MERCENARIO DEL LITIGIO

El pasado miércoles veinticuatro de septiembre, el Ojo Visor, que en todo está, dio a conocer con toda puntualidad, la forma sucia y mezquina en que un “abogado” cardenense llamado Oswaldo Priego Morales había defraudado a la señora  Esther Peralta Murillo, ya que le pagaron una fuerte cantidad de dinero para resolver jurídicamente  el intestado de una propiedad, pero no tan solo no lo resolvió, sino que se lo quiso adjudicar a la malagueña, por lo que uno de los familiares de la defraudada  ha decidido dar la pelea para que este sujeto de marras devuelva los recursos económicos que se agenció porque no cumplió con resolver el problema. Oswaldo Priego Morales, quien fue director de asuntos jurídicos del ayuntamiento de Cárdenas durante el trienio en que fue presidente municipal, Nelson Pérez García, quien ahora busca ser candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el segundo distrito electoral de Tabasco, es ahora asesor jurídico de la dirigencia municipal del tricolor en ese municipio, pero a la vez es el coordinador de Asuntos Jurídicos de la delegación federal de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT, cuyo titular es Miguel Angel Moheno Piñera, quien por su parte, también  aspira a ser el candidato a presidente municipal por el mismo partido, pero que trae entre sus filas a este sujeto que es uno de sus hombres de confianza que durante varios años se ha dedicado a defraudar incautos aprovechándose de que es “abogado”. A raíz de la primera denuncia que se realizó en este espacio, éste sujeto de marras (Oswaldo) que tiene viviendo a su mama en un miserable cuartucho donde la tiene abandona mientras él se da la vida de placeres estrenando lujosos carros como producto de sus inconfesables transacciones sucias, se escondió por varios días, incluso, en su calidad de funcionario público federal no se presentó a laborar a la delegación de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra, desde luego que con la venía de su mejor amigo, Miguel Angel Moheno Piñera, quien por su parte, comenzó a tender puentes con todas sus amistades para buscar el diálogo o  una posible  “negociación” con el Ojo Visor, al problema que enfrenta su amigo Oswaldo, recibiendo como única respuesta: “que pague, que le devuelva el dinero defraudado a la señora Esther y que deje de andar de sinvergüenza”, porque lo que hizo es una inmoralidad y con eso quedaría subsanado el asunto, pero resulta que el abogado no solamente no quiere devolver lo defraudado, sino que está empeñado  por todos los medios en causarle daño a familiares cercanos de la señora Esther, por lo que no vamos a parar en seguir denunciando públicamente a este sujeto que confía plenamente que su gallo Miguel Angel  Moheno Piñera sea el candidato y se convierta en presidente municipal para sentirse intocable. Oswaldo Priego Morales como una fiera herida no ha dudado en pedirle a priistas de Cárdenas, como al ex-presidente municipal, Nelson Pérez que corran la versión de que detrás de esta denuncia, que él dice que es falsa, pero que ahí están los recibos firmados de su puño y letra con los que se demuestra que es un defraudador profesional,  se encuentra el también aspirante priista a la presidencia municipal, Armando Beltrán Tenorio (a) La Pelota, porque supuestamente Miguel Moheno lleva la delantera en las encuestas y lo quieren tumbar, cosa que es falsa, como también ha hecho circular la versión de que la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno de los aspirantes a la alcaldía Rafael Acosta León, subsidian la publicación que va enfocado a golpear al delegado de la CORETT, cosa que completamente falsa, porque la publicación obedece a una denuncia ciudadana, ante su sucia forma de actuar, ante el fraude que cometió, porque actuó con conocimiento de causa, y en el ejercicio de su profesión puede ser sancionado, incluso con la pérdida de su cédula profesional. En sus locuras, porque también aseguran que es candidato a Oceánica, Oswaldo Priego Morales, no dudó en embarrar en su problema al  doceavo regidor del ayuntamiento de Cárdenas, de extracción priista, José Francisco Pérez Reyes, quien asumió el cargo a la muerte de Juan Córdova, a quien le pidió presione a Violeta de los Santos Peralta, hija de la señora Esther Murillo Peralta, que trabaja en la comuna  para que se desistan de sus denuncias, por lo que el obediente regidor llama a la dama para amenazarla de que si seguían insistiendo en denunciar al trácala de Oswaldo la correría del ayuntamiento, cuando Violeta nada tiene que ver en el asunto, sino es su mamá, lo que demuestra las perversas acciones de este sujeto, quien además de ser funcionario federal pues es  coordinador de asuntos jurídicos de la CORETT se da tiempo en horas de trabajo para litigar en la ciudad de Cárdenas, desde luego que con la venia de su jefe Miguel Angel Moheno Piñera, lo que es una violación flagrante a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos federales. La ley dice: Responsabilidades de Servidores Público. Sus modalidades de acuerdo con el título cuarto constitucional CPEUM. