ALCALDE NEFASTO

Pese a que legalmente ya está acorralado y que más temprano que tarda, tendrá que restituir en sus cargos a los regidores que de manera alevosa, arbitraria e ilegal, los destituyó, el alcalde de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio sigue empecinado en violar sistemáticamente la ley cuando en su calidad de primera autoridad municipal debía de ser el primero en respetarlo, de tal manera que podría ser el primer edil de extracción perredista a quien se le finquen responsabilidades penales independientemente del juicio político que paso a paso va caminando en el Congreso del estado. Un asunto netamente casero se ha convertido en el peor dolor de cabeza para el alcalde de Macuspana, quien ha resultado ser el peor de todos los presidentes municipales del estado, ya que lejos de llevar bienestar, desarrollo, progreso y concordia a esa comuna prácticamente lo mantiene en ruinas porque su principal objetivo, independientemente de las violaciones a todas las disposiciones legales, es depredar el presupuesto público en complicidad con sus funcionarios públicos, de tal manera que ese ayuntamiento permanece en la convulsión política, porque cuando no estalla un problema entre los propios regidores o directores, es la población la que realiza manifestaciones públicas para exigirle que cumpla con las obras prometidas en campaña, con el desarrollo social y demás servicios públicos, como la recolección de basura, el alumbrado público, el servicio de drenaje y la falta de agua potable que no es clorada y que en su momento fue observada por la propia secretaría de Salud Pública en el estado. Mediocre y nefasto a más no poder, el alcalde de Macuspana, Víctor Manuel González Valerio, se convirtió en un violador de la ley cuando en los primeros meses de este año y basado en un supuesto ordenamiento que le envió el Organo Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, determinó separar de sus cargos de manera ilegal a tres de los regidores que integran ese cabildo que le resultaban incómodos,  pese a que por ser un cargo de elección popular, no podía cometer semejante barbaridad, pero aun así, hizo lo que se le pegó las ganas. Pese a esa garrafal acción ilegal, que debió corregirse en forma política, de inmediato, porque la autoridad debe de ser la primera en acatar las disposiciones legales si es que quiere que la ciudadanía también las respete, nadie intervino, ni siquiera se vio operar al responsable de la política interno del gobierno estatal, que está endeble, que deja pasar todos los problemas, cuando su mayor responsabilidad con eficiencia los problemas de la política interna  con los alcaldes, secretarios del gabinete y con diversos funcionarios de la actual administración, por lo que ante esta anarquía hay ediles que se creen “virreyes” en sus municipios, donde solamente sus chicharrones truenan y pueden violar sistemáticamente los ordenamientos legales y hacer como que no pasa nada, porque nadie los reconviene a ceñirse al imperio de la ley, a conducirse dentro de las normas legales y a no estar haciendo “pendejadas” que dañan la imagen institucional de las instancias de gobierno. Desde que fueron destituidos de manera ilegal por el alcalde Valerio, los tres regidores, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres (PAN), Moisés Moscoso Oropeza (PRI) y Ana Bertha Miranda Pascual (PRD), recurrieron a las vías legales para hacer que se restablezca el derecho por lo que en primera instancia recurrieron a un juez de distrito quien les dio la razón jurídica, y pese al ordenamiento legal para que fueran reinstalados, el edil del ayuntamiento de Macuspana (de origen veracruzano), desacató ese ordenamiento, que traerá su respectiva sanción; también acudieron al Congreso del estado para interponer un juicio político por las violaciones a la Constitución Política del estado y otros ordenamientos, por lo que se espera que este asunto también sea resuelto por los diputados y no se conviertan en cómplices silenciosos de ese alcalde, y finalmente recurrieron al Tribunal Estatal Electoral para que sean restituidos en sus derechos políticos por lo que el TET ordenó y dio un plazo (se venció ayer por la tarde) a Víctor Manuel González Valerio, para que los restituya en su cargo y les pague sus salarios caídos, pero éste, actuando en forma valemadrista decidió no acatar ese mandato, pese a que varios regidores integrantes, y nuevamente hay desacato a un ordenamiento legal. Ante esta situación los tres regidores pedirán al Tribunal Estatal Electoral que se pronuncie al respeto y  aplique la respectiva multa de mil salarios mínimos al alcalde y a todo el cabildo que se negaron a reinstalarlos, a la vez que interpondrán una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia         por coalición de Servidores Públicos, falsificación de documentos y falsear  información, a la vez que volverán a exigir al Congreso local no detenga el juicio político en contra de Valerio, toda vez que hay pruebas contundentes de que ha violado la ley en forma sistemática y nada ha pasado, por lo que los legisladores que deben de ser garantes de que se respeten las leyes están obligados a intervenir en este conflicto y sancionar al alcalde de Macuspana. Como quieren que el ciudadano respete la ley, cuando hay funcionarios públicos como el alcalde de Macuspana, que cree que la ley es él, y que por lo tanto puede aplicar la Ley de Herodes, de que “te aplicas o te rejodes”.                                      

