HAY QUE CABILDEAR

En la miscelánea fiscal aprobada a finales de 2007 por el Congreso de la Unión en donde legisladores federales priistas de Tabasco la aprobaron y el gobierno granierista permitió y consintió el avasallamiento de perder cerca de 8 mil millones de pesos anuales por concepto de las participaciones petroleras, ni siquiera los partidos de oposición, incluyendo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde militaba Andrés Manuel López Obrador y Octavio Romero Oropeza, repararon en ese hecho, de tal manera que a casi ocho años de distancia es no cabe presentar una Controversia Constitucional para que la Federación aporte mayores recursos económicos al estado, porque en su momento, fue un hecho consentido, que está legalizado. Por segunda ocasión, en menos de un par de meses, el presidente del Consejo Político del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en el estado, Octavio Romero Oropeza, hizo un llamado al gobernador de la entidad, Arturo Núñez Jiménez para reconsiderar la solicitud de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una Controversia Constitucional en contra del Gobierno Federal, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar un trato justo e igualitario en recursos económicos  en cuanto a las participaciones petroleras, ya que  solamente está entregando migajas, cuando Tabasco por  ser uno de los estados con mayor índice de extracción de hidrocarburo, debe recibir un trato justo e igualitario por parte de la Federación pero eso no se realiza. Si lo vemos en el estricto sentido de justicia social, no legal, porque hay una disposición constitucional en la que se basa el Gobierno Federal para entregar puro shishito (termino choco) de los recursos económicos que se deberíab de recibir, podríamos decir que no solamente le asiste la razón a Andrés Manuel López Obrador, a Octavio Romero, y a todos los que hemos opinado o escrito,  en cuanto a que Tabasco solamente está recibiendo migajas de la participación petrolera, sobre todo desde 2008 cuando entró en vigor la nueva miscelánea fiscal que le quitó a la entidad cerca de 8 mil millones de pesos anuales, y por lo que ahora recibe cerca de 450 millones en especie y dinero,  y que es una aberración o una burla, porque nuestro estado produce en gran escala gas y petróleo y por lo tanto debe ser retribuido en la misma proporción, pero cuando revisamos el anuario de 2007 y encontramos que poco o nada hicieron los entonces legisladores federales perredistas para evitar que se modificaran las leyes hacendarias, y cuando vemos que Andrés Manuel, ni Octavio Romero, ni otro legislador de esa época advirtieron lo que estaba haciendo el Gobierno Federal para perjudicar a Tabasco, pues vemos que el mar de fondo es netamente político, MORENA quiere enfrentar desde Tabasco al gobierno federal, pero pretendiendo embarcar al gobernador Núñez en una aventura, cuando ha tomado la decisión correcta de cabildear políticamente en el altiplano para lograr que por medio de otros fondos aterricen recursos económicos al estado que vía las participaciones petroleras se redujeron , antes que entrar al terreno de la confrontación. Alguien se ha preguntado, ¿cuánto tiempo se llevaría enfrentar una demanda de Controversia Constitucional entre un estado y la Federación?, ¿cuáles serían las consecuencias legales o jurídicas y las económicas en esa lucha?, ¿quién saldría perdiendo y quién ganando? Si tomamos en consideración que la mayor parte de los recursos económicos de cualquier estado está en manos de la Federación que se la puede soltar a cuentas gotas para asfixiarlo lentamente en el mejor de los casos o francamente abandonarlos a su suerte, nomás con los recursos presupuestados, pero sin que baje un dinero extra a como sucedió con la administración granierista que se enfrentó al presidente Calderón y por eso les fue peor, amén de los actos de corrupción que se investiga por la vía penal. Tabasco en las condiciones económicas en que está no puede irse a una aventura; el gobierno que encabeza Arturo Núñez está consiente que no debe entablar un pleito legal con la Federación porque sería de fatales consecuencias, por eso la primera vez el mandatario estatal dijo no a la Controversia Constitucional, pero si al cabildeo político para obtener recursos económicos a como quedó demostrado la semana pasada, cuando después de que Núñez se reunió con Videgaray logró destrabar los seis mil millones de pesos del Fonden que se aplicarán en la entidad, los cuales deben bajar en los próximos días, y que sirvió como lectura política para muchos pues el gobernador sin decir una sola palabra ante los reclamos de los alcaldes priistas que exigían su parte del Fonden, les envió el mensaje implícito, de que no deben hacerse bolas, que el dinero está en manos de la Federación a donde acudió a negociar con buenos resultados, ¿entonces para que iniciar un pleito cuando las relaciones son buenas?. Como en el pasado, cuando en 1995 el PRD encabezado por AMLO inició el movimiento de resistencia civil en contra de la Comisión Federal de Electricidad para no pagar la luz, que hasta la fecha no se resuelve de fondo, ahora MORENA, políticamente pretende que el gobernador Núñez se enfrente al presidente de la República, Enrique Peña, por medio de una Controversia Constitucional para exigir un trato justo en cuando a la repartición de los recursos económicos por la participación petrolera, pero no es la vía correcta. Es cierto que la Federación solo está entregando migajas económicas a nuestra entidad mientras Pemex causa daño ambiental, daños a la salud, y al suelo, en tanto se lleva millones de barriles de petróleo y gas, pero hay una legislación que permite entregar los recursos económicos de la participación petrolera a los estados en cuanto al número de habitantes y no en base a que ahí se extraiga el petróleo, por eso el Estado de México, recibe mucho más dinero proveniente del petróleo, mientras Tabasco, que es productor de  hidrocarburo recibe migajas. Hay que revertir esto, pero no es peleando, es con inteligencia, es haciendo el cabildeo político. El gobernador Núñez no puede llevar al estado, ni a los tabasqueños a una aventura, porque sería un suicidio. Morena debe ayudar al gobernador en vez de presionarlo para que se enfrente a la Federación                                         

