De manera inédita en la historia política de Tabasco, el pleno de la 61 legislatura local se constituyó ayer en Jurado de Procedencia para conocer del caso y posteriormente aprobó separar inmediatamente del cargo al magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, Jorge Montaño Ventura, y dejarlo sin el fuero constitucional de magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) al considerar que ha lugar a proceder penalmente en su contra por ser presunto responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Tal como ayer mismo lo anunció El Ojo Visor, que en todo está, que el Congreso sesionaría para dejar sin el fuero constitucional a Jorge Montaño, así sucedió, por lo que con 20 votos a favor, ocho en contra y una abstención fue aprobado el dictamen emitido por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados local, el cual indica que el ilícito presuntamente cometido por el magistrado electoral fue durante su desempeño como Consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y está relacionado con la compra de un edificio que sería sede de ese órgano autónomo.
Dicho inmueble, viejo y semi-destruido que se localiza en el periférico Carlos Pellicer Cámara de la capital del estado, fue adquirido en 2011 por los anteriores consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el objetivo de tener una sede oficial propia y para dejar de rentar las oficinas donde ahora se ubican en la calle Sarlat lo que representaría un ahorro sustancial, pero resulta que a cuatro años de distancia no se ha podido utilizar porque no está en condiciones físicas para ser habitado, ni se están ahorrando lo de la renta, pero además se descubrió un daño patrimonial al propio órgano electoral porque se adquirió a un precio súper elevado de 32 millones de pesos cuando su precio de mercado no rebasa los 18 millones de pesos, es decir, los consejeros que estaban en funciones en 2011, de manera premeditada le causaron un daño patrimonial a la institución que deberían cuidar, además de que ese inmueble ahora es un elefante blanco.
En el dictamen emitido también se precisa que el magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) estará separado de su cargo en tanto esté sujeto a proceso penal y a disposición de las autoridades competentes, y que dicha actuación en contra Jorge Montaño Ventura es a consecuencia de un procedimiento de declaración de procedencia solicitada por la Fiscalía General del Estado, en el que ha quedado acreditada la existencia del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el que tendrá que responder y desde luego se podrá defender.
Para atender este asunto, inédito en la historia política de Tabasco, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia y, luego de haber sido leída una síntesis del dictamen emitido por la Sección Instructora, se le dio la palabra a la licenciada Emilia Leticia Escobedo García, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, como parte denunciante.
Posteriormente, tuvo la palabra el abogado Humberto Segovia García, defensor del magistrado Jorge Montaño Ventura, quien fue notificado para que estuviera presente en la sesión, pero no acudió, ya que por la mañana fue descubierto en el aeropuerto tomando un vuelo que lo llevara fuera del estado, ante lo inminente de su desafuero, y finalmente ambas partes contaron con 15 minutos más para la respectiva réplica y contrarréplica.
Una vez agotadas las intervenciones tanto de la parte denunciante, como de la parte imputada, los diputados hicieron uso de la tribuna para debatir sobre el dictamen. En contra se pronunciaron los legisladores Esther Alicia Dagdug Lutzow, José del Carmen Herrera Sánchez y Verónica Pérez Rojas, y a favor lo hicieron las diputadas Ana Karen Mollinedo Zurita, Leticia Taracena Gordillo, Verónica Castillo Reyes, Rafael Acosta León y Neyda Beatriz García Martínez.
La sesión de ayer jueves fue maratónica, tardó cuatro horas, donde se fijaron posicionamientos, incluyendo una propuesta del legislador Luis Rodrigo Marín Figueroa para que fuera modificado el orden del día, lo cual fue rechazado por la mayoría del pleno, así como un debate sobre la dispensa de la lectura del Acuerdo que regula el Procedimiento de la Cámara de Diputados como Jurado de Procedencia. En dicho debate intervinieron los diputados Esther Alicia Dagdug Lutzow, Rosalinda López Hernández, José del Carmen Herrera Sánchez y Rafael Acosta León.
De acuerdo a datos históricos de la vida política del estado y del país, el desafuero en Tabasco de Jorge Montaño Ventura, es inédito, es el primero en la historia moderna de la entidad que se da bajo estas condiciones, ya que en poco más de un siglo solamente se registran al menos 13 desafueros en México, de 1909 a 2015, la de cuatro senadores, cuatro diputados federales, tres gobernadores, un jefe de Gobierno, y un diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre las que se cuentan la de dos tabasqueños, Carlos Alberto Madrazo Becerra en 1945 cuando era diputado federal fue acusado de falsificar documentos y traficar con braceros y fue desaforado, y en 2005, por un predio en disputa por un particular y la jefatura de gobierno, al desobedecer un mandato judicial fue desaforado Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de Gobierno.
De acuerdo a la historia política del país, el primer caso de desafuero se presentó el 26 de noviembre de 1909 cuando José López Portillo y Rojas, fue desaforado como Senador suplente por el estado de Nuevo León y encarcelado durante seis meses. Fue acusado de fraude, prevaricato y falsedad en declaraciones judiciales en un proceso menor, sostenido en su contra por Manuel Macías, apoderado de la señorita María Dolores Moncada y Fernández de Córdova.
