PROCURADORA PRESIDIARIA.- 21 de Marzo 2013

 

Jacinto López Cruz
jaclop62@hotmail.com
Con la clara consigna de intentar imponer a delegados municipales “a modo”, al alcalde perredista del municipio de Macuspana de origen veracruzano, Víctor Manuel González Valerio no le interesó violar todas las normas jurídicas al lanzar una convocatoria amañada para elegir a las autoridades auxiliares, que de entrada, carece de legitimidad y legalidad porque no fue aprobada por los regidores en una sesión de cabildo, por lo que podría ser revocado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Tabasco si alguna persona que se sienta lesionado en sus derechos exige que se respete las leyes.

La sola publicación de la convocatoria para elegir a los delegados municipales, hecha en forma anónima en un panfleto cuando la ley de la materia establece que debe de publicarse en el diario de mayor circulación del estado, como también tiene que ser pegado y difundido en las diferentes comunidades del municipio, aunado a los excesivos candados, constituyen serias violaciones a las leyes, ordenamientos y tratados internacionales, que constituyen serios delitos para el alcalde, que ni se inmuta, cuando sus asesores jurídicos le advierten que violenta la ley, porque en su enanismo mental sostiene que la ley en el municipio es él y nadie más que él, y que le hagan como le hagan, el presidente es él.

La convocatoria para elegir delegados municipales en el municipio de Macuspana es violatorio de diversos ordenamientos porque exige al ciudadano que quiera participar como aspirante una serie de requisitos que no tienen razón de ser, como por ejemplo, una constancia de no laicismo, requisito incumplible porque no existe, ni es proporcionado por alguna dependencia pública, siendo además inconstitucional porque vivimos en un estado laico, de tal suerte que no laico es sinónimo de ministro de culto religioso.

De igual forma, dicha convocatoria exige que los candidatos a delegados presenten un programa de trabajo de cinco cuartillas avalado con la firma de 50 ciudadanos de la comunidad mayores de 18 años, cuando hay comunidades de ese municipio donde hay menos de 50 votantes y en otras menos de cien votantes, lo que obliga a que solo reúna el requisito un solo aspirante, y en las poblaciones de menos de 150 votantes, que es la mayoría de Macuspana, solo cumplirían ese requisito dos aspirantes, limitando la participación política y el derecho constitucional de ser votado.

De la misma manera, estas firmas deben ir acompañadas con una copia de la credencial de elector para comprobar la veracidad de las firmas, lo que implica que están obligando a los aspirantes a cometer un delito ya que nadie puede pedir los datos de la credencial de elector para fines distintos a la que fue creada, traduciéndose en un delito electoral al unirse a la condición de que es ilegal obligar a alguien a manifestar el sentido de su voto, comprometiéndolo previo a una elección lo que puede ser constitutivo de delitos tipificados en el Código Penal Federal y es agravado cuando es cometido por servidores públicos. Lo real es que la convocatoria para elegir a las autoridades auxiliares del ayuntamiento, no puede solicitar más requisitos que los establecidos en el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal, porque de haberlos considerado el legislador, los hubiese establecido en dicha ley.

Lo más delicado, es que Víctor Manuel González Valerio lanzó una convocatoria para elegir delegados municipales por medio del voto en urnas, cuando más del 60 por ciento de las comunidades de Macuspana pertenecen a las etnias Chontal y Chol, a quienes se les está violando sus derechos constitucionales, consagrados en la Constitución General de la República y en la Constitución del Estado de Tabasco, de elegir a sus autoridades por medio de sus usos y costumbres, es decir, ahora los indígenas, pese a que hay leyes que respetan sus usos y costumbres, por los chalecos de Valerio tendrán que elegir a sus representantes por medio de boletas.

Con su convocatoria el veracruzano avecindado en Macuspana, González Valerio comete violaciones a los tratados internacionales en materia de derechos políticos, a las sentencias del Tribunal Federal Electoral, a la Constitución de la República y la del estado, a la ley electoral de Tabasco, a la ley de Derechos Humanos, a la ley en materia indígena, a la Ley Orgánica Municipal, a los códigos penales federal y estatal, y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y párele de contar.

Macuspana pareciera un Estado dentro del estado de Tabasco, donde el presidente municipal viola sistemáticamente las leyes y nadie le dice nada, o las mismas autoridades superiores guardan silencio o callan por omisión, por eso los macuspanenses se están preparando para darle “palo jurídico” a través del abogado Angel Santamaría del bufete jurídico Defendum; se imagina usted lector, que la semana pasada Valerio realizó un evento en el parque público de Macuspana, donde contraviniendo la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado, entregó previo pago de 25 o 35 pesos un gafete a cada uno de los tricicleros (ahí son triciclos en vez de pochimovil) para que circulen libremente y lleven pasaje, incluso hasta la carretera federal, y cuando fue cuestionado respeto a que si con ese gafete que haría las veces de tarjeta de circulación, no se tendrían problemas con alguna otra autoridad, el presidente municipal les espetó que si él les entregaba ese gafete para circular, es porque él mandaba en el municipio.

