EL ESLABON PERDIDO

En estas marañas de perversiones jurídicas  que utilizó  Xavier Olea el abogado  “defensor” del ex-secretario de Planeación y Finanzas del gobierno granierista, José Manuel Sainz Pineda, a su arribo a Villahermosa,  para intentar  entrampar a la Procuraduría General de Justicia, queriendo  evidenciar de que no existen las condiciones legales o constitucionales para el debido proceso de su defendido, sale a relucir el eslabón perdido que podría ser otra de las piezas claves en todas las serie de corrupciones que se cometieron con el presupuesto público del gobierno estatal, y que ya es un verdadero dolor de cabeza para todos los implicados. Si bien,  para los colegas periodistas que se dieron cita en la Procuraduría General de Justicia en espera de la comparecencia del ex-secretario de Planeación y Finanzas,  la presencia del Notario Público adscrito a la Notaría Pública número uno  de Paraíso, el doctor en derecho Jorge Vladimir Pons y García, quien llegó en compañía del abogado Xavier Olea, fue para dar fe de los hechos que ahí se presentaría en relación a la demanda que pesa en contra de José Manuel Sainz Pineda,  en realidad Pons, juega un doble papel, pues independientemente de su oficio de fedatario público, también está involucrado con el ex-funcionario granierista, quien fue su patrón , ya que Jorge Vladimir Pons y García trabajó en Mérida, Yucatán, en el despacho “García Millán” del cual es socio Sainz Pineda, quien a su vez está vinculado con Martín Alberto Medina Sonda, (otro de sus socios) quien fuera detenido en 2007 a bordo de una avioneta, precisamente en Mérida, durante una revisión de rutina donde le encontraron ocho millones de pesos en efectivo que llevaba escondido en la aeronave. De acuerdo a la información que poco a poco va fluyendo Jorge Vladimir Pons y García, fue el Notario Público de las preferencias de José Manuel Sainz Pineda, donde se realizaron, escrituras públicas, cambiaron de denominaciones varias empresas que prestaron servicio al gobierno granierista y otras que al amparo del poder realizaron negocios sucios, traficando con el poder para obtener jugosas ganancias durante la pasada administración, por lo que la Procuraduría General de Justicia, debería de investigar a fondo la real  relación de “negocios” que Sainz Pineda realizó utilizando a la Notaría Pública número uno de Paraíso, pues todo indica que con conocimiento de causa, Jorge Vladimir Pons y García se prestó para constituir presuntos delitos de delincuencia organizada, como lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, pues al protocolizar documentos de quien fuera su patrón,  con conocimiento de causa, violó diversas disposiciones legales, por lo que Fernando Valenzuela Pernas debe enderezar la mira hacia Paraíso. En mayo de 2012, Jorge Vladimir Pons y García, protocolizó las primeras 17 propuestas de campaña que presentó Jesús Alí de la Torre, como candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional, evento que se realizó en el auditorio de la sección 44 del sindicato petrolero. Pons y García cayó en irregularidades jurídicas pues a la vez que era Notario Público Adscrito a la Notaria de Paraíso, se constituyó en el abogado defensor del ex-fiscal del Organo Superior de Fiscalización, José Francisco Rullán Silva, como hay constancias de sus actos, pero ninguna autoridad reparó esa ilegalidad de que siendo Notario, también se dedicara a litigar.       Jorge Vladimir Pons y García, no solamente fue notario de Jesús Alí de la Torre, también lo fue de Marlis Cupil (a) Lady Lomitas, fue notario de José Manuel Sainz Pineda, de Angel Monterubio, prestanombres de Sainz, quien montó un restaurante de diez millones de pesos; de Martín Alberto Medina Sonda, el otro socio de Sainz; de “Suministros del Carmen”, la empresa que traficó los terrenos con Invitab, y fue abogado defensor de Francisco Rullán. Para dar una mejor perspectiva del trabajo notarial la revista de circulación nacional Proceso en un reportaje realizado por Alvaro Delgado bajo el título “Tabasco: Fango Inmoral”, describe toda la podredumbre que se realizó con la compra de los terrenos para edificación de viviendas después de las inundaciones de 2007. El periodista relató: “La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigan a la empresa Suministros del Carmen, S.A. de C.V., por la compra de 169 hectáreas con información privilegiada, que luego fueron vendidas al gobierno estatal con una ganancia superior a 143 millones de pesos, pagados del erario federal. Uno de los involucrados en el presunto fraude es Juan Carlos Gutiérrez Ruiz, hasta hace unos días director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), quien representó al gobierno de Felipe Calderón en la firma del convenio con la administración de Granier para la construcción de viviendas. Calderón ordenó transferir 350 millones de pesos para la adquisición de suelo apto para uso habitacional, urbanización y