Una vez descartada la ordeña de combustible o un posible chispazo que devoró hace ocho días las 47 unidades del servicio de transporte urbano de Villahermosa, el Transbús, cobra vigencia el sabotaje, a como lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, Fernando Valenzuela, por lo que la dependencia a su cargo tendrá que emplearse a fondo para realizar una exhaustiva investigación que lleve a determinar, quién o quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de que dichas unidades se calcinaran.
Desde finales de 2012 la empresa transbús comenzó a dar serios traspiés, pues los recursos económicos destinados para el mantenimiento, compra de combustible y el pago mensual para los socios fue desviado para otros fines, por lo que se declararon en números rojos, al grado que le deben varios millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por concepto de impuestos que no pagaron, así como también le deben a diversos proveedores, porque el dinero no les alcanza para pagar sus adeudos.
Si para nadie es un secreto que esta empresa, regulada por el gobierno del estado, pero manejado a sus anchas por un consejo de administración que ha utilizado los recursos económicos del fideicomiso para otros fines, viene operando desde hace cuatro años con números rojos, ¿a quién o quienes convenía que estos camiones se quemaran, ¿a la directiva que fue depuesta encabezado por Rubén Salomé Cárdenas, o la actual directiva que dirige Layres Carrera?, sobre quien pesa una denuncia de intento de homicidio denunciado por el abogado de la parte contraria.
Si la empresa transbús viene arrastrando una serie de deudas con proveedores, con Hacienda y hasta con los mismos socios a quienes les adeudan varios meses de su participación como accionista, ¿a quienes o quienes les convenía que estos camiones se quemarán? ¿a los que depusieron y exigen ser restituidos o los que actualmente manejan a esa empresa en beneficio propio?.
Durante muchos años los gobiernos priistas se constituyeron en los principales financiadores de los concesionarios del transporte urbano de Villahermosa, al proporcionarles no solamente un subsidio económico mensual como parte complementaria del pago de la gasolina y el descuento que le aplica a los estudiantes y las personas de la tercera edad, sino también como parte de la complicidad política, pues los concesionarios del transporte urbano jugaban un papel importante en tiempo de elecciones, para transportar, para sacar a la gente a votar y hasta para coaccionar el voto, relación de contubernio político-económico que cambio a la llegada del actual gobierno, que no permitió chantajes de los transportistas que a fuerza querían una nueva tarifa en el transporte público y que le siguieran inyectando recursos económicos al fideicomiso por el cual al inicio de la administración amenazaron con paralizar el servicio público.
Si el transbús venía operando con números rojos al grado que no alcanzaba los recursos económicos para pagarle a los proveedores, ni para pagar las mensualidades a los propios socios, es claro que había interés de alguna o algunas personas para prenderle fuego, como verdaderos pirómanos a esos autobuses, al fin y al cabo que el fuego purificada y borra evidencias.
Alguna mente o algunas mentes perversas idearon la forma de deshacerse de las unidades del transporte urbano, porque no todas las unidades servían, algunas ya estaban inservibles, por eso en la cuantificación de daños ahora los transportistas inflan los precios como si las unidades estuvieran en buen estado o fueran del año, pero realmente ya estaban desgastadas porque entraron en operaciones en 2017, por eso es que se cree que este incendio fue una acción premeditada pensando que “papa gobierno” ante lo extremo del caso y para no dejar sin transporte urbano a los villahermosinos, seguramente entrará al quite a como lo venían haciendo los gobiernos priistas para solucionarles el problema, bien sea adquiriendo las nuevas unidades o siendo aval para que los transportistas adquiera nuevas unidades que al fin y al cabo los gobiernos anteriores les terminaban de pagar las deudas para que estuvieran en santa paz y pudieran contar con su complicidad en los procesos electorales.
A la actual directiva encabeza por Layres Carrera y Montoya les súper urge que la ciudadanía crea que el sabotaje donde se quemaron las 47 unidades fue organizada por la parte contraria, la que encabeza Rubén Salomé, para quitarse ellos el golpe de la culpabilidad, pero hasta ahora los responsables directo de lo que pasó es la actual directiva, porque en ellos recae el manejo administrativo y operativo del sistema transbús, por lo que son altamente sospechosos de haber mandado a incendiar los camiones, ya que extrañamente, a pesar de que hay vigilancia privada, no pudieron avisar a los bomberos o a otros cuerpos de seguridad, como el de Pemex, que presta auxilio, para sofocar el siniestro.
Como resulta extraño que 47 camiones se quemaran, sin que nadie tuviera tiempo de avisar para recibir auxilio, aquí los principales sospechosos, son prácticamente quienes conocer el manejo operativo del transbus, Layres Carrera y José Luis Montoya, que deben ser sujetos a una investigación exhaustiva, porque solamente ellos saben cuántos camiones operaban con normalidad y cuantos estaban botados ahí en el estacionamiento de la colonia Miguel Hidalgo.