 OJITOS 

La Comisión Permanente de la 61 legislatura que preside la diputada Neyda Beatriz García Martínez, lanzó ayer una convocatoria  a los 35 legisladores que integran el Congreso del estado para realizar un primer periodo extraordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional que se efectuará a las dos de la tarde de  hoy martes 10 de junio, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Local en materia Político-Electoral. Durante éste periodo extraordinario  se someterá a decisión del pleno de legisladores un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Local en  materia Político-Electoral, que debe ir aparejado a las disposiciones legales que se reformaron a nivel nacional, entre estas, las minutas con Proyecto de Decreto para reformar el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41, y la reforma a la fracción III, del apartado A del artículo 123, ambos de la Constitución Federal. Entre los considerandos de la Convocatoria, aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión permanente, se recuerda que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se modificó un total de 30 artículos permanentes de la Constitución federal y se estableció un régimen transitorio de 21 numerales. Posteriormente, el 23 de mayo de 2014 se expidieron en el Diario Oficial de la Federación las leyes generales en materia de Delitos Electorales, Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales. Adicionalmente, el 30 de mayo el gobernador del estado de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado una Iniciativa de reforma, con el propósito de homologar a la Constitución local las reformas realizadas a nivel federal y leyes generales en materia Político-Electoral. La Convocatoria también indica que, conforme al artículo tercero transitorio de la Ley General de los Partidos Políticos, es obligación de las Legislaturas locales adecuar el marco jurídico estatal a más tardar el 30 de junio, en razón de que este 2014 inicia formalmente el proceso electoral federal y, a la par, el del Estado, con el propósito de renovar los congresos locales y ayuntamientos municipales para el periodo 2016-2018. Previo al primer periodo extraordinario de sesiones, ayer lunes al mediodía, sesionó la Comisión de  Gobernación y Puntos Constitucionales, y posteriormente lo hizo de manera unida con la Comisión de Asuntos Electorales, en donde se discutieron y aprobaron los dictámenes que serán sometidos hoy al pleno.                                      

 VISORCITO 

Con un exhorto a mantener los esquemas de colaboración que han permitido que de 40 alertas Amber activadas en Tabasco, 36 se hayan resuelto favorablemente con la ubicación y recuperación de los menores reportados como desaparecidos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez instaló ayer el Comité Estatal que coordinará los esfuerzos de este protocolo.    En el Palacio de Gobierno, donde estuvo acompañado por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF estatal, Martha Lilia López Aguilera, el mandatario destacó la efectividad de este programa, que compagina esfuerzos de autoridades, medios de comunicación, cámaras empresariales, organismos no gubernamentales y la sociedad civil en su conjunto, en torno a la seguridad y bienestar de la niñez. El gobernador subrayó que en una época marcada por el reconocimiento a los derechos humanos de todos los sectores de la población, las autoridades refrenden su compromiso con la instrumentación de políticas públicas diferenciadas en pro del bienestar infantil.   Durante la instalación del Comité Estatal del Programa Alerta Amber, el jefe del Ejecutivo suscribió el Protocolo Estatal del mecanismo, tomó protesta a sus integrantes y encabezó la primera sesión del organismo coordinado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ). Resaltó el hecho que el 90 por ciento de las alertas activadas haya conducido a la recuperación de los niños, mientras que de las cuatro restantes, dos se desactivaron tras arreglarse el conflicto entre padres involucrados en la sustracción de menores y dos más se encuentran en proceso. “Eso habla de que el programa funciona en Tabasco”, remarcó Núñez Jiménez.