ALTAMIRANO, UN CORRUPTO

Decidido a jugarles las contras al secretario de Educación, Rodolfo Lara Lagunas por su complicidad con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde, el misógino y corrupto director de Asuntos Jurídicos de la SETAB, Aníbal Antonio Altamirano Hernández,  se ha negado en forma sistemática a resolver la situación jurídica del catedrático del  Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, Obet Martínez Correa, acusado de corrupción al exigirle entre 20 y 40 mil pesos a cada alumno para aprobarlos en los exámenes para obtener el título profesional dentro de esa institución. Pese a que los términos legales se han vencido para emitir un resolutivo en contra de ese catedrático acusado por cinco alumnos de actos de corrupción y a quien el anterior director del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana, Roberto Wilson le inició varios procesos administrativos que tampoco se han concluido, pues mañosamente lo tienen extraviados,  Anibal Antonio Altamirano Hernández que está más dedicado a atender su despacho personal, litigando pese a ser funcionario público, y teniendo como testaferro a  Jaime Bibiloni Saldívar, que medio atiende sus responsabilidades en el área jurídica de la secretaria por litigar casos particulares, no han emitido un solo resolutivo de sanción en contra de Obet Martínez, que por otra parte, en vez de ser suspendido, inhabilitado o sancionado con todo rigor goza de los afectos del “encargado de despacho” del ITSM, Lorenzo Chacón Pérez, quien sigue actuando en la ilegalidad, pues le ha ofrecido todos los apoyos para liquidarlo cuando el cese debió ser fulminante pues los estudiantes lo han acusado con índice de fuego de cobrarles entre 20 y 40 mil pesos, en complicidad con otros maestros que se rolan la función de sinodales para realizar sus tracaladas, que deben ser investigados a fondo. Como no ha habido respuesta del nefasto Anibal Antonio Altamirano Hernández que le está causando un quebranto económico a la propia secretaria al no contestar las demandas laborales, porque así le conviene a sus intereses, ayer de nueva cuenta un alumno entregó en el área jurídica un documento que trascribo íntegramente para que se vea la baja calidad moral de este abogado de marras coludido con otros bufetes que están defendiendo a los maestros que en 2012 bajo la complicidad de los sindicatos recibieron plazas directivas sin tener derecho, misma que la Comisión Estatal Mixta de Escalafón asignó a los derechosos, pero que está en litigio ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y este es otro problema que tiene en puerta la secretaria. Este es el texto íntegro del nuevo escrito donde se demanda justicia dirigida a Aníbal Antonio Altamirano Hernández, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Tabasco: “El suscrito  Juan Carlos Torres Nieto, de generales ampliamente conocida en los autos del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en contra del servidor público, Obeth Martínez Correa, ante usted, respetuosamente comparezco y expongo: Señor licenciado Altamirano, quizás usted no conoce a la gente humilde de Macuspana y está minimizando a este humilde estudiante así como a los otros compañeros que a pesar de las amenazas y hostigamiento en nuestra contra tuvimos el valor de denunciar al pseudoingeniero Obeth,  quien sabemos que usted no quiere proceder porque le instruyeron sus superiores  (el  subsecretario, Emilio de Ygartúa y el director de Administración, Víctor Manuel López Cruz) que no proceda, pero considero que usted no puede obstruir la acción de la justicia, porque usted mismo siendo abogado y profesional del derecho sabe que puede incurrir en responsabilidad con los delitos que en nuestro código penal cometen los servidores públicos, al negar justicia. Eso es por un lado. Por otro le digo que si buscamos los cauces legales es para no volver a los tiempos de ojo por ojo y diente por diente, si me entiende lo que trato de decir o sea, “no queremos hacer justicia por nuestra propia mano”, pero con su actitud considero que su actuar no es del todo profesional y ético, por eso insisto por medio del presente escrito, le solicito resuelva sobre mi acusación y la de mis compañeros porque los expedientes están integrados y es cuestión de sentarse y dictar la sanción correspondiente contra un mal servidor público que tanto daño ha causado a nuestro tecnológico. Además para que tenga conocimiento , si lee mi escrito de denuncia, en el solicité los careos que se dan entre las partes según lo establece el Código de Procedimientos Penales, misma que como se sabe es para que la autoridad tenga luz y las controversias  suscitadas entre las partes se diriman y esclarezcan, déjeme decirle que el día que compareció a la audiencia de pruebas y alegatos que establece el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, el acusado, me presenté y le solicité al Lic. Jaime Bibiloni Saldívar, quien es el encargado de integrar los expedientes, que tal y como lo había solicitado en mi escrito que me concediera desahogar