En esta acción premedita de quemar los autobuses, los responsables, tanto autores materiales como intelectuales tienen que aparecer, se tiene que descubrir quienes o quienes estuvieron detrás de esta piromanía, a quien o quienes les convenía que el parque vehicular del transbús desapareciera, ¿a quién o quienes beneficia este sabotaje en contra de la principal línea de transporte urbano de Villahermosa y zonas conurbadas.
En el 2007 el gobierno granierista vendió la transformación del servicio de transporte urbano, el transbús, como la panacea para solucionar problema agudo del transporte en Villahermosa, procedieron a retirar de circulación cientos de combis que parecían ataúdes rodantes y minubuses, para dar paso a esos camiones grandes de 40 plazas, con climas, que en el pasado, durante el gobierno de Enrique González Pedrero, que instrumentó los llamados Delfines, y en el gobierno de Salvador Neme los llamados SAETAS, habían sido un rotundo fracaso por el mal manejo administrativo.
No es cierto que no sea rentable el servicio del transporte urbano, si lo es, si deja ganancias, porque nadie invierte para perder, sino para ganar, pero siempre y cuando se maneje con transparencia, con honestidad, pero en los últimos años el transbús sirvió como un coto de poder político y enriquecimiento ilícito de quienes encabezaron el consejo de administración; político porque varios dirigentes llegaron a cargos públicos, concretamente lograron regidurías y actualmente quienes lo dirigen resultaron beneficiados con cargos públicos, de tal manera que si se pelea los cargos de dirección del Transbús es porque hay poder político y ganancias económicas ilícitas en detrimento de los propios socios.
¿Que acaso Layres Carrera y José Luis Montoya disputaron la dirección del transbús a Rubén Salome solamente porque tenían interés de servir a sus socios?, es claro que no, también buscaron sacar raja económica y política y lo lograron, entonces porque no pensar que ellos sean los autores intelectuales de la quemazón de los camiones para que “papá gobierno” intervenga subsidiándole la compra de nuevas unidades o para cambiar el actual esquema de transporte.
Los principales sospechosos de la quema de los autobuses, es el actual cuerpo directivo que ha deslizado la versión que existía interés de parte de Rubén Salome en sabotear al sistema de transporte urbano, y lo hacen para evitarse el golpe que ya tienen encima porque en el corto plazo no se ve la intervención gubernamental para solucionarles el problema, es más las autoridades estatales deben de intervenir una vez que se conozca quien o quienes fueron los autores materiales e intelectuales de la quema de los 47 autobuses, varios de los cuales ya no servían ni para refacción porque estaban inservibles.
Por lo pronto, tanto Layres Carrera Y José Luis Montoya ayer fueron llamados a comparecer ante la Fiscalía General del Estado para que rindan su declaración sobre estos hechos delictivos, aunque los principales sospechosos de la quema de los autobuses son ellos, sobre todo porque está operando con números rojos y ya querían que el gobierno estatal interviniera para rescatarlos de la quiebra, a como lo hicieron en el pasado los gobiernos priistas. Unos cuantos directivos se roban los recursos de los socios y luego quieren que el gobierno en turno los rescate de la quiebra, pero ahora debe de ser diferente.
OJITOS
Este jueves, el secretario de Salud, Juan Filigrana, fijará su posicionamiento en torno a las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se argumenta está actuando con tintes políticos, dado de que hay dudas de la forma en que realizaron los estudios de laboratorio de la calidad del agua.
Con documentos en mano el secretario de Salud, demostrará que los laboratorios de ese sector han realizado un trabajo escrupuloso en cuanto al estudio de la calidad del agua que cuanta con los estándares de manejo que marcan las normas, y que están certificados a nivel nacional para realizar los estudios correspondientes sobre la calidad del agua.
Para el sector salud hay serias dudas sobre los estudios realizados en el cual se basó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para emitir 26 recomendaciones, por lo que en el caso de la secretaría de Salud con documentos en la mano, Juan Filigrana dará a conocer que los laboratorios del sector salud han hecho cientos de estudios de la calidad del agua que se mantiene dentro de los estándares para ser usado por la población sin ningún riesgo de contaminación. Será interesante escuchar al secretario de salud y que muestre a los medios de comunicación asistente como han realizado los estudios de la calidad del agua en el estado.
VISORCITO
Al reunirse con abogados tabasqueños, Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal electo de Centro, escucho y compartió con ellos parte de lo que será su proyecto al frente de la alcaldía, este gobierno municipal –dijo- será un gobierno al servicio de la gente, con funcionarios que escuchen a los habitantes de Centro, pero también será una administración municipal que dialogue con todos los sectores sociales.
A los profesionales del derecho en el municipio de Centro y del Estado de Tabasco, los felicitó por velar por el buen nombre de la profesión, defender los intereses colectivos y fomentar el espíritu de la justicia entre los particulares entre sí y entre los funcionarios encargados de administrarla, procurando que el ejercicio de la abogacía no se aparte nunca de los estrictos preceptos de la moralidad y se ajuste a la doctrina de la ciencia jurídica, apuntó.
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