamos buscando que el Pleno lo vote y si lo votan en contra, nos darán pauta para irnos a la Suprema Corte. Como no hay instancia señalada, lo remite aquí y si este se declara incompetente nos vamos a la Corte.

El abogado de la diputada Patricia Hernández Calderón, Sergio Antonio Reyes Ramos, recalcó que este recurso no procederá, ya que no hay elementos para considerarlo dentro del derecho legislativo. “No hay normas escritas, no han expedido y no es susceptible de judicialización superior, no llegará a nada, se irá el archivo, es el futuro que va a recaer a este trámite ocioso”.