"PALO" A CONSEJEROS

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio de palos a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco al desechar de plano un recurso de revocación  que presentaron en contra de la Contralora Interna de dicho instituto, Moraima Romero Herrera,  quien les inició un proceso administrativo de inhabilitación por la irregular compra a precio inflado de un viejo edificio, que tiene en sus manos el Congreso del estado y que tendrá que resolver en los próximos días con plena libertad después de esta resolución del Trife. Ayer durante su sesión,  los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni siquiera entraron al fondo de  la materia, sino que de plano desecharon los expedientes SUP-JDC869/2013 interpuesto por el consejero electoral, Héctor Aguilar Alvarado y SUP-JDC-870/2013 interpuesto por Jorge Montaño Ventura en contra de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, quienes buscaban echar abajo el dictamen emitido en su contra, donde son sancionados e inhabilitados para ejercer el cargo,  por su evidente responsabilidad en la compra de un viejo edificio donde se supone que operarían las oficinas del organismo electoral,  el cual fue adquirido a un sobre precio, lesionando no solamente las finanzas del propio órgano electoral, sino consumando un burdo robo ante los ojos de la sociedad pues al adquirirse el inmueble en 32 millones 600 mil pesos cuando su valor real no rebasaba los 19 millones de pesos,  prácticamente se robaron 14 millones de pesos y ahí es donde están involucrados, al menos en forma directa 3 de los seis consejeros, más un ex-consejero electoral. La Sala Superior al desechar de plano los expedientes de los consejeros electorales estableció que sus planteamientos nada tiene que ver con la materia electoral, sino que son cuestiones del orden penal y patrimonial del propio Instituto Electoral  que pueden derivar en responsabilidades y delitos para lo cual existen otras instancias a las cuales acudir, en pocas palabras, el Trife llamo ignorantes a los consejeros electorales que buscaban revocar el dictamen emitido por la Contralora Interna, Moraima Romero Herrera, quien propone al Congreso sanciones administrativas y las inhabilitaciones por varios años para todos los consejeros electorales, porque permitieron, porque consintieron, porque participaron en el robo de las arcas públicas del organismo electoral cuando ellos eran los responsables y garantes de salvaguardar el patrimonio del IEyPCT que tenían bajo su responsabilidad. La misma suerte correrán las otras demandas interpuestas ante el Trife, porque los consejeros decidieron impugnar en forma separada la decisión de la Contraloría Interna del Instituto, pero no pasarán. Este severo revés en contra de los consejeros electorales le permitirá al Congreso del estado tomar una determinación en contra de los consejeros electorales y personal administrativo del Instituto Electoral por su grave responsabilidad en el robo a sus propias arcas públicas, de allí que se tiene que sentar un precedente con todo rigor para evitar que en lo sucesivo se cometan  actos vandálicos institucionales como el cometido por todos los consejeros electorales,  que sin medir las consecuencias de sus actos, creyendo que la correlación de fuerzas políticas  no cambiaría  en el estado se atrevieron a hincarle los dientes al presupuesto que debieron cuidar celosamente. El Congreso del estado no solamente debe aprobar la inhabilitación de los seis consejeros y del ex-consejero Alfonso Castillo Suárez, sino que también  debe exigir que se apliquen sanciones penales en contra de los participantes de este robo descarado, porque hubo un total contubernio y complicidad, entre muchas personas, desde el vendedor Gilberto Galassi a quien se le debe iniciar un proceso penal, los peritos valuadores que alteraron el avalúo inflando el precio, los consejeros electorales, el ex-director Administrativo del Instituto, Carlos Iñiguez y todos los implicados de adentro y de afuera del organismo electoral, porque no debe haber contemplación para nadie ya que cometieron un descarado robo frente a los ojos de la sociedad que está  ávida de  justicia demandando que los saqueadores de Tabasco de todos los niveles de gobierno vayan a la cárcel. De igual manera,  la propuesta que han presentado algunos legisladores de la 61 legislatura local para desaparecer al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para crear otra figura jurídica, es la más viable o la más recomendable para que los actuales consejeros que han caído en el descrédito total, se vayan a perjudicar a otra parte, porque ya no son confiables, ni garantes para organizar las elecciones constitucionales de 2015, esa mala acción de auto-robarse más de 14 millones de pesos y de comprar un inmueble sumamente dañado a donde se supone trasladarían  las oficinas y hasta la presente fecha no lo han podido hacer, es parte, precisamente de esa suciedad en la que se debaten, porque nadie en su sano juicio compra una vivienda vieja y semiderruida para cambiarse a vivir y no lo hace, solamente a estos consejeros que no les interesó cuidar los recursos públicos del propio Instituto se les ocurrió la brillante idea de adquirir un viejo inmueble que no estaba en condiciones de uso. Los actuales consejeros electorales no merecen seguir en el Instituto Electoral, porque ya no garantizan credibilidad, imparcialidad y equidad, para la ciudadanía lo rechaza porque están conscientes que los siete consejeros (incluido Castillo) se confabularon en 2011 para atracar las arcas públicas y por vergüenza ya debieron renunciar, pero como no la conocen, se seguirán aferrando al cargo y es ahí donde el Congreso debe actuar, ya en el pasado cuando el organismo electoral cayó en el descrédito cuando se dijo que estaba al servicio del gobierno que encabezaba Roberto Madrazo, la legislatura de esa época cambio la figura jurídica y los consejeros que no quisieron renunciar y se aferraron el cargo,  al desaparecer dicha figura jurídica y crear el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se quedaron en el aire, porque fueron nombrados consejeros ciudadanos. Ahora se puede usar el mismo procedimiento, cambiar la figura jurídica para constituir un nuevo organismo electoral que retribuya con creces la mala imagen que los actuales consejeros han sembrado por ese robo descarado que hicieron a las propias arcas del citado organismo. Tabasco se merece un mejor organismo electoral con hombres probos y honestos, con ciudadanos de bien que pueden salir de la misma sociedad, que sean capaces de organizar las jornadas electorales sin riesgos de caer en el descrédito. El Congreso del estado tiene la palabra y en sus manos la desaparición de este Instituto por su total descrédito.