El 29 de agosto de 1918 se inicia desafuero en contra de Silvestre Mariscal, gobernador de Guerrero, por el delito de abuso de autoridad militar, desobediencia militar, extralimitación del mando militar, usurpación de mando e insubordinación. En este caso prosperó la acusación.
El 24 de septiembre de 1919 se declara desafuero en contra de José Santos Godínez, gobernador de Nayarit, por la negativa de publicar las leyes aprobadas, violación del fuero de dos diputados locales y malversación de recursos. En este caso, el Senado intervino por considerar que se trataba de un “conflicto político” y se anuló el desafuero. Una vez que se resolvió el conflicto político, el gobernador fue restituido en el cargo.
El 27 de octubre de 1942 se inició el desafuero en contra del senador Carlos Ortega Zavaley, para responder por el delito de homicidio. En 1945 fueron desaforados los diputados federales Pedro Téllez Vargas, Carlos Alberto Madrazo Becerra y Sacramento Joffre, de Tabasco, por cohecho y falsificación de documentos. Ellos solicitaron licencia, pero señala Mario Jesús Aguilar Camacho que la misma "tuvo los efectos del desafuero, pues se sometieron a la jurisdicción de los tribunales comunes". Carlos Alberto Madrazo pidió licencia, fue desaforado y consignado. El argumento fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros, aunque hay otra versión de que se trató de una venganza política porque apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Luego de ser encarcelado por cerca de nueve meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la Presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad.
En 1947, el senador Félix Ireta Viveros fue desaforado al ser acusado de falsificación de documentos, uso de documentos falsos y tentativa punible de fraude, delitos que presuntamente cometió cuando fue gobernador de Michoacán. Sin embargo, una vez probada su inocencia se reintegró a sus funciones en el Senado el 28 de noviembre de 1951
A Óscar Flores Tapia, gobernador de Coahuila, lo desaforaron en 1981. El juicio de desafuero fue promovido por el entonces diputado panista coahuilense Jesús González Schmal. Flores Tapia fue acusado de enriquecimiento inexplicable. Por este hecho le aseguraron sus bienes y el procedimiento se interrumpió porque renunció al cargo.
El 30 de julio de 1983 el senador Jorge Díaz Serrano fue sometido a un proceso de desafuero, bajo la acusación de haber cometido un fraude por 5 mil millones de pesos cuando se desempeñaba como director general de Petróleos Mexicanos ya que supuestamente habría comprado a sobreprecio dos buques para transportar gas, además fue encarcelado por la presión que ejerció el sindicato petrolero que encabezaba Joaquín Hernández Galicia (A) La Quina.
El 22 de octubre de 2004 fue desaforado René Bejarano Martínez, entonces diputado local de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, acusado de promover conductas ilícitas y delitos electorales, tras darse a conocer un video en donde recibía dinero de manos del empresario argentino Carlos Ahumada; el 9 de noviembre de 2004 un juez en el Reclusorio Sur le giró orden de arresto y fue trasladado el 10 del mismo mes al penal, del cual salió el 6 de julio de 2005, luego de ser absuelto por el delito de lavado de dinero y luego de depositar una fianza de 171 mil pesos.
El 7 de abril de 2005 la Cámara de Diputados federal votó para quitarle inmunidad política a Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se le acusó de violar una orden judicial. El caso del desafuero provocó una serie de marchas y protestas en contra de la administración del Presidente Vicente Fox Quesada. Al final, la Procuraduría General de la República se desistió y el expediente se cerró.
El 14 de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados federal aprobó con 384 votos a favor, 2 en contra y 21 abstenciones el dictamen de desafuero del entonces diputado federal, Julio César Godoy Toscano, sobre quien pesó la presunción de pertenecer a la delincuencia organizada, dentro del grupo de los Caballeros Templarios de Michoacán. De esta forma, la mayoría de los diputados que integraron el Jurado de Procedencia avalaron el dictamen para retirarle la inmunidad constitucional al legislador michoacano, que enfrenta acusaciones de nexos con el crimen organizado y lavado de dinero.
Y finalmente ayer, en una acción inédita en la historia política del estado, el Congreso local desaforó a Jorge Montaño Ventura como magistrado del TET, dejándolo sin la protección constitucional, por lo que prácticamente huyó del estado vía aeropuerto.
OJITOS
El vocal ejecutivo del INE en Tabasco (Lule) tiene un problema en puerta no ha liquidado económicamente al personal que participó en las elecciones pasadas. Los capacitadores electorales y supervisores esperan su finiquito, pero les quiere dar una miseria. La próxima semana ese personal se manifestará, porque solo así los atenderán.
VISORCITO
Definitivamente el general tiene que limpiar la casa; ahí están adentro de la SSP los propios enemigos confabulados con los delincuentes. La muerte de los tres policías no deben quedar impunes
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