Invocando la legalidad, la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática que detenta la
presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, cometió
otra ilegalidad (ya son varias las que
han cometido) al separar temporalmente
de su cargo como titular del Organo Superior de Fiscalización a Francisco
Rullán Silva, cuando eso es indebido, con lo que se demuestra que solo están llenos
de fobia, odio y rencor, y que el objetivo era quitarlo a costa de lo que
fuera, pues dejaron provisionalmente en el cargo a Carlos Ramón Castro, el que verdaderamente actuaba en las sombras y
pasaba la charola a los ex-presidentes municipales para limpiar sus cuentas
públicas y no tuvieran ningún problema.
El pasado jueves 4 de abril, el Ojo
Visor, que en todo está, advirtió que en la sesión de ese día la fracción
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, teniendo en contra a la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, intentaría
aprobar en el pleno el dictamen de renuncia en contra de Francisco Rullán
Silva, porque para el señor del peluquín, el presidente de la Junta de
Coordinación Política, Rafael Abner Balboa Sánchez era “de vida o muerte” la
remoción del fiscal porque el verdadero fondo del “meollo” es que no querían
que comenzara a fiscalizar el primer trimestre (enero, febrero y marzo) de las
cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
correspondientes al año 2013, porque tenían miedo de que se descubrieran las
irregularidades que en estos tres meses han cometido con las partidas
presupuestales.
Durante la sesión del jueves no se bajó
al pleno el dictamen de renuncia de Francisco Rullán Silva, porque era seguro que obtendría el rechazo de
las otras fracciones parlamentarias, como finalmente sucedió, porque no se estaba siguiendo el
procedimiento de ley para su separación y porque obviamente con sus “asesores
jurídicos” el señor del peluquín cuya cabeza pende de un hilo preparaban una
“chicanada jurídica” para suspenderlo temporalmente basando en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos (artículo 64, fracción IV) lo cual
es violatorio de las propias garantías del acusado (hay tesis al respecto), ya
que al ser el Organo Superior de Fiscalización del estado, un organismo
autónomo en sus funciones del propio Congreso, que cuenta con su propia Ley de
Fiscalización, bajo cuya figura jurídica se rige, fue incorrecta y rompe con el
marco jurídico la decisión de la Junta de Coordinación Política, porque no
encuadra aplicarle la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a
Rullán, cuando la propia Ley de Fiscalización establece cuales son los
procedimientos o bajo qué condiciones el fiscal puede ser separado de su cargo y
enjuiciado y son dos vías: por su propia renuncia o el establecimiento de un
juicio político, para lo cual el Congreso tiene que reunir una serie de
elementos también especificado en dicha ley.
Es falso lo que dicen algunos
legisladores perredistas, como el representante de Jalpa de Méndez, Francisco
Javier Cabrera Sandoval, de que Rullán es un empleado más del Congreso,
bastante motivos tendrá este diputado para odiar al hombre que le reprobó la
cuenta pública a su finado padre William Cabrera (alcalde interino de Jalpa), a
raíz de lo cual se presume le entró la depresión y se pegó un balazo, el joven legislador tiene sed de venganza (por
esa razón debería exculparse de declarar en torno al tema) , así lo denota en
sus declaraciones, pero lo real es que Rullán, no es o no era un simple
empleado de la legislatura, ni de los legisladores, su posición como fiscal lo
colocaba en un lugar de privilegio, rigiéndose por la Ley de Fiscalización del
estado, de tal suerte que su separación es un acto ilegal de la fracción
parlamentaria del PRD que para todos sus actos invoca la legalidad o la ley,
pero han sido los primeros en pisotearla y actuar con soberbia, porque además
quien o quienes les señalan sus errores, inmediatamente son acusados de ser
cómplices del pasado, de ese pasado que varios de los actuales legisladores
perredecos disfrutaron, entonces ¿a quién quieren engañar?.
Respecto a la “chicanada jurídica” que
le aplicaron a Francisco Rullán Silva,
El Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito en la revisión del amparo
382/2011 por unanimidad de votos dictó la siguiente tesis: “La RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN IV,
DE LA LEY RELATIVA, AL NO PRECISAR LOS CASOS EN QUE PUEDE DECRETARSE LA
SUSPENSIÓN QUE ESTABLECE, LOS ELEMENTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA
CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PARA ELLO, ASÍ COMO LOS LÍMITES O
PARÁMETROS QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU EJECUCIÓN, NI PREVER LA POSIBILIDAD DE
QUE LA AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JURÍDICA.