construcción de viviendas, de los que el gobierno de Granier tomó 246 millones de pesos para pagarle a la empresa con sede en Campeche por los terrenos que había adquirido de particulares en sólo102 millones de pesos. De la operación presuntamente se beneficiaron altos funcionarios de Tabasco y dos empresarios allegados al gobernador: Amílcar Sala Villanueva y Antonio Espinosa de los Monteros Leal. Este último, un próspero contratista amigo de Granier, aparece en la averiguación previa que integra la PGR como “socio” de un humilde vendedor de garrafones de agua y el dependiente de una tienda, quienes serían los “propietarios” de Suministros del Carmen,   La empresa, cuyo patrimonio nunca superó los 5 millones de pesos, ni siquiera era solvente para comprar los terrenos que adquirió entre febrero y marzo de 2008. Un mes después se los vendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), cuyo titular, Ariel Cetina Bertruy (un priista que brincó al Partido Acción Nacional), es señalado como el principal operador del negocio.  Al respecto, sin que oficialmente sea reconocida como una decisión derivada del caso y en medio del período vacacional de diciembre, Calderón destituyó a Gutiérrez Ruiz y, con la misma discreción, nombró como nuevo director general de Conavi a Ariel Cano Cuevas, quien mantiene en su cargo a otro funcionario federal supuestamente involucrado en el caso: Marco Antonio Quiroz López, subdirector general de Enlace y Operación con Organismos Nacionales de Vivienda. Además de Gutiérrez Ruiz y Quiroz López, son señalados como presuntos responsables de cometer al menos 12 delitos los secretarios de Finanzas, Contraloría y Obras Públicas del gobierno estatal, José Manuel Sainz Pineda, Héctor Manuel Pérez Peralta y Roger Silvano Pérez Evoli, respectivamente, así como Ariel Enrique Cetina Bertruy, director del Invitab.    De hecho, el Ministerio Público Federal ya formuló a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) una petición para conocer los movimientos financieros de la cuenta bancaria de Suministros del Carmen desde la que se emitieron los cheques para pagar los terrenos que compró, y en la que se depositaron los 246 millones de pesos del Invitab. La PGR investiga si la empresa recibió en esa cuenta, la número 40422315986 del banco HSBC, depósitos anticipados del Invitab con los que habría adquirido los terrenos, pues el patrimonio máximo que llegó a tener nunca rebasó los 5 millones de pesos.  Desde esa misma cuenta se han hecho transferencias a Raúl García Castañeda, Juan Antonio España, Paulina Téllez, Daniel Pérez Hernández y Yenissie María Aynar, que son señalados en la denuncia. Entre agosto y septiembre de 2008 se hicieron otras tres transferencias a favor de la Unión de Crédito Ganadero de Tabasco para liquidar créditos por un total de 18 millones 680 mil pesos el deudor se identifica como Amílcar Sala Villanueva. Ahí se establece que la empresa Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Con un capital contable de tan sólo 250 mil pesos, ni siquiera podía pagar adeudos contraídos; sin embargo, repentinamente adquirió brío. El 13 de diciembre de 2007, un día antes de la firma del convenio entre los gobiernos federal y estatal por 350 millones de pesos para la construcción de vivienda para damnificados, se protocolizó la modificación de su objeto social para incursionar en negocios inmobiliarios. Luego, el 8 de febrero de 2008, el notario público Número Uno de Paraíso, Tabasco, Jorge Pons, protocolizó el acta de una asamblea presumiblemente celebrada el 30 de octubre de 2007, en la que la empresa Triton Holding, S.A. de C.V., capitalizó pasivos por 4 millones 133 mil pesos, que convirtió en 41 mil 330 acciones de Suministros del Carmen. La participación de Tritón Holding no es anodina. Según el expediente, uno de sus propietarios es Martín Alberto  Medina Sonda.  Sorprendentemente, el mismo día, el propio notario Pons protocolizó el acta de otra asamblea, supuestamente celebrada el 12 de noviembre de 2007, en la que desaparece Tritón Holding y se hace constar que Abraham Cupil Córdova (papa de Marlis Cupil y José Alberto de la Rosa Santamaría se convierten en los “únicos accionistas de la sociedad”.  El 19 de marzo, el mismo notario público protocolizó una nueva asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2007, en la cual se aumenta a 4 millones 600 mil pesos el capital social de Suministros del Carmen y el número de acciones pasa de 43 mil 380 a 46 mil, siendo el nuevo socio,  Antonio Espinosa de los Monteros Leal, con 2 mil 170 acciones, equivalentes a 2 millones 170 mil pesos. Así, en febrero de 2008, con ese capital la empresa comenzó a comprar los terrenos que, se presume, de antemano se sabía que compraría el Invitab. El operador, por supuesto, no fue Cubil Córdova, sino Ana Cecilia Ramírez Rosaldo, apoderada legal de la empresa, quien adquirió 160 hectáreas en menos de dos meses”, ahí está parte del eslabón perdido.