                                       
  OJITOS   

 

Luego de la renuncia presentada por el  Fiscal Superior Francisco José Rullán Silva ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado,  la legisladora Rosalinda López Hernández mostró su preocupación por la forma en que se elegirá al nuevo fiscal, que es sumamente delicado y donde el Congreso local tiene toda la responsabilidad de elegir en forma transparente y apegado a la legalidad al sucesor de Rullán. Durante la sesión de ayer miércoles, en tribuna,  Rosalinda expuso sus consideraciones sobre este tema: “….desde ayer a mediodía (martes)  el Congreso del Estado tiene un reto por delante, la designación del nuevo Fiscal Superior y es un asunto tan delicado que no nada más afecta la buena o mala decisión que tomemos nosotros al ámbito legislativo, si no afecta en general a una sociedad que ve en nosotros 35 personas que por lo menos tenemos el ánimo de hacer que este proceso de selección pues sea lo más transparente posible, he querido hacer uso de la palabra para llamar a la reflexión porque hay ciertas cosas que la misma ley, la Constitución local, la Ley de Fiscalización, nuestra Ley Orgánica, por ejemplo y si me permiten hacer mis punto de vista que yo creo que la Junta de Coordinación Política debe tomar en cuenta. El primero, tenemos que ponernos de acuerdo si el nuevo Fiscal Superior lo vamos a elegir por 7 años o por el espacio de tiempo que le falto concretar al Fiscal Electo en 2010, es decir 4 años y medios o 5 si no me equivoco, va a ser electo el nuevo para completar ese periodo o vamos hacer una selección de los 7 años, eso lo definirán los jurídicos que en los debates logren tener una justificación correcta de la decisión que tomaremos. Pero también más que avanzar la Ley de Fiscalización Superior, en el Artículo 77 señala un método, una convocatoria, mas sin embargo interpretando la Ley a rajatabla tampoco da la claridad que tan abierta o que tan pública es esa convocatoria, creo que aquí es donde el Congreso se tiene que distinguir, no nada más la invitación formal a asociaciones de profesionistas, a colegios, a universidades, a ciudadanos en general en forma personalizada, si no quizás a como se ha hecho desde el 2000 en la selección del Fiscal Superior de la Federación, convocatoria abierta a la ciudadanía entonces ahí vale la pena que reflexionemos, que tan abierta queremos esa emisión de la convocatoria, creo que sería sano para nuestro Estado que mientras más transparentemos mejor”. Rosalinda pidió a la Junta de Coordinación que en la emisión de la convocatoria para elegir al Fiscal Superior haya transparencia total y que como parte delo cambio verdadero el Congreso lo puede transparentar con la participación de los medios de comunicación que estén presentes en las entrevistas de los aspirantes.