CANCELAN SALARIO

Luego de la denuncia pública del pasado lunes en el sentido de que el  prófugo de la justicia y “dirigente” del Sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco (Sicobatab), José Ramón Díaz Uribe  seguía gozando de todas sus canonjías y privilegios entre ellos, cobrando su salario completito sin devengarlo pero a través de una comisión sindical, la reacción del director general, Jaime Mier y Terán no se hizo esperar, por lo que inmediatamente ordenó que le fuera cancelada la orden de su pago salarial, mientras que el apoderado legal Jaime Salazar Hernández fieramente esa cancelación . Paralela a la actitud asumida por Jaime Mier y Terán de ordenar la cancelación de los pagos salariales del todavía “dirigente” del Sicobatab,  también vino la reacción del apoderado legal de dicho sindicato, Jaime Salazar Hernández, quien sin duda, siguiendo las indicaciones a control remoto del prófugo de la justicia que algunos deducen que está viviendo en Tehuacán,  Puebla o en Pachuca, Hidalgo, ayer se presentó ante el Ministerio Público a  interponer otra demanda penal en contra del director general del Cobatab por supuesta retención de impuestos a varios trabajadores y el no quererle entregar una propiedad o bien inmueble donde se construirán viviendas que supuestamente pertenece a dicha organización sindical, pero en el fondo todo gira en torno a los intereses mezquinos de José Ramón Díaz, que quiere seguir gozando de sus canonjías y privilegios pese a que está fuera de la ley al ser un prófugo de la justicia. El pasado lunes 24 de febrero, el Ojo Visor, que en todo está, denunció que pese a que José Ramón Díaz Uribe es un prófugo de la justicia no solamente entraba y salía de Villahermosa a la hora que se le antoja sin que fuera  detenido por las autoridades ministeriales, mantenía una constante actividad en redes sociales donde se burlaba del gobierno estatal, pero además, dentro del subsistema del Colegio de Bachilleres de Tabasco seguía gozando de sus canonjías y privilegios al cobrar religiosamente su salario como docente del plantel uno con sede en la Ciudad Deportiva de Villahermosa que oscila entre los 35 mil pesos mensuales, lo cual era una clara deslealtad y traición hacia el gobernador por parte de los funcionarios responsables de dar con su paradero para detenerlo, y de quien o quienes autorizaron que siguiera cobrando su salario sin mayores problemas, como si esa acción no se pudiera haber detenido hasta que se solucionara su situación penal, dado que dentro del propio subsistema se había dicho que  mientras no hubiera una sentencia condenatoria en su contra no se le podía retener el salario, lo que desde luego ha resultado ser  una aberración jurídica. Luego de la denuncia pública realizada en este espacio, la unidad jurídica del colegio de Bachilleres de Tabasco a cargo del licenciado Carlos Alberto Pacheco Durán, con fecha atrasada del 17 de febrero de este año envió el oficio número CBT/UAJ/312/14 al director Administrativo L.C.P. Manuel del C. Alamilla Villafuerte bajo el siguiente rubro: “en atención a que el señor José Ramón Díaz Uribe, secretario General Permanente del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco,  se encuentra prófugo de la justicia toda vez que pesa sobre él una ORDEN DE APREHENSIÓN Y DETENCION GIRADA POR EL JUEZ SEXTO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, DENTRO DEL EXPEDIENTE NUMERO 34/2013, POR LA POSIBLE COMISION DE LOS ILICITOS DE PECULADO, EJERCICIO INDEBIDO DE SERVICIO PUBLICO, OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, lo cual se desprende del Juicio de Amparo 533/2013, radicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. En consecuencia a lo expuesto en el párrafo antecede, con fundamento en el artículo 38 fracción V de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, solicito a usted, ordene a quien corresponda se sirva cancelar la nómina de la cual se genera el pago de los salarios y demás prestaciones que percibe el señor José Ramón Díaz Uribe, como empleado del Colegio de Bachilleres de Tabasco y comisionado al Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, por tener suspendidos sus derechos o prerrogativas como ciudadano por encontrarse prófugo de la justicia, para mayor abundamiento me permito transcribir el artículo constitucional en cita”. “Art. 38. Los derechos o prerrogativas de los Ciudadanos se suspenden: V. por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.       