El artículo 64, fracción IV, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco establece la
atribución a la Contraloría General del Estado o del órgano competente de los
Municipios, de suspender, a su libre arbitrio, a sus empleados en el ejercicio
de sus funciones, a fin de continuar con la investigación realizada dentro del
procedimiento de responsabilidad correspondiente, es decir, cuando a su juicio
así convenga para la mejor conducción o continuación de las investigaciones. En
estas condiciones, al no precisar el citado precepto los casos en que puede
decretarse la suspensión, los elementos que deben tomarse en cuenta para
considerar que se actualizan los supuestos para ello, así como los límites o
parámetros que deben observarse en su ejecución, ni prever la posibilidad de
que la autoridad opte por otra medida en atención a las particularidades del
caso, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
deja en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al
servidor público afectado, al desconocer los motivos, supuestos, circunstancias, opciones, parámetros y límites por los que se le aplica tal determinación y queda sujeto a actos arbitrarios que no tienen una restricción en su materialización y, en consecuencia, está fuera del control jurisdiccional, al no permitir que el tribunal revisor pueda determinar si es o no ajustada a derecho la medida dictada, ya que carece de parámetros legales para ello.”
Pena ajena dan los diputados perredecos que pasaron por alto esta tesis del Poder Judicial Federal porque les rebotará, ya que sin dudas, Francisco Rullán Silva interpondrá un amparo en contra de la decisión que tomó la Junta de Coordinación, y lo tendrán que restituir en su cargo.
servidor público afectado, al desconocer los motivos, supuestos, circunstancias, opciones, parámetros y límites por los que se le aplica tal determinación y queda sujeto a actos arbitrarios que no tienen una restricción en su materialización y, en consecuencia, está fuera del control jurisdiccional, al no permitir que el tribunal revisor pueda determinar si es o no ajustada a derecho la medida dictada, ya que carece de parámetros legales para ello.”
Pena ajena dan los diputados perredecos que pasaron por alto esta tesis del Poder Judicial Federal porque les rebotará, ya que sin dudas, Francisco Rullán Silva interpondrá un amparo en contra de la decisión que tomó la Junta de Coordinación, y lo tendrán que restituir en su cargo.
OJITOS
Por otra parte, la fobia, el odio y
rencor de los diputados perredecos en contra de Rullán los llevó a cometer
error tras error, ya que si supuestamente lo quitaron porque fue cómplice en el
maquillaje de las cuentas públicas del gobierno granierista o no vio las
irregularidades que llevaron al quebranto financiero, estos neófitos diputados
desconocedores del pasado, ya metidos en ese terreno de la ilegalidad tampoco
debieron dejar al fiscal especial (segundo de abordo en el OSFE), Carlos Ramón
Castro como encargado del propio Organo Superior de Fiscalización, porque en lo
oscurito este era el verdadero cobrador de la mafia, es quien fijaba las
tarifas a los ex-presidentes municipales para limpiarles sus cuentas públicas,
desde luego que por una iguala mensual, y lo ha venido haciendo muy bien, que
lleva casi 17 años en el cargo, tiempo mayor al de Rullán que lleva diez años.
Para esos imberbes diputados perredecos,
Carlos Ramón Castro fue colocado en la Contaduría Mayor de Hacienda, en el
segundo puesto, después del Contador Mayor en el gobierno de Roberto Madrazo,
pues fue el hombre clave para limpiar las cuentas públicas de los tres poderes
del estado de ese gobierno que tanto cuestionó Andrés Manuel López Obrador, y desde luego que desde su posición se
benefició económicamente, pues tras bambalinas se convirtió en el “cobrador de
la mafia”. Si los diputados creen que quitando a Rullán y dejando a Carlos
Ramón, las cosas cambiaran, que equivocados están, pues este es peor que su
antecesor, al menos, que como no está satanizado por los perredecos este si
acceda a limpiar ahora el primer trimestre de las tres cuentas públicas de los
tres poderes correspondientes al 2013, porque con Rullán el verdadero miedo es
que descubriera las irregularidades en este primer trimestre.
OJITOS
Recibí un correo electrónico del rector
de la Universidad del Valle de México, Emilio de Ygartua en contestación a la
carta publicada la semana pasada, la cual transcribo tal cual está: “Muy
estimado Jacinto: te dirijo este correo en relación a la carta que tuviste a
bien incluir en tu columna de Rumbo Nuevo, en la que el tutor del estudiante
Alessio Chan Rosales, señala mala fe de la institución que represento en razón de la expulsión que
se determinó derivada del hecho de que el mencionado estudiante reprobó un
número de materias superior a lo que establece el Reglamento estudiantil, al
tiempo que también reprobó en tres ocasiones una sola materia, ambas causales
de baja académica de la institución. No obvio mencionar que nuestra
universidad, en los 39 campus que operan en el país y en el especifico de
Tabasco, contamos con los debidos registros de validez oficial emitidos tanto
por las autoridades educativas estatales y federales.
La baja obedece al compromiso del campus
a mi cargo con la calidad académica y con el rigor con el que debemos vigilar
el proceso educativo de todos los estudiantes, especialmente con los que están
estudiando una carrera relacionada con la salud humana. En cuanto al tema de
Estrategia Educativa y Cultural de Tabasco SC. Esta es una razón social con la
que se opera administrativa y laboralmente, pero con los planes y programas de
estudio de la Universidad del Valle de México, pertenece a la red laureate. Te
mando un fuerte abrazo y me reiteró a tus órdenes”. Hasta ahí el comunicado de
Emilio de Ygartua.
No hay comentarios:
Publicar un comentario