CONGRESO ERRATICO

Desde la conformación de la actual legislatura local, cuya toma de protesta fue  cuestionada porque violó la Constitución Política del estado y su propia ley orgánica,  se avizoró que lejos de ayudar al gobernador Arturo Núñez Jiménez en las arduas tareas de gobernar se ha convertido en un verdadero lastre, donde prolifera el odio, el rencor, las vendettas políticas, el choque de facciones y el cobro de facturas por encima de la ley misma, lo que demuestra que es un Congreso errático que tiene que dar un giro de 180 grados para encauzar el rumbo, ya que camina directo al precipicio. Si había dudas de que la 61 legislatura camina en forma errática, sin rumbo, ni dirección, y que hasta ahora en vez de ayudar al gobernador Núñez en las tareas de legislar para que el orden constitucional se vaya readecuando a las circunstancias actuales, solo lo ha perjudicado con sus constantes violaciones a la ley, las acusaciones  del secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta la ubica en su exacta dimensión, es un Congreso con “sentimiento de coraje”, que actúa con las vísceras llenas de odio y rencor y bajo esa perspectiva  está condenada al ostracismo de la historia, a ser la peor legislatura en la etapa moderna de Tabasco. El secretario de Gobierno, quien fue entrevistado el pasado miércoles por los reporteros de la fuente sobre la Ley de Seguridad Pública del estado de Tabasco modificado el pasado 25 de abril por la 61 legislatura local puso el dedo en la llaga de lo que pasa en el Congreso local: “lo entendimos como un acto que tiene que ver más con “un sentimiento de coraje” hacia el gobernador saliente, que un acto planteado en la serenidad del análisis, pero respetamos fehacientemente el resolutivo y lo que acordó el Congreso y el gobierno no va a objetar la decisión”, seco el golpe, no hay para donde hacerse. En referencia a lo que acusó públicamente éste miércoles  César Raúl Ojeda Zubieta, el pasado 30 de abril, el Ojo Visor, que en todo está, publicó que  precisamente la fobia , el odio y el rencor de los legisladores perredistas los había llevado a modificar la ley sin saber (por ignorancia legal), que estaban afectando al gobernador Núñez, al propio Ojeda Zubieta, si concluye como secretario de gobierno y no al ex-gobernador Andrés Granier, ni a Rafael González porque la ley no se puede aplicar retroactivamente en perjuicio de persona alguna, tal como lo dice el artículo 14 de la Constitución General de la República. El pasado 30 de abril esto escribió el Ojo Visor:  “el odio, la fobia y el rencor  que la mayoría de los legisladores perredistas sienten en contra de todo lo que huele a la administración del ex-gobernador Andrés Rafael Granier Melo, a quien todos los días lo siguen tundiendo con sus comentarios de que es el más grande ladrón de Tabasco, que ciertamente  dejó quebrada financieramente a la entidad, pero del que no han podido aportar una sola prueba de lo presuntamente robado para meterlo a la cárcel, los llevó a legislar a contracorriente para quitarle la protección policiaca, como una especie de venganza o vendetta política, sin reparar o darse cuenta que el daño mayor no se lo harían al ex-gobernador y al ex-secretario de Gobierno, sino que más bien esa reforma de la 61 legislatura será aplicada a quienes ahora están en funciones, una vez que dejen sus cargos. La Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco aprobada por la 60 legislatura casi al final de la administración granierista, y que fue reformada la semana pasada-25 de abril- por  la mayoría de los diputados que integran la 61 legislatura establece entre otras cosas que se les otorgará protección personal hasta por dos años únicamente a ex servidores públicos que hayan desempeñado el cargo de Procurador General de Justicia, Secretario de Seguridad Pública, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Subprocuradores de Justicia y Director de Averiguaciones Previas, modificando  los artículos 74, 75 y 75 bis por lo que  se elimina la protección personal  para quien haya sido Gobernador y Secretario de Gobierno, a familiares de funcionarios y la vigilancia de sus propiedades, y hasta ahí los legisladores perredistas dieron como un hecho que una vez que sea publicado en el periódico oficial del estado las reformas a la citada ley, desde luego que con la venia del gobernador Arturo Núñez, inmediatamente se quedará sin protección policiaca el ex-gobernador Granier y sus ex-secretarios de Gobierno, Rafael Miguel González Lastra y Humberto Mayans Canabal, actual Senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Pero hay algo que hará que se les quite la alegría a los legisladores perredistas ávidos de sed de venganza en contra del