QUE LO DESAFUEREN

El alcalde de extracción perredista del municipio de Cárdenas, Avenamar Pérez Acosta, se convirtió en el funcionario público más repudiado, al grado de que ayer, cuatro de los medios de comunicación (escritos) del estado dedicaron en su contra las ocho columnas (portadas), al igual que otras  publicaciones y noticiarios electrónicos que dieron a conocer las demandas interpuestas ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ),  por sus actos de corrupción documentados, sus arbitrariedades  y su presunción de ser pederasta al ser acusado por el padre de una menor de haberla abusado  sexualmente. Si al inicio de su administración municipal, Avenamar Pérez Acosta,  fue uno de los alcaldes más aclamados por la población cardenense porquera era la esperanza del progreso después de la desastrosa administración de Nelson Pérez, ahora es el más repudiado al salir a la luz pública todos sus actos de corrupción, soberbia, y pederastia por lo que están exigiendo que las autoridades competentes procedan a investigarlo para deslindar responsabilidades. Independientemente de que fue acusado de causarle un daño al erario público cardenense por más de 50 millones de pesos al favorecer con importantes contratos a familiares y amigos cercanos con la realización de obras que no aparecen y la compra a precios exorbitantes de diversos utensilios que solicitó el ayuntamiento, políticamente puede venir el encubrimiento al pertenecer al grupo político del legislador federal, Juan Manuel Fócil Pérez, quien tiene en el Congreso local a siete diputados, encabezados por Rafael Acosta León, llamados focilistas quienes podrían exigir que se cuadre la cuenta del edil para que no se encuentre la desviación del dinero, pero lo que le está pegando frontalmente es la acusación de pederastía en contra de una menor de siete años cuyo padre, autoexiliado en otro estado por amenazas de muerte sigue denunciando a Avenamar de haber cometido el ataque sexual contra la infante. En ese sentido, el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB), Efraín Rodríguez León, exigió a las instancias judiciales estatales no proteger al presidente municipal de Cárdenas, Avenamar Pérez Acosta, de las acusaciones que existen en su contra por pederastia, desvío de recursos y corrupción, denunciando que el padre de la menor de siete años, Israel Zurita,  tuvo que abandonar el estado por amenazas de muerte en su contra,  perpetradas por el alcalde. En rueda de prensa que realizó ayer, Rodríguez León hizo un enlace a través de Sky, con el padre de la menor, quien narró a los reporteros de los medios de comunicación ahí presentes que se encuentra fuera del estado por culpa del  alcalde perredista de quien recibió amenazas de muerte por atreverse a denunciarlo por ser pederasta y abusar de su menor hija. Ante ellos, el asesor jurídico de CODEHUTAB señaló que han tratado de encontrarse con el procurador de Justicia,  Fernando Valenzuela Pernas para plantearle esta situación y pedir que solicite al Congreso Local un juicio de procedencia para que desafueren Avenamar Pérez Acosta y proceder penalmente en su contra, “sería lamentable que el Procurador  de Justicia  encubra a este alcalde, quien ha generado mucho descontento por sus malas acciones”, "por ello, le hacemos un llamado al procurador para que actúe en este caso,  y haga los trámites de desafuero ante el Congreso de manera correspondiente", aunque dio a conocer que  se tienen otras herramientas jurídicas por agotar en caso de que la autoridad competente no solicite el juicio ante el Congreso. De igual forma, espera  que la dirigencia estatal del  Partido de la Revolución Democrática  no trate de proteger a este funcionario municipal, dándole una diputación local o federal para mantener el fuero y seguir impune. En video conferencia, el padre de la menor de siete años, Israel Zurita indicó que por denunciar estos actos que Pérez Acosta cometía contra su hija, ha sido presa de una persecución política donde se le han imputado delitos que jamás ha cometido, y que por ello tuvo que huir del estado, junto a su hija para protegerla, responsabilizando al alcalde de Cárdenas, Avenamar Pérez Acosta, por cualquier atentado que le pase, porque ha estado  utilizando todo su poder para detenerlo y meterlo a la cárcel. "A mí no me interesa lo que el señor, Abenamar Pérez Acosta,  y la señora Ana Laura de la Cruz Morales, madre de mi hija, hagan con sus vidas,  pero si es lamentable que ella, su propia madre, permitiera esos abusos de este señor hacía mi hija", remarcó. Este asunto es sumamente delicado y este es el talón de Aquiles para cualquier gobierno, pues el delito de pederastia es de los más castigados a nivel federal y estatal, porque se tiene que frenar esos abusos en contra de los infantes, y por encima de cualquier cargo de elección popular, tiene que haber una reacción de las autoridades para esclarecer a fondo este delicado asunto, sobre todo, porque hay una relación sentimental entre la madre de la menor con el alcalde, lo que cobra visos de seguridad de que efectivamente Avenamar Pérez al perder toda proporción de las cosas si pudo haber cometido esa terrible bajeza,  por lo que su cabeza como alcalde está en juego y puede rodar en cualquier momento                                         

