ABANDONADA

A más de una semana de haber iniciado el bloqueo a las instalaciones de Pemex, como la pirámide y el inmueble de Tabasco 2000, así como a 800 pozos en diversos municipios, hasta ayer, ni Petróleos Mexicanos, gobierno estatal, ni la fracción parlamentaria perredista en el Congreso del estado, ni ven, ni oyen, a la legisladora amarilla, Verónica Pérez Rojas, que desesperaba exige que se instale una mesa de diálogo o de lo contrario “radicalizará” su postura. Luego de la advertencia de Petróleos Mexicanos de que no dará  un solo peso a la mano para los plantonistas, sino que se realizará obras de interés social en Jalpa de Méndez y Nacajuca, municipios afectados por la explosión del pozo Terra 123, mientras que el gobierno estatal negocia de manera institucional para lograr el mayor número de apoyos traducidos en obras para diferentes municipios con actividad petrolera, todo indica que los ánimos entre los seguidores de la diputada perredista, Verónica Pérez Rojas, la única cabeza de uno de los grupos que sigue exigiendo a la paraestatal dinero a la mano para desistirse del plantón, comienza a mermar, al grado que dejaron de bloquear las instalaciones de Tabasco 2000, supuestamente para no seguir entorpeciendo las actividades administrativas, pero en el fondo, es el desánimo que comienza a permear porque la legisladora ha sido abandonada a su suerte, todos le han dado la espalda, y ahora solamente cuenta con el apoyo moral del dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, pero eso no basta para seguir en esta lucha desgastante donde se necesita, dinero y más dinero para transportar, alimentar y mantener en la plaza a los lugareños de diversas comunidades, que ciertamente creen que les pagarán a la mano las afectaciones que Petróleos Mexicanos les ha producido. Desesperada ante la indiferencia de Petróleos Mexicanos y de las propias autoridades estatales, que ni la ven, ni la oyen, que ni siquiera la han buscado para intentar una negociación, la legisladora perredista Verónica Pérez, lanzó ayer  un ultimátum a los funcionarios de esa empresa, encabezados por José Luis Fong, subdirector de Pemex Exploración y Producción, para que instalen urgentemente  una mesa de diálogo, dándoles de plazo hasta  hoy martes 15 de julio, ya que en caso contrario, al no obtener una respuesta, amenazó con tomar otras medidas más radicales  como sería el cierre total de los accesos a los 800 pozos petroleras en varios municipios del estado y las propias instalaciones administrativas. Luego de la advertencia de Pemex de que no daría un solo peso a la mano a ninguno  de los manifestantes y de que éste lunes comenzaría con las obras sociales en las comunidades afectadas por el pozo Terra 123, el pasado fin de semana la presencia de los bloqueadores se extinguió, quizás desencantado de que no obtendrán lo que buscan, que es la indemnización económica porque para ellos las obras de interés social, ha pasado a segundo término; es más, desde el domingo dejaron libre el acceso al inmueble administrativo en el fraccionamiento Carrizal, lo que podría tomarse como una muestra de debilidad del bloqueo, aunque ayer lunes reforzaron el cerco a la pirámide de Pemex, en donde también se atrincheró la diputada. No es fácil sostener un bloqueo de esta naturaleza, porque se necesita dinero y más dinero para todo, desde la movilización, la compra de los alimentos y el agua, hasta para darle unos cuantos pesos para el pasaje o la gasolina para trasladarse a Villahermosa, a quienes vienen de los municipios a reforzar el cerco a la pirámide de Pemex, y ese fue otro de los puntos, aparte del desánimo de que no recibirán un solo peso en la mano, lo que obligó a la legislador a replegar a su gente  a la entrada de Tabasco 2000, ya que la semana pasada, quienes bloqueaban el centro administrativo del fraccionamiento Carrizal le mandaron mensajes desesperados de que estabn abandonados, de que no tenían ni comida, ni agua, mientras en la pirámide comían cochino. El desánimo entre la gente de Verónica Pérez comienza a permear, porque ni los ven, ni los oyen, y no porque no tengan razón en “pelear”  por los daños ocasionados por la paraestatal a sus propiedades, sino es la forma que utilizó la legisladora para hacerse escuchar, yéndose por la libre y utilizándolos como carne de cañón para lograr su objetivo, aun cuando detrás de ella estuvo un funcionario a quien solo le interesaba el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA)  y luego la abandonó a su suerte. Aun cuando moralmente Andrés Manuel López Obrador ha llamado al gobierno estatal a apoyar los bloqueos a las instalaciones petroleras  y se ha solidarizado con las personas que desde la semana pasada mantienen el cerco, eso no ha sido suficiente para elevar los ánimos entre quienes participan, muchos de los cuales lo están haciendo, precisamente porque creen que recibirán una indemnización económica para cada uno de sus familiares como es el compromiso de la legisladora, que ahora desesperadamente busca implementar otras acciones porque su bloque se puede revertir, si no logra un solo peso para los bloqueadores. Por su parte el gobierno estatal si está interviniendo de manera institucional para lograr que baje el mayor número de recursos económicos para las obras sociales que se requieren en las comunidades afectadas por la actividad petrolera, recursos económicos que serán auditables, y por lo mismo, tampoco está de acuerdo en que se entreguen recursos económicos a la mano porque sería el cuento de nunca acabar.                                         