No se puede actuar de manera irresponsable y frívola, como lo están haciendo los presidentes municipales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al declararse en resistencia civil, porque solo obstaculizarán las negociaciones que realiza el gobernador del estado, Arturo Núñez, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se dice va avanzado, pero además, se colocan al margen de la legalidad porque violan la ley de ingresos y egresos porque el pago de energía eléctrica ya está contemplado en su presupuesto público de 2014, por lo que al no destinarlo para ese fin, se convertiría en una irregularidad, en desviación de recursos públicos.
Poco a poco, la opinión pública se va poniendo en contra de los presidentes municipales de extracción perredista que a la malagueña y porque la Comisión Federal de Electricidad incrementó arbitrariamente el cobro del alumbrado público a los ayuntamientos, ellos también de manera arbitraria deciden violentar las leyes, al tomar la decisión de no pagarle ningún peso a la CFE, por lo que no se puede combatir una irregularidad con otra irregularidad, sin que traiga sus consecuencias.
En su mayoría, los presidentes municipales y el encargado el despacho del PRD, Candelario Pérez, que forman parte del grupo focilistas, siguen actuando en forma sectaria, no respetan la institucionalidad que debe prevalecer en torno al gobernador Núñez, tomando decisiones a la ligera que pueden trastocar las negociaciones que éste realiza con el alto mando de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que resulta patético escuchar o leer declaraciones de los propios ediles de que esa negativa de pagar la energía eléctrica de ninguna manera le causará problema al Ejecutivo estatal con dicha empresa, cuando al tratarse de adeudos de luz, y sabiendo cómo se las gasta la CFE podría tomar esa hay una actitud rebelde de los alcaldes, para bloquear o empantanar las negociaciones que ya están avanzadas, y que de acuerdo a las expresiones de los legisladores Fernando Mayans Canabal y Gerardo Gaudiano, están muy avanzados y los resultados serán benéficos para todos los consumidores de energía eléctrica, porque el Ejecutivo estatal está cabildeando muy bien.
En ese tenor, hay que reconocer la actitud cuerda del presidente municipal de Centro, Humberto de los Santos Bertruy que ayer dejó en claro, que aunque apoya moralmente a sus colegas, no le entrará a esa aventura pues prefiere pagar la energía eléctrica en espera de que las negociaciones que realiza el gobernador fructifiquen y se pueda llegar a un acuerdo con la CFE para bajar el arbitrario incremento en el consumo de luz que se le aplica a todos en general.
Hay algo más delicado que los ediles perredistas, no han valorado, como es respetar la legalidad, porque en todos los ayuntamientos existe un presupuesto para el pago de la energía eléctrica contemplado en la ley de ingresos y egresos que se aprueba en diciembre del año anterior y que pasa por el Congreso del Estado, porque si deciden dejar de pagar el alumbrado público, están obligados a clarificar, ¿para qué o en que rubro van a invertir? esos recursos públicos que ya están programados o presupuestados para pagar el consumo de luz y si no les alcanza porque arbitrariamente la CFE elevó los costos, tienen que buscar o rascar de alguna parte para cubrir lo que les falta, pero no deben actuar en forma irresponsable.
Con que calidad moral un alcalde perredista le pedirá a los ciudadanos de su municipio que paguen su predial, si el mismo pone el mal ejemplo al declararse en rebeldía para no pagar la luz. En varios ayuntamientos siguen existiendo aviadores, que se presentan a cobrar sin trabajar porque los están utilizando para promocionar la imagen de un aspirante a la alcaldía, por ahí le pueden buscar para juntar lo necesario para pagar la energía eléctrica y no comportarse en forma arcaica, lo que puede dar pie para que se congelen las negociaciones a nivel central con los altos mandos de la CFE. Lo alcaldes perredistas abonan a la anarquía en la entidad ya que con sus acciones están perjudicando al jefe del Ejecutivo para que culmine con éxito sus negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que tienen que recapacitar y dejar de lado la intransigencia.
Ojitos
Duro jalón de orejas recibió el coordinador estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado, César Burelo, quien después de asegurar el pasado martes de que en el caso del pozo petrolero "navegante IV" se estaba actuando políticamente porque no tenía conocimiento de que hubiera peligro, posteriormente reculó, que siempre no dijo lo que dijo, reconociendo que efectivamente se trataba de un asunto sumamente delicado y que por lo tanto las personas que mantienen bloqueadas las instalaciones deben de actuar con cordura, permitiéndole el paso a las instalaciones al equipo de Petróleos Mexicanos para hacer los trabajos de reparación que fueran necesarios para evitar una explosión de grandes magnitudes que pueda ocasionar daños muchos más grandes que las que produjo el Terra a la población.
Por su parte, el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda lo exculpó al aducir que se trató de una falta de información, de un error de comunicación de la política interna, porque César Burelo estaba ocupado en el asunto del siniestro del retén de Ixtacomitán que pertenece a César Pérez dueño de "Grúas Pérez" que se dedica al remolque de vehículos infraccionados por tránsito del estado, que será otro dolor de cabeza en puerta porque esa empresa no cuenta con seguro de siniestro.
