FELIPILLO, CON UN PIE EN LA CÁRCEL

Si el ex-alcalde de Jonuta, José Felipe Torres Arias, creyó que como el jibarito se iba a ir loco de contento con su cargamento a otra parte, a disfrutar lo mal habido, lo sustraído del erario público municipal, pues se equivocó, porque el actual ayuntamiento a cargo de Ana Lilia Díaz Zubieta finalmente ayer lo demandó por la vía penal al igual que varios de sus ex-colaboradores presuntamente cómplices en la malversación de fondos del ayuntamiento por aproximadamente 29 millones de pesos.

El ex-presidente municipal, José Felipe Torres Arias, junto con varios de sus ex-directores y empresas asociadas al ayuntamiento de Jonuta en el trienio 2013-2015, fueron demandados penalmente por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y peculado por cerca de 29 millones de pesos, por lo que deberán comparecer ante la autoridad que los reclamará para que aclaren cada una de las imputaciones que se le han hecho y que ha sido documentadas por la actual administración que encabeza la alcaldesa, Ana Lilia Díaz Zubieta.

De acuerdo a las declaraciones del director de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Jonuta, Felipe Ramón Canabal, José Dolores Zacarías Mix, ex-director de Finanzas Municipal; Timoteo Pérez Cruz, ex-Contralor Municipal; Alvaro Hernández Avila, ex-Síndico de Hacienda, y las empresas constructora Lajos S.A de C.V; Tecno Campo Invernaderos S.A de R. de C.V., entre otras son acusados de desviar recursos del orden federal, mismos que debieron usarse para la realización de un pozo profundo en el bajío, la creación de un camino comunal, en esta misma zona así como la realización de la obra de la casa de cultura municipal, mismas que inclusive no fueron realizadas, pero si entregadas como obras concluidas, así como otra serie de irregularidades que tendrán que aclarar, de tal manera que lo defraudado a las arcas públicas municipales asciende poco más de 29 millones de pesos, que de comprobarse que lo sustrajeron, lo tendrán que devolver y pagar con cárcel esta irregularidad.

El actual Síndico de Hacienda, Francisco Alfonso Filigrana castro, precisó que con la demanda penal no se trata de entablar una cacería de brujas en contra del ex- edil, José Felipe Torres, sino que tiene que aclarar el por qué no cumplieron con sus responsabilidades administrativas al frente de la comuna, sustrayendo de manera ilegal recursos públicos, por lo que tiene que pagar por el desfalco tan grande que cometió a las arcas municipales, dejando muy en claro que la actual administración no es tapadera de nadie, y que los Jonutecos se merecen cuentas claras, porque es la prioridad de la administración que encabeza Ana Lilia Díaz Zubieta, por eso quien haya lastimado las finanzas del ayuntamiento, deben de recibir el castigo a que se hagan acreedores, de acuerdo a las leyes en vigor.

A partir de esta demanda serán las autoridades competentes las encargadas de realizar todas las diligencias de rigor, determinando la situación jurídica para los presuntos involucrados en la desviación de recursos públicos, sobre todo, del orden federal.

Sobre los actos de corrupción de José Felipe Torres Arias ya habían sobrados antecedentes desde el gobierno de Roberto Madrazo Pintado, cuando siendo alcalde de Jonuta, a finales del primer año de su administración fue separado del cargo de manera política para no ir a la cárcel siendo relevado por Fidelio Quinto Peralta, quien concluyó ese trienio.

Escondido por un tiempo, hasta que concluyó Roberto Madrazo su administración estatal, el maestro de escuela rural que vivía del fiado y del prestado volvió a la política, siempre en el Partido Revolucionario Institucional, hasta que logró afianzarse y volvió a ser candidato a la alcaldía logrando ganar, pero sus allegados aseguran que ya debía cerca de 15 millones de pesos que en el primer año de su administración logró pagar y le alcanzó para comprar su primer ranchito.

Como bien es cierto que en “pueblo chico, infierno grande”, los jonutecos se fueron enterando de las compras de tres ranchos, de la adquisición de caballos pura sangre y ganado de raza, que tenía en repasto, en uno de los ranchos que también servía para esconder a los indocumentados, pues también le entró al tráfico de seres humanos que venían otros países rumbo a Estados Unidos, lo cual está completamente documentado en el Instituto Nacional de Migración, que por extrañas circunstancias no se ha decidido a actuar para detener al ex-alcalde por su ilícita actividad de tráfico de indocumentados.

Incluso, en este espacio, dimos cuenta del pleito que sostuvo con su Síndico de Hacienda, quien fue grabado precisamente cuando estaba reunido con un grupo de priistas en el municipio de Jonuta, en donde daba a conocer que en ese segundo año de gobierno municipal José Felipe se había comprado varias propiedades entre ellas el rancho más grande valuado en varios millones de pesos.