Desde hace un año que fue obsequiada la orden de aprehensión  por el juez sexto de lo penal, José Ramón Díaz Uribe  se convirtió en prófugo de la justicia tabasqueña, pero su percepción salarial, mas sus prestaciones económicas, como bonos y aguinaldo lo cobró religiosamente contando con la complicidad de la propia dirección general del Colegio de Bachilleres de Tabasco, cuyo director general, Jaime Mier y Terán Suárez, que tampoco está haciendo las cosas bien, quiso comprar impunidad con quien quedó al frente después de la huida de Joserra, pues ha sido descubierto en varios ilícitos algunos de los cuales todavía no salen a la luz pública. Un año después de que sale la orden de aprehensión, y luego de la denuncia pública del Ojo Visor, que en todo está, de que José Ramón Díaz Uribe, es un prófugo de la justicia que mantiene intactos sus canonjías y privilegios dentro del Colegio de Bachilleres de Tabasco, pues sigue cobrando su salario religiosamente cuando se le debió de haber cancelado desde el momento en que se dio a la fuga, ahora resultas que si se encontraron los elemento jurídicos para pedir internamente que se le saque de la nómina donde se genera su pago, ¿Quién o quiénes son los responsables? de esta atroz traición al jefe del Ejecutivo estatal que ordeno que privilegiando los ordenamientos jurídicos se limpiara a esa institución de los actos de corrupción que cometió Díaz Uribe que se enriqueció de manera ilícita, al ser beneficiado por los anteriores directores generales que le entregaron hasta las direcciones de los planteles que integran ese subsistema. Si Jaime Mier y Terán Suárez fue el más interesado en limpiar a esa institución educativa de todo lo que oliera a corrupción,  y fue el que interpuso la demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia en contra de José Ramón Díaz Uribe, como fue posible  que se le olvidó dar indicaciones de que le retuvieran sus salarios después que salió la orden de aprehensión. El director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco está más que obligado a dar una explicación del porqué permitió que Díaz Uribe siguiera cobrando como ni nada pasara, como si no fuera un prófugo de la justicia, porque si no lo hace se convertirá en traidor, en alguien que atenta en contra de las disposiciones giradas por el gobernador del estado, de que conforme a derecho se investigar al “líder” sindical. Es obvio que hay gato encerrado en torno a las canonjías y privilegios que hasta hace pocos días gozó José Ramón Díaz, y que en una reacción en apoyo a su líder “moral” que modificó los estatutos de ese sindicato para convertirse en dirigente permanente, el apoderado legal Jaime Salazar Hernández tenga que hacer lo propio, que es tratar de exhibir los actos de corrupción en los que está incurriendo el mismo director general, Jaime Mier y Terán, cuyo ciclo debe de concluir muy pronto, porque si bien es cierto que llegó con las indicaciones claras del gobernador de limpiar de todo lo que olía a corrupción propiciado por Díaz Uribe, no puede caer en lo mismo que está combatiendo, porque además ya lo convirtió en un coto de poder personal, pues ahí hay personas que sin reunir el perfil académico o administrativo por el simple hecho de haber formado parte del equipo de campaña de Mier, ahí están incrustados en la nómina oficial, dejando de lado la actividad académica para darle tintes políticos, cuando la educación para que funcione tiene que estar despolitizada. Si hace un año Jaime Mier y Terán no ordenó cancelar los pagos salariales de José Ramón Díaz Uribe a pesar de ser prófugo de la justicia y se escudó en una comisión sindical del Sicobatab que debió ser rechazada desde el mismo momento que hicieron la propuesta es porque ahí hay algo encerrado, de tal manera que Mier ya traicionó la confianza que el gobernador le depositó. Ahora bien ya se ordenó la cancelación de sus pagos salariales, pero desde hace un año estuvo cobrando, no solamente él, sino también su mujer Verónica Hernández que también cobra religiosamente su salario pero no se presenta a trabajar, porque también es investigada por la Procuraduría General de Justicia, ¿Quién o quienes van a reintegrar los salarios cobrados por José Ramón y su mujer?. Joserra cobraba cerca de 40 mil pesos mensuales como maestro de tiempo completo en el plantel número uno del Cobatab, que sería algo así como 500 mil pesos en un año, en números redondos, más cerca de cien mil pesos de aguinaldo que cobró el año pasado, más otras prestaciones que se le otorga, pongámoslo en 700 mil pesos, ¿quién o quienes van a reintegrar esos recursos económicos a las arcas del Cobatab?, no basta solamente con la cancelación en nómina de sus salarios, hay quien o quienes tienen que responder por este grave problema, porque además al darle una comisión sindical ilegal a José Ramón Díaz Uribe ha hecho que se tenga que pagar a otro profesor para que lo supla en las horas vacantes, lo que genera otros gastos cercanos a los 600 mil pesos, recursos económicos que no tenían por qué  erogarse para suplir una irregularidad. Hoy Mier y Terán tiene otro problema por no hacer las cosas bien, ya tiene parado enfrente al representante legal del Sicobatab, Jaime Salazar Hernández que como buen testaferro, solo sigue las indicaciones de José Ramón Díaz Uribe, y para frenar a este solo tiene que actuar la ley, así de secas, en la cárcel ya no debe dar problemas. ¿Lo detendrán?.