En cuanto al asunto de los habitantes de Nacajuca que mantiene bloqueadas las instalaciones petroleras especialmente el pozo "Navegante IV" el responsable de la política interna del gobierno estatal, precisó que se están agotando todas las vías de apremio, especialmente el diálogo la conciliación que permita que el personal de Petróleos Mexicanos entre a sus instalaciones para darle el mantenimiento preventivo o correctivo que se necesita para evitar una desgracia que está latente.
Sin embargo, César Raúl Ojeda Zubieta dejó entrever que ante la radicalización de la legisladora, Verónica Pérez Rojas, que desde hace mes medio mantiene los plantones a las instalaciones petroleras que ha puesto como condición que primero se instale una mesa de diálogo para permitirles el acceso al pozo "Navegante IV", no se descarta que el Gobierno Federal tenga que intervenir directamente para desbloquear porque las instalaciones de Pemex son estratégicas en el ámbito de la Seguridad Nacional que basado en esa apreciación el gobierno estatal tendría que apoyar a la instancia federal.
Es pocas palabras, este conflicto ya está en su punto neurálgico, a se estiró la cuerda hasta su punto más crítico, de tal manera que si para permitir el paso al pozo para su manteniendo, el cual súper urge, la legisladora Verónica Pérez ha puesto como condición de que a la fuerza le instalen una mesa de diálogo para que sobre la marcha le resuelvan sus planteamientos, entre estos, el del dinero a la mano para los bloqueadores que tanto los funcionarios de Pemex como el mismo gobernador Núñez han dejado en claro que no habrá para nadie , sino que todo se traducirá a obras sociales, ante la premura, ante la urgencia de que pueda presentarse una explosión de grandes consecuencias en las próximas las fuerzas federales podrían estar llegando para desbloquear por la fuerza los accesos del pozo por cuestiones de Seguridad Nacional.
Quizás la legisladora perredista no ha medido las consecuencias de sus actos, está actuando mu temerariamente pues cree que se trata de un ardid que Pemex inventó para entrar a sus instalaciones, que no ha y ni habrá una conflagración de grandes magnitudes en esas instalaciones, pero como solamente Petróleos Mexicanos trae el pulso de lo que pasa en el pozo porque maneja la cuestión técnica que es fundamental, hay que creerle que está a punto de reventar y no va a quedar otro camino más que desalojar a los bloqueados con el costo político que eso represente, porque actuará el Gobierno Federal pero institucionalmente tendrá que ser apoyado por el gobierno estatal trayendo sus repercusiones porque sus detractores naturales acusarán que se trató de un acto de represión, cuando por cuestiones de Seguridad Nacional el Estado mexicano está obligado a actuar así lo acusen de represor.
Ojala no se llegue a los extremos, que no haya desalojo, pero todo depende en mayor medida de la legisladora perredista, Verónica Pérez si da muestra de cordura y deja su intransigencia para seguir en la lucha porque si cree que tiene el sartén por el mango y que a raíz del informe técnico de lo que puede pasar en el pozo "Navegante IV" va a obligar a los funcionarios de Pemex y al mismo gobierno estatal a negociar rápidamente con ella y su grupo para permitirles el acceso, se está equivocando, porque si hay desalojo, habrán detenidos y consignados por atentar en contra de las instalaciones petroleras. En las próximas horas se sabrá la verdad de las cosas, negociación flexible para permitir el paso del personal de Pemex a esas instalaciones o desalojó utilizando las fuerzas federales, aun con las consecuencias políticas que esto puede traer, porque lo más grave sería que explotara el pozo y entonces vendrían los llantos y el crujir de dientes.
Ayer lo advirtió claramente César Raúl Ojeda, que no era lo deseable, pero que el Gobierno Federal está en todo su derecho para actuar y desbloquear las instalaciones petroleras que son estratégicas en el ámbito de la Seguridad Nacional del país, por lo que si intervienen las fuerzas federales el gobierno estatal tendrá que apoyarlos. Delicado este asunto, no hay flexibilidad por parte de los bloqueadores por lo que podría venir el uso de la fuerza pública federal.
Visorcito
Ninguna organización sindical debe tomar como rehén la educación pública en la entidad para intentar resolver sus diferencias con la Secretaría de Educación de Tabasco o con algún organismo descentralizado del sector como el Colegio de Bachilleres, por lo que ante la amenaza del Sicobatab de que paralizará sus actividades académicas el próximo lunes 18, con un ficticio emplazamiento a huelga, la dirección general a cargo de Jaime Mier ha puntualizado que el personal docente que falte a clases será sancionado de acuerdo a la normatividad.
De acuerdo al tribunal laboral, el Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab) se encuentra sin dirigente formal, toda vez que José Ramón Díaz Uribe se encuentra en la cárcel y por lo tanto perdió sus derechos ciudadanos, incluso de ser el secretario general de esa organización, aunque los maestros quieran seguirlo reconocimiento, mientras que Jaime Salazar, quien fue rescindido en su contrato como maestro, al intentar buscar la representación le fue negado por el tribunal laboral y por dos jueces civiles por lo que legalmente no hay quien lo represente.
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