Pese a la manifestación que realizaron algunos transportistas que se oponían a la aprobación de la nueva Ley de Transporte del Estado de Tabasco por considerar que se atentaba en contra de sus concesiones que les serían retiradas, cosa que no fue así, y en una actitud prudente y mesurada de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ayer el pleno de la 61 legislatura aprobó dicho ordenamiento legal con 34 votos a favor y uno en contra del legislador independiente Roger Arias García que se opone a todas las propuestas que provienen del gobierno estatal. El dictamen emitido por la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito, aprobado ayer en el pleno por las fracciones parlamentarias del PRD, PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza, PT y Movimiento Ciudadano, establece las bases para planear, regular, administrar, controlar y supervisar la movilidad de pasajeros y el servicio de transporte público y privado, de acuerdo con las necesidades actuales de la población, teniendo como punto fundamental que sea el gobierno estatal el que siga siendo en ente rector del transporte público y que, en caso de que este no lo pueda proveer, lo haga a través de particulares mediante un régimen de concesiones o permisos y el cobro de una tarifa competitiva y accesible a la población. El nuevo ordenamiento legal aprobado ayer por los legisladores y que entrará en vigor una vez que sea publicada en el periódico oficial del estado, ya era necesaria, debido a que la anterior había sido rebasado y no contemplaba posibilidades para evolucionar hacia una movilidad sustentable en beneficio de la ciudadanía, ya que permitía procesos no claros y arbitrarios de la autoridad en turno en unos aspectos, pero limitaba y coartaba las acciones de esa misma autoridad para asegurar un transporte público de calidad, por lo que la nueva ley .cuenta con elementos innovadores en el desarrollo de la actividad, con equilibrio e igualdad social, limitando los márgenes de discrecionalidad a la autoridad en materia de otorgamiento de concesiones e imposición de sanciones, y refuerza sus atribuciones de vigilancia y supervisión en beneficio del ciudadano, así como evoluciona a nuevos servicios de transporte que requiere la sociedad tabasqueña. El nuevo marco jurídico que está compuesto por 12 títulos, 28 capítulos, 155 artículos y siete artículos transitorios, da prioridad a la persona sobre el concepto de vehículo, e introduce el concepto de movilidad de bienes y personas como un derecho que estaba postergado en la anterior legislación y que ahora toma relevancia ante la urgencia y necesidad de que se valoren los derechos humanos, pero además, clarifica las facultades establecidas en la Constitución Política local, al otorgar las concesiones y permisos de forma transparente, mediante un procedimiento que garantiza la imparcialidad del gobierno en estos procesos, para lo cual se emitirá una convocatoria pública en la que podrán participar libremente los interesados, ajustándose a los requisitos establecidos en la misma, lo anterior se realizará sin que se restrinja los derechos de quienes vienen prestando el servicio público en estos momentos, en determinada ruta o jurisdicción, ya que se les garantiza su derecho de audiencia, en el caso de que la autoridad pretenda realizar una autorización, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y tengan la seguridad que los procesos serán abiertos y transparentes; este era una de los puntos medulares que reclamaban los transportistas que se oponían a la nueva Ley de Transporte, ya que suponían o les habían dicho que serían perjudicados en sus derechos de seguir prestando el servicio de transporte que les fue concesionada desde hace varios años, pero finalmente, esos temores fueron infundados porque en el nuevo ordenamiento se contempla sus derechos. Este nuevo ordenamiento contempla la figura de la cesión de derechos de los concesionarios y permisionarios, que en la anterior ley no existía, aunque claro, previo cumplimiento de los requisitos establecidos, lo que brinda transparencia y certeza si llegado el caso el prestador de servicios requiera ser sustituido en su responsabilidad por otras personas. En pocas palabras, se les reconocerá la labor que por años han venido realizado para que propongan a quien los sustituirá en caso de muerte o incapacidad, con lo que prácticamente ya tienen certeza jurídica. Otro punto contemplado dentro de la nueva ley es la regulación, hasta hoy omisa, de la operación de los permisionarios de autotransporte federal en las vías de jurisdicción local, que pone un freno a la anarquía de los transportistas, para evitar en el presente y futuro conflictos entre los prestadores de servicio federales y estatales, como también plantea establecer sistemas de transportes eficientes y confortables, en corredores coordinados, impulsar estaciones o terminales de transferencia que propicien una circulación fluida y descongestionamiento vial, así como unidades modernas y seguras al fijar un límite a su antigüedad, y cuidará la competencia desleal que perjudique a concesionarios y permisionarios. A esta nueva ley se incorpora la figura de taxis compartidos, que garantizarán un mejor servicio y una tarifa justa que no lesiona al usuario y tampoco implica una competencia desleal, así como las góndolas, que abatirán los costos de traslado de materiales en largos trayectos, y que estarán regulados dentro de las mismas concesiones y permisos, trayendo con ello un redituable beneficio económico al usuario de este