ex-gobernador,  creyendo que ya lo pasaron a perjudicar y esa es, la no retroactividad de la ley, no hay vuelta de hoja”. Esto nos demuestra que el Congreso del estado lejos de ayudar al gobernador Núñez lo siguen perjudicando, porque el jefe del Poder Ejecutivo, envió una iniciativa de modificación a la Ley de Seguridad Pública, muy diferente a la que aprobaron el pasado 25 de abril, la cambiaron, le hicieron modificaciones sin razón jurídica de por medio, actuando con las vísceras, porque en el afán de perjudicar a Granier y camarilla, perjudicaron al actual gobernador, que si ciertamente,  ahorita no tiene problemas de seguridad porque es el gobernador en funciones, una vez que se vaya, lo quiera o no, por razones de seguridad, y no porque sea  una carga onerosa económica para el gobierno en turno debe quedar sin protección, al igual, en las mismas condiciones debe quedar el secretario de Gobierno, porque es un asunto de seguridad personal, tomando en cuenta que el encargado de la política interna es el responsable del área de seguridad, el que toma las decisiones, y por lo tanto, la delincuencia que no duerme sabe perfectamente el engranaje gubernamental, y si ahorita no hay problemas de seguridad cuando se vayan  si lo tendrán. El gobierno del estado puede vetar las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública que realizó la 61 legislatura local por razones de Estado, no por caprichos, ni veleidades, sino porque fue realizada al vapor, con las vísceras, pensando en un odio irracional en contra de un ex-gobernador, a quien ni siquiera han tocado con el pétalo de una rosa, ni lo tocarán, pero ya perjudicaron al gobernador y secretario de Gobierno en turno, que necesariamente, a cosas están las cosas en el país y en el estado, necesitarán de protección cuando dejen el cargo. Si bien les va, y continúe un gobierno de izquierda en el poder en el 2018, el gobernador Núñez y Ojeda Zubieta, tendrían la seguridad garantizada aún por debajo del agua, a como ahora lo tienen algunos funcionarios menores como el jefe de asesores del gobierno estatal, Agustín Silva Vidal que anda custodiado con guardias de seguridad y camioneta blindada cuando su cargo no lo amerita,  pero si retorna el PRI al poder difícilmente tendrán garantizada esa seguridad, de tal manera que el gobernador está a tiempo de vetar esa ley, porque no se debe aplicar un ordenamiento legal basado en “un sentimiento de coraje”, ya que más bien un ordenamiento legal va siempre aprobado en beneficio de la colectividad, pero en este caso los legisladores perredistas, que por cierto volvieron a demostrar su ignorancia de las leyes, que no por eso están exentos de responsabilidades, volvieron a errar el camino y lejos de ayudar al Ejecutivo se han convertido en un lastre político, que está a tiempo de enderezar el rumbo, pero para eso, primero deben de cambiar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Abner Balboa, ya que ha dado muestras de una brutal incapacidad para conducir los trabajos legislativos. La modificación a la Ley de Seguridad Pública, también demuestra que hay una brutal falta de cabildeo político, entre el gobierno estatal, en este caso el secretario de Gobierno o quien se designe para el caso y el Congreso del estado, porque independientemente de la división de poderes, no se trata de un divorcio a ultranza, sino de una coordinación, para que la ley que se vaya a aprobar, salga de acuerdo a lo planeado.                                           

  OJITOS
El colega periodista  Alejandro Landeros García presentó  ayer por la tarde su queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del presidente municipal de Cunduacán y algunos funcionarios públicos, por el hostigamiento emprendido por su trabajo periodístico del comunicador en esta localidad. Fue el propio presidente de este organismo en Tabasco José Manuel Argaez de los Santos, quien escucho de viva voz la denuncia del delegado de la Asociación Tabasqueña de Periodistas (ATP) y posteriormente en las oficinas que ocupa la CEDH se levantó la queja e investigación, a la cual se le asignó el número 222/2013. El corresponsal responsabilizo al alcalde perredista Tiófilo Ovando Sánchez, su hermano Pilar Ovando Sánchez y al secretario del ayuntamiento José Manuel Cortázar López, de lo que pudiera sucederle a su familia y a él, luego de que el pasado lunes 22 de abril le fueran rociados con ácido dos vehículos de su propiedad, en su domicilio particular. Landeros García dijo que esa medida de intimidación en su contra se debe a que ha seguido de cerca las irregularidades del gobierno perredista en Cunduacán, sobre todo, en la pasada elección de delegados municipales, en donde con dinero compraron votos en las comunidades.