Ojitos
Apenas fue ungida como procuradora de la Defensa del Trabajo, Mirna Córdova Arellano, y ya comenzaron a sacarles sus trapitos al sol, por su mala conducta, lo cual indica, que nadie, pero nadie, está realizando la labor de filtro para que las personas de dudosa reputación, de las que tienen abiertos expedientes penales, de los que fueron inhabilitados o están inhabilitados por la Contraloría del estado o la Federación puedan ocupar cargos públicos en el gobierno nuñista.

En el 2006 Mirna Córdova Arellano fue detenida por la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) acusada de bloquear instalaciones petroleras luego de la explosión de una tubería de Pemex, y también fue acusada por los campesinos afectados, de pedirles dinero para representarlos en sus demandas para reclamar el pago de indemnizaciones.

En el portal en internet “Tabasco Noticias” se revela, que tras la explosión de un ducto de Pemex en la ranchería Chicozapote, de Centla, el 5 de noviembre de 2006, apareció la abogada que fue incorporada al gabinete de Arturo Núñez como defensora de los campesinos que solicitaban a la empresa el pago de daños.

De acuerdo a información publicada por el diario Reforma, la tubería de Petróleos Mexicanos reventó y dispersó aceite, ocasionando daños a cultivos y un par de vehículos .”La aspersión de crudo en forma de briseo fue en un área de 600 metros cuadrados, derramándose un volumen de 10 barriles aproximadamente”, reportó Pemex. La presión contra la paraestatal para que pagara afectaciones, incluyó protestas campesinas orquestadas por Mirna Córdova Arellano y su hermano Joaquín, así como Concepción López Arias. Los tres fueron detenidos por la AFI como presuntos responsables en la comisión del delito de oposición a que se ejecute alguna obra o un trabajo público.
De acuerdo con la PGR, la aprehensión se ejecutó cuando los líderes estaban “obstruyendo junto con un grupo de personas dicha vía de comunicación”. Pemex presentó una denuncia por el plantón de los lugareños , la cual quedó asentada en la averiguación previa TAB/VHRR-III/0037/2006.
Previo a este accidente, la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (CIMADES) advirtió que líderes y abogados estaban divulgando en cuatro municipios de la entidad que Pemex iba a realizar pagos para programas productivos, acusando directamente a los hermanos Joaquín y Mirna Córdova Arellano de ser los promoventes de ese falso rumor.
En información publicada el 27 de agosto de 2006 por la agencia Quadratín, el titular de Cimades, Gustavo de la Torre, acusó a los hermanos Córdova Arellano de generar información errónea con fines económicos y políticos, en 15 comunidades de Cunduacán, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso. “No hay nada, eso no es cierto, el gobierno del estado no ha recibido de Pemex ninguna propuesta para pagar daños en esa zona”, declaró el funcionario.
La agencia Quadratín en su reporte, agrega: Por su parte, los habitantes de esas localidades señalaron que ya no creen en Joaquín y Mirna Córdova, pues únicamente les han estado pidiendo dinero a cambio de representar sus intereses ante las instancias federales y estatales. Manifestaron que se encuentran inquietos ante la posibilidad de que dicho pago sea sólo una treta para mantenerlos dentro del movimiento, ya que un buen número de ellos lo han abandonado debido a los nulos resultados que se han tenido a casi cuatro meses de plantón.
A pesar de ser beneficiarios de una práctica perredista, el bloqueo de instalaciones petroleras, Mirna y Joaquín Córdova Arellano trabajaron muy cerca del PRI en las campañas electorales del 2009 y 2012. De hecho, son parte de la estructura del ex priísta Jaime Mier y Terán, frustrado aspirante a gobernador del PRI, que terminó apoyando a Arturo Núñez, pero hay indicios de que siguieron apoyando hasta al final a Jesús Alí.
El miércoles 26 de abril del año pasado, cuando se anunció la incorporación de Mier y Terán a la campaña perredista, se dijo que entre los simpatizantes del priísta se encontraban, sumados al PRD desde ese momento, Mirna Córdova Arellano, entonces presidenta de la Fundación Isabel de la Parra en Cunduacán. No obstante su cercanía con el ex priísta, la hoy funcionaria estatal fue propuesta del Partido del Trabajo para ser incorporada al gabinete.
El pasado viernes 15, la abogada asumió como procuradora de la Defensa del Trabajo, en sustitución de Fermín Contreras. O sea hasta los reos y bloqueadores de pozos están encontrando trabajo en el gobierno nuñista, ¿ahora que bloqueará Mirna?, ¿Soriana, Chedraui, Walmart, Sams Club?, cuando despidan a un trabajador y no lo quieran liquidar.
VISORCITO
Alcaldes priistas y perredistas se reunirán hoy en la secretaría de Finanzas para firmar un convenio de colaboración entre Finanzas, ISSET y ayuntamientos.