OJITOS 

El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Congreso local, Francisco Castillo Ramírez, aseguró que en el ayuntamiento de Cárdenas, que preside el perredista Aveenamar Pérez Acosta, los funcionarios municipales están actuando como “delincuencia organizada”, a fin de saquear el erario público de este municipio, porque un grupo de funcionarios asociados  están cometiendo, seguramente el delito de delincuencia organizada o asociación delictuosa, ya tipificada en los códigos penales federales y estatales para saquear, literalmente, el erario público del municipio de Cárdenas”. El legislador panista precisó que las pruebas que se ha presentado, tanto en la PGJ como en la PGR, son elementos contundentes para tomar acciones correspondientes en ese asunto, pero que también se está haciendo los trámites pertinentes para enviar la denuncia similar a la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría Función Pública Federal, a la Fiscalía de Hacienda y, dar cuenta, al Organo Superior de Fiscalización,  además de la Contraloría estatal, dado a que en la gran parte de la denuncia en contra de Pérez Acosta, tiene que ver con desvío de recursos federales. “Más que nada es del subsidio que le da la Federación a los municipios para el fortalecimiento a la Seguridad Pública, mejor conocido como el SUTSEMUN, que es un recurso sumamente delicado y que por supuestos hemos acreditado”, lo cual ciertamente es delicado ya que siendo  Cárdenas  el municipio que mantiene un alto índice delictivo en el estado de Tabasco,  su presidente municipal se está robando el dinero que corresponde a la seguridad pública de esa demarcación.                                         

VISORCITO 

El Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Fernando Valenzuela Pernas, aseguró que todos los consejeros electorales del órgano electoral así como diversos funcionarios pasaron su estatus de “testigos a posibles responsables”,  por la compra del edificio en donde se acusa de un sobre precio por parte de este organismo, debido a la denuncia que presentó el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso ante esa instancia impartidora de justicia. Preciso que estaban los cinco consejeros y diversos funcionarios como testigos pero cuando llegó la demanda del OSFE se cambió su estatus a “presuntos responsables”, y son todos los consejeros quienes en su momento, participaron en la compra de ese inmueble, por lo que se  siguen las investigaciones en torno a este caso, el cual ya tiene más de tres años.                              

OJITOS DOBLES 

En el Día Mundial contra la Trata de Personas, el gobernador Arturo Núñez Jiménez refrendó el compromiso asumido en Tabasco para erradicar esta problemática, y anunció que ya se trabaja en una legislación en esta materia, que permita que los esfuerzos de procuración e impartición de justicia no sólo se limiten a la persecución y sanción del delito, sino también incluyan la vertiente de atención y protección de las víctimas. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera, el mandatario instaló la Comisión Intersecretarial del Estado para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, y tomó protesta a sus integrantes. Núñez Jiménez advirtió que el fenómeno delictivo vinculado a la trata de personas demanda un esfuerzo conjunto de la comunidad internacional, toda vez que cada año a nivel mundial se estima que un millón de hombres, mujeres y niños son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud, bajo distintas formas, según la Organización Internacional de Migración (OIM). Recalcó que en el marco de la conmemoración promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tabasco se suma con responsabilidad a la tarea de combatir con todo el delito de trata, y al mismo tiempo proteger y asistir a las víctimas, que en la mayoría de los casos, alertó, son menores de edad que pueden quedar marcados de por vida sino reciben la asistencia médica y psicológica adecuadas. En el salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, el jefe del Ejecutivo aseveró que el fenómeno de trata de personas tiende a agravarse en esta era marcada por una globalización que desaparece fronteras internacionales e incide en muchas patologías sociales como las migraciones masivas y la transnacionalización del delito.     El gobernador Núñez Jiménez reconoció que en México se ha puesto especial dedicación para combatir esta problemática, porque es considerado un país de tránsito de migrantes que están interesados en llegar a Estados Unidos para encontrar solución a sus problemas de desempleo, marginación o atraso.   Valoró por ello que en pleno Siglo XXI, también llamado el “Siglo de los Derechos”, el derecho de la víctima a la justica no se limite únicamente a la sanción del delito, sino también considere la atención del agraviado en su integridad física, psicológica y emocional, de modo que esté protegido debidamente por las instituciones del Estado.