la diligencia de careos con el acusado, y este funcionario se concretó a decirme que eso no era posible porque ahí no se podían carear las partes. Al respecto sin ser abogado considero que el profesional y perito en derecho Bibiloni, no está actuando bien o quiso encubrir y proteger al acusado para que no lo señalara y desenmascarara en esa diligencia, pero déjeme decirle que por algo está considerada  en la legislación penal,  y quiero citar lo que dice el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dice: en todas las cuestiones relativas al procedimiento no prevista en ésta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales vigentes en el estado; así mismo se atenderán en lo conducente las del Código penal. Esto quiere decir que supletoriamente, si es legal y procedente realizar los careos entre las partes, dado que la Ley de Responsabilidades no lo considera pero prevee que supletoriamente se acate lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, esto quiere decir que el Lic. Bibiloni, desconoce la Ley de Responsabilidades o que de mala fe no quiso que yo hundiera más a través de los careos al acusado. Por otro lado considero que no se ha querido hacer justicia por lo siguiente que le comento: el artículo 64 fracciones I, II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos claramente a la letra dice: para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo se estará al siguiente procedimiento. I.- Se citará al presunto responsable a una audiencia haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día, hora en que tendrá verificativo la misma, y su derecho de ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. II.- desahogadas las pruebas, si las hubiere,  la Contraloría o el órgano competente  del poder o municipio de que se trate, resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes, sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro de los cinco días hábiles siguientes, a su jefe inmediato, al representante designado  por la dependencia o entidad al superior jerárquico. Tengo entendido que somos varios los que hemos denunciado entre ellos se encuentra mi compañero Antonio de Jesús Ramón Hernández, quien acusó desde el mes de enero, y que el acusado compareció a declarar el 7 de febrero de 2014, a las 11:00 horas, ¿Qué acaso no9 ha transcurrido el término de ley en exceso? Y no se ha emitido la resolución que señala y obliga a la autoridad el propio artículo 64 anteriormente descrito. Esto señor abogado,  se llama negligencia, pero también obstrucción a impartir justicia, y ello obliga a que el funcionario impartidor de justicia sea< investigado por otro órgano competente que en este caso sería la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el estado, o bien el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, autoridades a quienes en caso de que mi asunto y el de mis compañeros no se resuelva pronto, tendremos que acudir a interponer sendas demandas y considero que serán investigados y juzgados por el dolo y mala fe con la que se están conduciendo en un asunto que es de lo más fácil resolver, porque nada más pongan atención a lo que se dice de Obeth en el  tecnológico y verán que lo que denunciado es total y absolutamente cierto y esto lo digo bajo protesta de decir verdad. Luego entonces mi estimado y respetable abogado, ese órgano de justicia que usted preside, al recibir una denuncia por escrito, y fue ratificada formalmente, dio vida a una investigación que obligó a abrir un expediente de responsabilidad administrativa, en estricto cumplimiento a lo establecido en el numeral 62 de la ley anteriormente invocada y a la cual me he venido refiriendo, pero resulta que esa investigación que ya ha sido agotada al comparecer el presunto responsable y declarar y este no ofreció pruebas ni alegatos, ni se opuso al proceso, aun y cuando burlonamente negara los hechos, ustedes no quieren culminar solo con el hecho de emitir la resolución final, en la que se sancione administrativamente al acusado en base a lo preceptuado en el arábigo 53: de la citada ley con antelación. I.- apercibimiento privado o público. II.- amonestación privada o pública. III.- suspensión. IV.- destitución del puesto. V.- sanciones económicas. VI.- inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en elk servicio público”. En su escrito Juan Carlos Torres Nieto, exige al corrupto funcionario de la SETAB, Aníbal Antonio Altamirano Hernández, deje de proteger a Obet Martínez y emita el resolutivo que lleva cinco meses sin resolver. El problema es que si emiten el resolutivo para destituir a Obet, entre las patas se estaría llevando al subdirector académico del ITSM, Julio César Bocanegra Velázquez, protegido del director administrativo, Víctor Manuel López Cruz y otros cuatro maestros que se dedicaron a extorsionar a los alumnos con cobros entre 20 y 40 mil pesos para que al fungir como sinodales de los exámenes para titularse los pasarán sin ningún problema, hechos en los que también está involucrado el subsecretario Emilio de Ygartua que también los protege.