OJITOS 

La liberación de Esperanza Mayo, quien fuera cajera general de la Secretaría de Planeación y Finanzas (ahora Administración y Finanzas) luego de permanecer en prisión durante varios meses, está siendo utilizado de manera perniciosa para cuestionar el trabajo que viene realizando la Procuraduría General de Justicia a cargo de Fernando Valenzuela Pernas, intentando confundir a la población en cuanto al proceso penal federal que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) que finalmente llevó a la detención del ex-secretario, José Manuel  Saiz Pineda y del ex-gobernador del estado, Andrés Rafael Granier Melo, con los casos de presunta corrupción que se ventilan en el ámbito penal estatal. Como hay personas que tienen mente corta y en unos cuantos meses ya se les olvidó este asunto, los detractores del gobierno nuñista lo están aprovechando para montar una campaña de descrédito contra el procurador Valenzuela Pernas, a quien tratan de evidenciar de que no está realizando bien su trabajo, que hay serias deficiencias, que se mal integraron las Averiguaciones Previas y que por eso Esperanza Mayo Martínez logró su liberación y que así será liberado Saiz Pineda y hasta el mismo ex-gobernador, pero en forma adrede a esos detractores se les olvida que la ex-cajera fue detenida por la Procuraduría General de la República. Hay fotografías de meses atrás, donde elementos de la PGR la detienen y la remiten al Centro de Reinserción Social del estado de Tabasco, donde permaneció hasta su liberación. El mismo Procurador de Justicia ha salido a desmentir esas versiones tendenciosas, que buscan seguir generando descrédito de esa institución pública, dejando en claro, que el caso de Esperanza Mayo es del orden federal en donde nada tuvo que ver la Procuraduría General de Justicia, pero que en cuanto a las otras investigaciones que se realizan en contra de ex-funcionarios públicos de la anterior administración estatal, ahí sí, es de su responsabilidad. Hizo bien Valenzuela Pernas en desmentir públicamente este asunto que es del orden federal, ya que hay personas que sin investigar o cuando menos medio documentarse sobre el tema, opinan con una supina ignorancia, y pretenden embarrar a la PGJ en algo que no fue de su competencia, en todo caso la autoridad que debe responder por la liberación de la ex-cajera es la Procuraduría General de la República.                                           

VISORCITO     

Y sobre el tema de la procuración de justicia hoy deben de comparecer a la Procuraduría General de Justicia, los consejeros electorales Héctor Aguilar Alvarado y Jorge Montaño Ventura, para declarar en torno a la compra del viejo inmueble adquirido en un precio inflado y que hasta la presente fecha no se ha podido habitar por el personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, puesto que para eso se compró, para que fuera la sede oficial de ese organismo electoral. La semana pasada compareció el consejero electoral, Gustavo Rodríguez Castro y los antes señalados no se presentaron, por lo que de nueva cuenta el Ministerio público que lleva la indagatoria los citó para que hoy se presente, pero como el miedo no anda en burro a lo mejor no acudan, por lo que la Procuraduría podría utilizar sus medidas de apremio para que se presenten, es decir pueden ser presentados a declarar por la policía ministerial, pero eso sería en caso extremo de que no lleguen. De acuerdo a los datos recabados, la Procuraduría está acelerando las investigaciones de este robo descarado, considerado del año, en las que existió toda una maquinación para robarle sus recursos económicos al propio Instituto Electoral por parte de los mismos consejeros, por eso se infló el precio de ese viejo inmueble, casi al doble de su valor real, para sacar raja económica, pero no contaban que al ganar las izquierda, este asunto tomaría otro giro, y ahora las investigaciones están centradas en determinar quién o quiénes son los responsables de este robo. Esperemos entonces, que los dos consejeros electorales, acudan a declarar en torno a este caso, cuya averiguación debe consignarse en unas cuantas semanas, mucho más antes de que inicie el proceso de elección de los nuevos consejeros electorales estatales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), en donde no debe tener cabida ninguno de los actuales consejeros, porque todos son corresponsables de haber comprado un edificio inservible.