sector, incluyéndose además, que las unidades de transporte público cuenten con dispositivos de regulación de velocidad y un mayor número de asientos para personas con discapacidad y adultos mayores, y se reconoce a las redes sociales como vías válidas para interponer quejas y denuncias. Finalmente, también amplia la regulación para la operación de grúas y con ello promover la competitividad leal, y se implementará un procedimiento administrativo sumario de sanción por violaciones a la Ley de Transportes y su Reglamento, ya que esto evita márgenes de conductas de corrupción de los servidores públicos, evita la subjetividad de la autoridad administrativa y garantiza que la multa no sea mayor a la falta cometida. Como sucede en estos casos, no faltarán las especulaciones de quienes lo ven todo de manera negativa en cuando a la actuación de los legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quienes después de oponerse sistemáticamente a la aprobación de la nueva ley, durante la sesión de ayer finalmente la aprobaron. Y aunque habrá quienes deslicen las versiones de que fueron cooptados, maiceados o como le quieran llamar, por el gobierno estatal, en realidad los legisladores priistas actuaron con cordura política, pues al estar contemplado dentro de la nueva legislación la certeza jurídica de que no se afectaría la antigüedad de los concesionarios del transporte del servicio público, y otros rubros que en vez de perjudicarlos los ayudan, votaron a favor de la iniciativa de Ley del Ejecutivo estatal, donde también hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo político de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Neyda Beatriz García Martínez. OJITOS Por presiones de grupos políticos y de algunos aspirantes a cargos de elección popular, la dirigente estatal del organismo de mujeres (ONMPRI) Katia Gil Ornelas, desconoció a recién la electa representante municipal de esta organización, Nelly del Carmen Hernández de la Cruz, quien había sido elegida en forma democrática en este municipio. De acuerdo al acta levantada el pasado 10 de este mes, en el edificio del tricolor (ubicado en la avenida Domingo Colín) por la delegada política de esa agrupación Andrea Jiménez Canul, las representantes de las organizaciones y filiales priistas eligieron por consenso a Hernández de la Cruz, reconocida activista política en la zona de Cucuyulapa. El documento de consta de dos hojas tamaño oficio fue signado por la ex-dirigente del ONMPRI local, Zoila Libertad Castillo, la secretaria general del tricolor, Lorena Almeida Fernández y el presidente del comité municipal Jorge Luis Hernández Morales, por la representante del Movimiento Territorial, Leticia del Carmen Tiquet Torres y de representantes femeniles de todos los sectores. Las participantes fueron Nelly del Carmen y Lesbia Morales Madrigal, esta última solo obtuvo un solo voto. Sin embargo, una semana después de la elección empezó a quejarse y Gil Ornelas llamó a las dos participantes y a otra más que se abstuvo de participar: Claudia Hernández López, del Movimiento MX, con el fin de imponer vía dedazo, siendo ayer martes 21 de octubre, en que se tomó la decisión en forma arbitraria de desconocer a la ganadora y prolongar que siga la ahora ex- dirigente. Este tipo de imposiciones burdas, llevaran al PRI al fracaso electoral en el 2015, porque no aprenden de sus errores del pasado. VISORCITO Una vez descubierto el artero fraude cometido en contra de las finanzas del Colegio de Bachilleres con la compra de las diez tabletas chinas con un monto de 25 millones de pesos que sin duda ya afecta a todos los estudiantes de nuevo ingreso quienes no podrán alcanzar la excelencia educativa que tanto pregona Jaime Mier y Terán Suárez, hay voces que comienzan a exigir que se investigue a fondo al director general por insaciable, para conocer cuál fue el destinado de más de 300 millones de pesos ejercidos en 2013, para la operatividad y mantenimiento de las instalaciones que planteles que siguen completamente deteriorados. El famoso “Cartel de Samarkanda” encabezado por Jaime Mier y Terán y su brazo operativo Rodolfo Castillo mejor conocido como “Manito de Cangrejo” deben ser investigados a fondo y espulgados con lupa cada rubro para ver a que se destinó cada peso entregado al Colegio de Bachilleres, porque si fueron capaces de autorizar la compra de diez mil tabletas chinas a precios súper inflados, ya el lector se podrá imaginar, que también, pudieron haber desviado recursos económicos para otros fines, menos para proporcionales bienestar a los educandos. Hasta ahora hay cuatro ex-funcionarios cesados y sujetos a proceso por la Contraloría estatal debido a la compra fraudulenta de las tabletas, lo que está ocasionando un daño colateral a todos los estudiantes que iniciaron el primer semestre en agosto de este año, porque no han recibido esa herramienta fundamental para su preparación académica y aquí vale la pena preguntar, ¿quién o quiénes son los responsables?, ¿Quién o quienes deberían ser sancionado por negligencia, omisión o complicidad encubierta que le está ocasionando un fuerte daño a todos los educandos?, no hay otro, ese es Jaime Mier y Terán, que también debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, porque conociendo su pasado por otras administraciones se puede deducir, que sí sabía lo que estaban haciendo sus colaboradores, es más, autorizó la compra fraudulenta de las tabletas. Con esos brutales vicios no puede haber educación de calidad en ese subsistema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario