FALTAN OPERADORES.- Publicado 9 enero, 2013

 

La falta de operadores políticos-jurídicos eficaces permite suponer que el mandatario estatal, Arturo Núñez se encuentra solo batallando por componer internamente toda la estructura gubernamental y delegando funciones en donde más de a uno le ha dado por ratificar a escorias del pasado, que al igual que sus ex-jefes deberían irse a la calle, porque si los ex-secretarios del gabinete granierista son acusados de actos de corrupción, es obvio que los subsecretarios, directores, coordinadores y otros mandos medios, están embarrados y por lo tanto no pueden ser ratificados.

En las mismas circunstancias se encuentra el Congreso local que bajo la conducción de Necio, perdón, Nesho Balboa da bandazos jurídicos y ni siquiera se atreve a corregir la plana que por omisión o descuido de los responsables jurídicos se les envía desde el Ejecutivo haciendo lo mismo que tanto le criticaron al PRI, que es seguir a pie juntillas las indicaciones que le envían para aprobar tal cual el ordenamiento aunque vaya mal, sin modificar ni una coma y ni un punto.

La toma de protesta anticipada de Leticia del Carmen Romero Rodríguez que lo hizo junto con todo el gabinete gubernamental que se realizó en Palacio de gobierno el pasado uno de enero, abrió la polémica en torno a la sumisión del Congreso local al Ejecutivo estatal, pues posterior a esta pifia, el Ejecutivo envió al Legislativo, tal como debió hacerse, una terna integrada por Beatriz Salgado Hernández, Luisa Montero Chablé y Leticia del Carmen Romero Rodríguez, siendo esta última elegida para presidir el Instituto Estatal de las Mujeres, aunque se haya violado los procedimientos de ley, y ningún legislador perredista, cuando menos para taparle el ojo al macho, se inconformó por otro garrafal error que ha dejado ver la falta de operadores políticos jurídicos, con lo que se demuestra que ni el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, muchos menos el responsable del área jurídica del gobierno estatal, Juan José Peralta Fócil, están en lo que deberían de estar, pues es vital para el Estado de Derecho no violar los procedimientos legales por más que se quiere minimizar.

En el caso de Leticia del Carmen Romero, no se cuestiona su trayectoria, ni su capacidad para dirigir el Instituto Estatal de las Mujeres, se cuestiona el error de procedimiento, porque no es posible que nadie, pero nadie, le hubiera dicho a ella o a cualquier funcionario de primer nivel que no debía protestar junto con el gabinete estatal, un cargo que no le había conferido el Congreso que es el responsable de elegirla, pero también es delicado que posterior a éste hecho y al envía la terna el Ejecutivo al Legislativo, este último poder, ni siquiera para desviar la atención pública, haya intentado hacer algo para quitarse un poco de sumisión, siguen cayendo en más de lo mismo.

Pero hay otro caso delicado donde también existe una clara violación a la ley y nadie, pero nadie ha dicho nada, salvo contadas excepciones que se han inconformado, este es el caso de Luz María Armenta León, quien fue designada por el Congreso magistrada numeraria en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

De acuerdo a conocedores del derecho, el nombramiento que se realizó en la persona de la licenciada Luz María Armenta León, vulnera el Estado de Derecho, toda vez, que se encuentra impedida para desempeñar por un tercer periodo, el cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, ya que conforme al artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, si bien es cierto, el Gobernador del Estado tiene atribuciones para nombrar a los magistrados numerarios con la aprobación del Congreso del Estado y designar a los magistrados supernumerarios, cuyos nombramientos sean ratificados por el pleno del Tribunal, más cierto es, que los magistrados sólo pueden ser nombrados hasta por dos veces más para periodos subsiguientes, por disposición expresa del tercer párrafo del mismo precepto legal.

Y aquí viene el meollo del asunto: la licenciada Luz María Armenta León, fue designada magistrada supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, desde que éste inició funciones el 27 de febrero del año 1997, y posteriormente, fue nombrada para desempeñar el mismo cargo por dos periodos subsecuentes, de 2001 al 2006, y de 2007 al 2012, con la aclaración que en este último periodo suplió a la Magistrada Irma Wade Trujillo, en la titularidad de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, debido al nombramiento de ésta última en la presidencia del Tribunal.

El tercer párrafo del artículo 5 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, es claro y preciso, pues textualmente reza: “ los magistrados podrán ser nombrados hasta por dos veces más para periodos subsiguientes”, de lo anterior se desprende que los magistrados integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, que hayan cumplidos tres periodos consecutivos, no podrán ser nombrados para un cuarto periodo, como es el caso de Luz María Armenta León, quien ya transgredió la ley, pues es evidente que ya agotó los periodos para los cuales podía ser nombrada como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso, por lo que no debió ser considerada para otro periodo; en iguales circunstancias se encuentran los licenciados, Eligio León Traconis, Irma Wade Trujillo, María Beatriz Elvia Ramírez y Joaquín Granados Cruz.

Que no vengan con el cuento de que Luz María Armenta primero fue supernumeraria y ahora es numeraria o a la inversa y que por eso fue electa por una cuarta, vez porque la ley se refiere ampliamente al término de magistrados, sin distinguir entre uno y otro y como donde la ley no distingue, no se puede distinguir, es obvio, que la ley se refiere a todos los Magistrados, sin distinción alguna.

Con esto se demuestra que el gobernador del estado está siendo mal asesorado y que el nombramiento de la licenciada Luz MarÍA Armenta León, viola flagrantemente la Ley de Justicia Administrativa del estado de Tabasco, pero lo más grave que ni en el Congreso repararon en esta violación a la citada ley y aprobaron los nombramientos, lo que demuestra con hechos claros que las cosas se están haciendo mal, pero esperemos que haya voluntad de cambiar lo que está mal, sobre todo, cuando se están transgrediendo los ordenamientos legales, que deben observarse estrictamente.

Ojitos
Convertido en una verdadera inmundicia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, navega en el total descrédito ciudadano, de tal manera que en vez de cambiar de presidente, lo mejor que se debe de hacer es que todos los consejeros electorales renuncien a sus cargos o sean depuestos por el Congreso local, dado que todos están embarrados en el brutal fraude que se cometió a las propias de ese organismo.

De nada sirve el cese del secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Armando Xavier Maldonado, que ahora hasta puede verse como un chivo expiatorio, si los consejeros que propiciaron y hasta algunos de ellos participaron en el brutal saqueo a los recursos económicos permanezcan en sus cargos sin mayor vergüenza, porque como todos los lectores recordarán, los siete consejeros, actualmente son seis, porque uno renunció (Alfonso Castillo) se fue antes de las elecciones de 2012, firmaron el acta para que se comprará el viejo inmueble que supuestamente albergaría las oficinas centrales , y que es el motivo del total descrédito, ya que de manera despiadada se robaron más de diez millones de pesos del erario público al alterar el valor real de un inmueble que hasta la presente fecha no han podido ocupar.

El Congreso del estado no debe permitir que los actuales consejeros electorales se sigan burlando de la ciudadanía, el cambio en la presidencia del Instituto Electoral al dejarlo Gustavo Rodríguez y entrar al relevo Rosendo Gómez Piedra, lejos de verse como una solución, más bien es una soberana burla, porque si los consejeros creen que por el hecho de haber puesto como presidente del Instituto Electoral a Rosendo Gómez que comulga con el perredismo, se calmará el problema de la corrupción interna que equivocados están, porque la parte principal del problema, que fue el robo a las arcas del órgano electoral, fue propiciado, auspiciado y fue encubierto por los propios consejeros electorales que al estampar su firma para la compra-venta del viejo inmueble también propiciaron ese grave acto de corrupción que debe ser sancionado con todo rigor.

Coincido con el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso local, Andrés Cáceres Alvarez en el sentido de realizar una limpia total en el Instituto Electoral, que todos los consejeros se tiene que ir y deben de ser castigados de acuerdo a la ley porque están embarrados de excremento y ya apestan.

Visorcito
Para iniciados. Que edil de la región de la sierra perdió los estribos y con la policía ordenó que sacaran a un regidor de la sala de cabildos del ayuntamiento. La soberbia está segando a algunos alcaldes que creen que son reyezuelos en su municipio.