De su “extrema” pobreza pues debía cerca de 15 millones de pesos y por eso había cifrado su esperanza de ganar la alcaldía, José Felipe Torres pasó a una ostentosa riqueza, a la cual se prestaron sus más cercanos colaboradores, los que también están demandados, pues también obtuvieron su tajada del pastel, pero fueron voraces, se quisieron llevar todo, y por eso dejaron huellas evidentes que esta administración probablemente no quiere solapar, y por eso presentó la respectiva demanda penal y ya veremos, si existe pleno interés en que se castigue severamente a José Felipe Torres o es nada más para cubrir las apariencias sobre el desvío millonario de recursos públicos; conforme pasen los meses ya constataremos si hay voluntad para que se aplique la ley, porque si es así, pronto veremos al ex-edil, José Felipe Torres Arias; a José Dolores Zacarías Mix, ex-director de Finanzas Municipal; Timoteo Pérez Cruz, ex-Contralor Municipal, y Alvaro Hernández Avila, ex-Síndico de Hacienda, en la cárcel porque fue muy evidente los actos de corrupción que cometieron.

Si durante el gobierno de Madrazo se le perdonó sus actos de corrupción a José Felipe Torres, por el que fue separado, ahora que si le permitieron concluir su trienio, bajo un cúmulo de irregularidades solapado por los auditores del Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, que fueron sobornados para que compusieran sus cuentas públicas, no se le debe de perdonar, sino que se le debe fincar responsabilidades penales, si es así, Felipillo estaría con un pie en la cárcel.

Ojitos
Y en Jalapa, la alcaldesa Esperanza Méndez Vázquez decidió demandar a la administración pasada, empezando por el ex-edil Ovidio, directores y regidores, por una serie de irregularidades que la autoridad competente tendrá que entrar en materia para determinar si existe responsabilidad o no.

El ayuntamiento por medio de la de la dirección de Asuntos Jurídicos presentó una serie de denuncias en contra de ex-servidores públicos, por los señalamientos de omisión en el apersonamiento y comparecencia en diligencias de carácter laboral, que fueron sustentadas en base a la revisión de expedientes y asuntos que han propiciado en la actualidad daños a la Hacienda Pública del ayuntamiento de Jalapa, conllevando a un posible delito de abandono de obligaciones de abogado patrono, en los que habrían incurrido varios de esos ex-funcionarios municipales en evidente falta a su responsabilidad y profesionalismo.

De acuerdo a la demanda penal, esas omisiones y falta de comparecencias, se traducen en la actualidad, en daños a la Hacienda Pública Municipal y fraude procesal en perjuicio del ayuntamiento, derivado de los juicios laborales 088/2014, 797/2013 y 998/2013, ya que los funcionarios en turno no comparecieron en la defensa y representación de los intereses legales del ayuntamiento de Jalapa, en el desahogo de diversas diligencias señaladas en los autos de los juicios laborales citados.

Con estas denuncias presentadas ante la Fiscalía del Ministerio Público de Jalapa, Tabasco, la presidenta municipal, Esperanza Méndez Vázquez, mantiene su postura de no ser cómplice de la anterior administración y de poner a disposición de las autoridades competentes las pruebas de las irregularidades y observaciones que la Contraloría municipal ha venido detectando para que por la vía legal se apliquen las sanciones penales en que incurrieron los ex-servidores públicos demandados, quienes tendrán que comparecer en cuanto sean requeridos.

De la misma manera, la dirección de Asuntos Jurídicos del ayuntamiento ha puntualizado, que previa revisión de los estados financieros, y de las irregularidades que se siguen observando, se irán presentando las denuncias correspondientes ante los respectivos órganos judiciales y fiscalizadores, a efectos de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la administración pública municipal, por lo que también se están integrando ocho denuncias penales que datan del año 2009, 2010, 2011, y 2013, que únicamente fueron presentadas sin que se les haya dado el seguimiento adecuado a la determinación y consignación en contra de los ex-servidores públicos implicados.

Por lo que se observa, las cosas van en serio en Jalapa, esperando que la alcaldesa no se su brazo a torcer ante un posible arreglo político con ex-funcionarios, sino que exija que se aplique la ley, caiga quien caiga, así sea el mismo ex-presidente municipal Ovidio.

Visorcito
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Tabasco recibió un serio revés, luego de que el pleno del Instituto Nacional Electoral desechara su queja interpuesta por las llamadas tarjetas multiva que a juicio de la dirigencia estatal implicada una irregularidad del Partido de la Revolución Democrática y de su candidato electo a la alcaldía de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa.

El INE declaró infundada la queja de MOREANA, en el que tenía fincadas sus esperanzas la dirigencia estatal de que se vendría abajo, de nueva cuenta la elección extraordinaria de Centro, pero no, les dieron el avionazo, por lo que será notificada la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de este resolutivo (TEPJF), que deja en claro que Gerardo Gaudiano va en firme a la alcaldía de Centro, y de que ahora a diferencia de la elección ordinaria de junio del año pasado que se anuló, la sala Xalapa, validará la constancia de mayoría ratificando el dictamen del Tribunal Electoral de Tabasco.

Se prevé que en esta misma semana, la Sala Regional del TEPJF con sede en Xalapa, Veracruz, sesione en torno al asunto de Gerardo Gaudiano para validar su triunfo electoral, para acabar de tajo con las especulaciones en torno a uno u otro sentido, porque los argumentos presentados por la representación del PRI y de MORENA, son endebles, carentes de un verdadero sustento jurídico, como ya se vio con las “famosas” tarjetas Multiva, que es un verdadero golpe a la dirigencia morenista. Gerardo Gaudiano se encamina a protestar el cargo de alcalde de Centro, el próximo uno de junio de este año.