OJITOS   Los medios de comunicación, como agentes constructores de la democracia, deben ejercer su función informativa a plenitud, pero ante la escalada de violencia que vive México y el consecuente incremento en el número de casos de bullying, deben asumir una responsabilidad social al momento de transmitir la noticia, para formar opinión pública sin caer en sensacionalismos. Así lo plantearon Ana María Salazar Slack y Eduardo Vázquez Rossainz, especialistas en temas de seguridad, violencia en jóvenes y protección ciudadana, durante el panel “El Bullying, problema para afrontar juntos”, convocado por la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas (CGCSRP), en el que el Gobierno de Tabasco presentó acciones integrales para atacar de raíz el fenómeno de acoso escolar. Ana María Salazar, experta en temas de seguridad nacional y ex funcionaria del gobierno de Estados Unidos en áreas relacionadas con la cruzada anti-drogas, consideró que aunque los medios de comunicación deben desempeñar sin cortapisas su papel informativo, por la realidad que vive nuestro país también están obligados a ser más responsables con sus contenidos. De allí que retomó el antiguo debate sobre la necesidad de crear un decálogo de ética que permita a las empresas periodísticas informar a la sociedad sobre los casos de violencia o el fenómeno del bullying sin hacer apología de estos temas. “Tenemos la responsabilidad de informar, sí, pero debemos crear opinión pública y al mismo tiempo educar a la sociedad, hacer conciencia sobre las repercusiones de este tipo de problemas sociales”, opinó Salazar Slack, quien actualmente es conductora del programa de televisión Proyecto 40 Diario y también analista en prensa y radio, quien consideró que el bullying es un síntoma más de la violencia que vive México desde hace casi una década, y a la que la actual generación ha estado expuesta a través de la prensa, la radio, la televisión y el internet. Por su parte, Eduardo Vázquez Rossainz, con amplia experiencia en asuntos de seguridad pública, inteligencia y manejo de crisis, disertó sobre los retos para desarrollar programas que atiendan el acoso escolar, manifestando que la violencia es un asunto inherente a la conducta humana que amenaza la convivencia social, y dijo que por ello resulta urgente que los medios de comunicación se sumen al esfuerzo de promover una cultura de tolerancia para la paz social.   “Hoy en día es una obligación que todos, cada uno desde nuestras trincheras, hablemos de tolerancia como un valor que contribuye a generar un ambiente de paz, propicio para el desarrollo”, aseveró Vázquez Rossainz, consultor en asuntos de seguridad de la Organización de Estados Americanos (OEA), conferencista en temas de bio-terrorismo e implementación de tecnología para la seguridad. El experto alertó que la mayor parte de los niños o jóvenes que aplican bullying a sus compañeros de escuela viven en ambientes de violencia doméstica. “Ese es otro factor para identificarlos, ya sea porque el papá o la mamá se agreden mutuamente o porque han sufrido maltrato o agresiones al interior del hogar”. Por medio de este programa, el gobierno estatal a través de la coordinación General de Comunicación Social, junto con el DIF-Tabasco, y  en colaboración con los medios de comunicación busca disminuir este problema del bullying,  que no es nada nuevo o privativo de Tabasco, que desde hace muchos años ha existido en los planteles educativos o en nuestro entorno social, pero que ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación cobra otra dimensión, la del escándalo público, que desde luego tiene que ser atendido a profundidad, desde sus orígenes que es el seno familiar, para erradicarlo a la mínima expresión o hasta donde sea posible.                                        VISORCITO   A seis días de que el Organo Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) dependencia fiscalizadora del Congreso local interpusiera una demanda penal ante la Procuraduría General en contra de quien o quienes resulten responsables por el presunto  fraude cometido en la compa en el año 2011 de un viejo inmueble que se localiza en el periférico que serviría como sede oficial del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ayer lunes compareció ante la Procuraduría el ex-presidente del organismo electoral, Alfonso Castillo Suárez, ya que precisamente con él a la cabeza que llevó a cabo esta transacción, donde alguien o algunos, prácticamente se robaron 13 millones de pesos. Los directamente implicados son los seis consejeros en activo y el ex-consejero presidente, Alfonso Castillo, hecho en el que también está implicado el ex-director Administrativo, Carlos Iñiguez Rosique, quien ayer debió comparecer, pero no lo hizo, porque al ser notificado no se le encontró en su domicilio, pero tendrá que comparecer. Los peces gordos de este robo al Instituto Electoral tienen que pagar su fechoría.