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal. C).- La responsabilidad administrativa: Para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y  eficiencia en la función pública, Ley federal de  responsabilidad de los servidores públicos; ARTÍCULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: Párrafo reformado DOF 21-07-1992 I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; La responsabilidad administrativa, se configura cuando  atendiendo asuntos ajenos  un funcionario descuida las funciones encomendadas. Por lo tanto Las sanciones administrativas previstas para este tipo de infracciones son la suspensión o la destitución del puesto, la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, la amonestación pública o privada de los servidores públicos y sanciones económicas. La ley es clara y precisa, Oswaldo Priego Morales se ha dedicado a litigar casos particulares con la venia de su jefe y amigo, Miguel Angel Moheno Piñera, violando la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos Federales, de ahí que ambos han caído en irregularidades que debe ser investigado a nivel federal, y como prueba ahí están los recibos firmados de puño y letra de este abogado con lo que se demuestra que siendo funcionario federal también se ha dedicado a litigar, por lo cual debe de ser sancionado con todo rigor:  “Recibí del señor Armando Escalante Escayola la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) Por concepto de adelanto por la tramitación del procedimiento judicial no contencioso de información de dominio, que se tramitará ante el juzgado de paz, respecto al predio ubicado en la calle Santos Degollados número 310 de esta ciudad, propiedad de la señora Esther Peralta murillo. H. Cárdenas, Tabasco 27 de septiembre de 2013, y firma el licenciado Oswaldo Priego Morales”. Este otro recibo muestra la forma mezquina y vil como este sujeto utiliza el derecho para esquilmarle sus recursos económicos a quienes buscan su servicio: “Recibí del señor Armando Escalante Escayola la cantidad de 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago parcial por la tramitación del procedimiento judicial no contencioso de información de dominio,  que se tramitará ante el juzgado de paz, respecto al predio propiedad de la señora Esther Peralta Murillo. H. Cárdenas, Tabasco a 30 de abril de 2014”. Todavía hay mucha tela de donde cortar respecto a este asunto, porque el Código Penal para el Estado de Tabasco en su capítulo VII también contempla sanciones ante el incumplimiento de los deberes de abogados, defensores y litigantes.                                        OJITOS La legisladora del Partido de la Revolución Democrática, Leticia Taracena Gordillo, propuso ayer martes que se contemple la “denuncia pública” en la Ley de Transporte de Tabasco y con ella se puedan iniciar de oficio procedimientos contra choferes del transporte público que agredan a usuarios, situación que se ha incrementado en los últimos meses en la entidad. Hasta ahora, las agresiones a usuarios son investigadas y castigadas por la SCT estatal solo a denuncia del ofendido, conforme a las facultades legales que tiene la secretaría, por ese  motivo, la diputada perredista propuso que se modifiquen los artículos 104 y 108 de la Ley de Transporte del Estado de Tabasco, para dotar de facultades a la Secretaría del ramo con el fin de que pueda iniciar los procedimientos a partir de las denuncias que se dan no solo en los medios de comunicación, sino de unos años a la fecha a través del Internet y las denominadas “redes sociales”, una realidad a la que deben adecuarse las legislaciones. Al hacer uso de la tribuna durante la sesión de este martes, la legisladora propuso que en el artículo 104 se entienda como “denuncia pública” aquella realizada a través de los medios de comunicación, Internet o redes sociales a efecto de lo cual “la Secretaría deberá implementar los mecanismos necesarios para recabar la información relativa de dichas fuentes e iniciar de inmediato el procedimiento respectivo”. En tanto, en el artículo 108, se incluye que la Secretaría pueda tener conocimiento de la comisión de infracciones por parte de los choferes de transporte público por la vía formal, como está establecido hasta la fecha, o mediante la “denuncia pública”. Recordó que de acuerdo con cifras oficiales son más de 2 mil los taxis que ofrecen servicio en la capital tabasqueña y casi medio millar en la zona conurbada, sin contar unas 200 unidades de las empresas conocidas coloquialmente como Transbús y Transmetropolitano, “a cuyos propietarios recientemente se les concedió un aumento en el costo de la tarifa, con el único fin de que mejoraran las condiciones de sus unidades y ofrecieran un servicio decoroso a la población, incluyendo el trato amable a la ciudadanía”. Precisó que en los últimos meses se han dado a conocer videos grabados por los usuarios con sus propios celulares en los que se aprecia cómo son objeto de agresiones por parte de choferes del transporte público. De aprobarse esta iniciativa el usuario ya no estará desprotegido y a merced de malos choferes.