LA LEY A SECAS

Justo cuando nadie se lo esperaba, el brazo de la justicia se alzó para detener a dos (Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado) de los siete ex-consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEyPCT), presuntamente involucrados en la compra-venta de un viejo inmueble derruido que ocasionó un daño patrimonial a esa institución, pero sobre todo, que dejó ver el manejo fraudulento que realizaron los mismos ex-funcionarios electorales para agenciarse de manera alevosa recursos económicos millonarios que debieron de cuidar y hacer buen uso de ello.
Desde el 2012 en este espacio, se fue detallando la forma en que los ex-consejeros electorales, tres de ellos que integraron el comité de compras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, fraguaron, maquinaron y llevaron a cabo la compra-venta de un viejo edificio que no servía para ser habitado, en el cual pensaban montar las oficinas centrales del instituto, logrando que los siete integrantes del Consejo Estatal firmaran una minuta donde otorgaban su aval para realizar la transacción, que posteriormente se descubriría como un fraude maquinado.
La aprehensión de los ex-consejeros electorales, quienes ayer mismo fueron recluidos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, produce una carambola de varias bandas, dejando a muchas personas acalambradas porque no se esperaba esta acción de la justicia, que va en el sentido de que no se puede violar la ley, sin atenerse las consecuencias, incluso, es un claro mensaje a los actuales consejeros electorales para que no se salgan de la raya y pretendan realizar mal uso de los recursos económicos asignados para el buen desarrollo del proceso electoral, y aunque con estas detenciones, hay perniciosos que todo lo ven mal, que siempre quieren amarrar navajas llamando a que esto no sea una cacería de brujas, cuando esta denuncia tiene cuatro años que se interpuso y ahora está rindiendo frutos, porque la ley es la ley y se tiene que cumplir.
Se puede decir que el autor, el que maquinó toda esta acción, Jorge Montaño Ventura, supuestamente encubierto por un misterioso fuero que no posee porque no tiene un cargo de elección popular, sino es administrativo, pese a que el Senado de la República lo designó como magistrado electoral en Tabasco, también debe de ser castigado conforme a la ley, ya que precisamente el Ojo Visor, que en todo está, descubrió que inmediatamente que realizó la transacción se compró un Audi azul que lo anduvo presumiendo, hasta que lo escondió merced a las publicaciones periodísticas y hasta se cambió de domicilio aprovechando la fraudulenta transacción económica que había recibido.
El 10 de abril de 2011, los siete consejeros electorales integrantes del Consejo Estatal, previo acuerdo con el comité de compras donde también aparece como integrante el ex-director Administrativo, Carlos Iniguez Rosique mejor conocido como Caliche, asesorado por el capitán Carlos Manuel Merino Campos, estamparon su firma en una minuta en el cual se autorizaba la compra-venta de ese edificio por 32 millones 600 mil pesos, en desuso, con fallas de estructura, que no servía para ser habitado o habilitado como oficinas centrales del organismo electoral, pero como prevaleció más la ambición del dinero fácil y creyendo que el Partido revolucionario Institucional ganaría la elección de gobernador y ellos podrían lograr la impunidad, se metieron de lleno a ese negocio sucio.
Una vez que se armó el escándalo por la compra de ese viejo edificio al que se le destinó entre tres o cuatro millones de pesos para nivelar el patio y subsanar algunos errores de estructura incorregibles, en junio de 2013, la Contraloría interna del Instituto Electoral emitió  un resolutivo en el que señaló un sobre pago o sobre precio de 12 millones de pesos por encima del costo real de lo que valía ese viejo inmueble comprado en 32 millones 600 mil pesos, por lo cual interpuso una demanda penal ante la entonces Procuraduría General de Justicia al tiempo que propuso ante el Congreso del Estado la inhabilitación de los entonces consejeros Rosendo Gómez Piedra, Elidé Moreno Calix, Héctor Aguilar Alvarado, Jorge Montaño Ventura, Antonio Ponce López, Gustavo Rodriguez Castro y Alfonso Castillo Suárez, ex-presidente del Instituto Electoral por ser copartícipes del fraude, ya que todos ellos firmaron la minuta de compra-venta que posteriormente desaparecieron de los archivos del propio instituto para evadir sus culpas, pero alguien en forma previsora fotocopio el documento que fue entregado a la Procuraduría y al mismo Congreso para que supieran cual había sido la realidad.
Entre los involucrados en esta fraudulenta compra también aparece en su calidad de vendedor Gilberto  Galassi Almora, conocido agiotista que logró agenciarse bienes inmuebles a la malagueña, quien le endosó a su hijo Gilberto Galassi Cevallos, y su esposa Graciela Cevallos Rodríguez, el bien inmueble, quienes se   convirtieron en los cobradores de la compra-venta, también aparece involucrada la ex-Notaria Pública número 27, Adela Ramos López, el ex-secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Armando Xavier Maldonado, el director de Organización, Rigoberto de la O Gallegos, el ex-director Administrativo, Carlos Iñiguez Rosique mejor conocido como Caliche, y el ex-consejero presidente, Alfonso Castillo Suárez, cuya madre, es Felicita Suárez Castro, presidente del Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP), entre otros involucrados, que también tendrán que ser llamados a cuenta para que respondan  por sus actos, ya que nadie debe estar por encima  de la ley. Incluso en este espacio se dio a conocer que Carlos Iñiguez había invertido parte de sus recursos económicos en una sociedad que se armó en Cárdenas para la construcción de un panteón parecido al Recinto Memorial que inauguró el ex-gobernador, Andrés Granier Melo.
¿Quiénes o quienes de los involucrados se ampararán ante la justicia federal o ya salieron huyendo del estado?, ¿quién o quiénes de los involucrados en lo que llamamos el robo del siglo al propio órgano electoral del que formaron parte se atreverán a dar la cara en este momento?, la lista de los involucrados es larga.
Desde el 2011 cuando se denunció penalmente este fraude, pasando por la reprobación de la cuenta 2011 del  Instituto Electoral por parte del Congreso del Estado que estimó que había irregularidades, que en su momento generó inconformidad de los ex-consejeros electorales detenidos que exigieron la aprobación de la cuenta, hasta la presente fecha,  han pasado cuatro años, tiempo suficiente para que los propios involucrados creyeran que nada les pasaría, que todo quedarían en el olvido, pero tarde se dieron cuenta, sobre todo, cuando nadie se lo esperaba, que el brazo ejecutor de la ley les caería encima y ahora ya están en el reclusorio, y aunque salgan sus defensores de oficio a señalar que se trata de una cacería de brujas con tintes políticos por el proceso electoral que se avecina, es obvio que la población no les creerá, porque si hay algo que siempre se ha exigido, es que se aplique la ley a quienes resulten responsables de cometer cualquier ilícito.
Desde luego que ante la aplicación de la ley es viable interpretar que la aprehensión de los ex-consejeros electorales también lleva otro tipo de mensajes clarísimos a varios destinatarios que siguen obcecados, que siguen de tercos en poner piedras en el camino, sin reconocer que existe una autoridad de hecho y de derecho, que no se puede obviar, incluso el mensaje es para los de adentro del mismo partido oficial el PRD, que están obstinados en obstaculizar todo tipo de arreglos, cuando no hay razón de ser para actuar de manera alevosa.
Ante la detención de los ex-consejeros electorales hay dos presidentes municipales del grupo o tribu focilista que deben poner sus barbas a remojar, Víctor Manuel González Valerio de Macuspana por desacato a varios ordenamientos federales y presuntos actos de corrupción y Avenamar Pérez Acosta de Cárdenas, acusado del presunto delito de pederastia que está cobrando otra dimensión en la prensa nacional  donde ya acusan que lo están sobreprotegiendo pese al audio de la infante agraviada, donde narra la asquerosa actitud del edil cardenense que alcoholizado la manoseaba con el consentimiento de su madre, por lo que debe ser desaforado por el Congreso local para que enfrente a la justicia federal.
                                            OJITOS 
Y por si fuera poco la detención de los ex-consejeros electorales, ayer por la mañana en el municipio de Cunduacán fue detenido Antonio Guerrero Cruz y puesto a disposición de las autoridades competentes, pues está acusado del presunto delito de fraude cometido en agravio de varias personas a quienes defraudó con la venta de lotes.
Guerrero Cruz es dirigente de una organización en el municipio de Cunduacán, pero su detención cobra relevancia, ya que desde hace un buen tiempo se integró al equipo de precampaña de la diputada local, Rosalinda López Hernández, quien busca la presidencia municipal de Centro por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero amaga con ser candidata del Partido Verde Ecologista de México, ya que desde hace unos meses Federico Madrazo le guiña un ojo.
Es decir, Toño Guerrero, es un operador político-electoral de la diputada, Rosalinda López, que desde ayer está en la cárcel y quien sabe por cuánto tiempo, mientras que en el caso de los ex-consejeros está embarrada la Notaria Pública número 27,  donde realizaba sus escrituras Gilberto Galassi Almora. ¿Será calambre?. Algunos políticos ya tendrán tiempo para ir armando el rompecabezas.   
                                            VISORCITO
Tras las detenciones de Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, integrantes de la actual legislatura local confían en que más involucrados caigan en manos de la justicia por el caso del edificio desvencijado que adquirieron ex-consejeros  del IEPCT, el cual tuvo un costo sobrevaluado de 32 millones 600 mil pesos.
Al respecto, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Neyda Beatriz García Martínez, indicó que se está dando una muestra que en esta administración local, “la justicia es primero que nada”, recordando que existe una cuenta pública reprobada a la administración de este organismo electoral desde